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Gobierno se confabula con Electricaribe

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, octubre 6 de 2014

Después del debate sobre Electricaribe en la plenaria de la Cámara de Representantes del miércoles 1 de octubre, donde unánimemente los congresistas condenaron los pésimos servicios de la energía, las alzas exageradas, las maniobras y la atención indigna a los millones de usuarios de la Costa, el gobierno nacional prácticamente se confabula con la misma, no para resolver las falencias sino para profundizarlas.

El ministro de Minas y Energía, Tomás González, en entrevistas con los medios de comunicación de Barranquilla del viernes 3 de octubre, dijo que la empresa distribuidora y comercializadora de energía en los siete departamentos de la Costa se debe comprometer con un plan de inversiones cercano a los dos billones de pesos para los próximos 5 a 7 años. O sea que se aplaza la solución de la grave problemática hasta el largo plazo, siendo que Electricaribe después de 16 años de tener el control del negocio eléctrico ha demostrado inoperancia e ineptitud. Piensa el gobierno Santos que más de diez millones de habitantes de la Costa deben seguir esperando, con la paciencia de Job, a que la empresa resuelva acometer el plan de mejoramiento de la infraestructura eléctrica que no ha podido hacer en más de tres lustros. Ahora, a contrario sensu, dice que los culpables del caos son los usuarios por las facturas en mora y el mismo gobierno por deudas del FOES, las cuales tienen requisitos de ley para ser pagadas, razón por la cual la Contraloría General la tiene en investigación por sumas millonarias.

Pero como para echarle más gasolina al fuego, el alto funcionario afirma con toda tranquilidad que hay que entrar a reconocerle a Electricaribe vía tarifas, las mayores pérdidas que está incurriendo del orden del 16 %, cuando se le reconoce en la actualidad un 9 %, lo que significa un aumento en esta materia del 77 % que elevaría las facturas a términos impagables. Coincide el ministro con funcionarios de la empresa en que los usuarios deben pagar sus deudas y hacer convenios de pago que permitan “en el muy corto plazo” disponer de recursos para acometer dichas inversiones.

El mundo al revés. La responsabilidad de la crisis no sería de la empresa ni del gobierno que aceptó la privatización de todas las electrificadoras de la Costa en 1998, origen principal de la crisis, sino de los usuarios que no pagan (lo que no es cierto ya que el recaudo es del 91%), y la solución es que se pongan al día, tengan trabajo o no, sean informales o dejen de comer, y que se preparen para pagar tarifas más altas ajustando las pérdidas y hurtos en los hombros de los usuarios. Tanto va el agua al cántaro hasta que al final se rompe, dice la sabiduría popular. No hay otra solución distinta a que se empiecen las grandes inversiones para mejoramiento de infraestructura desde el corto plazo, que haya un trato digno a los usuarios con oficinas en todos los municipios, renegociación y condonación de las deudas infladas, desechar la imposición de la medición centralizada digital y mantener los medidores convencionales, normalizar las 420 mil familias con instalaciones adecuadas y tener en cuenta a los dirigentes de los usuarios en la búsqueda de soluciones a la crisis.

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