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Hospitales del Distrito: “privatizados”

Aurelio Suárez Montoya, El Espectador, agosto 5 de 2015

Tras las órdenes del Ministerio de Hacienda, que sometió a 14 de los 22 centros públicos a planes de saneamiento fiscal, la regla ha sido la tercerización laboral y el cierre de servicios preventivos como vacunaciones.

El 1° de enero de 2015, El Espectador anunció: “Hospitales públicos en Bogotá cerraron 2014 sin déficit presupuestal”. La nota transmitió sorpresa al comentar que “la red que presta servicios de salud en las 20 localidades de Bogotá, con 22 hospitales, acabó el año con equilibrio en sus presupuestos, pero con deudas de las EPS”. Otros medios anunciaron “la salida del hueco fiscal que tuvo a casi el 50 % de los centros asistenciales al borde del cierre”.

Parecía inexplicable que pudiera concretarse ese resultado positivo, pese a que la deuda de las EPS con la red pública hospitalaria de Bogotá se duplicó entre 2011 y 2014, al pasar de $282 mil millones a $562 mil millones. Un milagro logrado sin recuperar montos tan abultados como $120 mil millones de Caprecom, $112 mil millones de las EPS en liquidación y $110 mil millones de Capital Salud, la EPS mixta de la que el Distrito es socio.

En 2013 se avisó que 14 de los 22 hospitales públicos se someterían a planes de saneamiento fiscal del Ministerio de Hacienda. ¿Qué implicaba esta subordinación? Adoptar “reorganizaciones administrativas para competir en el mercado” de la salud,vista como un negocio. Para ello les impusieron 26 compromisos, como desregulación de tarifas,distribución eficiente del recurso humano y redistribución eficiente del portafolio de servicios.

La evaluación del cumplimiento se haría con parámetros mercantiles como “eficiencia”, medida de distintas formas y “rentabilidad”. Se desecharon como guía los principios rectores de salud pública, canjeados por los que “optimizan” la “producción de servicios”.

Respecto al recurso humano, la regla ha sido la incorporación de personal mediante formas contractuales tercerizadas. De un total de 26.905 trabajadores 19.311, es decir, el 71%, tienen contrato por servicios, renovados algunos mensualmente; 5.574, el 21%, son empleados, y apenas 628, equivalentes al 2,3%, son trabajadores oficiales. En el caso del Hospital de Suba, la tercerización se hace, como en clínicas privadas, con empresas de empleo temporal, con 1.389 bajo tal modalidad, de un total de 1.656. Peor el caso del Hospital de Bosa donde, de 1.850 trabajadores, sólo 125 están en nómina de planta. La tercerización, sistema declarado ilegal por la Corte Constitucional para el sector salud, también se aplica al personal reemplazante de quienes van pensionándose.

Por las modificaciones al “portafolio de servicios” en 2013 se cerraron 513 y en 2014 se sumaron otros 986. Un total de 1.499 en dos años, sobresaliendo el Hospital de Engativá con 162 menos y el de Vista Hermosa con 158. La mayor parte están vinculados con promoción de salud, prevención de la enfermedad y, vacunación, citologías cervico-vaginales, distintas clases de terapias, como fonoaudiología y fisioterapia, odontología, control prenatal, planificación familiar, los de tamizaje de alteraciones en salud para adultos mayores y jóvenes y atención preventiva en salud oral. También se suprimieron ciertas cirugías, neurología pediátrica, ginecobstetricia, sicología, optometría y siquiatría. Quien los requiera deberá desplazarse a lugares donde quedaron reubicados.

Esa eliminación tan drástica no fue el único tajo a la salud pública. Se hizo “reingeniería” en los horarios y se clausuraron los CAMI (Centro de Atención Médica Integral) para partos de bajo riesgo, consulta externa, odontológica y urgencias durante 24 horas; las UBAS (Unidad Básica de Atención), que atienden con equipo médico y demás disciplinas profesionales, y decenas de UPA (Unidad Primaria de Atención). Es decir, se descompuso parte de la infraestructura más próxima a la ciudadanía, lo que en hospitales como el de Usme ya significó $608 millones de “ahorro”. Reflejo de las “reorganizaciones” son las ganancias de estos hospitales, convertidos en auténticas empresas con ánimo de lucro. En 2014 recaudaron $1,58 billones, la tercera parte “producida” por el Simón Bolívar, el Santa Clara, el Meissen, Suba y Kennedy, pero todos reclaman éxitos por dicha “redistribución de servicios” y por la tercerización, como en La Victoria. No obstante, pese al riguroso “ajuste”, el Distrito, sustituyendo lo que las EPS no pagaron, les trasladó a los hospitales $125 mil millones para “sanear pasivos”.

Las publicitadas utilidades de los 22 hospitales en 2014 —que fueron $64 mil millones— se gestaron tal como se ha descrito y el 50% de ellas provino de tres hospitales: Santa Clara, Vista Hermosa y El Tunal. Entre tanto, los costos corren por cuenta de trabajadores y la ciudadanía, a los que se les ha debilitado la atención y limitado el acceso geográfico, lo cual eleva la demora en la atención, en especial para la población más vulnerable, que corre riesgos al no recibir cuidado oportuno y de calidad.

En 2011, en la pasada campaña a la Alcaldía, se discutió la problemática de los hospitales públicos, postrados por la Ley 100 y afectados por los corruptos “carruseles”. Enrique Peñalosa y Carlos F. Galán predicaban la privatización. Lo insospechado fue la forma como Petro, traicionando su discurso de candidato, coincidió con ellos, sacrificando el bienestar general, acatando las órdenes del Ministerio de Hacienda de Santos.

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