Ilegal monopolizar el transporte de pasajeros por carretera, dice Robledo

Carta al ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego.

Tengo conocimiento de que el gobierno nacional está por expedir un decreto por medio del cual pretende modificar el transporte de pasajeros por carretera, implementando el Sistema de Operación por Corredores de Transporte, SOCT. Dicho modelo copia los sistemas de transporte urbano como Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte que, como se sabe, han afectado negativamente a medianos y pequeños empresarios, trabajadores y usuarios.

El SOCT, al igual que los sistemas urbanos, monopolizará el servicio de transporte de pasajeros por carretera. El decreto divide el país en varios corredores viales, asignándoles a grandes empresas la exclusividad en la prestación del servicio de transporte en cada uno de estos corredores. Las actuales rutas, hoy operadas por varias empresas, serán entonces operadas por una sola, lo que en la práctica significa la creación de un monopolio privado.

Con este sistema se lesionará gravemente a las muchas de las empresas de transporte de pasajeros por carretera y a los pequeños y medianos propietarios de buses, pues los excluye de la prestación del servicio. El borrador del decreto no garantiza que los pequeños empresarios y propietarios tengan una efectiva participación en las empresas operadoras y tampoco aclara el mecanismo por medio del cual se hará la reposición de los vehículos.

También es negativo que se disponga que se “propiciará” la inclusión del mayor número posible de conductores actuales, lo que quiere decir que no se garantiza que estos trabajadores tengan asegurados sus empleos.

Dado que el sistema garantiza que la tarifa asegure una “adecuada” remuneración a favor de los operadores, el SOCT también lesionará a los usuarios del transporte por carretera, quienes deberán pagar más por el servicio, como sucedió con Transmilenio y con el sistema que se pretendió imponer en Manizales.

Finalmente, señor Ministro, una norma de esta trascendencia debe tramitarse de manera democrática y con cumplimiento de las normas vigentes. Dado que el transporte de pasajeros por carretera se encuentra regulado en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, es al Congreso, por medio de una ley, al que corresponde hacer cualquier cambio a dicha normatividad, razón por la cual el gobierno no puede implementar el SOCT mediante un simple decreto reglamentario.

Por estas razones le solicito, señor ministro, abstenerse, por razones de conveniencia y de falta de competencia, de expedir un decreto que lesionará gravemente los derechos de empresarios, trabajadores y usuarios.

De antemano agradezco la atención que merezca la presente.