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Ilegal y brutal desalojo de inermes campesinos de El Tamarindo

Polo Democrático Alternativo Atlántico, Barranquilla, diciembre 11 de 2015

El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO lamenta el inusitado despliegue de fuerza policial, que se está llevando a cabo en la diligencia de desalojo del predio el Tamarindo por parte de la Inspección Cuarta de Policía Urbana del Distrito de Barranquilla, pasando por alto dos exigencias legales que tenían paralizado el auto de desalojo del 23 de noviembre de 2015 las cuales eran y son:

1. Que las personas que viven, cultivan y pastorean en la franja de terreno el MIRADOR, ubicada en la vía la Cordialidad carretera Galapa, son personas que tienen especiales circunstancias de vulnerabilidad, toda vez que tienen la condición de víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes tienen la condición de Desplazados, los cuales están protegidos por una acción de Tutela T-5-240.290, que está en revisión en la Corte Constitucional instaurada por la Agremiación campesina ASOTRACAMPO, y que hasta tanto no se pronuncie la Honorable Corte como órgano de Cierre de protección de los derechos Humanos no se podrá programar ninguna diligencia judicial lo cual hace NECESARIO EL APLAZAMIENTO DE LAS DILIGENCIAS DE DESALOJO allí programadas.

2. La Defensoría del Pueblo solicitó el 2 de noviembre de 2015, suspender la ejecución del auto del 23 de noviembre de 2015, en razón a que los desalojos forzosos deben cumplir unos Estándares internacionales, que Colombia suscribió ante las Naciones Unidas, que hacen parte del bloque de Constitucionalidad nuestro, que incluye la valoración de las consecuencias de los desalojos antes de iniciarlos, lo cual quiere decir, que el Estado deberá garantizar alternativas viables de vida a las familias en consideración, en cuanto a se les ofrezca la posibilidad de reasentamiento y el resarcimiento establecido por ley.

La ilegalidad del procedimiento policivo se ha consumado sin el ofrecimiento de las garantías mínimas para que los campesinos pudieran acudir a la defensa, ya que sus abogados han sido ultrajados y acosados por bandas de particulares armados, que coadyuvan al desalojo, como si tuvieran un fuero especial para reemplazar a la policía, en una vulgar connivencia de la policía con bandas criminales.

El acceso a los predios del TAMARINDO, está custodiado con vigilancia privada, que inspecciona y pretende controlar la libre movilidad de los particulares hacia el interior del predio, como si por orden imperial, la servidumbre de libre tránsito de entrada y salida quedara prohibida. Lo que está sucediendo es una cascada de atropellos que bien merece, que los medios de comunicación visibilicen a esas 136 familias sometidas al acoso policial con el contubernio del silencio cómplice e indiferente de los ciudadanos de Barranquilla.

Instamos a las autoridades a cumplir el sagrado deber de protección que el Estado tiene, cuya obligación es garantizar un albergue a los campesinos en condiciones acordes con la dignidad humana que resulten afectados con la actuación policiva y en caso de que ello no haya ocurrido aún, tiene el deber de activar el sistema de protección de la población desplazada y asumir las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, la ley y el reglamento en cabeza de las distintas autoridades públicas frente a las víctimas del desplazamiento forzado. También demandamos de la ciudadanía brindar su solidaridad a esos inermes campesinos.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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