LA 142

Oscar Gutiérrez Reyes,Coordinador Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Caldas

En julio de l994 se aprobó en el Congreso de la República la Ley 142. Cinco años después, miles de compatriotas sienten los efectos de su aplicación, pero no la conocen o no logran identificarla como una ley nefasta para los usuarios y, por tanto, no emprenden aún la lucha por su abolición.

La ley es, en los servicios públicos domiciliarios, un desarrollo de la concepción neoliberal que se entronizó en la nación en la década de los noventa, y que al calor del aire reformista de la nueva Constitución extendió un cheque en blanco para que el capital privado, principalmente extranjero, convirtiera muchas de las empresas estatales de servicios públicos en jugosos negocios privados.

Para permitir la venta y transformación del monopolio estatal en monopolio privado, la ley modifica el régimen jurídico de las empresas. Y con la elaboración de las nuevas fórmulas para calcular las tarifas que se cobran a los usuarios, se les garantiza a los inversionistas pingües utilidades, que además podrán girar a sus países de origen.

De otro lado, las empresas que logren continuar como estatales podrán hacer "alianzas estratégicas", contratos de asociación, joint venture, contratos de prestación de servicios, concesiones, e incluso definir áreas geográficas de servicio exclusivo para los prestadores privados.

Para lograr el objetivo propuesto por los agentes del capital extranjero en el país, se procede a aplicar una serie de medidas contempladas en la ley y sus decretos reglamentarios, y que garanticen lo siguiente:

Así en la Ley 142 se escriba que se conservarán los subsidios para los usuarios más pobres, la verdad es que éstos se eliminarán progresivamente. Se dice que los habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2, y 3 serán subsidiados con 50, 40 y 15 por ciento del valor del consumo, respectivamente. Lo que no se difunde, pero que la ley sí aclara, es que el estrato 3 recibirá ese subsidio siempre y cuando alcance el dinero para pagarle a las empresas el valor del mismo, lo que quiere decir que la respectiva Comisión de Regulación lo eliminará cualquier día, alegando que no hay de dónde pagar. La razón es sencilla. La plata de los subsidios no sale del presupuesto nacional sino de las contribuciones que reciben los "fondos de solidaridad y redistribución" que administra el Estado a través de las comisiones de regulación y las alcaldías.

La verdad es que el gobierno nacional le adeuda a las empresas cientos de miles de millones de pesos por concepto de subsidios. En el caso de la CHEC, debe más de 150 mil millones de pesos que se niega a cancelar. Y para que no quepa duda de que no pagará, ya expidió un decreto autorizando que se les cobre esos valores a los usuarios.

De otro lado, los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 no son sobre el costo total de la factura, ni siquiera sobre el consumo total del hogar, sino solamente para los llamados "consumos de subsistencia". Y como el consumo, ya sea kilovatios por hora para la energía, metros cúbicos para el agua, o impulsos en telefonía, se cobra sobre la base del costo medio de prestación del servicio y éste se calcula con unas fórmulas que tienen que garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de la operación de la empresa, incluyendo el mantenimiento, la reposición y expansión y, especialmente la "remuneración adecuada" a los accionistas, los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 terminarán perdiendo todo el subsidio del que disfrutaban antes de la expedición de la ley, y pagando mucho más por un servicio igual o peor.

Para definir los hogares que pueden "recibir" los subsidios, reestratificaron predios urbanos y rurales, con base en una metodología diseñada por el Banco Mundial y aceptada por Planeación Nacional. Miles de hogares colombianos subieron de estrato. El objetivo era claro: reducir la cantidad de hogares susceptibles de ser beneficiados con los subsidios. A los alcaldes los obligaron a aceptar esta medida, así muchos no estuvieran de acuerdo. Y se la impusieron a las comunidades, incluso con policía, cuando protestaron.

Pero el asunto es más grave porque los subsidios dejarán de ser cruzados, es decir, que se entregan a todos los usuarios clasificados en los estratos 1, 2 y 3 como sucede hoy, para pasar a ser directos. Serán girados por la nación a los municipios y éstos, a su vez, los cancelarán a las empresas para cubrir a los usuarios previamente acordados por las alcaldías, lo que significa que además de las interferencias propias de la politiquería, se tendrá que el gobierno nacional nunca girará lo que se necesita para atenderlos a todos. Por una razón muy sencilla: porque no es el Estado el que coloca los recursos del presupuesto nacional, sino los usuarios de los estratos "altos" los que tienen que aportarlos. Y no alcanzan, ni alcanzarán jamás. Algo parecido a lo que sucede hoy con el famoso Sisben en la prestación de salud a los colombianos.

Para cancelar el valor de los subsidios, la ley crea los "Fondos de Solidaridad y Redistribución" mediante el establecimiento de nuevas contribuciones para los estratos residenciales 5 y 6 y para el sector industrial y comercial regulado. El Estado se descarga así de la responsabilidad de atender a los más pobres, y deja esa tarea a las capas medias de la población. La gran industria y el gran comercio, por sus elevados consumos, están clasificados en la ley como sector no regulado, y esa clasificación les otorga ventajas para que aporten muy poco a los Fondos de Solidaridad al comprar servicios. Por ejemplo, en la Bolsa Energética Nacional la electricidad se les vende a un costo mucho menor al que debe pagar el sector regulado, y sólo se la venden a quien tenga consumos superiores a 0.5 megavatios/hora/mes. De esta forma los grandes monopolios contribuyen proporcionalmente mucho menos a los "Fondos de Solidaridad". El sector industrial y comercial regulado, en su gran mayoría pequeños y medianos industriales y comerciantes y talleres artesanales, que no tienen altos consumos para obtener energía con precios rebajados, debe aportar mucho más que los monopolios.

Todas las medidas anteriores permiten la elevación desmesurada de las tarifas para los usuarios, política sin la cual para los neoliberales sería imposible la privatización de las empresas. Política que además tiene como finalidad quitarle al Estado la responsabilidad social de asistir a los más pobres en sus necesidades básicas y que, con el pretexto de reducir el "déficit fiscal", descarga sobre los hombros de los pobres y de las capas medias el costo de la crisis.

Hay otros perjudicados con la ley, pues se adoptan medidas para eliminar la prestación de servicios gratuitos o altamente subsidiados para alcaldías, colegios y escuelas oficiales o para los ciudadanos que gozaban de exenciones, como es el caso de los habitantes de Manizales con el fluido para el alumbrado público. Igualmente, se vuelve ilegal rebajar el cobro de la tarifa para las organizaciones de beneficio a la comunidad y sin ánimo de lucro, como juntas comunales, hospitales, ancianatos, iglesias, etc.

Aplicando todos los mecanismos contemplados en la Ley 142, el Estado realiza previamente el trabajo sucio para que los monopolios privados, al adquirir las empresas, gocen de tarifas tan rentables que les permitan "eficiencia económica" y "suficiencia financiera", como la ley misma lo dice. Y, en especial, jugosas utilidades.

En otros artículos la Ley autoriza a los municipios para permitir la constitución de empresas y pactar tarifas que en muchos casos han significado alzas de más del mil por ciento para los usuarios.

Como si lo anterior fuera poco, se fijan otra serie de cobros al usuario: cargo fijo, cargos por aportes de conexión, por reinstalación, por intereses de mora, por acometida y cobro de los medidores.

Aparte de lo anterior, se crean las Comisiones de Regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La una, dedicada a garantizar que el proceso se lleve a feliz término, principalmente en lo que a los monopolios privados respecta; y la otra, destinada a convertirse en rey de burlas de los usuarios, porque es la encargada de vigilar y hacer cumplir que se respeten los "derechos" que la ley les concede.

La Ley 142 es nefasta para los usuarios, para el pueblo y la nación, y por eso debemos exigir que sea abolida. Esta debe ser una tarea nacional y en ella debemos empeñarnos todos.