La acción oficial contra la Libertad de Expresión

Con el correr de los años se han ido formando las multinacionales del periodismo que, como suele suceder en el libre mercado, se fueron apropiando de uno de los patrimonios de la humanidad, como es la Liberad de Expresión. No podemos olvidar que el trabajo y las actividades cotidianas surgidas del mismo, transformaron los Hechos en lo que hoy día se vende como Noticia. Es un despojo casi que consentido porque son escasos los ciudadanos que reclaman Derechos de Autor sobre los acontecimientos que producen. Estos hechos pasaron a ser -de la mano de la transformación de la noticia en mercancía-, patrimonio de unos pocos.

La enciclopedia virtual Wikipedia define la Libertad de Expresión como “un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa. El derecho a la Libertad de Expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración”.

El Estado colombiano se precia de ser un garantista de la Libertad de Expresión; sin embargo, hay una serie de acciones que impactan en quienes de alguna manera quieren ejercer ese derecho fundamental. No me refiero a la dudosa salvaguardia de la vida y honra de periodistas, columnistas y comunicadores sociales, que de por sí la han denominado como una profesión peligrosa porque no cesan los hostigamientos, amenazas, presiones, hasta asesinatos y exilios -que son casi similares si tenemos en cuenta que el desarraigo atenta contra la condición humana-, sino a hechos que dependen y se direccionan desde el mismo Estado.

En los medios de comunicación fue quizás el primer sector donde se ahondó la nueva etapa de la concesión como una figura colonialista. Así, a finales de la década de los 80 del siglo pasado, los periodistas, locutores, comunicadores sociales, controladores de sonido, entre muchos otros, perdieron su calidad de trabajadores vinculados directamente a las empresas periodísticas y los sometieron a “comprar” espacios. Como ahora se hace con el resto de los trabajadores, les prometieron que no se trataba de una tercerización laboral, sino de “enseñarlos a ser empresarios”. De esta forma las empresas periodísticas, además de ejercer la “ideologización” sobre el trabajador, se deshicieron de ellos y los obligaron –con escasas excepciones- a trasladar esa dependencia a dos elementos: la fuente de la información y la financiación, la cual depende en alto grado de la pauta comercial. Es innegable que habrán muy pocos proveedores de ambas fuentes que sean mejores que el Estado.

Desde ese punto de vista, el Estado tiene una acción que aplica como garrote contra periodistas y comunicadores sociales, que impide ejercer una verdadera Libertad de Expresión. Es indiscutible que hoy el acceso a la fuente de información cada vez es más difícil, porque se estila entregar la versión oficial –vía internet, grabación de audio y/o video, texto en comunicado, entre otros- sin dar la posibilidad a la réplica, por lo cual obligan al periodista a sólo transmitir la voz oficial, incluso presentándose extremos de hacer una selección de los que participan en las conferencias de prensa, limitando el trabajo de los demás y por lo tanto, la Libertad de Expresión que dicen defender. Así mismo, etiquetan y ponen marquilla a quienes consideran sus “enemigos” porque no les guste lo que dicen o cómo lo dicen, confundiendo el fondo con la forma.

Con base en esa etiqueta también se maneja el “billonario” presupuesto, al igual como se reparte el “pudín burocrático”. De esta forma, sólo tienen acceso a la restringida pauta publicitaria los que estén con la versión oficial, a los demás si acaso les toca la “chichigua”. Por otra parte, el Estado ha llegado incluso al extremo, en algunas regiones, de comprar el horario triple A con el objetivo de no permitir que en estos puedan difundir sus programas quienes figuran con la marquilla. Está demás señalar que son actitudes antidemocráticas.

¡Los funcionarios del Estado -elegidos o designados- al igual que el presupuesto publicitario deben funcionar en beneficio de todos y no de unos cuantos!