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La clave de la corrupción en Medellín

Juan Esteban Mejía, Medellín, septiembre 24 de 2016

Cuando una persona que ocupa un cargo público se niega a divulgar sus actuaciones suele ser porque no las puede justificar, según dice la Corte Constitucional.

Los funcionarios de Medellín encontraron la forma de gastarse el presupuesto a escondidas. El truco es sencillo: por medio de empresas públicas que se rigen legalmente por reglas privadas hacen millonarios gastos e inversiones sin contárselo a nadie más que a un estrecho círculo de confianza. El pretexto es que, si alguien más se entera, pueden quedar en riesgo estrategias industriales y comerciales para competir en el mercado y la ley permite guardar esta clase de información en secreto.

Es algo ya muy notorio que se puede describir con casos concretos. En junio de 2015, Empresas Públicas de Medellín (EPM) compró la compañía chilena Aguas de Antofagasta por 965 millones de dólares. Esa es la adquisición más grande que ha hecho EPM en toda su historia, según dice en un comunicado.

Hace unos días, la concejal Luz María Múnera quiso conocer detalles de aquel negocio, que se pagó con plata de todos los que viven en Medellín. La respuesta de un funcionario de EPM fue que, si bien él tenía la información que ella solicitó, no se la iban a entregar porque era de carácter “estratégico y reservado”. (Vea la respuesta de EPM a la petición de la concejal Luz María Múnera)

No es la primera vez que EPM se comporta así frente a una millonaria inversión. En el 2006, la empresa compró la mitad de Orbitel, que pertenecía al grupo Bavaria y a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ese negocio costó 80 millones de dólares y el concejo de Medellín quiso debatir al respecto. La cesión estaba programada para el 21 de noviembre de ese año, pero fue necesario cancelarla porque EPM no entregó la información que pidieron los concejales. Pasaron los años y al final quedó claro que ese negocio fue un fracaso para EPM, pero aquellos grupos económicos lograron deshacerse de una empresa cuya quiebra era inminente.

Otro ejemplo ocurrió en el 2012, cuando la empresa UNE, filial de EPM en ese entonces, negó acceso a información sobre el polémico negocio de las fotomultas en Medellín. Un funcionario de UNE le pidió a un juez que protegiera la reserva, con el argumento de que hacer pública la información podría implicar un riesgo ‘muy crítico’ para la empresa. Supuestamente, se afectaría el mercado en ambiente de competencia y ocasionaría perjuicios económicos a la compañía. El juez le dio la razón al funcionario de UNE, pero luego se conoció el secreto: detrás del negocio hay una empresa privada que se lucra de las infracciones de tránsito. En el contrato quedó establecido que si ese privado no logra la rentabilidad esperada, la Secretaría de Movilidad debe entregarle parte de su presupuesto, que es público.

Dejar que los funcionarios manejen el dinero a escondidas puede prestarse para excesos, como los que ocurrieron en Plaza Mayor. Los directivos de esta empresa, que tiene como principal accionista al municipio de Medellín, sacaron ocho tarjetas de crédito. Los cupos sumaban más de 600 millones de pesos que cubrían con dinero de la entidad. Con esa plata pagaron alimentación, transporte, viajes, gastos de representación, compras y hasta impuestos. (Vea Los ‘tarjetazos’ de Plaza Mayor)

Cuando una persona que ocupa un cargo público se niega a divulgar sus actuaciones suele ser porque no las puede justificar. Eso dice la Corte Constitucional en la sentencia C-491-07, donde además se lee que la publicidad de la información que manejan las entidades del Estado son la garantía más importante de la lucha contra la corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”. Pero en Medellín hay funcionarios que no quieren contar lo que hacen y repiten como estribillo que la información de las empresas públicas tiene reserva absoluta.

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