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La corrrupción se “traga” a Cartagena

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, julio 4 de 2016

Es un secreto a voces: el presupuesto de Cartagena permanece secuestrado. Las denuncias son de todos los sectores y por diferentes razones. Cuando la Administración del exalcalde Dionisio Vélez, junto a una mayoría del Concejo, tomó la decisión de endeudar a la ciudad por $250 mil millones, afectando las vigencias futuras, se sabía que el siguiente alcalde no tendría recursos para hacer las inversiones. Vélez se justificó en la necesidad de ejecutar obras de infraestructura en la Malla Vial, Salud y Educación, todas necesarias a la luz del atraso de la ciudad. El exconcejal David Múnera denunció que no existía una planificación y habían “empaquetado” las obras concentrando su contratación en uniones temporales, la mayoría de Barranquilla, y denunció que muchas no cumplían con las especificaciones, otras no habían sido terminadas y un buen número, ni siquiera comenzado, con el agravante de que los contratistas tenían gran parte de los dineros adelantados. Los entes de control llamaron al doctor Múnera Cavadía a ratificarse y ampliar la denuncia; de eso hace casi dos años.

La Fiscalía Seccional anunció una investigación por una denuncia periodística de la Fundación Vox Populi, sobre la relación entre dicho préstamo con una ligazón en tiempo y circunstancias con la aparición del exalcalde y familiares con empresas en el escándalo de los ’Papeles de Panamá’. También se ha venido hablando con insistencia de un presunto detrimento patrimonial en obras por valor de $60 mil millones. Al alcalde Manuel Vicente Duque le corresponde hacer un balance de esas obras y, de encontrar hechos irregulares, está obligado a ampliar dichas denuncias. Cada mil pesos que se roban los corruptos, es un bocado de comida que deja de alimentar a uno de tantos niños necesitados. Esto es un acto criminal.

La DIJIN de Bogotá capturó a 5 exfuncionarios –y otro está prófugo– que laboraron para la Alcaldía de Cartagena, algunos con la exalcaldesa Judith Pinedo, relacionados con la celebración del contrato interadministrativo 001 de 2011, por 1.500 millones de pesos, para la ejecución de 32 obras en la ciudad. Según la imputación, deben responder presuntamente por peculado por apropiación, contrato sin los requisitos legales, abuso de autoridad por omisión de denuncia y prevaricato. Otra denuncia periodística indica que si todas las 1.433 demandas que hay en curso se fallaran en contra del Distrito de Cartagena, a sus arcas les tocaría desembolsar cerca de 708.649 millones de pesos, algo así como la mitad del presupuesto de la ciudad para la presente vigencia, aprobado en $1,3 billones. Del listado que aparece en esa base de datos, sorprende una demanda del año 2000 que interpuso una firma por cerca de 200 mil millones de pesos por un lío de tierras en la Zona Norte de Cartagena.

La mayoría de demandas contra la Administración Pública tienen su origen en el abuso de poder de los funcionarios. ¿Es mucho pedirle a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría que actúen de oficio? ¡El problema es que priman los intereses privados sobre los colectivos!

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