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La crisis educativa y la responsabilidad del gobierno

Juan Sebastián López M., El Espectador, Bogotá, agosto 3 de 2014

Hasta las encuestadoras más afines al gobierno advierten el evidente desprestigio del presidente Juan Manuel Santos. En el mejor de los casos, voceros del gobierno han salido a reconocer algunos “problemas de comunicación”. ¿Simple cuestión de imagen? Al igual que los demás sectores afectados por crisis estructurales como el agro, la industria, la salud o la justicia, en educación los problemas van mucho más allá de la comunicación.

Según el estudio de los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE *, las universidades públicas acumulan hoy un déficit de 11.2 billones de pesos. Como el Banco Mundial recomendó en 1994 aumentar la participación privada en el sector, el obsecuente gobierno de Colombia redujo la participación del Estado en el presupuesto de las universidades de un 82% en 1993 a un 50% en 2012. Las matrículas cada vez más caras, la privatización de los pregrados y posgrados, los enormes rezagos en infraestructura, sumados a los problemas de contratación de profesores y trabajadores, son manifestaciones de la peor crisis universitaria que haya vivido el país.

En las universidades privadas también hay expresiones de la crisis. Debido a que la universidad pública apenas responde por el 45% de quienes buscan un cupo, existe una creciente presión de la demanda sobre el sector privado, lo cual ha permitido que en los últimos 5 años, las universidades privadas hayan aumentado el monto de las matrículas en un 44 %, mientras que el salario mínimo apenas creció en 30 %. Con una inversión privada por encima del 50% del presupuesto total de educación superior, Colombia es el país de América Latina con mayor privatización del sistema, solo superado por el Chile pospinochetista.

En estas condiciones, los créditos educativos, concebidos como negocio por el Icetex, no resuelven y sí agravan el problema. Las altas tasas de interés y la capitalización de los mismos, figura prohibida y denunciada http://bit.ly/WSJO1Y , terminan por dejar al estudiante y a su familia amarrados al sistema financiero durante 15 ó 20 años. La carrera de obstáculos en la que se ha convertido el actual sistema universitario ha llevado a que, de cada 7 estudiantes que empiezan una carrera universitaria, solo uno logre conseguir empleo formal después de graduado, recordando que el promedio de salario devengado para un recién egresado es de $1,300.000 y si a esto le añadimos una deuda de entre 40 y 60 millones de pesos el panorama es poco alentador.

Las recomendaciones del Banco Mundial, muy esperadas por el MEN, son en general las que haría un banco para cualquier negocio. En el documento “Evaluación de Políticas Nacionales de la Educación Superior en Colombia” el Banco Mundial y la OCDE proponen profundizar el modelo actual y definen, en lugar de Colombia, que nuestro país no tiene dinero para financiar la universidad pública y que debe estimular la inversión privada para incentivar la demanda a través de créditos educativos o sistemas de concesión. En síntesis, continuar inflando la burbuja de los créditos educativos. Por cierto, el Banco Mundial ofrece líneas de créditos para acceso a educación superior. Redondo el negocio.

Solo es posible cambiar semejante situación con un sistema público fortalecido con el presupuesto estatal para que sea gratuito y de la más alta calidad posible. Estas demandas son compartidas por toda la comunidad educativa, desde el colegio hasta la universidad. Ahora, ¿puede Colombia financiar la gratuidad en las universidades públicas? Sí, sí puede. Actualmente, las necesidades que reconoce el Estado por parte de las universidades públicas ascienden a 5 billones de pesos anuales, de los cuales el Estado aporta la mitad. La otra mitad se consigue con venta de servicio y a través de matrículas que pagan familias y estudiantes.

Si en la pasada reforma tributaria el gobierno exoneró con 6 billones por año a las cien empresas más ricas del país, si Ecopetrol ha entregado al Ministerio de Hacienda utilidades por 30 billones de pesos en dos años, es impensable que el Estado no disponga de 2.5 billones de pesos anuales para una inversión que reúne el consenso de la gran mayoría de colombianos. La gratuidad con calidad sí es posible.

La responsabilidad de esta grave crisis debe recaer sobre el gobierno de Juan Manuel Santos ya que ha aplicado la Ley 30 a sabiendas de que su sistema de financiamiento terminaría por ahogar la universidad pública colombiana, como en efecto está sucediendo. A la actual ministra de Educación le asiste la responsabilidad en tanto no ha buscado la solución de los problemas y sí los está profundizando, proponiendo absurdos como el ánimo de lucro.

Razones de sobra existen para respaldar y acompañar en las principales ciudades de todo el país las jornadas de movilización del 20 y 21 de marzo convocadas por profesores y estudiantes en cabeza de la Federación Colombiana de Educadores, el Frente Nacional de Secundaria y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que convocan a toda la sociedad colombiana a movilizarse con creatividad para poner en evidencia la crisis del sector educativo y manifestar que la GRATUIDAD CON CALIDAD SÍ ES POSIBLE. http://bit.ly/XlMEdR

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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