La crítica situación de la salud en Cartagena y una propuesta alternativa y diferente

Uno de los principales dramas que enfrenta la población cartagenera es la crítica situación en materia de salud. Estudios recientes revelan que en la cuidad existen 261.656 personas que están por fuera del sistema de salud, que hacen parte de lo que la Ley 100 de 1993 denomina “vinculados”, es decir, personas inscritas en una plataforma estadística y que tienen la “expectativa” de recibir atención en salud, pero que, en la práctica, no la reciben.

De otro lado, un informe de la Contraloría General de la República indica que en Cartagena existen 50.000 mil personas incluidas en la categoría de “subsidios parciales”, es decir, afiliados del sistema seguridad social en salud de los sectores “más vulnerables”, que reciben un plan de beneficios aún más reducido que el obtenido por los del régimen contributivo y subsidiado, consolidándose así otra forma de discriminación, inherente al modelo de salud mercantilista que se aplica en Colombia desde hace ya veinte años. Los titulares de estos “subsidios parciales” recibieron en el año 2005 un UPC [1] , asignación per cápita otorgada por el Estado para la atención de los usuarios del sistema, de $81.554 pesos, cuando la UPC del subsidiado fue $203.886 y la del contributivo, $365.674. Queda al descubierto el carácter inequitativo del actual modelo de salud.

Al analizar el presupuesto en salud de Cartagena, encontramos que entre 2000-2008 este experimentó un crecimiento exponencial, tal como lo demuestra una investigación del Dr. Joaquín Viloria de la Hoz, investigador del CEER del Banco de la República, en donde se indica que el rubro en salud pasó de $46.600 millones a $79 mil millones en dicho periodo, equivalente a 69%, con una tasa promedio anual del 11%. Sin embargo, paradójicamente, esta alza en la base presupuestal no se reflejó en el bienestar de la población, en razón a que todos estos recursos han ido a parar a las arcas de las EPS. Vemos por ejemplo cómo el presupuesto para atención de población desplazada cayó en 22 % al pasar de $728 millones a $522 millones, o al aumentar en sólo 10% los recursos para la población vinculada, y al reducirse los ingresos para ampliación del régimen subsidiado, que pasaron de $2.823 millones en 2000 a $1.797 millones en 2008.

Este drama de los cartageneros, el mismo de toda la población colombiana, debe revertirse. En esta contienda electoral que se avecina, solo el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO les plantea al país y a los cartageneros una política de salud pública, financiada integralmente por el Estado, sin intermediación de las EPS. Los cartageneros y bolivarenses necesitan de voceros que les defiendan, y la única alternativa en este sentido es la del abogado y destacado profesor universitario DAVID MÚNERA, aspirante al Concejo distrital, con el número 2 en la lista del POLO, quien ha señalado con precisión y acierto “que mientras no se derogue la ley de 100 de 1993, los indicadores de salud en Cartagena no se podrán mejorar”,

En esta justa electoral, David Múnera es acompañado a la Asamblea departamental por LUIS C. FUENTES PEREZ, # 51, y a la Gobernación del departamento por DIONISIO MIRANDA TEJEDOR.

1. UPC: Unidad De Pago por Capitación