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La cuestión agraria y los acuerdos de La Habana

Aurelio Suárez Montoya, El Tiempo, Bogotá, julio 7 de 2016

El censo agropecuario mostró que, en la historia, ninguna de las políticas agropecuarias ha desarrollado el campo colombiano. Las de ‘apertura’ y libre comercio de los últimos 25 años, combinadas con la violencia de todo origen, lo han quebrantado todavía más, al pasar de ser el 21,8 % del PIB en 1990 a tan solo el 6,2 % en el 2015. En cuanto al uso, aunque más de 21 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, apenas 7,1 millones, de las 111 millones censadas, tienen cultivos, el 65 % de ellos en productos tropicales. Entre tanto, de 71,5 millones de hectáreas, excluyendo los territorios de los grupos étnicos, el 81,5 % de la superficie de las unidades agrícolas se destina a pastos.

En cuanto a la distribución de la tierra –factor determinante–, el balance es ignominioso: 75 % de los predios tiene menos de 5 hectáreas y ocupa apenas el 2,1 % de la superficie rural, mientras que los que superan las 500 son el 0,4 % del universo predial y poseen el 73 %. Peor es imposible, sabiendo que desde 1960 tales porcentajes se cambian en sentido cada vez más inicuo. Latifundio, minifundio y ganadería, extensiva como forma predominante, son signos de un sector semifeudal, con marcadas regresiones en las últimas décadas en tanto se ha reforzado la condición neocolonial del país.

Partiendo del sombrío estado de cosas, la Reforma Rural Integral (RRI) –la publicada, fruto de la negociación de la terminación del conflicto con las Farc– busca una aplicación más decidida de los instrumentos de los que dispone la actual institucionalidad agraria. Para el uso y acceso a la tierra, como lo principal, propone crear un fondo de tierras, formado por aquellas que sean fruto de extinción por distintos motivos, por las que estén inexplotadas –previa comprobación– o sean tenidas como de utilidad pública para tal fin, que gozarán de la respectiva indemnización en caso de presentarse. No habrá expropiación alguna fuera del orden constitucional vigente.

El enfoque territorial es un rasgo del acuerdo. Se centrará en los cerca de 120 municipios, eje central del posconflicto, y se fortalecerán los proyectos productivos derivados con infraestructura vial, electrificación y riego, así como con inversión social en salud, vivienda, saneamiento básico y educación, todo lo cual –enfatiza– se hará estimulando la producción solidaria y cooperativa, con preferencia en las zonas de reserva campesina, creadas por la Ley 160 de 1994. Se planea acompañarlos con crédito, incluido el destinado a adquirir tierra, asistencia técnica, subsidios y acceso a mercados, y todo, se destaca, en “un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella”.

Tal ánimo reformista contrasta con las políticas que, por el otro carril, impulsa Santos. El libre comercio desaforado, con acuerdos como el de la Alianza Pacífico que han ocasionado hasta el reclamo de la SAC como “el peor tratado comercial”, lo cual se agrava con el hecho de que ya 2016, pese a la devaluación, sea –en la historia– el año de mayor volumen de importaciones agropecuarias.

También genera incertidumbre el andar cansino de la restitución de tierras, que, luego de cinco años, solo ha resuelto 3,4 % de las solicitudes presentadas. El proyecto bandera de Santos son las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico), agricultura a gran escala que usurpa los baldíos para operadores del agronegocio internacional y del capital financiero, por acaparamiento o por “asociatividad”, modalidades en las que no será el Estado o los productores “asociados” quienes se lleven la parte del león. El ardor por esta iniciativa impelió al lobby a su mentor intelectual –el grupo argentino Grobo Agropecuaria– desde el Foro Económico Mundial hasta La Habana, incluyendo los buenos oficios de Macri, convertido en un cabildero más.

Académicos como Berry advierten que el acuerdo agrario debería regirse por principios de eficiencia, equidad, seguridad alimentaria, medioambiente y justicia; o como Mariano Arango, que demanda finalizar el periodo de “contrarreforma agraria”; o como Machado, que devela la falta de “una política estable y definida (…) sobre la gestión y administración de las tierras públicas”.

Santos tiene dos agendas rurales: la de sus planes de desarrollo y la del acuerdo de La Habana, y pese a esto, ninguna de ellas incluye programas o políticas para apoyar a los 2,5 millones de productores actuales de los distintos géneros agropecuarios. No obstante, ello deberá ser tratado en otro capítulo.

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