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La descarada ilegalidad de Uber

Amaury Núñez González, Medellín, diciembre 6 de 2015

Uber nació en el 2009 en California y se espera que este año llegue a un valor de 50 mil millones de dólares y, con las inversiones de sus accionistas – los poderosos Google Ventures, BlackRock, TPG, Benchmark y Goldman Sachs – llegue a más de los 67 países en los que actualmente tiene presencia.

En Colombia se encuentra en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Funciona bajo dos modalidades: Uber Blancos, vehículos adscritos al funcionamiento de transporte privado y Uber X donde cualquiera persona puede ofrecer el servicio con su vehículo particular. La “aplicación” se apropia del 20% del valor del servicio. Santos, especialista en empeorar todo, impulsa decreto que regula, no los Uber Blancos ni los Uber X, sino los Uber Negros o taxis de lujo que aún no funcionan en el país y que con dicho decreto los hizo aparecer por arte de magia.

El servicio prestado por Uber es equiparable al taxista, con las falencias conocidas y con la obligación por mejorarlas, pero no en detrimento de propietarios y conductores de taxis. Desde la demanda comparten una oferta sustituible: se convoca un carro, con un conductor para el transporte de un sitio a otro, intercambiando el servicio prestado por un valor económico. Es decir, Uber compite directamente con los taxis. Las únicas diferencias existentes en la operación es el tipo de convocatoria del servicio – por plataforma digital – y de pago –tarjeta de crédito–. ¿Tendrían también el derecho los taxis que actúan de manera legal, a sacar ventaja en el mercado por usar otro tipo de convocatoria – por teléfono – o un sistema de pago más económico – el efectivo–?

Uber aprovecha las condiciones de la economía nacional, en quiebra y de caída sostenida, para vincular a través de la aplicación a colombianos que buscan alternativas de ingresos y que encuentran en ella una oportunidad para hacerlo. Una superficial evaluación sobre el trato a sus conductores deja mucho que desear: no entregan ningún aporte en salud y pensión, y ni siquiera ofrecen un vínculo contractual. Incluso, quienes prestan el servicio a través de Uber X reciben 51% menos ingresos sobre el pago del consumidor que quienes lo hacen a través de los Uber Blancos. Nada diferenciable con el trato que reciben los conductores de taxis. Negocio redondo el de los gringos.

A donde ha llegado la trasnacional Uber lo ha hecho de manera ilegal. Arguye, casi como una estrategia internacional, una “difícil disputa” contra los taxistas y obliga con su cabildeo, en algunos pocos casos a la regulación. En otros casos su intermediación no ha surtido efecto y se han visto obligados al retiro del mercado, como sucedió en Francia, Alemania, España o Brasil. ¿Debe mejorar tanto el servicio de taxi en Francia y Alemania, como en Colombia, para esgrimir igual disculpa sobre condiciones en el servicio de transporte público legal y poder violar la ley? No en vano algunos analistas lo han catalogado de “factor desestabilizador”.

En Colombia Uber reconoce que debe cambiarse la ley para su funcionamiento, es decir, reconoce que funciona en la ilegalidad. De igual manera lo reconoció la Ministra de Transporte Natalia Abello en RCN La Radio el día 24 de noviembre (http://goo.gl/CO4NO2). Es ilegal, entre otras cosas, porque no cuenta con permiso para el uso de plataformas de comunicación, actúa de manera desleal y ventajosa al usar carros particulares que superan el valor de compra y de funcionamiento de un taxi y suplantan al estado al fijar tarifas propias.

Me temo que la descarada ilegalidad en la que ha incurrido Uber, fijando tarifas, termine propiciando que el gobierno de Santos - servil a trasnacionales como Goldman Sachs -, elimine la responsabilidad estatal en regulación de tarifas, función para la protección de los consumidores, y delegue ésta a la interacción del mercado. El sector quedaría servido a capitales trasnacionales, para exacerbar estrategias de control que deriven en tarifas de usura y permitan adueñarse del sistema, ya no sólo en perjuicio de conductores y propietarios de taxis, sino también de consumidores.

La función del Estado es, entre otras, garantizar el cumplimiento de la ley y poner bajo ella a avivados, criollos o extranjeros. En este caso, garantizar el funcionamiento de operaciones del servicio de transporte público, sin violar la ley, sin ventajas y sin que responda a intereses de capitales especulativos extranjeros –que en el caso de Uber buscan la exclusividad en el uso de carros particulares para el transporte a través de plataformas de comunicación– en detrimento de propietarios y conductores de taxis, resguardando las conocidas ilegalidades en presiones políticas, retóricas impecables sobre la competencia, usuarios que bajo una necesidad creada por la trasnacional han pasado de pelear contra las corporaciones a pelear en su nombre o haciéndose victimas del gremio de los conductores de taxis.

Vergonzoso que Presidente y Vicepresidente de la República lleven al jefe de jefes de Uber Colombia, gringo por demás –que viola la ley para sacar ventajas–, a la Casa de Nariño para ensalzarlo cuál David que se ha atrevido a enfrentar a Goliat. Peor aún, el míster se atreve a recalcar que ni renunciarán a las ilegales ventajas, ni van a amoldarse a la regulación que se les imponga. Con razón señalan algunas voces que en Colombia la politiquería es política de Estado.

Coletilla: como si taxistas no tuvieran suficiente con sufrir implacables condiciones laborales, jornadas de doce horas sin servicios de salud, una malla vial destruida, competencia desleal y elevados precios de los combustibles, el Alcalde Petro, en su ya conocido carácter, sigue aplicando neoliberalismo: cobros por congestión. Algo similar ha anunciado Federico Gutiérrez en Medellín.

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