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La descuadernada educación de Bolívar

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, marzo 23 de 2015

Desde hace mucho tiempo el presupuesto de la educación ha sido la “Cueva de Rolando” de donde se nutre la savia de la corrupción, contribuyendo a que el modelo neoliberal haga que este derecho fundamental se convierta en una verdadera quimera para la humilde población. Son incontables las manifestaciones que la comunidad educativa del departamento de Bolívar –estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia y líderes sociales– realiza casi todos los días exigiendo el nombramiento de profesores y personal administrativo, la reparación y el mantenimiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas y la dotación de material didáctico; en síntesis, luchan por una buena calidad de la educación.

Con asombro, los medios de comunicación publicaron la declaración del gobernador de Bolívar, según lo cual es casi normal que más de 18 mil estudiantes comenzaran clase el pasado 16 de marzo, cuando lo debieron haber hecho el 19 de enero. Para el burgomaestre, “así ocurre también en otros departamentos”, o sea, es un rezago sin solución, tal vez porque así funciona el negocio de la educación contratada, que termina beneficiando a los dueños del mismo y no a los estudiantes –ahora usuarios–; es decir, el negocio se mantiene porque es rentable para sus dueños.

El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, debe responder al grave cuestionamiento que mediante oficio 2014EE0123487 del 23 de julio de 2014, el Contralor Provincial de la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, Arturo Faciolince Escobar, dirigido al Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, dictaminó: “Teniendo en cuenta las pruebas arrimadas al expediente y de acuerdo con lo expuesto por los funcionarios encargados, la decisión se aprobó en sala colegiada… según acta 034 y comité Técnico 08 del 17 de julio de 2014… solicitar la apertura de proceso de responsabilidad fiscal por presunto daño patrimonial por valor de 2.826 millones 683.894 pesos”.

Lo anterior es consecuencia de la investigación realizada por la Contraloría, a petición de dicha ONG, a diferentes contratos, como el 272 de 2012 por 6.173 millones 429.382 pesos para las Instituciones Educativas –IE– de San Martín de Loba, Barranco de Loba, Tiquisio, Montecristo, Morales y Cantagallo; el Contrato 218 de 2012 para las IE de Norosí, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití por $1.915.602; el Contrato 194 de 2012 para las IE de Montecristo, Tiquisio y Pinillos por 2.970 millones 625.873 pesos y el 196 de 2012 para las IE de Barranco de Loba, Altos del Rosario y El Carmen de Bolívar por 1.360 millones 815.330 pesos. El documento contempla en detalle las Instituciones Educativas y los hallazgos como presuntos: detrimento patrimonial administrativo con alcance fiscal, detrimento administrativo con connotación disciplinaria, y de responsabilidad fiscal. El gobernador de Bolívar debe responderle a la comunidad educativa y a la población en general por estos hechos. ¡“No basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo"!

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