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La receta minera y sus consecuencias.

Alfredo Chinchía, Maryis Pacheco y Juan Carlos Prieto, Valledupar, agosto 9 de 2014

Los estragos causados en nuestro país por la política de liberación de los mercados, impulsada especialmente, desde el gobierno de Gaviria y ahora anunciada como “tercera vía”, no sólo se reflejan en la privatización de servicios públicos y telecomunicaciones; en el envilecimiento de la salud de los colombianos, convertida en lucrativo negocio para un puñado de inversionistas privados; en el desfinanciamiento de la Educación pública, a todo nivel; en la falta de empleo y de garantías para los productores nacionales, sino también en los incentivos legales y fiscales que se le han dado a los grandes capitales monopolistas extranjeros.

Cuando las grandes potencias decidieron que Colombia haría parte del grupo de países “periféricos” cuya dinámica económica consistiría en ser mercado de los grandes monopolios internacionales y exportador de materias primas, supieron que era necesario una reforma legal y fiscal, dado que lo que existía con relación a esos temas les impedía ciertas libertades, por ejemplo, las normas mineras le daban amplias facultades al Estado para decidir sobre el monto de la renta minera e imponía condiciones a particulares que ejercieran esta actividad; fue así como muy hábilmente llovieron informes y recomendaciones de reformas macroeconómicas del Banco Mundial, acompañadas, claro está, de préstamos que servirían para aumentar nuestra deuda externa y con ello garantizarles a los países potencias, especialmente Estados Unidos, que sus palabras serían órdenes.

En el Documento Técnico del Banco Mundial de 1997: Estrategia Minera para América Latina y el Caribe, se orienta, luego de un breve diagnóstico, qué se debe hacer en cada país de Suramérica para imponer una política minera al servicio de las grandes compañías internacionales, es decir, entraña la receta que nuestros dirigentes aplicaron para tener la política minero-fiscal-ambiental que reina hoy.

Señala el documento técnico en mención que entre 1994 y 1995, América Latina fue la región en la que más inversión extranjera hubo por concepto de prospección, es decir, exploración de los suelos en busca de yacimientos. Recordemos que Drummond expandió sus operaciones hacia Colombia y comenzó la construcción de la mina y el Puerto entre 1993 y 1995 . En la economía, nada se da por casualidad, los lobos siempre están cazando.

Consideraban, pues, los señores del BM que ese esfuerzo económico y esos hallazgos no podían quedar ahí, que debía velarse, en adelante, porque las reformas se profundizaran y sostuvieran, de modo que quienes invirtieran recibieran una recompensa adecuada y los países receptores retuvieran una proporción justa de los beneficios . Si para entender lo anterior nos basáramos en las definiciones de la Real Academia Española tendríamos que decir que si Drummond o cualquier otra compañía invirtiera en el Cesar o en cualquier lugar de Suramérica, se le debería retribuir su servicio -el de hallar minerales y posteriormente extraerlos para su beneficio-, teniendo en cuenta las circunstancias y las condiciones climáticas, económicas, fiscales y legales para que esa recompensa les fuera beneficiosa. Y a los países en los cuales se hicieran esas inversiones les tocaría, entonces, impedir que la parte que le corresponde de los beneficios generados por la actividad minera -sin tener en cuenta si varían las condiciones sino sólo lo pactado-, desaparezca o se lo lleven dentro de la recompensa los inversionistas.

¿Es justo acaso este método de ganancias, tener que pagarles a las transnacionales por extraer nuestros recursos naturales y que el Gobierno no tenga en cuenta que la prospección y la extracción, son algunas de las causas de las intensas sequías en los departamentos del Cesar y la Guajira que ha generado la muerte de miles de animales, la desaparición de ecosistemas importantes, la erosión y compactación de tierras que antaño fueron fértiles y con ellos se afectan los productores y las comunidades de esta región?

Para que ese modelo de ganancias se institucionalizara era necesario eliminar las políticas que el BM denominó hostiles (Le daban muchas ventajas al Estado) y adoptar políticas económicas abiertas con reglas claras e instituciones que infundieran confianza a los inversionistas para que éstos no se fueran para otra parte, un modelo con garantías para las compañías mineras jóvenes y teniendo en cuenta la aparición de las bolsas de valores como mercados de capital dispuestos a invertir en el sector.

Cual súbdito diligente, los sectores políticos al servicio de los intereses extranjeros empezaron a moverse para cumplir con las orientaciones del Banco Mundial y propusieron en el Congreso el Proyecto de Ley 269 del 2000, el cual fue presentado por el senador ponente como la decisión más importante para el país, empleando los mismos términos del BM como garantías para inversionistas, salir del atraso en el sector, etc. A mediados del 2001, el Centro de Estudios de Funtraenergética hizo una crítica a dicho proyecto que impulsaba el gobierno de Andrés Pastrana, porque era un instrumento jurídico empleado para feriar al capital extranjero el patrimonio minero del país, que implantaba el título minero único para exploración y explotación, eliminaba la figura del aporte minero que favorecía a las empresas del Estado y entregaba a perpetuidad los yacimientos mineros, entre otras cosas. El proyecto que criticaban los Trabajadores entonces, no prosperó, hubo un cambio de nomenclatura y, en cambio, todas esas finalidades están contenidas en el actual código minero (Ley 685 de 2001)

Mientras Juan Manual Santos y Amylkar Acosta nos dicen que el país va bien porque las inversiones directas siguen aumentando, que la economía del país sigue creciendo gracias al sector minero; la realidad, especialmente, en los departamentos del Cesar y la Guajira -donde se realizan las mayores extracciones a cielo abierto por esos inversionistas favorecidos por beneficios tributarios y quienes no pagan los daños ambientales y sociales causados- es cruelmente diferente a la que ellos quieren mostrar.

Toda esa política ejecutada felizmente por ellos ha logrado, por ejemplo, que en el Cesar los niveles freáticos hayan descendido más de 140 metros, lo que sin duda ha generado la aridez de los suelos del departamento y desaparición de cuencas y como todo impacto ambiental es, a la vez, social y económico desde hace varios años se evidencian las consecuencias sobre las comunidades, el aire del Cesar está cargado de micro partículas de carbón que afecta la salud humana y ha obligado a pueblos enteros a salir de sus tierras porque la contaminación es inaguantable, los niños presentan problemas respiratorios y hay pruebas de que se ha afectado el ADN de roedores y lagartos.

La forma de hacer minería en este país es un desastre ¿Es casualidad que el fenómeno del niño se haya adelantado en este departamento y por ello murieran más de 3 mil reces en el último mes por la sequía y más de 800 Hectáreas de arroz se hayan perdido? Estamos casi seguros que esta sequía se presenta e intensifica gracias a la extracción minera a gran escala porque corta las rutas naturales de las aguas subterráneas y las envenena.

Aquellos que creen que el problema sólo afecta a la gente del área rural, deben ir empezando a preocuparse. Más del 50% del territorio del Cesar está solicitado en concesión y, si siguen entregando título mineros con tanta facilidad, dentro de poco no habrá para dónde ir, dónde tomar agua o sembrar un palo de mango. Seremos unos desterrados porque nuestras casas pueden estar dentro de ese porcentaje solicitado.

La situación es grave, está demostrado de sobra que la política minera actual no le sirve al país, que impide los encadenamientos productivos, que está atrasando al país hacía los días de la colonia y que nos está dejando en una miseria de la que posiblemente sólo lograremos salir dentro de mil años, cuando el envenenamiento del suelo causado por los sulfuros de la gran minería empiecen a desaparecer.

Quienes nos preocupamos por esta situación, que deberíamos ser todos, tenemos que empezar a organizarnos y a movilizarnos, porque está visto que sólo de esa forma se logra que los Gobiernos nos den lo que nos merecemos. Ellos, quienes gobiernan para las mineras, no nos regalarán nada, tenemos que arrebatárselos con la movilización, de lo contrario seguirán aplicando la receta y, muy seguramente, todos seremos engullidos.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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