La triste historia de los Planes Departamentales de Agua

La lúgubre sentencia shakespereana de que lo que en el mal nace en el mal se perfecciona, se cumple a cabalidad en la historia de los autodenominados Planes Departamentales de Aguas y que mejor deberían llamarse por su nombre: Planes de Negocios con las Aguas.

Desde el 2007 a este año, el Gobierno anterior y el presente han perseverado en ese engendro que cruza la centralización de los recursos presentes y futuros en manos de sanedrines controlados por el Gobierno Nacional, con la redoblada alza de las tarifas en todas partes –hasta el último rancho de la última vereda-, el endeudamiento de los entes territoriales y la privatización centralizada –monopolística a gran escala- de los servicios públicos, que es su fin, su bien último y superior.

Como toda política neo liberal que se respete parte de reconocer lo mal que está este país –que después de veinte años de reinado de apertura económica y privatización es una prueba suprema de cinismo- , de echarle la culpa a lo público, de hallar corrupción y desgreño en todas partes menos en las inmaculadas manos de ministros, presidentes y empresa privada.

Con ello armaron una cruzada “modernizadora” derrochando propaganda y remachando día tras día que lo único bueno y posible es que departamentos y municipios entreguen sus recursos de agua potable y saneamiento básico, que paguen costosas fiducias, que se endeuden hasta la camisa y que se establezcan “operadores especializados”, es decir, afortunados contratistas privados nacionales y extranjeros que recibirán en usufructo –regalados- los acueductos construidos y por construir con la plata de Juan pueblo. Entonces, como en Jauja, correrán ríos de agua potable y todos seremos felices. Como quien dice, el mejor de los mundos posibles.

Los críticos son sometidos a la ley del silencio. Las autoridades locales rendidas bien por acogotamiento, bien aprovechando su meloso sentimiento de sujeción e inferioridad ante todo lo que venga de arriba, del cual esperan naturalmente alguna comisión, bajo la enseña del MTC –Miguelito también come -. La población bien engañada por la abundante propaganda de que ahora sí llegó el que va a enderezar esto. Y todo ello para un happy end, como lo esperaban de la ley 100, de la privatización de las vías o de Agro Ingreso Seguro, entre otros.

Pero esta historia no tendrá el final feliz que le predecían sus interesados gestores. Por lo menos no en lo concerniente a que pudieran engañar a todo el mundo todo el tiempo. Poco a poco se van conociendo los entretelones. La revista SEMANA nos dio a oler un poco del aroma de alcantarillado de los negociados que se vienen haciendo en los Planes:

“El meollo del asunto es que la ley permite que las empresas de servicios públicos puedan contratar como si fueran empresas privadas. No necesitan licitar, ni tienen los demás requisitos de convocatoria abierta que obliga la Ley de contratación con recursos públicos. Las inquietudes se comenzaron a dar cuando una investigación de la Contraloría descubrió que muchas de estas empresas de servicios públicos, pese a su nombre, no prestaban ningún servicio público. Se crearon con un gerente, una secretaria y un mensajero, y de la noche a la mañana podían empezar a hacer multimillonarios contratos, que tenían como soporte una sola cotización (…) la mitad de los 300.000 millones de pesos de dineros públicos que los PDA han contratado se ha manejado como si fueran empresas privadas.”(1).

La Procuraduría llamó la atención en cuanto a que la maniobra de apropiarse de los recursos que constitucionalmente le pertenecen a los municipios puede ser ilegal. En octubre de 2010 los alcaldes de Boyacá se quejaron porque les cobran la fiducia sin estar ejecutando los recursos. Mientras que entre el departamento y municipios colocan $160 mil millones la Nación apenas contribuye con $23 mil millones. (2)

Y pocos días ha la Contraloría señala que de 624 municipios inscritos en los benditos Planes, 420 no podrán solucionar sus problemas de acueductos ¡Un colosal fracaso! Para colmo de males dice el organismo de control que se ocasiona inviabilidad a largo plazo del modelo e ineficiencia en el uso adecuado de los recursos. ¿No era eso lo que buscaban acabar desde el Ministerio? Parece que no. Porque, remacha la Contraloría, después de tres años de implementados “no se conocen las necesidades de inversión requeridas para el sector para alcanzar las metas establecidas en los diferentes lineamientos de política y los compromisos internacionales”.

La lucha contra la corrupción pasa por esta curiosa paradoja: el Ministerio del Ambiente contrató nueve consultorías por un valor de $7.927 millones para hacer el diagnóstico a 1.334 localidades, pero cada Departamento debió elaborar un diagnóstico profundo para determinar sus necesidades de inversión. Predijeron que se necesitaban 14,3 billones de pesos, han recaudado 1,13 billones y apenas han ejecutado el 13,8%.

Por supuesto cada vez que es necesario agitar alguna zanahoria ante los ojos de los colombianos el presidente dice que se va a invertir un billón de pesos en la Costa, el anegado –no abnegado- Gobernador de Cundinamarca afirma que con los recursos financieros de los Planes se van a arreglar los colapsados acueductos. La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se desgañita cacareando el huevo que no ha puesto.

Esas promesas para la galería. Los compromisos verdaderos para los banqueros, a quienes se les comunicó que ya pueden entrar a saco en el feriado de los acueductos. Para los municipios y departamentos –casi todos- que pignoraron sus recursos a favor de los Planes la Ministra les da la mala noticia de que “el país ya no se puede quedar con el sólo financiamiento del Plan Departamental de Agua por la vía fiscal y presupuestal”, por lo cual “lo que falta es una emisión de bonos” (3) que irán a pagar los habitantes con aumentos de impuestos, quedando los entes territoriales endeudados a diez, quince o veinte años, como ya con antelación y deleite lo había predicho la Cámara Colombiana de la Infraestructura (4), que agrupa a los señores contratistas de esta sufrida república.

Y las empresas de servicios públicos estatales y comunitarias haciendo cola para que les aprieten el gañote, expropien la propiedad pública y la que con denodados sacrificios han levantado las comunidades de las zonas rurales y municipios apartados.

En cuanto a lo que ha sucedido, un botón. Hay usuarios a los que les arriban pescados por las cañerías destinadas al agua potable como denunció un habitante de Aracataca, en el pluvial departamento del Magdalena, que ha quedado bajo la égida de la sociedad anónima Aguas de Magdalena. Los municipios y el departamento están endeudados hasta el cuello con un préstamo por 58 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento, cedieron la mitad de los recursos de SGP y les aumentaron el término del Plan de 2015 hasta el 2017. Y como para que esta ilustre porción de la patria no desdiga del realismo mágico que acunó tiene presencia de la empresa Aguas Kapital Macondo –no es un chiste- de los Nule y donde –por fin- la Contraloría Departamental dijo en octubre de 2010 que el esquema genera sobrecostos y dejó en firme 12 faltas administrativas, siete disciplinarias y cuatro con alcance penal y donde Aguas de Magdalena es juez y parte (5).

Falta que los jerarcas del neoliberalismo regañen a los cataqueros por quejarse de que con el Plan de Aguas sigan los pescados, como en tiempos de Macondo, entrando a sus casas por donde no les es lícito. Sí es que están recibiendo gratis proteína de alta calidad.

Notas:

(1) Semana, 31 de octubre de 2009.

(2) El Tiempo, 25 de octubre de 2010.

(3) El Espectador, 2 de diciembre de 2010.

(4) Revista No. 30 de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, julio-agosto de 2009.

(5) Semana, 11 de diciembre de 2010.