La vivienda digna no puede ser un negocio

Bajo la abrigada sombra de un palo de mango, en la casa de don Hernando Narváez, ubicada en la esquina de entrada al barrio Carbonelll nos sentamos a recordar con Virgelina y otros, las vicisitudes del pasado para lograr el techo que hoy los cobija. La piel tostada del jefe del hogar es una evidencia del rigor con que ha afrontado las responsabilidades de mantener una familia, su voz firme y alegre nos traslada al momento en que debió permanecer a la intemperie, en el lote con rastrojo que era el espacio que ocupa y luego en un cambuche por largo tiempo, mientras juntaba con paciencia ladrillo tras ladrillo y teja por teja los materiales que requería para hacer el encierro de su anhelada vivienda.

Sin amarguras, a pesar de las dificultades inherentes a su relato, don Hernando fija su memoria en Septiembre de 1976 cuando toma la decisión, junto a otras decenas de familias, de recuperar terrenos baldíos para procurarse una solución de vivienda dada la sordera del Estado; el gobierno responde con la policía para desalojarlos, pero la resistencia de los ocupantes obliga a negociar su ubicación temporal en la caseta del barrio Caracolí junto al rio Magdalena, allí permanecen 13 meses aguantando, recurriendo a una olla comunitaria y al contrabando de energía y agua para poder sobrevivir. En septiembre del año 77 finalmente el municipio decide adjudicarles unos lotes en el sector del Venado, distante de la ciudad, sin servicios públicos, con una vía destapada y sin ruta de bus, pero ellos aferrados a la esperanza de cristalizar sus sueños los reciben e inician la titánica tarea de civilizarlos. En la reconstrucción de la historia surgen otros nombres: Ángela, Pachelo, Petra, María Liz y por supuesto Jaime Soto y Pablo Emilio Escobar, los dirigentes de la Central Nacional Provivienda quienes los asesoraron y acompañaron en ese tortuoso proceso.

Esta historia es similar a la de muchos barrios de la ciudad de Neiva, construidos a pesar de la obstrucción del Estado, que dan cuenta de la incapacidad de quienes han gobernado para resolver una necesidad sentida de las gentes. De las recuperaciones se pasó a la autoconstrucción y posteriormente a los Planes de Vivienda, formas creativas de la comunidad de buscarle solución a su problema. El Estado por el contrario, convirtió la necesidad en un negocio del sector financiero y de los grandes propietarios de la tierra, a los primeros les organizó primero el UPAC y luego la UVR, y a los segundos les urbaniza los predios con servicios públicos y vías, a costilla del erario, que somos los contribuyentes y les permite engordar lotes para hacerse a valorizaciones astronómicas por esfuerzos hechos por la sociedad y no por ellos.

Ahora, en la política neoliberal de asegurar los negocios a los grandes capitales y a los alcahuetes de los políticos de la manguala nacional, se han dispuesto normas para impedir los procesos de autogestión, no los de los urbanizadores piratas, sino aquellos que con éxito han resuelto, apoyados por los aspirantes a soluciones de vivienda, la construcción de barrios enteros que significan un mordisco a los proyectos privados o públicos que acaparan los denominados subsidios de vivienda y que en el segundo caso resultan regularmente mecanismos diseñados para otorgar gigantescos contratos a los comisionistas bendecidos por las administraciones locales, que entregan obras inconclusas, con materiales de pésima calidad y en tiempos por fuera de los cronogramas programados.

Ahora, Olga, William y los herederos del espíritu de los habitantes del Carbonell, retomaran las banderas de sus progenitores, para reclamar un derecho inalienable que deben tener todos los que nacen y viven bajo este cielo.