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Las multas a los Ingenios Azucareros: Un paso más contra la producción agropecuaria

Oscar Gutiérrez Reyes, Director Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Colombiana, Manizales, octubre 15 de 2015

Por medio de la Res. 80847 del 7 de octubre de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anuncio multimillonarias multas a los ingenios azucareros del país, a dos comercializadoras -propiedad de los mismos- y a la organización gremial que las agrupa. El motivo de la decisión tomada se explica por la supuesta violación a normas de la libre competencia, por tratar de impedir el “libre comercio” y la importación de azúcar al país. También por actuar como un cartel para fijar precios internos, aprovechándose de su condición oligopólica.

De entrada hay que decir que el monto de la sanción es totalmente desproporcionada, $324 mil millones de pesos son el equivalente a dos años de utilidades de todos los ingenios sancionados y para algunos de ellos pagar semejante sanción sería declararse en quiebra. Igual sucede con Asocaña, la agremiación gremial que los reúne.

Pero más allá de esa situación acometimos la tarea de leer -con sumo cuidado- la extensa resolución de la SIC -197 páginas- para intentar auscultar si semejantes sanciones tenían, realmente, bases que justificaran las abultadas sanciones impuestas y demás decisiones tomadas.

A los ingenios se les acusa por dos supuestos hechos. Uno, distorsionar la aplicación del mecanismo de protección (Fondo de Estabilización de Precios para el Azúcar, FEPA,) que se crea con base en la Ley 101 de 1993 y que se establece -para el sector azucarero- por medio del Decreto 569 de 2000.

Los fondos de estabilización de precios, que pueden crearse también para otros productos del sector agropecuario están definidos y reglados en la Ley 101 de 1993 como una manera de compensar la arremetida que, contra el sector agropecuario nacional, se da a partir de la implementación de las políticas de apertura comercial implantadas en el gobierno de Cesar Gaviria.

Según la Ley 101 de 1993 “tienen por objeto procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones, mediante el financiamiento de la estabilización de los precios al productor de dichos bienes agropecuarios y pesqueros”.

Para estabilizar los precios del azúcar, el FEPA, de acuerdo con la Ley y el decreto, creó un sistema de cesiones y compensaciones a partir de una franja de precios y de determinados volúmenes de producción para garantizar la estabilidad -al productor nacional- en los precios de venta en el mercado del azúcar. El precio de referencia está ligado al precio internacional del edulcorante y a los costos de producción en el país.

Los fondos son, además, una cuenta administrada por las organizaciones gremiales de los productores, en este caso ASOCAÑA y con juntas directivas de las que participa el gobierno nacional a través de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio Exterior. Las decisiones que allí se toman cuentan con el visto bueno de los ministros representados en ellos.

La segunda acusación contra los ingenios tienen que ver con qué, mediante maniobras de cartelización del mercado, intentaron impedir el ingreso de azúcar de Bolivia, Costa Rica, Guatemala y algún otro país al mercado nacional afectando, de esa manera, a los industriales que fueron, precisamente, quienes presentaron la demanda contra los ingenios a saber: Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Meals de Colombia S.A. y Casa Luker y otros.

En el texto de la resolución en ninguna parte se prueba que efectivamente se hayan reducido las importaciones de azúcar al mercado nacional. Por el contrario las estadísticas prueban que las importaciones de azúcar han aumentado progresivamente.

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Como bien lo señala un artículo publicado el 10 de octubre, en el periódico el País de Cali, “Colombia siempre ha importado azúcar, en especial desde los países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, ya que traerla desde Bolivia, Perú o Ecuador se hace bajo un arancel cero”, es decir, “sin impuestos ni restricciones por las franjas de precios derivadas de la Franja Andina de Precios, un mecanismo legal que se creó para estabilizar el costo de importación de más de cien productos agrícolas, entre ellos el azúcar, frente a la volatilidad de los mercados”.*

Los mayores interesados en la destrucción del FEPA y la Franja de Precios del Pacto Andino son las multinacionales que fabrican gaseosas, cervezas, dulces, helados, galletas y otros productos en los que quieren comprar el azúcar más barato pero no, para transferir esos menores valores a los consumidores -como se alega- sino para aumentar sus ganancias a costa, si es necesario, de destruir la agroindustria de la caña y arrastrar con ello a la ruina a los paneleros colombianos. Interés igual o superior -al de los anteriores- tienen los grandes monopolios comercializadores e intermediarios que manejan el negocio mundial del azúcar.

Colombia como lo enseña el cuadro produce suficiente para abastecer la demanda interna e incluso para exportar. ¿Qué sentido tiene importar lo que somos capaces de producir? El único sentido es el interés de multinacionales y grandes productores de azúcar del mundo de tomarse el mercado nacional del edulcorante.

Finalmente señalemos que según el último censo agropecuario del DANE 2,15 millones de personas dependen directa e indirectamente del cultivo de caña en Colombia. Después del Café, el azúcar y la panela son los mayores generadores de empleo e ingreso para los habitantes del campo. En la producción de azúcar se generan 188 mil empleos en 47 municipios de 5 departamentos ubicados en el Valle geográfico del río Cauca y de la producción de panela viven 350 mil familias que generan 846 mil entre directos e indirectos. La caña que se usa en la agroindustria del azúcar se siembra en 228 mil hectáreas y la que se beneficia en la producción panelera en 205 mil. Son, todos ellos, el eje fundamental de la economía de 27 departamentos y 511 municipios del País.

Como señalan diferentes dirigentes políticos, diversas organizaciones gremiales, miles de ciudadanos y muchísimos analistas económicos lo que hay en riesgo son la estabilidad y el ingreso de más de medio millón de familias que derivan su sustento de la agroindustria azucarera y de la panela, las cuales pueden desaparecer por la desproporcionada sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra el sector azucarero.

Dignidad Agropecuaria Colombiana acompaña los reclamos y movilizaciones que realicen los productores de caña de azúcar, industriales y trabajadores del sector y campesinos y empresarios paneleros, exige se respeten los mecanismos de protección de la producción nacional agropecuaria, el FEPA, los aranceles y la franja de precios del Pacto Andino y se actúe, por parte de las autoridades, con la mira puesta en corregir lo que haya que corregir pero, sobre todo, con el ojo avizor para defender la producción y la soberanía nacional.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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