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Las protestas de los productores nacionales

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, abril 28 de 2014

Hay algunos casos en que la expedición de una norma –constitucional, ley o decreto– causa una reacción en cadena de quienes reciben los efectos; en otros, generan expectativas y para la mayoría, pasan desapercibidas. Generalmente, los efectos se sienten con más fuerza con el paso del tiempo, motivo por el cual cuando se debate su aprobación o rechazo, la gente del común toma la vía de la indiferencia, sin tener en cuenta las consecuencias que les pueden acarrear. Por vía de ejemplo se puede recordar lo sucedido con la ley 50/90, que arrebató centenarios derechos laborales a los trabajadores o la ley 100/93, que convierte en negocio un derecho fundamental como el de la salud, inherente a la vida misma; solo por enumerar dos hechos. Pues bien, lo mismo ha sucedido con la inserción del país en el circuito del libre comercio, materializado en Áreas o Grupos de países que se alinean con el cuento de la integración y tratados multilaterales o bilaterales, también conocidos como TLC.

Analistas advirtieron sobre las catastróficas consecuencias que acarrearían a los productores nacionales la apertura de nuestro mercado interno a los productos extranjeros que ingresan gracias a los TLC o acuerdos de garantías a inversionistas; estos efectos han sido: sustitución de producción, destrucción del aparato productivo y generación de desempleo estructural –disimulado con subempleo, informalidad, trabajadores por cuenta propia e inactivos–. A casi dos décadas de la aplicación de esta política neoliberal, las denuncias de los empresarios nacionales no se han hecho esperar, con el agravante de que muchos han vendido sus empresas, que pasaron al capital transnacional, desestimulando la acumulación del propio capital nacional. Empresarios industriales, agrarios y pecuarios han reclamado al Gobierno diferentes tipos de salvaguardias contra la inclemente y desigual competencia extranjera. Incluso, el hecho es más destacado cuando son bien vistas alianzas de patronos y trabajadores defendiendo las empresas, algo impensable hace menos de veinte años.

Dice Dignidad Agropecuaria: “luego de reuniones con los ministros del Interior, Aurelio Iragorri, Agricultura, Rubén Lizarralde, Hacienda, Mauricio Cárdenas y funcionarios del Gobierno, no fueron atendidas las solicitudes de cumplimiento de los acuerdos firmados por representantes oficiales con distintos sectores agropecuarios durante 2013. Vale resaltar que se siguen adeudando más de $130 mil millones del PIC del año 2013 y no se ha pagado ni un solo peso del 2014, a los cafeteros que vendieron su grano a compras privadas y que corresponden a los periodos en los que se ha causado. A pesar de que en el acuerdo de Neiva se condonaban las deudas en mora por menos de $20 millones, hoy a más de 100 mil agricultores les serán rematados o embargados sus predios; la refinanciación anunciada abarca apenas a un número reducido de beneficiarios; las salvaguardias para importaciones de leche y productos de clima frio se levantaron; nada se ha hecho en el programa para reactivar los cereales, ni menos para el control del precio de fertilizantes y demás insumos. Tampoco se ha hecho nada para controlar el contrabando y se importan bienes producidos en exceso en Colombia como azúcar, etanol o la cebolla”. ¡Razones, más que justificadas, por las que protestan nuestros productores!

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