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Las tragedias mineras y la alfombra roja para míster Allen

Jorge Gómez Gallego*, Medellín, mayo 13 de 2014

Un repaso detallado de lo que se ha escrito, dicho o publicado en los medios de comunicación sobre las tragedias que han causado la muerte a varios mineros en Santander de Quilichao (Cauca) y en Buriticá (Antioquia), dan cuenta de la superficialidad con la que muchos “opinadores” y comunicadores abordan el tema, lo que permite una perversa manipulación de la información por parte de los voceros de las grandes mineras multinacionales y los gobiernos nacional y departamental en el caso de Antioquia.

Se ha convertido en una “verdad” revelada, que todo ocurre por cuenta de la minería “ilegal” detrás de la cual están unas organizaciones criminales sin control y que los muertos han hallado el fin de su existencia por la acción de unas “fuerzas oscuras” sin identificar o incluso, por su propia irresponsabilidad.

Nada más patético y absurdo. Cualquier analista con un mínimo de rigor encontrará que el auge de la minería informal, que no ilegal, especialmente en lo que se refiere a la explotación de oro, está catapultada por dos fenómenos inherentes a la globalización neoliberal. De un lado el crecimiento inusitado de los precios del “vil metal”, los cuales se encontraban en US$ 300 la onza en 1982, pasaron en 2006 a US$ 500, a US$ 1.011 en 2008. Después de la crisis financiera 2008-2009, el oro se posiciona como valor refugio y alcanza los US$ 1.500 en 2011 y US$ 1.908 en agosto del mismo año, record histórico. Hoy, registra una caída a un cifra cercana a los US$ 1.300, con el pronóstico de los especialistas de que por mal que le vaya al precio de la “escoria del diablo”, se mantendrá en ese nivel. En conclusión, en 32 años el precio se ha cuadruplicado.

En segundo lugar el creciente daño que a la producción industrial y agraria le viene haciendo el incremento del libre comercio, empuja fatalmente a las manos ociosas que crea hacia actividades informales. Siguen desapareciendo empleos industriales de calidad y agrarios no tan buenos y estables, pero que eran fuente de ingreso para millones de colombianos. La migración de ciudadanos a la actividad minera, forzados por la carencia de oportunidades en el agro y la industria y por la saturación del “rebusque” y de los semáforos es un fenómeno evidente, conocido y que se puede entender fácilmente.

También es cierto que en la búsqueda de un mendrugo de pan para sus familias, los nuevos mineros se ha estrellado con una legislación neoliberal al servicio de las multinacionales, que hace prácticamente imposible la formalización y legalización de su actividad. Y si no se pueden formalizar, es imposible también controlar la forma en que ejercen su actividad.

El Estado colombiano, empezando por el del nivel central y siguiendo por el departamental, comprometido con las transnacionales, solo ofrecen como respuesta la persecución y la estigmatización, al punto de que se expidió el Decreto 2235 de 2012, que permite la destrucción de la maquinaria sin fórmula de juicio, debido proceso, presunción de inocencia o derecho a la defensa.

No se ha explorado la única salida posible para el problema: una vigorosa política de formalización y legalización que permita controlar las explotaciones mineras, les brinde la oportunidad no solo de modernizarse y convertirse en empresas o comunidades que apliquen técnicas modernas para hacerlas rentables, seguras, ambientalmente amables y socialmente responsables.

Esa salida, congruente con el interés nacional y que podría además colocar la minería como complemento y palanca para el desarrollo industrial y agrario no merece la más mínima atención de la cúpula de la “Unidad Nacional”, cuyo norte es diametralmente opuesto: avanzar en la reprimarización de la economía, de forma que la explotación y exportación de materias primas reemplace la producción industrial y agraria y a la vez suministre los dólares para el pago de las importaciones. No importa que, según lo ha denunciado Eduardo Sarmiento recientemente, estemos al borde del colapso en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Si en Buriticá, en lugar de haberse inventado el riesgo de una falsa emergencia y de haber ordenado amparos administrativos que incluyen voladura con dinamita de las entradas a las minas informales, se hubiese ensayado un proceso serio de formalización, se le hubieran puesto controles serios a la multinacional de dudosa ortografía, se hubiesen salvado siete vidas de humildes colombianos, cuyo deceso, lo tienen claro los habitantes del municipio, se produjo por disparos de la policía en los dos primeros y por efecto de la dinamita colocada por funcionarios de la Continental Gold en las bocaminas los otros cinco, desde luego con la protección de las autoridades.

Qué curioso, a la entrada de Buriticá hay un retén de la Policía que restringe la entrada a colombianos y antioqueños con cédula expedida en municipios diferentes a Buriticá. ¿Será que ese es el mismo trato que reciben míster Robert William Allen y los otros integrantes de la Junta Directiva de Continental Gold, Timothy Warman, Paul Murphy, James Felton? Desde luego que no, para ellos y para quien les maneja el saqueo, incluido su administrador, el señor Otoya, que tampoco tiene cédula buritiqueña, lo que hay es una alfombra roja extendida para que, incluso en etapa de exploración, se lleven hasta la última pepita de oro de un yacimiento cuyas reservas están calculadas en U$ 6.500 millones, o lo que es lo mismo $ 13 billones de pesos (billones) a precios de hoy. Todo el oro para la multinacional, una limosna para los buritiqueños y nada para Colombia, parece ser el lema de Santos y Fajardo.

*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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