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Las vigencias futuras para Transcaribe son abiertamente inconstitucionales, ilegales e inconvenientes

Oficina de prensa del concejal David Múnera, Cartagena, abril 26 de 2015

CONCEJAL DEL POLO DEMOCRÁTICO, DAVID MÚNERA, EXPLICA LAS RAZONES POR LA CUAL LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA TRANSCARIBE SON ABIERTAMENTE INCONSTITUCIONAL, ILEGAL E INCONVENIENTES

Tengo el gusto de remitirles el documento preparado y presentado por el concejal del Polo Democrático Alternativo, David Múnera Cavadía, mediante el cual hace un análisis constitucional, legal y de la conveniencia del Proyecto de Acuerdo que pretende dar facultades al alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, para incorporar vigencias futuras a cargo del presupuesto de 2016 a 2020, por un monto de 125.016 millones 967.505 pesos, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Documento Conpes 3823 de 2014, orientadas a cubrir costos de Transcaribe.

POSICIÓN DEL CONCEJAL MÚNERA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE LE AUTORIZA AL GOBIERNO DISTRITAL A COMPROMETER LA SOBRETASA DE GASOLINA POR EL MECANISMO DE LA VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES A CARGO DEL PRESUPUESTO DE 2016 A 2020 PARA TRANSCARIBE.

La Administración Distrital en cabeza del Alcalde, Dionisio Vélez Trujillo, pretende incurrir y arrastrar al Concejo Distrital en una manifiesta violación al ordenamiento jurídico Nacional, al tratar de forzar la aprobación de un Proyecto de Acuerdo, nuevamente presentado ante esta Corporación, el pasado 14 de Abril de 2015, por medio del cual se le autoriza a su Gobierno Distrital a comprometer la Sobretasa de la Gasolina, por el mecanismo de las Vigencias Futuras excepcionales a cargo del presupuesto de 2016 a 2020, por un monto de 125.016 millones 967.505 pesos, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Documento Conpes 3823 de 2014, sin subsanar los grandes vicios de ilegalidad que aún persisten y por los cuales el Concejo Distrital, con ponencia del concejal Wilson Toncel, determinó por unanimidad negar dicha aprobación en las sesiones extraordinarias pasadas.

En efecto, en un análisis efectuado en la Ponencia Sustitutiva presentada en el primer debate sobre el proyecto de Acuerdo N.144 de 2015 y que contó con el respaldo de todas la bancadas de esta Corporación, se estableció de manera diáfana cual es el Marco Normativo regulatorio de las Vigencias futuras, consagrado en las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, el Decreto 111 de 1996 y el Decreto Reglamentario 2767 de 2012 que regula a Ley 1483 de 2011, cuyo aspecto central de estas normatividades del ámbito Nacional es enfatizar en el carácter de excepcional de este instrumento Presupuestal en la asignación de recursos, tal como lo señala el Artículo 345 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido la Corporación demostró que dicha solicitud de vigencias futuras no cumplen con las exigencias normativas, hecho que subsiste en el nuevo Proyecto de Acuerdo.

Asimismo, el Estatuto Orgánico de Presupuesto precisa cuales son los pasos a realizar para la aprobación de vigencias futuras en la órbita nacional y posteriormente la ley 819 de 2003 en su Artículo 12, prescribe los procedimientos que deben ser agotados para la aprobación de las vigencias futuras ordinarias en el nivel territorial y, es la Ley 1483 de 2011 y su decreto reglamentario el 2767 de 2012 que estipula la viabilidad en materia de aplicación de las vigencias Futuras excepcionales fijando requisitos claros y de obligatorio cumplimiento que no permiten la mínima interpretación al respecto.

La primera violación en que incurre la Administración del alcalde Dionisio Vélez Trujillo es MUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN (PATIO PORTAL) a un contrato de obra pública, sin discriminar los hechos imprevisibles justificantes, pues Transcaribe debió definir su estructuración financiera al momento de iniciar la ejecución del proyecto y más cuando desde ese momento han transcurrido 13 años. Por eso la motivación de este hecho por parte de la Administración Vélez no tiene validez a la luz jurídica si nos remitimos a las jurisprudencias tales como la Sentencia de la Corte Constitucional C- 892 DE 2001 que desarrolla que “El ejercicio legítimo de estas funciones confluye en el objetivo único de reconocer a favor del contratista una indemnización o compensación, o la revisión administrativa o judicial del contrato, en todos aquellos eventos en que se afecte la base económica que ha sido pactada al momento de la celebración del contrato, evitando un enriquecimiento sin causa de la Administración y el empobrecimiento correlativo del particular…” –subrayado nuestro-.

“…Si la situación económica del sujeto que colabora con el Estado en la consecución de sus fines, resulta ser modificada por el surgimiento de nuevas obligaciones o cargas, la administración pública tiene el deber jurídico de restablecer el sinalagma económico del contrato y entrar a satisfacer los derechos del contratista afectado por los mayores costos, dando así aplicación a los principios constitucionales de justicia conmutativa ( art 2°), Igualdad ( art 13) y garantía a derechos adquiridos ( art 58 )…”

Frente a ello es dado afirmar, sin temor a equívocos, que la Administración no ha justificado ningún supuesto de hecho que haga indefectiblemente recaer la realidad en la afección de situación extraordinaria ajena a la voluntad de los contratantes, que resulte imprevisible al momento de la celebración del contrato, que evidencien la necesidad de autorizar el acceso a vigencias futuras.

El otro desconocimiento jurídico se concibe al excluir la importancia de este proyecto en el Plan de Desarrollo “Ahora si Cartagena” y al violar la Ley 152 de 1994, pues en los presupuestos plurianuales, proyección de costos y fuentes de financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública debieron prever los requerimientos objeto del Proyecto de Acuerdo, al estar en presencia de un Proyecto que por ser de largo plazo, tiene la necesidad de disponer de más de una Vigencia Fiscal, garantizando de esta forma la financiación del mismo hasta su finalización, situación que evidencia la carencia de planificación. Aquí es importante recordar que el nuevo Proyecto de Acuerdo sigue teniendo como base de inversiones el mismo documento Conpes 3823 de 2014 por lo cual el análisis sobre la destinación de los recursos continúa siendo el mismo muy a pesar, que en una especie de ocultamiento, la Administración Vélez nos lo muestre de manera general. Esa es una forma de arrastrar a la Corporación de incurrir en el error manifiesto en el Proyecto de Acuerdo Anterior, que fue otra de las razones por las cuales no se aprobó.

Me permito señalar algunas de las razones legales que sustentó la ponencia sustitutiva que aprobó el concejo Distrital de Cartagena en primer debate para no dar trámite al Proyecto de Acuerdo 144:

— “ La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo 11 de la Ley 819 de 2003.

Entender el proyecto como un todo, con una vigencia extendida en el tiempo implica entonces que el plan de inversiones debe contener los costos futuros de mantenimiento y administración del proyecto. Este aspecto por lo tanto no se cumple con lo que actualmente se cuenta para el estudio por parte del Concejo.

— Sin embargo, coherente con lo señalado en el punto anterior, las metas plurianuales deben quedar más que certificadas, demostradas con la totalidad de las variables calculadas por la Secretaria de Hacienda del Distrito. No basta por lo tanto certificar que se encuentran, sino demostrar de manera fehaciente que consultan las metas atendiendo la totalidad de las exigencias que la Ley 819 de 2003 plantea para el Marco Fiscal del Mediano Plazo.

— - Si bien el Gobierno allegó los documentos CONPES que determinan que el mismo es estratégico, lo cierto es que la exigencia normativa, está dirigida a concepto previo y favorable de DNP, este aspecto no está cumplido, por cuanto el mismo no se encuentra en el documento contentivo del mismo.

— Si bien está contemplado en el Plan de Desarrollo, no existe referencia expresa a la importancia y el impacto. Es al momento de la formulación del Plan de Desarrollo que se contempló como una meta.

— Como lo hemos señalado, el documento allegado, si bien cuenta con una certificación de la Secretaría de Hacienda, el mismo no allega el Marco Fiscal de manera integral para el análisis por parte de la Corporación.

— Evidentemente no se cuenta con ingeniería de detalle.

Este concepto adicionalmente se desvirtúa si se pretende entender el proyecto como un desagregado de las actividades a realizar, por cuanto claramente adquirir el Lote de Patio Portal no entra en el aspecto de ingeniería del detalle, pero se configura como un aspecto de análisis frente al Contrato de Concesión, por cuanto no se allega el modelo financiero, el retorno de la inversión y el análisis compensatorio de los riesgos que varían con la modificación planteada.”

Lo anterior sin entrar de lleno en hacer un análisis profundo de la conveniencia que represente para la Comunidad, el hecho que el Distrito termine financiando unos costos que le correspondía al concesionario, afectando el presupuesto de inversiones de la malla vial, pero además incurriendo en altos costos financieros producto de los intereses onerosos pagados al sistema financiero con un supuesto de una liberación de parte de la tarifa, lo cual implica un grave riesgo para los recursos del erario de la ciudad.

Por ello, en mi condición de Concejal de Cartagena considero que el nuevo Proyecto de Acuerdo presentado recientemente por esta Administración Vélez de Vigencias Futuras para Transcaribe, es manifiestamente ilegal e inconveniente y más porque tal como lo señala el Artículo 6 de la Constitución Política Nacional, los servidores públicos somos responsables ante las autoridades no solo por infringir la Constitución y las Leyes, sino también por omisión o por extralimitación de nuestras funciones.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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