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Lo público y lo privado en la educación superior

Amaury Núñez, La Silla de la Educación, mayo 20 de 2015

Esta conferencia la presenté el pasado 26 de febrero en la sesión de Debates UN, promovido por el Consejo Académico de la Universidad Nacional, alrededor de la pregunta “¿qué es lo público y qué es lo privado en la educación superior?” al lado del Maestro Carlos Gaviria Díaz, y los profesores Leopoldo Múnera y María Clara Echeverría. Hoy la rememoro con dos propósitos, rendir un homenaje al maestro Gaviria, férreo defensor de la educación pública recientemente fallecido, y abrir mi sección en La Silla de la Educación, donde promoveré la principal idea sostenida en el siguiente texto: la educación debe ser pública, científica y al servicio del desarrollo nacional.

***

¿Qué es lo público de la Universidad Pública y lo público de la Universidad Privada? El conocimiento le pertenece a la humanidad y está a su servicio. Este es un aspecto que en nada diferencia a las universidades públicas de las privadas. La adaptación de conocimiento científico que ha sido construido con el pasar de los siglos y el proceso civilizatorio es una constante. Los países desarrollados tomaron como base la adaptación de dicho conocimiento a sus realidades productivas específicas y delinearon el futuro a partir de su elevación. La diferencia radica en cómo se le entrega dicho conocimiento a una sociedad, si el estado asume de manera sistemática el fortalecimiento de la oferta educativa o, si de lo contrario, ésta es remplazada por la oferta privada. En definitiva, de quien oferte y difunda el conocimiento resultará que tan provechoso puede serle a una nación.

En este aspecto existe plena identidad entre la universidad pública y la privada: ambas ofertan conocimiento. La diferencia radica, y este es el aspecto central del debate, en que en el caso de la oferta pública la transmisión y apropiación del conocimiento se establece como un derecho, que la sociedad demanda de manera masiva y tiende a ser satisfecho, y en la oferta privada, la demanda se circunscribe a la capacidad económica, limitando su acceso a quien tenga como pagar.

¿Por qué la Universidad requiere financiación pública y cuál debe ser su orientación en la educación superior? Los costos de la educación son altamente crecientes. La calidad de esta, es directamente proporcional a ello. Que tanto gaste una familia en pagar la matrícula de uno de sus miembros en una universidad privada determinará la calidad de la educación recibida por éste. Pero ¿Debe ser esta la regla general para la gran mayoría de familias? Evidentemente no. Por tanto, le corresponde al estado asumir el financiamiento de la oferta universitaria y garantizarlo como un derecho.

¿Qué ha pasado en Colombia? El modelo que se implementó con la Ley 30 de 1992 definió que los recursos públicos no iban a crecer de acuerdo a las necesidades establecidas por las universidades, sino en función de la inflación, lo que es igual a no dar nada más de lo que ya se tiene, a actualizarlos, y lo poco que se adicionaría sería condicionado por la voluntad de quien los suministrara. Un modelo para la crisis, para el debilitamiento de la universidad pública, que han mantenido todos los Gobiernos desde entonces, y que con la propuesta de Política Pública 2034 de Juan Manuel Santos se empeorará.

Mientras en el año 1993 el 84% de las transferencias eran estatales, en el 2014 esta suma se redujo al 50%. Las universidades asumieron con el paso del tiempo la otra mitad de los gastos ordinarios de funcionamiento lo cual se tradujo en matrículas más altas que pagan las familias y los estudiantes, la venta de bienes y servicios, crédito universitario, pésimas condiciones de labores para profesores y trabajadores. Durante este periodo se dejaron de destinar 5.700.000 pesos por estudiante a solo 3.600.000 pesos. Se redujeron los profesores de tiempo completo del 46% en el año 1992 al 25% en el 2010, y como consecuencia de esto, se ha hecho mayor hincapié en un tipo de vinculación docente de “subcontratación” y hora cátedra, lo que implica una reducción en la dedicación docente para la investigación y atención al desarrollo pedagógico, y en últimas en una merma de la calidad de la Universidad.

El Sistema Universitario Estatal detalló recientemente a cuánto ascienden los recursos faltantes para educación superior al año 2012, por un lado, y las necesidades de inversión actuales, por otro. En gastos recurrentes, es decir, para invertir no solo en 2013 sino año a año, se requirieron $1.327 billones. Mientras que en inversión para resolver todo aquello que se ha acumulado, pero en las condiciones actuales, sin poner un solo pupitre más, $9.827 billones. Hasta aquí el cuadro es claro: la Ley 30 de 1992 le abrió paso a la negación del derecho fundamental a la educación y a la degradación de su calidad.

A la par de la disminución de las transferencias estatales a las universidades y del incremento de sus recursos propios, le abrieron paso al capital financiero para montarse un negocio más. Los créditos otorgados a través del Icetex han recibido un extraordinario impulso los últimos años. Mientras al Icetex en 2004 se invertía 1 billón de pesos, en 2011 fueron 2.3 billones ¡128% más en 5 años! Otra forma simple de manejar la plata: no entregarla a las universidades públicas sino a las familias, pero en forma de crédito, y todo crédito lleva consigo un negocio. Esto tiene un agravante: la concentración de recursos en el subsidio a la demanda no permite controlar la calidad de los establecimientos que terminan recibiendo el monto del crédito con el pago de la matrícula del estudiante.

No en vano los continuos informes y recomendaciones del Banco Mundial sobre la educación superior en Colombia concluyen en la necesidad de establecer líneas de crédito – curiosamente con ellos mismos- para incentivar la demanda, es decir, los créditos educativos estilo ICETEX, mientras al mismo tiempo se sugiere reducir el gasto público destinado a fortalecer la oferta, es decir, los recursos que van directamente a la base presupuestal de las universidades públicas. La OCDE en el año 2012 recomendó “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado” pues, partiendo de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor para Colombia.”

En el caso colombiano y a la luz de la realidad actual, no es sostenible continuar endeudando estudiantes y familias al ritmo que se está haciendo. Pues para un estudiante que pide un préstamo de 20 millones de pesos, equivalente al 50% del costo de su carrera, tras la capitalización de los intereses en el “periodo de gracia” durante los años de estudio, terminará pagando $32.200.000, que diferido en 120 cuotas mensuales durante 10 años, equivale a pagar ¡85.9 millones de pesos! Cuotas de 716.000 pesos mensuales que representan alrededor del 50% del ingreso promedio de un profesional recién graduado que es de $1.400.000.

Hecho que se agrava con que cartera morosa del ICETEX, las deudas impagables, alcanza ya el 34%, endeudados que tienen que enfrentarse a cobros de toda índole. Hace pocos días casi 16 mil millones de deuda fueron “vendidos” a CISA (Central de Inversiones) en un ¡96% menos! que su precio, para que cobren y se ganen una plata.

En el marco de toda esta política, si se revisan las finanzas de la Universidad Nacional, se encuentra que cada cifra es peor que la anterior. Esto se demuestra en que para el año 2015 fue aprobado un presupuesto que en materia de inversión contempla un déficit de $93.000 millones. En los últimos 3 años este rubro se ha reducido en un 21.5%. Durante el periodo 2000 — 2013 los ingresos netos de la Universidad crecieron un 52%. En dicho periodo los aportes de la nación crecieron un 19% mientras que los recursos propios se multiplicaron por tres. Todo esto pretende ser respondido por el gobierno con endeudar a la universidad con la banca. El año pasado se aprobó un cupo de endeudamiento cercano a los $200.000 millones con cargo a recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad, que en un periodo de 7 años contempla un interés cercano a los $62.000 millones, el 31% de dicho crédito.

Toda esta situación para 2015 tiende a empeorar. El SUE declaró el pasado 13 de septiembre: “Como ha sido suficientemente aclarado, y aceptado, las universidades estatales de Colombia carecen de un modelo de financiamiento que cubra los costos crecientes que deben atender […] Los esfuerzos en eficiencia y generación de recursos propios se han dirigido a atender el desbalance estructural, sin impedir el deterioro evidente de las condiciones internas de funcionamiento […]Ahora, el presupuesto presentado en el año 2015, de nuevo, no incorpora recursos adicionales […] lo que pone a las universidades estatales en situación de emergencia.”

Toda esta política conduce a la negación del derecho fundamental a la educación superior, dado que restringe cuatro características indispensables para que este se materialice. En primer lugar el acceso, en el que no pueden existir limitaciones de tipo económico, en segundo lugar la disponibilidad de cupos, que permitiría satisfacer la demanda, en tercer lugar la permanencia, con programas de bienestar que permita reducir ostensiblemente la deserción, y en cuarto lugar, la calidad, que asegure las condiciones materiales necesarias en capacidad y dotaciones de las instituciones. Finalmente todo lo anterior se logrará con una adecuada y creciente inversión estatal en la educación superior. Una universidad no es pública por el simple hecho de que tenga todos los letreros que lo afirmen, sino porque el Estado se hace cargo de su presupuesto de manera creciente.

Ahora bien, esa política ha tenido consecuencias nefastas en el curso de su aplicación:

Se entierra definitivamente la gratuidad de la educación universitaria y se reemplaza por matrículas diferenciadas y crecientes;

El acceso a la universidad no es para los más preparados y capaces, sino para los que puedan pagar;

La financiación a la demanda con el crédito educativo, de estudie ahora pague después, involucra a los estudiantes en las desdichas de los deudores del sector financiero;

El criterio de una buena administración no consiste en brindar la mejor educación, sino en obtener el mayor rendimiento de los recursos conseguidos por medio de la autofinanciación;

El profesorado de tiempo completo y dedicación exclusiva se considera muy costoso y se reemplaza por profesorado ocasional y de contrato;

La docencia y la investigación, tareas fundamentales de la universidad y del profesorado, se supeditan a la venta de servicios;

Desaparece el bienestar universitario para los estudiantes, quienes quedan desprotegidos para adelantar sus carreras;

El salario de los profesores se deteriora progresivamente y sus reivindicaciones prestacionales y sociales van siendo conculcadas;

El sistema de acreditación queda sometido a la competencia por la consecución de re-cursos, no por la calidad educativa;

El crecimiento del presupuesto nacional para la universidad no corresponde a las necesidades del aumento de la cobertura y fomento de la investigación.

Esto es en síntesis negar el carácter público de la educación superior y crear todas las condiciones para su completa privatización.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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