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Lo que realmente busca el Referendo por el Agro Nacional

Oscar Gutiérrez Reyes, Coordinador Nacional Referendo por el Agro Nacional, Bogotá, julio 22 de 2016

El portal web, Razón Pública, publica un artículo sobre el Referendo por el Agro Nacional. En el mismo se pretende explicar que la iniciativa de Dignidad Agropecuaria Colombiana y muchas organizaciones más, va dirigida a favorecer a grandes consorcios agroindustriales nacionales y extranjeros.

Se dice: “No cabe duda de que las políticas neoliberales han tenido efectos nefastos sobre las condiciones de vida de pequeños productores campesinos, indígenas y afrocolombianos.” Y, a renglón seguido se afirma que esos productores no han podido defenderse de los efectos de dichas políticas pero que: “grandes productores agroindustriales nacionales han tenido diversos mecanismos especiales de protección otorgados por el Estado colombiano, contratos de estabilidad jurídica, creación de zonas francas unipersonales para empresas agroindustriales; adjudicación de subsidios directos y créditos blandos; multimillonarios subsidios concedidos de forma irregular a arroceros, azucareros, bananeros, palmicultores y otros grandes productores través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS)”. Semejante afirmación se hace sin un solo dato estadístico que pruebe lo afirmado y metiendo, en un solo saco, a todos los productores agropecuarios y agroindustriales. Veamos las cifras y cultivos

Hay 18 mil arroceros en Colombia. El 62% tiene sus cultivos en tierra arrendada y el 98% son pequeños y medianos productores que siembran hasta 50 hectáreas. Se considera gran productor al que siembra más de 200 pero, de esos no alcanza a haber en el país, más de 100. A más de ignorancia sobre el tema la articulista saca una conclusión equivocada cuando afirma que los grandes productores colombianos de arroz reciben inmensos subsidios. Hechas las cuentas lo que recibe cualquier arrocero nacional, en una cosecha, son 50 mil pesos por hectárea para almacenamiento del grano. Pírrico subsidio indirecto que se entrega a los molineros. Lo que requieren los arroceros es que se proteja el mercado interno y eso es lo que busca el Referendo por el Agro Nacional.

En cuanto a los bananeros la afirmación llama a risa. Primero, el banano es un producto para el mercado externo y, segundo, los productores manejan la comercialización al por mayor, casi toda, porque la distribución minorista la manejan corporaciones europeas o norteamericanas. Los productores estuvieron 10 años atados a la revaluación del peso y si hoy tienen ingresos mejores, es por la devaluación del mismo. Si se quebraran los que primero sufrirían serían los más de 25 mil obreros empleados en el cultivo. ¿Dónde están los inmensos subsidios a esos productores? ¿En lo que les dieron, a tres o cuatro, para riego a través de Agro Ingreso Seguro?

Entre los que siembran palma de aceite la situación sí que es bien precaria. De 452 mil hectáreas sembradas el 32% corresponde a propietarios entre 0 y 200 hectáreas. Entre 200 y 1000 hectáreas son del 32.8 y las de más de 1000 hectáreas son el 35.5% de las tierras sembradas. En muchas regiones, los productores pequeños están al borde de la quiebra por la plaga pudrición del cogollo, PC y por las deudas que no han podido pagar. Pero ni para combatir la plaga han recibido grandes subsidios del Estado. Acaban de rebajar los aranceles a cero. ¿Dónde están los subsidios?

Y, en el caso del azúcar, existe gran propiedad pero, el 75% de los cultivos de caña de azúcar son de pequeños propietarios que siembran o arriendan sus tierras a los ingenios. El 21% tiene menos 10 hectáreas, el 42% entre 11 y 60, el 35% entre 60 y 400 y más de 400 el 2% de los propietarios. En cuanto a los multimillonarios subsidios, la articulista, seguramente se refiere a los que reciben por etanol que son 150 millones de dólares/año. Pero, por otra parte, ya aprobaron la importación de etanol de Estados Unidos, así sea, inicialmente, aumentando la mezcla de etanol y gasolina -para abrirle mercado al etanol gringo- hasta el 12%. Debe recordarse que el gobierno quiere eliminar el arancel al azúcar en dos o tres años. La quiebra de la producción azucarera del país, que podría darse por las políticas neoliberales, llevaría a la pérdida de 85 mil empleos directos y generaría grave daño a 300 mil familias paneleras. El Referendo por el Agro Nacional protege a estos agricultores. Y en azúcar ¿Dónde están los subsidios?

De nuestra decisión de luchar por protección para los productores agropecuarios nacionales, ante la arremetida del libre comercio y las corporaciones extranjeras, no puede concluir la articulista que eso es malo porque, según ella, los grandes están protegidos al recibir del gobierno nacional subsidios o crear zonas francas unipersonales como sí, los “grandes” pudieran resistir el embate de las multinacionales. Pero, además, concluye que la ruina de los pequeños no es por las importaciones, el libre mercado, los tratados de libre comercio y el resto de políticas agrarias oficiales sino que, al proteger a los grandes se “buscaría crear condiciones ideales para la expansión del modelo agroindustrial en el país y darle legitimidad a los grandes productores agroindustriales nacionales ante la opinión pública”. Y de ahí concluye que, eso es lo que busca el Referendo, además de “consolidar el proceso de transformación de los campesinos en trabajadores rurales y desplazados”.

O hay mucha ignorancia, o no leyó el texto completo del Referendo, o el señalamiento la corroe y no la deja ver que en la reforma propuesta por el Referendo, al artículo 65, se propone una Ley de Agricultura Familiar, que proteja al campesinado, los indígenas y las comunidades afrocolombianas, no solo como productores sino como dueños de sus territorios, usos, costumbres y saberes.

Resulta por lo menos estúpido pretender que los bienes públicos, que harta falta hacen en el campo, solo puedan disfrutarlos pequeños productores y que los productores agroindustriales nacionales y las empresas colombianas no lo puedan hacer porque “se apropien de estos beneficios”. ¿Que se pretende? ¿Que unos tengan bienes públicos y otros no? O, ¿Que los bienes públicos que usen los grandes productores agropecuarios y las empresas, los construyan ellos? Puede, desarrollarse así, el agro nacional.

Pero más absurdo aún es afirmar que el Referendo quiere entregar y legalizar las tierras baldías -a grandes acaparadores de las mismas- porque el Referendo afirma que: “la función social de la propiedad rural implica obligaciones como promover la producción y el trabajo nacional, el desarrollo agropecuario y agroindustrial”. De lo uno no se deduce lo otro. La obligación constitucional sobre la función social de la propiedad rural está referida a lo que de alguna manera es un deber y un derecho de los productores agropecuarios: producir los alimentos necesarios para garantizar la alimentación de todos los colombianos.

Afirmar que desarrollar la producción agrícola y pecuaria empresarial en Colombia es: “la verdadera amenaza para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas” no solo desconoce la existencia de un modelo de producción dual sino que equipara el desarrollo agrícola empresarial -por sí mismo- a los expropiadores y acaparadores de tierra.

La expansión y conformación de grandes emporios del agro-negocio, que podría darse si se aprueba definitivamente la Ley Zidres y no se limita la propiedad y el uso, por parte de extranjeros, de los baldíos nacionales, no debe compararse con los desarrollos empresariales tradicionales existentes en el agro colombiano. Es del interés de los trabajadores que el mercado interno sea también para esas empresas tradicionales. Eso garantiza trabajo y estabilidad laboral a miles de obreros agrícolas y pecuarios.

Decir que el referendo responde “a una agenda política alineada con los intereses de los grandes productores agroindustriales” nada explica. Lo que no se acepta es la afirmación, sin demostración alguna, que el referendo va, “en detrimento de la supervivencia de las comunidades rurales campesinas, indígenas y afrocolombianas” porque defiende la existencia del modelo de economía agrícola dual existente en el país. ¿Se pretende acaso, por parte de la articulista, acabar con la producción agroindustrial?

El Referendo quiere garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de Colombia sobre la base de que: “La producción nacional de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, desarrolladas en el territorio nacional por parte de empresas, campesinos, indígenas, comunidades negras, pescadores artesanales y demás trabajadores colombianos” ¿No es mejor así?

Afirmaciones sesgadas de la articulista sobre el Referendo y quienes lo promueven ninguna relevancia tienen y no vale la pena referirlas.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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