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Lo que viene con Santos II para el agro es peor de lo mismo

Transcripción de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo, debate sobre el presupuesto agrario, Comisión V del Senado, 26 de agosto de 2014.

El gobierno sigue incumpliendo los acuerdos suscritos con las Dignidades Agropecuarias. Una agresión y un irrespeto, la frase del ministro Iragorri cuando pide “despachonizar” el agro. Hay que sincerar el presupuesto de agro, porque de él salen incluso platas para gastos del Comando Sur de EU. Por más que suba el presupuesto, con TLC y con revaluación del 30 ó el 40 por ciento, no habrá agro en Colombia. Urge vigilar los precios de los insumos de los minoristas. El gobierno ha sido cómplice con el contrabando. El área agrícola sembrada en el país se ha reducido en 643 mil hectáreas en los últimos años, una cifra enorme. La tierra en Colombia no usa para producir bienes agrícolas, sino como una especie de lote de engorde. ¿Debe ser la Altillanura el eje de la política agraria? ¿El gobierno formaliza los títulos precarios bucando sacar a la gente del medio rural? Lo que quiere la gente del agro es trabajar, no asistencialismo.

Acabo de hacer consultas con los líderes de las Dignidades Agropecuarias que en estos días van a hacer su Congreso de formalización y ellos siguen insistiendo en que los niveles de incumplimiento de los acuerdos del año pasado son supremamente grandes. En el café es donde puede haber más cumplimientos. Sin embargo, sigue habiendo deudas no pagadas que son del año pasado. Y en este año las cosas tampoco se están moviendo como deberían.

En relación con las deudas, es lamentable que la ley aprobada a finales del año 2013 apenas haya sido reglamentada el 31 de julio. Siete meses para reglamentar una ley en momentos en que a la gente le están quitando sus tierras. Y me informan que la reglamentación es contraria a lo acordado con el doctor Lizarralde en lo relacionado con las deudas de menos de 20 millones. Lamentable entonces que haya un desgaste de no sé cuántas reuniones para ponerse de acuerdo, que la reglamentación de la ley sea inferior a lo pactado en los paros y, aun así, no se cumpla. Esperemos que la reglamentación de las deudas de más de veinte millones, acordada en junio, no se demore otros siete meses.

Sobre insumos me dicen que el avance ha sido nulo. Siguen siendo carísimos, lo denunció aquí la senadora Maritza Martínez. La mesa de diálogo para tratar el impacto de la minería sobre el agua y las zonas agrícolas ni siquiera fue convocada por el gobierno nacional. En el tema tan importante de los cultivos de rotación en las zonas frías, de la cebada y el trigo, para aliviar un poco la presión sobre los otros, también el avance es igual a cero.

Le voy a decir una cosa con toda franqueza, ministro, y usted me va a tener que excusar, pero le reclamo formalmente el maltrato que usted le hizo en público por todos los medios de comunicación al dirigente de Dignidades Agropecuarias, al señor Cesar Pachón. Me veo obligado a rechazar eso de que “hay que despachonizar el agro nacional”. Es a mi juicio inaceptable, porque el señor Pachón es un dirigente importante del agro colombiano. Que no comparta con usted muchas ideas no le quita el respeto que se le debe. La palabra despachonizar es supremamente agresiva y se presenta para todo tipo de interpretaciones dañinas. Yo en su caso pediría excusas, porque, definitivamente, si las cosas se hacen mal, hay que bregar a aclararlas.

Hay que sincerar el presupuesto del agro

Paso a analizar algunos aspectos relacionados con el presupuesto del agro. El año pasado, cuando se estaba aprobando la famosa ley del 4 por mil, quedó bailando en la opinión pública que iba a ser de más de cinco billones, en números redondos, y hoy estamos comprobando que no es así. El presupuesto está lejos de esa cifra y es bueno que se precise. Claro, hay un aumento importante con respecto al año pasado, que nunca hubiéramos logrado solos los senadores de la Comisión Quinta del Senado. Sin duda se lo debemos a las luchas agrarias del año pasado y quiero hacerles un reconocimiento.

Sin embargo, como el tema nuestro aquí es la defensa del agro, estamos obligados a mirar con lupa ciertas cosas. Creo, colegas de la Comisión Quinta del Senado, que deberíamos hacer un esfuerzo por sincerar todo lo que podamos el presupuesto del agro para no permitir que se le carguen rubros no relacionados estrictamente con el agro. Está por ejemplo el Banco Agrario, pero resulta que el Banco Agrario no le presta solamente al agro, sino también a muchos otros sectores. Vi incluso en estos días que el Banco tomó la decisión de prestar por debajo de la tasa de interés del mercado, lo que de paso me sirve para aclarar, fíjense ustedes bien, que el agro no es lo único que se subsidia en Colombia, porque sobre el tema se ha venido creando una falsedad. Aquí se está subsidiando a los constructores de carreteras. Y qué tal el subsidio que significan los 4 billones de pesos de las viviendas gratis. Se presenta como un subsidio a los que reciben la vivienda, pero también es un subsidio inmenso a los monopolios constructores. Cada vez que un ministro anuncia que le van a regalar una casa a un pobre, le brillan los ojos a los de Cemex y al doctor Luis Carlos Sarmiento Ángulo y a todos los que hacen la intermediación y a los grandes constructores. Y en lo de los subsidios al agro, ya se quisieran los agricultores y ganaderos de Colombia que se les diera uno como el que existe en Estados Unidos, consistente en vender comida más barata. Una de las formas que asume el Farm Bill en Estados Unidos son los subsidios de alimentación a la gente pobre y al agro. Claro está, yo pienso que los subsidios son válidos en todos los sectores de la economía, pero mientras las cosas se hagan bien. La gran industria norteamericana o europea o japonesa no existiría sin los grandes subsidios otorgados en esos países.

Salen del presupuesto del agro platas que no deberían estar allí, aun cuando puede ser lícito gastarlas, no es lo que estoy discutiendo. Por ejemplo, los 387 mil millones anunciados para vivienda por el ministro Lizarralde. No me opongo a que se haga vivienda rural, esa no es la discusión, pero, estrictamente hablando, no debería contabilizarse como presupuesto agrario y sobre todo en medio de esta crisis, porque es que el agro se está hundiendo. Más grave aún, aparece como gastos relativos al agro una partida grandísima de 129 mil millones de pesos para el Ministerio de Defensa y para unos acuerdos con el Comando Sur de Estados Unidos. El propio censo —y estoy de acuerdo con se haga, es el colmo que el gobierno lleve tantos años empantanándolo— no debería ser gasto imputable al Ministerio de Agricultura sino al DANE, que es de otro Ministerio. Y así, en cada caso, vale la pena echar una mirada minuciosa.

No nos hagamos la ilusión, senadores de la Comisión Quinta y colombianos, con que el agro nacional va a salir adelante con el actual presupuesto fijado por el Estado colombiano. Hay que luchar siempre porque sea mucho mejor. Pero no es realista pensar que en la globalización va a ganar Colombia una guerra de tesorería contra las de Estados Unidos o Europa. No le metamos ese cuento a la gente. Luchemos por un buen agro, pero si no se logran otras medidas, el agro se seguirá hundiendo inexorablemente. Ya sabemos cómo Estados Unidos subió de 50 a 96 mil sus subsidios agrícolas. Y si mañana los tiene que subir a 150 mil o a lo que sea, los sube, porque ellos no van a dejar acabar su agro. Entonces si aquí en Colombia no se toman otra serie de medidas, no va a ser posible salir de la crisis.

TLC, libre comercio, abandono estatal

Y están los TLC. Ustedes dirán que yo fatigo con este tema, pero me toca. En ambiente de TLC, de cero arancel, no habrá agro en Colombia. Y si además le sumamos la revaluación de la moneda, del orden del 30 ó del 40 por ciento, ni pensarlo. Siempre digo: a qué hora tiene que madrugar un campesino o un empresario agrícola y cómo debe hacer las cosas para compensar un desbalance del 30 ó del 40 por ciento.

Los costos de los insumos. No podemos seguir con precios confiscatorios. Aquí hay un problema muy grave y se lo alcancé a plantear al doctor Lizarralde, para que usted le eche ojo, ministro. Urge vigilar los precios de los insumos de los minoristas. ¿Se acuerdan ustedes de los almacenes de la Caja Agraria? Una de sus funciones era generar competencia local para presionar a los privados a que bajaran un poquito los costos. Como desaparecieron, porque aquí lo desbarataron todo, ¿qué ha acabado ocurriendo en los pueblos pequeños? Que uno o dos intermediarios se ponen de acuerdo para vender los insumos a precio de oro. Para ellos es mamey. Otro problema que urge resolver o si no, lo de los insumos baratos no va a poder funcionar.

El tema del crédito. No pueden seguir los agricultores en manos del crédito privado, ni siquiera bancario, un crédito de usura. Ojalá el Ministerio hiciera una investigación, porque estemos seguros de que van a salir préstamos con tasas del 50 y más por ciento. El truco es conocido y se lo saben los banqueros de memoria. Formalmente el crédito no puede ser tan costoso, pero los prestamistas le recargan el precio al insumo, que es la manera de cobrar una financiación altísima. Son las cosas gravísimas que están sucediendo mientras el Banco Agrario le anda prestando su plata a los grandes consorcios trasnacionales constructores de carreteras.

El tema de la ciencia y la tecnología. La Ley de Regalías resultó ser un fraude. Se lo alcancé a plantear a algún senador cuando se estaba votando. Le dije, esa plata de ciencia y tecnología va a terminar en politiquería. Entonces, cuando los funcionarios se ponen muy científicos, compran un tablero en una escuela. No. Ciencia y tecnología es algo muy distinto. Hay que comprar pupitres y todo eso, pero ciencia y tecnología es algo muy distinto. Miren a Embrapa en Brasil o miren las instituciones norteamericanas y europeas y compárenlas con lo nuestro. Corpoica, lo digo incluso con cariño, es como una especie de caricatura frente a lo que realmente necesita el sector.

Sobre el tema del contrabando, voy a hacer una acusación formal. Yo acuso a este gobierno y a los anteriores, pero sobre todo a este, de ser cómplice y alcahuete con el contrabando. Llevo 50 años escuchando que se va a perseguir el contrabando y me atrevería a denunciar que el contrabando está representado en la jefatura del Estado desde hace muchos años. Hace dos años le prometieron a esta Comisión el ministro de Agricultura y el director de la Dian que se iba a aprobar una ley, porque aquí no había dientes para perseguir el contrabando. Y nos lo dicen medio siglo después de estar hablando del contrabando. Esta es la hora en que la ley no se ha aprobado. ¿Por qué, pregunto yo? ¿De qué peso son los poderes de los contrabandistas colombianos que hasta consiguen impedir que se apruebe una ley fuerte contra ellos? Voy a hacer una afirmación aún más agria. A la concepción neoliberal le encantan las importaciones de bienes extranjeros con el cuento de que son baratas y le encantan también los contrabandistas, porque para el efecto práctico de inundar el mercado interno de mercancías baratas da lo mismo contrabando que importación legal. Es un debate que les propongo hacer con toda seriedad y claridad. Porque no es posible que exista arroz si hay contrabando. Si fuera contrabando de esmeraldas o cocaína, uno diría que lo meten a las escondidas, pero es que a diario pasan miles de tractomulas por las barbas del Estado sin que nadie haga nada.

Cifras alarmantes

Y miren cómo vamos de mal. El agro entre 2012 y 2013 creció aproximadamente a la mitad de lo que creció el resto de la economía colombiana. No voy a entrar a detallar las cifras exactas para no fatigarlos. O sea que el agro se está hundiendo. Les voy a dar este dato que me impresionó tanto, que le pedí incluso a mi oficina volverlo a revisar: entre el 2010 y el 2013, de acuerdo con el DANE y con la Encuesta Nacional Agropecuaria, el área agrícola sembrada en el país se ha reducido en 643 mil hectáreas, una cifra astronómica. Cómo es posible que de un fenómeno tan grave no se esté hablando en el Congreso y en los medios. 24% cayó en cultivos transitorios y 20%, en cultivos permanentes. Todos aquí en la Comisión deberíamos poner los ojos sobre lo que ocurre de estas puertas para afuera, porque se está desapareciendo el agro nacional.

Y otro tema que propongo discutir, senadores y gobierno. La tierra en Colombia ya no se está comprando para producir bienes agrícolas, sino como una especie de lote de engorde, ahí quietecito con una o dos vacas porque así no lo invaden, para después venderlo bien caro. También eso está destruyendo al agro. Es el peor modelo agrario que uno pueda imaginarse. Hay grandes debates sobre el modelo agrario: que si grandes productores, que si pequeños, que si mecanizados, que sin campesinos, que con campesinos. Pero el modelo agrario prevaleciente hoy apunta a que la tierra no produzca. Hay 21 millones de hectáreas con vocación agrícola y apenas se siembran cinco. Y miren el desastre.

La balanza comercial agropecuaria no es menos catastrófica. Entre el 2008 y el 2013 la balanza comercial, es decir, la relación entre lo que se importa y lo que se exporta, era positiva en 2.694 millones de dólares y hoy es apenas positiva en 332 millones. ¿Esta cifra qué significa? Que se está reemplazando el trabajo agrario nacional por el trabajo agrario extranjero. Estamos siendo derrotados en toda la línea. Todavía es positiva, pero ya nos acercamos a la negativa. Y eso que hoy tenemos café con precios altos.

Intenté decirle al doctor Lizarralde antes de que se fuera que me preocupa mucho la política del presidente Santos. En una reunión con arroceros del Meta que le reclamaban porque se estaban quebrando –la situación del arroz es dramática–, se atrevió a responderles el doctor Lizarralde, por entonces flamante ministro de Agricultura: “Cuando a mí no me va bien en un negocio, yo cambio y empiezo a producir en lo que me vaya bien. Yo se los he dicho muchas veces, no les ha gustado ni cinco, pero creo que uno debe invertir y trabajar en lo que a uno le da resultado”. A esa declaración tan olímpica, en otro país habría debido Lizarralde adjuntarle la carta de renuncia. Porque el mundo no es como lo ve el doctor Lizarralde. La economía de los países avanzados existe es porque el Estado le mete todo el hombro. ¿Creen ustedes de verdad que existiría la industria norteamericana sin los subsidios del Estado? No. Es exactamente al revés. Son los Estados los que definen las políticas y montan su economía y la defienden y protegen. Me sé de memoria una frase de Chamberlain cuando fue ministro por primera vez. Decía él: “Ningún gobierno puede permanecer impasible mientras se le destruyen sus principales empresas”. Y aquí se nos están destruyendo nuestras principales empresas desde hace 25 años y nadie dice nada y el gobierno le echa la culpa a Pedro Pueblo, al campesino, al indígena. Es una equivocación muy grande.

Santos I igual a Santos II

Como estamos estrenando gobierno, la discusión es si Santos II es distinto a Santos I. Y claro, los santistas aducen que son distintos, porque si dicen que es igual, imagínense el desastre, cómo venden la ilusión. Pero otros estamos interesados en demostrar que seguimos en lo mismo. Y entonces voy aquí a citarlo a usted, ministro, y espero que usted no me controvierta, porque sé que es historia patria. Lo cuento como anécdota porque a veces las cosas en términos coloquiales se entienden mejor. Cuando el doctor Iragorri, como ministro del Interior, estaba negociando los paros en Tunja, los dirigentes de Dignidad Agropecuaria le propusieron renegociar los TLC y cambiar de raíz el modelo agrario. Y en un arranque de sinceridad, el doctor Iragorri les replicó: “Miren, señores, si ustedes quieren cambiar el modelo agrario y quieren cambiar los TLC, primero nos tienen que ganar las elecciones. Porque mientras nosotros estemos gobernando, esa es la política del Estado colombiano”. Cuando a mí me lo contaron, dije, pues sí, tiene toda la razón el doctor Iragorri. Si el día de mañana el Polo Democrático Alternativo está gobernando y el senador Iragorri, de la U, llega a decirnos que cambiemos el modelo agrario, yo le voy a responder con la misma fórmula: primero me gana usted las elecciones. De eso se trata, uno gobierna con sus ideas. Lo he expuesto de manera tan coloquial para hacerles ver a quienes nos escuchan aquí y a quienes nos vean mañana por la televisión que la política central agraria de Santos II es la misma política de Santos I y que no hay que hacerse ninguna ilusión en relación con lo que viene. Ahora, que a uno le guste o no es otra discusión, pero pongámonos de acuerdo en que lo que viene es más de lo mismo. O como diría un mejicano a quien conocí un día: “Peor de lo mismo”. Como rara la frase, pero es ilustrativa.

Lo comprueba lo que explicó sobre el agro el presidente Santos el 20 de julio en la posesión del Congreso. El primer mandatario guardó silencio sobre los TLC, una forma de decir que seguirán. Y estamos en la Alianza del Pacífico, un acuerdo al que se opuso hasta la propia SAC, que normalmente dice poco. Después nos anunció que se propone tramitar como primera ley de su segunda administración la que busca resolverles el chicharrón —fue la palabra que utilizó otro ministro de Agricultura— a los que compraron tierras ilegales en la Altillanura. Y afirma con toda la boca el doctor Santos que esas tierras se necesitan para volver a Colombia una potencia agrícola. No le acepto la teoría. No solo es ilegal lo que ustedes hicieron, ministro y señores del gobierno, sino que en Colombia hay tierras de sobra. Quién ha dicho que hay que irse a mil kilómetros de Bogotá, a las tierras a donde el doctor Lizarralde se fue a montar una cauchera, llegando ya a Venezuela, si es que las tierras del Magdalena Medio, de la Costa Atlántica, del Huila, del Tolima, del Cauca, de todas partes están esperando que alguien las cultive. Entonces cómo así que la gran preocupación productiva del doctor Santos está en tierras sin carreteras que quedan a 500 y mil kilómetros de Bogotá.

Acabo de ojear, y voy a leerlo aquí en estos días, un estudio de un miembro de la junta directiva del Banco de la República sobre los Llanos, senadora Maritza Martínez. Afirma que es sobre el piedemonte y sobre las zonas más cercanas a la cordillera oriental sobre lo que hay que caer. Apenas obvio. Si esas tierras están subdesarrolladas porque no tienen la infraestructura suficiente, lo obvio es que hagamos el esfuerzo por trabajarlas primero antes que irnos a Puerto Carreño. No digo que en Puerto Carreño no haya que hacer desarrollo, pero no puede ser la política agraria del Estado colombiano sembrar en esas lejanías. Allá hay proyectos muy jugosos de especulación inmobiliaria. La SAC informa que en solo diez años algunas tierras se han valorizado 3 mil por ciento, ¿pero agrícolas? ¿Vamos a exportarle al mundo desde Puerto Carreño, a dos mil y pico de kilómetros del mar, con tres cordilleras de por medio, o piensa el gobierno sacar las exportaciones por Venezuela, en el gobierno del doctor Maduro y antes en el del señor Chávez?

Prometió también el doctor Santos hacer un esfuerzo por formalizar la propiedad rural de los campesinos, los títulos con posesiones precarias, y estoy de acuerdo con que se haga. Pero es bueno que ustedes sepan la parte grave del asunto y es bueno que usted mire el estudio, doctor Iragorri. Es un estudio del Banco Mundial sobre la aprobación del TLC con Estados Unidos. Y el propio Banco Mundial recomienda formalizar, pero agrega “para entregarles las tierras a los productores más eficientes”. O sea que esa política de arreglar títulos fácilmente está encaminada a quitarles las tierras a las gentes del mundo rural. Y entonces ahí tenemos otra discusión de fondo.

Y por último, lo que puede sonar más bonito pero que puede ser lo peor de la política agraria. Afirmó el presidente Santos: “Lo primero es la ley de desarrollo rural, que adopta un enfoque territorial” del desarrollo rural. Sin duda suena bonito. Agregó: “Es decir, exige que las políticas y las decisiones de inversión se concierten en cada localidad”. Ojo. Y para acabar de embellecer la fórmula, remató: “Priorizando a los más vulnerables”. Yo le digo a usted, doctor Iragorri, que se me hace un disparate de un tamaño descomunal. Poniendo en práctica la fórmula puede usted conseguirse unos votos y hacer clientelismo y dar mermelada, y no me opongo a que a un pobre por allá en Caparrapí o en no sé dónde le ayuden con unos pesos. Esa no es la discusión. Pero la política agraria para que sea correcta, así la aplicación sea local, tiene que partir de orientaciones nacionales. Si usted inunda el país de trigo extranjero, pues no habrá trigo. Si la tasa de interés del crédito en Colombia es más alta que la de los países con los que competimos, no habrá producción. Tampoco la habrá si no hay investigación científica. Y eso no se resuelve localmente. Lo que está planteando el presidente Santos es una política para hacer politiquería, no para hacer desarrollo agrario. Y lo que necesitan las gentes del campo no son limosnas, lo explicó una señora campesina en la televisión por los días del paro en Boyacá. Dijo: “yo no estoy pidiendo que me regalen nada, que me regalen casas, yo lo que quiero es poder trabajar”. La gente del agro en Colombia, el empresario, el campesino, el indígena, el obrero agrícola, lo que quiere es poder trabajar, todos en buenas condiciones pero trabajando. Es que quien viva de la caridad pública o de la tal focalización está en la olla. Les pregunto a ustedes senadores, ¿alguien de ustedes quisiera que nuestros hijos vivieran de un carnet del Sisben y de un plan de Familias en Acción?

Reafirmo entonces que a mi juicio no va a cambiar en nada la política del doctor Santos. Ya la discusión en la que llevamos cuatro años es si es buena, regular o mala, pero que quede claro que no va a cambiar.

Y por último, doctor Iragorri, he oído decir que el gobierno va a presentar en estos días el proyecto de Ley Urrutia-Lizarralde, un nombre muy preciso para el tema del que se trata, pero le voy a plantear formalmente, tanto a usted como al doctor Néstor Humberto Martínez, que les toca declararse impedidos en el trámite del proyecto. Porque el doctor Néstor Humberto Martínez, como es sabido, ha sido abogado defensor de todos ellos, de las tierras de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los de Riopaila y de los de Cargill, y hasta la SAC lo ha contratado para que ejerza esa función. Y usted, de acuerdo con un último estudio de la Contraloría, tiene un primo hermano suyo con tierras en esa zona que no podía haber comprado, porque, a mi juicio y sobre todo a juicio de la Contraloría, eran baldíos. La Ley 1437 establece que hay que declararse impedido en ciertos casos, y en este le toca, doctor Iragorri, porque el parentesco con su primo es en cuarto grado de consanguinidad, planteado expresamente en la norma. El gobierno tramitará lo quiera, es de su potestad, pero lo que sí creo es que en este caso a los dos, y falta ver a quién más, les toca declararse impedidos en el trámite de esa ley.

Réplica a la intervención del ministro Iragorri

Importante que quede claro que, de acuerdo con lo que le hemos entendido al ministro, va a seguir toda la política de tratados de libre comercio y no se van a renegociar ni se van a modificar. Es lo primero que me interesa que quede perfectamente claro, porque finalmente, uno puede tener todas las opiniones que quiera, pero es clave establecer cuáles son los hechos. Y ese es un hecho.

Lo segundo, el señor ministro arguye que el problema de la papa no guarda relación con los TLC y da una cifra de una importación de papa de Estados Unidos. Sobre el tema podemos hacer un día un debate bien a fondo. Pero le voy a dar tres razones para demostrar que sí hay vínculos entre el hundimiento de los precios de la papa y los TLC. Lo primero es que la papa que entra a Colombia no solo entra de Estados Unidos, sino también de Ecuador y del sur del Continente, como parte de la política de los tratados de libre comercio, como parte del conjunto de la política, lo mismo que la apertura de César Gaviria, eso lo sabe todo el mundo, así en esos días no se hablara de TLC. O sea que cuando hablamos del impacto de las importaciones, es de eso de lo que estamos hablando, del conjunto de las importaciones. Por ejemplo, este problema de ahora de los plataneros tiene que ver con que 100 mil toneladas de plátano que entraron desde Ecuador afectaron severamente la producción de plátano en Urabá.

Segundo, una importación o un aumento de la oferta de un producto, sobre todo si es perecedero como la papa, no tiene que ser muy grande para hundir los precios. La gente del agro lo sabe muy bien. Si a un mercado en Aguadas, Caldas, le llega un poco más de panela de la que sale normalmente, pues los precios se hunden, así no sea una gran cantidad. Porque, además, como no hay precios de sustentación, los agricultores están sometidos a los abusos de los intermediarios.

Lo tercero, y puede ser lo más grave, es que a veces aparecen excesos de producción de papa, en Boyacá, por ejemplo, porque como las importaciones arrasaron con el trigo y con la cebada, la gente se tuvo que irse para la papa. También las importaciones de cebolla los vienen empujando en la misma dirección. Y las importaciones de frutas de tierra fría. Usted sabe que el país está inundado de frutas de tierra fría que podríamos estar produciendo en el Altiplano cundiboyacense o en Nariño o en cualquier parte. Y eso es TLC. Fíjese entonces cómo sí es verdad, por estas tres maneras que acabo de explicar, que los TLC se metieron con los paperos de Boyacá. Y podría enumerar otras, por ejemplo, que no se controlen los precios de los insumos, también parte de las políticas del libre comercio, que los precios deben estar fijados al arbitrio de la oferta y la demanda. Mírelo usted con detenimiento y encontrará ciertas estas razones.

Lo que me interesa al final es dejar en claro cómo la política del presidente Juan Manuel Santos es seguir con los TLC, y falta ver cuántos más nos van a aplicar haciéndole daño no solo al agro, sino también a la industria.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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