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López Pumarejo: Modernización y Neocolonialismo

Transcurridos cincuenta años desde la toma de posesión de su primer gobierno, los historiadores colombianos son casi unánimes en proferir un juicio apologético sobre López Pumarejo. No hay que acudir a los historiadores liberales. También los conservadores, a pesar de las profundas divergencias que separaron a su partido de la llamada «revolución en marcha», participan en este coro de alabanzas. Pero quienes superan con mucho a liberales y conservadores en un dictamen histórico, no solamente favorable, sino francamente ditirámbico son los historiadores que, en algún momento se presentaron como marxistas o que siguen pretendiendo serlo. Debemos mencionar, especialmente, a Ignacio Torres Giraldo, a Darío Mesa, a Gerardo Molina, a Mario Arrubla, a Alvaro Tirado Mejía, a Jesús Bejarano, a Jorge Orlando Meló, a Medófilo Medina y otros más. Todos ellos coinciden, de una manera o de otra, en aceptar el carácter revolucionario del movimiento liberal acaudillado por López y que llegó al poder en 1934. Muy pocos historiadores contemporáneos se escapan de esa visión. Entre ellos merece destacarse Jorge Villegas, cuyos méritos como investigador son unánimemente reconocidos.

Nuestro propósito no es presentar aquí una investigación muy novedosa sobre alguno de los aspectos de los dos periodos de López en el poder. Nos proponemos someter a un escrutinio crítico, a una interpretación disidente, a un examen discrepante, precisamente el significado histórico del papel jugado por Alfonso López en el poder, en especial, durante su primer gobierno.

Las principales tesis sobre López elaboradas por los historiadores contemporáneos pueden reducirse a las siguientes:

1) López llevó a cabo una revolución porque sacó al país de su postración colonial y feudal, tanto en el campo político e ideológico como en el económico; por tanto su «revolución en marcha» tuvo el carácter de una transformación radical de las estructuras nacionales.

2) López es el representante de una burguesía progresista que dio impulso al proceso de industrialización nacional y que, como baluarte de esa clase que llegaba al poder para transformar el país, encontró una oposición cerrada de parte de los terratenientes, decididos a no permitir su transformación.

3) Uno de los méritos más importantes de López fue el de crearle al movimiento popular y obrero un nuevo espacio, un ámbito diferente que le permitió a uno y a otros organizarse y aparecer en el concierto nacional como una fuerza a la que había que tener en cuenta.

Otros aspectos distintos de estos tres podrían mencionarse, pero queremos centrarnos solamente en el contenido y significado del carácter revolucionario, nacional y obrero-popular atribuido a López Pumarejo.

Defendemos como alternativa de interpretación una tesis radicalmente opuesta. Estamos de acuerdo en partir de un hecho incontrovertible, el de que Alfonso López Pumarejo inició un cambio profundo en el país. La esencia de esa transformación operada por él consistió en una modernización del Estado y de la ideología política, no como respuesta a un proceso de desarrollo económico capaz de edificar las bases de la prosperidad nacional, sino como parte de los requerimientos del mercado de capitales de los países capitalistas más desarrollados tendientes a crear las condiciones de exportación de capitales y de inversión directa indispensable para sus economías y anhelados por los dirigentes colombianos. En otras palabras, lo que los historiadores interpretan como una «revolución», nosotros lo entendemos como un proceso de modernización exigido por las condiciones de la importación de capitales que llevaría el país a una estructura económica adecuada de los parámetros del imperialismo norteamericano en las décadas del treinta al cincuenta.

LA TRANSFORMACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL

Se hace necesario clarificar, primero que todo, la naturaleza y la trayectoria del Partido Liberal, al cual se debe el acceso de López PumareJo al poder. Comprendiendo su transformación, se facilitará el examen del papel jugado por López en la historia contemporánea de Colombia. Podríamos decir que López fue el resultado natural de un cambio radical y cualitativo sufrido por el Partido Liberal entre 1880 y 1922. Si hace cincuenta años López lanzó el país a la modernización, hace cien años el Partido Liberal inició un viacrucis cruento del que saldría totalmente renovado, pero para jugar un papel histórico completamente opuesto al que jugara durante el siglo XIX en la revolución democrática.

La firma de las capitulaciones de Neerlandia y el Wisconsin por Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera respectivamente con las que llegó a su fin la Guerra de los Mil Días, significó la culminación de un proceso que condujo el Partido Liberal del siglo XIX a su desaparición. La fracción del Partido Independiente, desmembrado de los radicales y bajo la dirección de Rafael Núñez, se había unido a los conservadores para convertirse en el Partido Nacional; un pequeño grupo de radicales disidentes de mucha prestancia política e intelectual habían claudicado en su oposición a la Regeneración y a la Constitución del 86; el Partido Liberal había dejado de figurar como fuerza política en el Parlamento aniquilado por la opresión de Caro, por los efectos de la llamada «ley de los caballos» y por la legislación electoral; los intentos de rebelión de 1885 y de 1895 habían sido un completo fracaso y la guerra habla terminado con el triunfo total de los conservadores.

La rendición firmada por Benjamín Herrera a bordo del barco de guerra norteamericano Wisconsin un año antes de que Estados Unidos perpetrara allí el robo de Panamá, posee un simbolismo extraño frente a la historia colombiana del siglo XX. Era el fracaso de la revolución democrática en Colombia, es decir, de esa revolución iniciada con el levantamiento de Los Comuneros, continuada por la lucha de la independencia, perseguida durante el siglo XIX por los radicales, arduamente defendida por Tomás Cipriano de Mosquera, durante la que se había librado una dura batalla por sacar el país del feudalismo, por integrarlo a la economía mundial y hacer avanzar el capitalismo, liquidando el régimen colonial, aboliendo el monopolio de los terratenientes, eliminando los privilegios de la Iglesia sobre la tierra y las conciencias, y tratando de que se afianzara el régimen avanzado impuesto en el mundo por la burguesía. En el enfrentamiento de medio siglo de duración entre las fuerzas progresistas del país y los poderes retardatarios representados en el Partido Conservador, la balanza se habla inclinado definitivamente hacia estos últimos. Comenzaba cronológicamente el siglo XX en un buque de guerra norteamericano invasor y con el poder en manos de quienes se habían opuesto al desarrollo nacional por más de un siglo.

Durante el período de la Regeneración el Partido Conservador en el poder -llamado también Partido Nacional en ese momento-, había intentado liquidar todos los vestigios del Partido Liberal. Miguel Antonio Caro había diseñado meticulosamente la Constitución del 86 con el propósito de eliminar cualquier resquicio que diera entrada a la revolución liberal. En forma sistemática fue suprimiéndole todas las posibilidades de acción al Partido Liberal en la vida política. Fue como si toda la Regeneración se hubiera concebido para hacer desaparecer el Partido Liberal de la faz de la tierra con la justificación de que eran los radicales los culpables de todas las desgracias que habían sobrevenido sobre el país. Núñez y Caro, los dos en coro, la emprendieron contra los radicales y las circunstancias del momento aunadas con los errores tácticos de estos, fueron suficientes para obtener una fuerza política arrasadora.

Ante esta arremetida, los liberales se desconcertaron, cayeron en la vacilación, muchos empezaron a claudicar, otros se desesperaron hasta llegar a enfrentarse en una guerra civil sin preparación y cohesión suficientes al ya poderoso gobierno regenerador. El mismo Uribe Uribe se mostraba confuso en el Congreso de 1896, y su posición frente a la Constitución del 86 era, por lo menos, ambigua. Decía por ejemplo:

«...y sin embargo de que esa Constitución se ha hecho despreciable para todos, y para el partido liberal odiosa, como instrumento de la más ruda opresión de que jamás comunidad política alguna haya sido victima; sin embargo de eso, deseo sinceramente que, si la paz continúa, la normalidad constitucional se establezca plenamente, para que si la Constitución es buena, como a despecho de todo lo afirman algunos, su bondad resalte, y si no para verificar en ella la máxima inglesa; la ley mala, ejecutarla, para que su maldad se patentice y la reforma se imponga. Es decir, creo que el partido liberal debe aceptar la Constitución del 86, contra la cual se considera en permanente rebeldía; debe aceptarla como un hecho cumplido y positivo, si no como una creación de derecho, por razón de su origen; debe aceptarla por declaración explícita, como implícitamente la aceptó no combatiéndola desde su promulgación, y la ha aceptado ejecutando actos pacíficos que presuponen el régimen político que en ese instrumento se apoya...» .

De tal manera fueron ablandándose los liberales para ir renunciando lenta pero inexorablemente a los propósitos revolucionarios que los había alimentado durante todo el siglo. Los convencionistas de 1897 modifican ya el programa del partido y tratan de acomodarlo a las ideas conservadoras. Por eso afirman:

«La convención ha acordado, y somete al examen sincero de los hombres de buena voluntad, un programa político, que es moderación del antiguo credo liberal. Ese programa concuerda en muchos puntos con el formulado por su adversario histórico, el partido conservador, que a su turno ha cogido rizos de su antigua bandera...» .

Ya lo había declarado Uribe Uribe durante sus debates contra las facultades omnímodas del gobierno de Caro:

«...para garantizar el orden y la tradición, y favorecer la libertad y la innovación... se preconizaba, en fin, la virtud del justo medio, adquirido por concesiones recíprocas en lo adjetivo, dejando en pie lo sustancial, a fin de alcanzar de ese modo la realidad de la república» .

Bien pudieran interpretarse estas declaraciones de renuncia a los principios liberales para acomodarse a los del otro partido como una contribución a la paz, a la concordia y al entendimiento entre los colombianos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta dos aspectos. Primero, que históricamente sus concesiones no les valieron de nada, porque la reacción conservadora no se detuvo y se propuso llevar a término su liquidación como fuerza política. Y segundo, que lo que estaba en juego no era un simple debate sobre unos u otros artículos de la Constitución, sino una lucha profunda sobre la estrategia de desarrollo económico del país. No se obtuvo la anhelada paz con tantas concesiones y se sacrificó el futuro del país al haber renunciado a principios esenciales del desarrollo económico para dejarlo a merced de otros principios no exactamente garantía de progreso. Allí finiquitó, quizás, la última oportunidad que tuvo la burguesía colombiana para sacar a Colombia de su atraso y de su subdesarrollo. Es ahí donde radica la trascendencia de este momento histórico y sin una comprensión cabal de él resulta muy difícil entender nuestra versión sobre el significado de López Pumarejo en la historia colombiana contemporánea.

Después del desastre liberal en la Guerra de los Mil Días, viene un periodo de reconstrucción ideológica y organizativa que se extiende hasta 1922, fecha en que se celebra la Convención de Ibagué, en donde quedan definidos los lineamientos programáticos del Partido Liberal del siglo XX. Principalmente cuatro planteamientos del programa de Ibagué fijaron el rumbo del Partido Liberal:

1) una reforma tributaria con la asesoría de técnicos extranjeros;

2) fomento del crédito externo y de la inversión extranjera;

3) estatización de todos los servicios públicos;

4) una legislación laboral que establezca un régimen mínimo de seguridad social, haga obligatorios los tribunales de arbitramento y fomente la instrucción técnica para los obreros .

Claramente saltan a la vista los propósitos del Partido Liberal del siglo XX: desarrollar el capitalismo monopolista de estado, modernizar el país por endeudamiento externo y establecer un régimen de seguridad social para los trabajadores de la industria moderna que daba ya sus primeros pasos. Con el primer propósito se ponía a tono con el proceso mundial del capitalismo inevitablemente dirigido hacia el intervencionismo de estado y hacia la construcción de una economía mixta, en la que el Estado se iría convirtiendo en el principal capitalista de cada país, como producto de una economía signada por el poder de los grandes monopolios y de los gigantescos grupos financieros. Coincidía el programa del Partido Liberal con los criterios básicos recomendados por la Misión Kemmerer por la misma época. Al mismo tiempo, definía una estrategia de desarrollo tendiente a conseguir los recursos para la indispensable modernización del país, la del endeudamiento y la inversión extranjera. Pero añadía un punto de gran trascendencia para la lucha que tendría que librar por el poder contra el Partido Conservador, aspecto que contribuiría a darle la ventaja y que se refiere al establecimiento de un sistema de seguridad social, no importaba que la clase obrera industrial fuera en Colombia tan reducida para aquella época.

López Pumarejo fue uno de los gestores principales del programa en la Convención de Ibagué o, por lo menos, el inspirador de sus propuestas fundamentales. En ninguna otra influyó tan decididamente como en la definición sobre la estrategia de endeudamiento externo, de la que era desde tiempo atrás un profundo convencido, por ideología, por interés económico y por convencimiento de clase. Inmediatamente antes y después de la Convención, había sostenido una agria polémica desde su periódico El Diario Nacional con el director de El Espectador, Don Luis Cano, sobre el carácter del endeudamiento externo. Presionaba López al gobierno para que aprovechara las oportunidades que se le presentaban de endeudarse y lo espoliaba a ser audaz en la consecución de capitales extranjeros:

«Esa idiosincrasia nuestra es quizás la primera causante del atraso material del país y la única explicación que podemos encontrar al hecho de que mientras otros países inferiores que Colombia en capacidad financiera, en población y potencialidades, impulsan y acometen obras de progreso con ayuda del capital extranjero, aquí no se logra contratar un empréstito y seguimos viviendo al margen de la vida económica del mundo, como rodeados moralmente por una muralla china, por la muralla de la desconfianza y temor al oro extranjero...» .

E insistía:

«Los colombianos somos sin saberlo enemigos irrevocables del capital extranjero en todas las formas consideradas aceptables por el mundo civilizado. Comprendemos muy bien que sin su ayuda no podemos prosperar, lo invitamos a prestárnosla por todos los medios imaginables, pero tan pronto como hace acto de presencia entre nosotros, nos ponemos todos de pie a rechazarlo, ya sea que venga a desarrollar nuestras vías de comunicación, o a fomentar el crédito o satisfacer necesidades de orden fiscal...» .

Comentando las perspectivas que se le abrían a Colombia con el Tratado sobre Panamá López Pumarejo afirmaba:

«Es la puerta abierta de un nuevo periodo que ha de estar señalado con una acción sincera, inteligente e intensa para unificar y desarrollar los intereses colombianos con los de Estados Unidos... Económicamente Colombia debe brindar con espíritu amplio sus grandes e inexplorados campos de riqueza al trabajo y al capital estadounidense, cuya cooperación en forma leal y equitativa, abre para nuestro país horizontes halagüeños de bienestar y prosperidad» .

Mantendría esta posición más adelante. Y en 1933 antes de llegar a la Conferencia de Paz de Río de Janeiro, a donde asistiría como representante del gobierno de Olaya en las negociaciones sobre la guerra con el Perú, concede una entrevista a la United Press, en la que reafirma los mismos puntos:

«Si logramos conservar la paz entre países americanos y somos capaces de mantener una medida razonable de estabilidad política, antes de poco tiempo serán la mayoría de ellos campos propicios para la Inversión del capital extranjero» .

Y rubricaba sus conceptos reconociéndole a Roosevelt su política del «buen vecino», del cambio operado en su política hacia América Latina, a la que se iba a deber «el progreso y la reconstrucción económica» del continente .

Si López era el inspirador de una política de endeudamiento externo como un punto programático del Partido Liberal del siglo XX, debía atribuírsele a Uribe Uribe la autoría de los otros dos puntos principales; el capitalismo monopolista de Estado y los programas de seguridad social. Uribe Uribe denominaba «socialismo de Estado» al capitalismo de Estado y había fijado sus bases en la famosa conferencia del Teatro Municipal de 1904. En ella definió sin ninguna duda el tipo de socialismo por el que propugnaba como fundamento del programa del Partido Liberal que iría a remodelar:

«No soy partidario del socialismo de abajo para arriba que niega la propiedad, ataca el capital, denigra la religión, procura subvertir el régimen legal y degenera, con lamentable frecuencia, en la propaganda por el hecho; pero declaro profesar el socialismo de arriba para abajo, por la amplitud de funciones del Estado...» .

En esta forma definía el «socialismo de Estado». Para Uribe no era más que el intervencionismo de Estado que convertiría el Estado moderno de gendarme de la vida económica en propietario de medios de producción, en banquero, financista, comerciante y gran capitalista, parte de los grandes monopolios y controlador principal de la actividad económica de cada país. Para que este «socialismo» no se saliera de madre y sirviera a los intereses de una gran burguesía, todavía inexistente en nuestro país, pero sí ya en la mira de los planteamientos de Uribe, el forjador de los nuevos ideales liberales del siglo XX advierte con energía en un célebre discurso pronunciado por él en 1911 sobre el futuro de su partido:

«Venimos con la antigua fuerza de propulsión, pero sin el fogoso aturdimiento que nos caracterizaba. Nuestra actitud es conciliadora... Partido igualmente celoso del progreso y del respeto por sus tradiciones, no entiende jamás conservar sin renovar, ni innovar sin conservar, ni transigir con el mal porque sea antiguo. Ni reacción ni revolución, es su divisa...» .

Veinticinco años después López tenía que salirle al paso a las acusaciones proferidas por los conservadores laureanistas que señalaban al liberalismo lopista como «bolcheviquismo» y coincidía, entonces, con Uribe Uribe sobre el intervencionismo de Estado definido ahora mucho más claramente desde el poder:

«El partido liberal está en el deber y en la necesidad de ponerse de acuerdo en algunos puntos que se vienen debatiendo interiormente desde hace algún tiempo, y de los cuales me atrevo a creer no es de menor entidad el que se refiere a su propia definición actual. Yo entiendo que el liberalismo de hoy no es, no podría ser, el liberalismo individualista, manchesteriano. Niego que sea tampoco un liberalismo en trance de ser supeditado o devorado por el ideario socialista, y estimo finalmente que es algo muy semejante a lo que se llamó en Inglaterra, hace ya cincuenta años, el radicalismo: un partido liberal intervencionista, y no digo esto como expresión ideal, sino por la plena conciencia que tengo de que nuestro desarrollo económico y político no lleva en sí mismo un retraso menor de cincuenta años. El último absurdo sería pretender que ese retraso fuera de todo un siglo» .

Ninguna otra transformación más importante operará López durante su primer gobierno comparable a la reforma constitucional mediante la cual el capitalismo monopolista de Estado devendrá parte sustancial del carácter de la sociedad colombiana, a la cual acompañará de una serie de modificaciones trascendentales complementarias, de ahí en adelante irreversibles. Estará así poniendo en práctica los principios preconizados por Uribe Uribe durante los últimos diez años de su vida hasta la fecha de su asesinato, el 15 de octubre de 1914, hace exactamente setenta años.

Tantas veces se ha repetido que Uribe Uribe fue el precursor de la seguridad social en Colombia y que López fue su realizador, al abrirle un espacio político a las clases trabajadoras y que, por tanto, los dos representan el sector del liberalismo popular progresista dentro del Partido Liberal, que no valdría la pena repetirlo. Sin embargo, siendo este punto programático el tercer aspecto que caracteriza la transformación del Partido Liberal, se impone tenerlo en consideración. Cuando Uribe Uribe plantea un programa elemental e ingenuo de seguridad social, no existía todavía una industria moderna en el país y, por tanto, no se había desarrollado una clase obrera más allá de los asalariados modernos de las trilladoras o de los asalariados agrícolas de la economía cafetera, estos últimos los más numerosos, pero a los cuales indudablemente no se dirigían tas propuestas urbanas del remodelador del Partido Liberal.

Sucedía con la seguridad social del destartalado liberalismo de principios de siglo lo mismo que con su manifiesto de capitalismo de Estado: no existían las condiciones materiales del desarrollo nacional que sirvieran de sustentación real y concreta a propuestas consideradas tan progresistas y hasta marxistas en su momento. Tanto el intervencionismo de Estado como la seguridad social eran el producto del capitalismo avanzado en Europa, transformado ya en economía del monopolio y de control del capital financiero, al que Lenin denominarla imperialismo. Varias veces nos ha sucedido en la historia de Colombia que los principios ideológicos y programáticos han definido el desarrollo nacional sin que a ellos corresponda una base material y este desfase ha demostrado la incapacidad de las clases dominantes en cada momento histórico para adaptar lo más progresista del proceso económico y político del mundo a las condiciones de desarrollo de nuestro país, de tal manera que hubieran producido el efecto necesario de sacarlo del atraso. No eran los postulados de Uribe producto de su mente profética ni tampoco del análisis concreto de la realidad concreta de la situación nacional, sino del influjo de la social democracia europea y de las condiciones mundiales del capitalismo.

López recogería las propuestas del capitalismo de estado para la modernización económica y se apropiaría del programa obrero para convertir al Partido Liberal no sólo en abanderado del movimiento sindical, sino en su vocero más calificado. Una de las estrategias, y tal vez la estrategia fundamental que López le presentó al Partido Liberal en 1929 para tomarse el poder, fue la de ganarse el apoyo de los trabajadores, para lo cual era indispensable incorporar puntos destinados a mejorar mínimamente la vida material de los obreros. Pero era necesario, así mismo, diseñar un «estilo nuevo», propiciar «un nuevo ámbito», abrir un «nuevo clima», semejante al que habla abierto Roosevelt en Estados Unidos, que permitiera al Partido Liberal contrarrestar el avance del Partido Socialista impulsado por líderes populares de gran acogida nacional como María Cano, Uribe Márquez y Torres Giraldo.

Escribía López al entonces jefe de su partido, Nemesio Camacho:

«Los trabajadores del campo y las ciudades no creen estar habitando el Paraíso Terrenal donde los suponen discípulos del doctor Pangloss. No han tenido la ocasión de experimentar la felicidad de vivir pobres e ignorantes, al margen del progreso, sin otra alegría que la de beber chicha, o aguardiente en exceso. Han vivido en un siglo de obligada quietud, estacionarios, aprendiendo a ser resignados y obedientes; pero al paso que salen a incorporarse en la corrida de la vida activa, van sintiendo nuevas necesidades y nuevos anhelos; quieren calzarse, vestirse, alimentarse mejor, entretenerse. Y esto, que es natural, es humano y es conveniente, espanta a los afortunados» .

No se puede resistir la tentación de citar más ampliamente esta carta, con el propósito de que se experimente más de cerca el ámbito que López pretendía crear con ese tipo de literatura desparpajada inmersa en frases brillantes, tropos audaces e ideas fuera del común que cautivan tantas mentes.

«María Cano nos ha colocado a usted y a mí, como a los otros liberales de Colombia que probablemente alcanzamos a sumar medio centenar, en una posición muy desairada, confesémoslo cándidamente. Nosotros los liberales jamás nos habríamos atrevido a llevar al alma del pueblo la inconformidad con la miseria. Nos habríamos sentido hasta cierto punto culpables de la embrutecedora monotonía de su vivir aprisionado, y habríamos considerado contrario a los intereses de nuestra clase, enseñarles los caminos de la independencia económica, política y social. Qué mucho, pues, que los conservadores y los pseudoliberales atribuyan a las doctrinas de Lenin y Trostsky el fermento social contra el orden y los intereses creados por ellos, para no reconocer que María Cano predica la rebeldía contra estos intereses y con el orden en que descansan desde la roca escarpada de la injusticia general a que se encuentran sometidas las masas populares?» .

Yen frases admonitorias fija el criterio que guiará su táctica y le dará sin mayores dificultades el control sobre el movimiento obrero durante décadas al Partido Liberal:

«Con el cambio de clima, de dieta, de horizonte, de circunstancias, ha hecho por fin su advenimiento al afán del pueblo por mejorar de condición. Es un suceso que los liberales auténticos debemos saludar con alborozo en franca oposición con los reaccionarios de todas las tendencias y divisas, que ven en ese afán un peligro para la república. Sería imperdonable que en esta coyuntura nos faltara sensibilidad moral, energía o emoción para explicar al país que es desatentado el propósito oficial de crear en la conciencia pública un ambiente hostil a las apariciones de las clases obreras, y necia la inclinación a sofocarlas por la fuerza, sin detenerse a examinar los elementos de justicia que ellas reclaman en su apoyo» .

Los historiadores comunistas colombianos interpretan como un error de su partido no haber descubierto a tiempo esta tendencia de López Pumarejo favorable al movimiento popular para haber apoyado en 1934 su candidatura y haber establecido un acuerdo con el Partido Liberal bajo su dirección. No llegó nunca, para su desilusión, una alianza con López, porque nunca lo permitió, pero, a cambio, el Partido Comunista después de 1935 se convirtió en el soporte principal del régimen lopista sin condiciones ni contraprestaciones explícitas de ninguna especie.

Manejó el artífice de la «revolución en marcha» admirablemente su táctica de neutralizar el movimiento popular, ganarlo para su causa y ponerlo a su servicio incondicionalmente. A un año de iniciado su gobierno ya comandaba el movimiento sindical, las organizaciones de trabajadores lo escogían como el arbitro de sus conflictos patronales y el Partido Comunista se presentaba a su lado en la manifestación del 1° de mayo en un hecho sin antecedentes en el movimiento obrero colombiano y hasta ahora sin que se haya vuelto a repetir, para vivar al redentor de la clase obrera colombiana y fiel aliado del internacionalismo proletario. López no se equivocaba en su estrategia. Cuando todos los sectores políticos lo hubieron abandonado al final de su segundo gobierno, carcomido por la corrupción, desgastado por su demagogia desafortunada, amenazado por el frustrado golpe de estado y víctima del desorden y el desbarajuste económico, el Partido Comunista y la CTC convocaron al primer paro cívico nacional con la consigna central de «López al poder» . En 1935 el Presidente López había expresado muy claramente su objetivo a este respecto:

«Quienes se sorprenden de que el Gobierno acepte el apoyo que las masas le ofrecen cuando Las minorías de oposición abandonan las vías democráticas, se declaran Insurgentes, tampoco parecen ver con simpatía la política que sigue el gobierno con respecto a los sindicatos obreros. Acaso porque olvidan o desdeñan considerar el hecho más protuberante de nuestra época: la supeditación del hombre político con el hombre económico. Hay mucha gente que profesa la creencia de que los sindicatos no tienen ocupación distinta a la de discutir las teorías de Marx y amenazar el orden existente. Parecen ignorar que el sindicato es simplemente un instrumento de defensa económica y que en él generalmente no es ahora como antes un problema electoral, pongo por caso, más interesante que una cuestión de salarios. Tampoco de esa actividad desarrollada por las clases populares en defensa de su economía puede permanecer ausente ningún gobierno ni partido político, a menos que deseen ser desalojados de la actividad democrática el día en que el socialismo u otra ocupación cualquiera pueda reemplazarlos eventualmente en el Poder... El liberalismo no tiene por qué temer a sus propias conquistas ni por qué recelar del apoyo que le ofrecen las masas populares. El liberalismo sólo tiene que desear una buena dirección para que las masas lo lleven al Poder, y una dirección, no menos buena sino mejor, para que esas mismas masas lo sostengan en el poder...» .

Qué clase de partido era éste, abanderado del capitalismo monopolista de Estado, fortín del movimiento sindical y defensor acérrimo de una modernización acelerada del país por endeudamiento externo? Nada tenia que ver con el Partido Liberal del Siglo XIX, excepto su nombre. En lugar de defender la independencia nacional contra la dominación económica o política extranjera, presentaba un programa modernizador por endeudamiento externo que entregaba la soberanía económica del país a Estados Unidos como prestamista principal. En lugar de una reforma agraria que liquidara el régimen terrateniente como premisa esencial del desarrollo industrial y de la acumulación interna de capital, planteaba el establecimiento y desarrollo del capitalismo monopolista de Estado como una necesidad insustituible del endeudamiento con el imperialismo. En lugar de una política de creación de un mercado interior autónomo basado en la producción de bienes de capital para darle solidez a un proceso soberano de desarrollo económico, impulsa el fortalecimiento de todos los mecanismos del capital financiero, baluarte indispensable del capitalismo monopolista de Estado. Es decir, el programa liberal de 1922 relegaba para siempre los principios de la revolución democrática, a los que había venido renunciando desde antes de la Guerra de los Mil Días con el programa de la Convención de 1897. Para el liberalismo la modernización de su programa significó el abandono de los objetivos de la revolución democrática. El «nuevo estilo» de López Pumarejo y su «nuevo clima» no era sino la forma, el ropaje, la máscara que ocultaba una política expresamente definida de modernización imperialista. Ese estilo demagógico de tinte «populista» que fascina, hipnotiza e inocula al pueblo, en este caso, al movimiento obrero y a los intelectuales izquierdizantes pequeño burgueses, no posee sino un barniz pseudodemocrático del que tomó ventaja para adoptar una política totalmente contraria a los intereses económicos y políticos del pueblo.

El ambiente político reinante en el país se prestaba extraordinariamente para una estrategia del tipo que propiciaba López. Desgastado por cincuenta años de poder hegemónico, desprestigiado por su incapacidad de modernizar la economía, acobardado por una terrible crisis económica, aquejado por todos los resquebrajamientos del fanatismo, amenazado por las primeras huelgas del movimiento obrero, derrotado después de una división profunda, el Partido Conservador se había encerrado en la más recalcitrante de las posiciones retrógradas. Laureano Gómez predicaba la inevitabilidad del Estado confesional, le exigía a la jerarquía eclesiástica la excomunión de los liberales, justificaba la necesidad histórica de la inquisición española, proclamaba la superioridad de la raza blanca española sobre la negra y la indígena, se ponía de parte de los franquistas españoles, confundía la masonería con el comunismo, equiparaba el sindicalismo con el bolcheviquismo, levantaba la bandera del nacionalismo a ultranza contra el capital norteamericano hasta llevarlo más tarde a colocarse de parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial; todo era una cruzada contra el ateísmo liberal y los males del capitalismo en el mundo, a favor de la tranquilidad patriarcal acérrimamente católica y clerical . Entretanto, ninguna idea sobre el desarrollo económico ni estrategia industrial o agrícola de cualquier clase era planteada por el Partido Conservador como contrapartida a las ideas modernizadoras del Partido Liberal. No resultaba, pues, extraño que la prédica lopista apareciera como una «revolución» y atrajera las masas obreras sin otra alternativa diferente a la vista, ya que la alternativa de izquierda sucumbía deslumbrada por el liberalismo del siglo XX.

¿Por qué, además, insistir tanto en la contraposición del planteamiento modernizante de López Pumarejo con la revolución democrática? Por varias razones. Históricamente el proceso de la revolución mundial democrático-burguesa constituyó una lucha por el establecimiento y desarrollo del capitalismo, lo cual implicó la realización de una serie de transformaciones indispensables para el desarrollo económico y prerrequisitos insustituibles de una economía socialista. La modificación sustancial del régimen terrateniente, la creación de un mercado interior de bienes de producción, la defensa de la producción industrial, la transformación de la economía agrícola, todas ellas sobre la base de un desarrollo autónomo de economía nacional, hacen parte de la revolución democrática burguesa y no pueden ser soslayados ni siquiera por la construcción de una economía socialista de colectivización de los medios de producción. El desarrollo económico de Colombia debería haber pasado por esta transformación. Fue este cambio radical el que quedó trunco con el triunfo de la Regeneración y cuya derrota fue sellada por la Guerra de los Mil Días. Cuando ensaya un juicio sobre López Pumarejo, mensajero y corifeo de la «revolución en marcha», no puede evitarse comparar su programa y sus realizaciones con las premisas económicas de la revolución democrática. Al intentarlo, no se nos ha ocurrido ni siquiera sugerir que López hubiera tenido que defender los principios y las transformaciones de una revolución socialista. De ninguna manera. Lo único que está planteado como debate es si los cambios operados por su «revolución en marcha» contribuyeron o no a sacarnos del atraso, si la modernización operada por sus gobiernos estableció las condiciones que permitieran convertir a Colombia en un país próspero, avanzado y con una economía autónoma.

LA MODERNIZACIÓN LOPISTA

Pocos gobiernos en este siglo con propósitos tan definidos y tan consistentes en sus políticas como el primer gobierno de López Pumarejo. Con inusitada frecuencia López hace alusión a la estructura dominante en el país y explica las condiciones reinantes en el período histórico que le tocó afrontar. Permanentemente se refiere a dos puntos centrales, a la crisis económica que afronta el país, y al atraso secular de sus estructuras. Fiel al programa del Partido Liberal de 1922, artífice del cual habla sido, López se propone una profunda modernización del país. En su mensaje al Congreso de 1935 fija el carácter de su gobierno y su propósito general:

«La política seguida por el anterior Presidente, de conformidad con sus compromisos no fue liberal, sino de concentración de partidos, y dio por resultado que se aplazara por espacio de cuatro años la sensación de victoria y derrota que correspondía a cada una de nuestras dos grandes colectividades políticas dentro de su pugna tradicional... Mi posición ante la opinión pública es bien diferente: yo recibí la Presidencia de la República con el compromiso de renovar las instituciones que fueran moldes insuficientes para una nación más desarrollada y compleja: de examinar sin prevención alguna todos los problemas nacionales que hubieran sido motivo de diferencia entre las corrientes antagónicas, procurando resolverlas por apelación constante al plebiscito de las mayorías nacionales...» .

Enumera allí el programa de reformas que se propone realizar: saneamiento sufragio, tolerancia religiosa, calificación de mano de obra por medio de la educación técnica, modernización de la administración pública, reforma tributaria, efectivo intervencionismo de Estado, legislación sobre tierras, tratado de comercio con Estados Unidos, reorganización del ejército, seguridad social para los jornaleros agrícolas e industriales, reforma instruccionista de los niveles primario y secundario y universitario, reforma de la Universidad .

Seria imposible seguir paso a paso la suerte de todas estas reformas emprendidas por López Pumarejo y otras más que adelantó en su segundo gobierno y que hacen parte de todo este proceso de la llamada «revolución en marcha». Vamos a examinar muy someramente las más esenciales. Aparte de las medidas económicas de emergencia que tomó López para conjurar la crisis económica y fiscal con que había recibido el país después de la guerra con el Perú, la primera medida importante que toma es la firma del Tratado de Comercio con Estados Unidos. Casi todos los historiadores guardan silencio sobre este Tratado. Recientemente un escritor canadiense, Stephan Randall, le ha dedicado una parte importante de su libro sobre la diplomacia de la modernización entre 1920 y 1940 . Y Hernán Jaramillo Ocampo tiene que referirse a él al analizar la situación de la industria en 1949. Constituía este tratado un obstáculo tan grande que impedía aún el desarrollo de la misma industria imperialista en la segunda mitad de la década del cuarenta, época en que los grandes monopolios productores de bienes intermedios se trasladaron a Colombia como resultado de la política de sustitución de importaciones. Afirma Jaramillo Ocampo:

«...ese tratado no sólo limitaba la libertad arancelaria del país, sino que igualmente constituía un obstáculo insuperable para el fomento industrial y para la política de sustitución de importaciones» .

A pesar de su trascendencia económica y política, López se limita a hacer una mínima referencia al tratado en su mensaje al Congreso de 1935, en el que dice:

«El Gobierno aceptó firmar nuevamente el acuerdo de comercio en Washington el 15 de diciembre de 1933, a fin de acomodarle a las prescripciones de la Ley americana del 4 de junio de 1934, por la cual se autoriza al gobierno de Washington para celebrar acuerdos de comercio exterior sin necesidad de aprobación legislativa... El nuevo texto, propuesto por los Estados Unidos ha sido esmeradamente estudiado por el Gobierno... Para adelantar este examen con los elementos de juicio que pudiera suministrar nuestro Ministro en Washington, se pidió a este funcionario que viniera a Bogotá y con él se llegó a una fórmula que consideramos benéfica para los dos Estados, y esperamos sea aceptada en Washington, juzgando por los antecedentes de buena voluntad y las disposiciones de cooperación manifestadas recientemente por la Secretarla de Estado» .

Tan inocente declaración no se compadece con la importancia que los gobiernos norteamericanos le hablan atribuido desde Wilson a la estrategia diplomática de lograr tratados recíprocos de Comercio. Convertido Estados Unidos desde finales de siglo en un país con una economía de monopolio y de predominio del capital financiero, luchaba en el ámbito mundial por abrirse camino y hacerse a colonias, no importa que fuera del nuevo tipo, es decir mediante el dominio de los instrumentos de la exportación de capitales y no por medio de la invasión militar, aunque ya había ensayado esta última en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Nicaragua y Panamá por lo menos. La «buena voluntad» y las «disposiciones de cooperación» mencionadas por López Pumarejo componían la nueva estrategia norteamericana para abrirse paso en América Latina, -en donde había causado tan adversa reacción el «gran garrote» de Teodoro Roosevelt- y que se denominaba «la política del buen vecino», diseñada por Wilson, aclimatada por Hoover y convertida por Franklin Delano Roosevelt en la varita mágica que transformaría a América Latina definitivamente en el «patio trasero» del coloso gringo.

Este Roosevelt ejercía sobre López Pumarejo un magnetismo arrollador. A cada paso nos encontramos con exclamaciones de admiración y de reconocimiento como las del mensaje al Congreso de 1935. Roosevelt era su modelo. Con la demagogia del «nuevo trato» Roosevelt consolidó su poder en Latinoamérica y puso las bases de su poderío mundial; con la demagogia «del nuevo trato» López se ganó el apoyo de las grandes masas obreras, del movimiento sindical y de la recién desempacada izquierda colombiana. Un autor -libre de toda sospecha de antilopismo- Gerardo Molina, tiene que confesar que el embeleco producido por Roosevelt sobre la política de López podía llevarlo a crearse ilusiones sobre la bondad del imperialismo norteamericano. Escuchémoslo para que nos hagamos al ambiente que se respiraba entonces, descrito por un actor muy cercano a los hechos. Dice Molina:

«Si antes ’había un cañón listo a reclamar concesiones, privilegios y ventajas para el capital de ese país invertido en nuestros territorios’, ahora los Estados Unidos preconizan una política respetuosa y digna de crédito. La orientación de López era sensata: asociarse, pero ¿con quién? El incurrió en el error, común a casi todos los liberales del hemisferio, de tomar como definitivos los cambios circunstanciales verificados en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Era innegable la diferencia entre Theodoro Roosevelt y Franklin Roosevelt que anunciaba y quería aplicar la buena vecindad con los demás países del continente. Pero la realidad era que el imperialismo tenía una vigencia superior a la transitoria de los gobernantes ecuánimes y humanos, por lo cual era de temer que a la primera oportunidad nos volviera a mostrar su cara hostil y la mano armada .

Pero se debió, precisamente, a ese mandatario «ecuánime y humano» la consolidación del dominio norteamericano en América Latina. Fue su mano blanda y su guante de gentleman los que permitieron al capital financiero afianzarse antes de la Segunda Guerra Mundial y lograr que en Colombia se firmara el Tratado Recíproco de Comercio, se entregara el petróleo y se abrieran camino a las reformas exigidas por Estados Unidos desde la década del veinte.

La diplomacia de !os Tratados Recíprocos de Comercio, hábilmente planificada por el Departamento de Estado durante los gobiernos de Wilson, Hoover y Roosevelt, pretendía obtener tres fines: 1) estimular la exportación norteamericana para reducir los efectos de la superproducción; 2) desplazar la competencia europea y japonesa en América Latina, para asegurarse la hegemonía de esta parte del mundo, 3) apoderarse, mediante este instrumento, de un amplio mercado de capitales de inversión directa e indirecta, con lo cual garantizaría el control económico de la región. Entre 1928 y 1929 inicia Estados Unidos un gran esfuerzo diplomático por lograr el tratado con Colombia. En una primera etapa fracasa la negociación debido a una legislación proteccionista que se originaba en la crisis del 30. Enseguida, las exigencias del Congreso Norteamericano y los conflictos partidarios en el parlamento colombiano, impiden la ratificación del Tratado, el cual había sido firmado por Olaya Herrera en 1933. Corresponde al gobierno de López, gracias a los oficios de Olaya en el Ministerio de Relaciones y del hermano del Presidente como embajador de Washington, firmar de nuevo y hacer ratificar por el Congreso el Tratado Recíproco de Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Declaró este Tratado a Estados Unidos como la nación «más favorecida» de Colombia, logrando así el país del norte su anhelado privilegio para desplazar a sus competidores. Veinte apretadas páginas de productos abarca la lista correspondiente a los productos norteamericanos, incluidos la mayoría de los que entonces se empezaban a producir por la incipiente industria nacional y otros que iban a producir en corto plazo, mientras que solamente una página relaciona la lista de productos colombianos favorecidos por Estados Unidos, entre los que se incluyen bálsamo de tolú, semillas de ricino, hipecacuana, tagua y tamarindos. Solamente el café, el platino y las esmeraldas eran productos de significación en las exportaciones colombianas . El embajador norteamericano William Dawson podía afirmar satisfecho en octubre de 1937: «No hay duda de que la política comercial del gobierno colombiano tiende definitivamente a ponerse de acuerdo a los propósitos básicos y los objetivos del programa de acuerdos comerciales de los Estados Unidos» .

La reacción de los industriales fue inmediata, porque el Tratado ponía en peligro a la industria nacional frente a la competencia de los productos norteamericanos. Antes de ser ratificado, un grupo de empresarios nacionales envió al Ministro de Industria y negociador del Tratado, Dr. Francisco José Chaux y es el que decía:

«En nombre de los industriales colombianos que han venido laborando tesoneramente por el desarrollo de sus empresas a la sombra de la moderada política proteccionista implantada en los últimos años, lo mismo que de la prensa que nos ha secundado con calor en esta campaña y de la opinión general que se interesa en el desarrollo económico del país, con todo respeto nos permitimos solicitar del Gobierno, por el digno conducto de su Señoría, la posibilidad de que antes de someter a consideración de las Cámaras Legislativas el tratado Colombo-Americano se permita que éste sea conocido por los industriales colombianos, tal como fue posible a quinientos técnicos americanos, según declaración oficial del doctor Arturo Hernández, miembro de la Comisión. De esta manera podrán aportarse al debate elementos de estudio emanados de la práctica y de la experiencia. Para abordar un estudio completo sería también pertinente que el Ministerio a su digno cargo adquiera una completa información sobre capitales invertidos en todas las industrias, valor total de la producción anual, número de obreros ocupados en estas actividades y valor de los salarios devengados. Todas estas informaciones pondrían al Congreso Nacional en capacidad de abocar el estudio del Tratado en mención y de cualquier otro tratado comercial semejante sobre bases, que unidas al recto criterio de nuestros legisladores, asegurarían conclusiones acertadas» .

Firmaban esta carta los gerentes de la Industria Nacional Colombiana, de la Compañía de Tejidos Rosellón, de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, de la Compañía de Tejidos Unión y muchos otros. El tratado no fue discutido, los industriales no fueron escuchados, el recto criterio de nuestros legisladores no apareció por ninguna parte. La única voz disidente en el Congreso de 1935 fue la de Diego Luis Córdoba quien caracterizo el tratado como «obstáculo insalvable para el progreso industrial del país». Como muestra palpable de lo que siempre sucede en los Congresos de Colombia queda la constancia del senador Héctor José Vargas de Boyacá, cuya conciencia culpable no fue óbice para que apoyara al gobierno:

«Voto a favor del Tratado con Estados Unidos porque considero, que, al aceptar el punto de vista de su nueva política comercial, haciéndole importantes concesiones sin haber obtenido ninguna excepto la confirmación de nuestro actual estado de cosas, les damos la mejor prueba de nuestro sincero deseo de cooperar con el reestablecimiento del equilibrio y del ritmo de nuestro intercambio comercial... .

Los industriales no lograron con sus quejas respetuosas doblegar a quien se ha considerado por tantos historiadores como el representante de los intereses del desarrollo industrial de Colombia y tuvieron que radicalizar su oposición para formar más adelante la célebre Acción Patriótica Económica Nacional (APEN) en alianza con los terratenientes más recalcitrantes. Los unos contra la política antiindustrial de López, los otros contra la Ley 200 de tierras, formaron la más contradictoria alianza de oposición identificados -no se qué tan conscientemente- frente a la posición proimperialista de quien gestaba la «revolución en marcha».

Todavía antes de lanzarse a las grandes reformas, López adopta medidas de gran trascendencia para el futuro petrolero del país. Debe recordarse que la diplomacia norteamericana en Colombia había intrigado sutilmente para que Olaya Herrera no solamente se convirtiera en el candidato del Partido Liberal para las elecciones de 1930, sino para que ganara las elecciones. Un testimonio de Guillermo Valencia, publicado por su hijo Alvaro Pío en el El Espectador para refutar al socialista de «nuevo tipo», Alfredo Vásquez Carrizosa que salía por los fueros del General Vásquez Cobo, su propio padre, confirma los documentos de los embajadores citados por Randall con lo que se comprueba que el Departamento de Estado presionó hasta conseguir la candidatura de Olaya, embajador en Washington desde el gobierno de Holguín e intermediario de la danza de los millones y de los contratos petroleros . Llegado Olaya al gobierno, se apresura a concederle todas las garantías posibles a las empresas petroleras mediante la Ley 37 de 1931 y les entrega la Concesión Barco. Esta ley suprime todas las limitaciones que habían impuesto legislaciones anteriores a las compañías imperialistas, acaba la autorización al gobierno para declarar caducos los contratos en caso de incumplimiento, disminuye la garantía por hectárea a que estaban obligados los monopolios, anulan las disposiciones que sometían a los extranjeros a las leyes colombianas, disminuye en un 75% los cánones de arrendamiento, elimina el requerimiento de realizar conjuntamente la explotación, permite al concesionario retirar todas su instalaciones y renunciar a la concesión antes de vencerse los 20 años de explotación, reduce las regalías del 11% al 2%, aminora los impuestos a la producción privada, despoja a la nación del derecho de vetar la localización de la refinería, suprime la prueba de la posesión real y efectiva. Fue tan asombrosa la entrega Olaya a los monopolios imperialistas petroleros que llegó a suscitar sospechas en el Congreso de Estados Unidos debido a las negociaciones con sus amigos íntimos gringos, lo cual produjo una investigación contra ellos en su propio país, mientras los copartidarios de Olaya lo llenaban de elogios, alabanzas y sahumerios. En su importante libro sobre el petróleo Jorge Villegas exclama:

«Apenas llevaba cuatro años el liberalismo en el poder, después de 45 años de oposición, y en tan breve período superó al conservatismo en su política de entrega de la soberanía nacional al imperialismo norteamericano. Fue más grande su delito de alta traición que el cometido por los gobiernos de Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina» .

No obstante, López iba a profundizar esta entrega. El gobierno de la «revolución en marcha» ratifica la legislación de Olaya. Pero no solamente eso. Mediante la ley 160 de 1936 le hace aún mayores concesiones al imperialismo. El más grave de los atentados de López consistió en entregarle el subsuelo a los monopolios petroleros, prebenda por la que habían suspirado desde 1919 y que no habían podido conseguir con la legislación de Olaya. Una vez reconocidos los derechos sobre los subsuelos con titulación anterior a 1873, López reduce las regalías establecidas por Olaya -ya bien insignificantes-, a proporciones ínfimas. Suprime, además, las pruebas necesarias para declarar el subsuelo como propiedad privada. Cierra las puertas a cualquier reclamación eventual en el futuro mediante el articulo 5 de la nueva legislación. Aumenta los plazos de los periodos de exploración. Exime a las compañías de presentar los datos geológicos y geofísicos de sus exploraciones, «lo cual hace en la práctica que puedan explorar, ...taponar.. y esperar...» . Exonera del pago de regalías a los crudos que se refinan dentro del país con miras a suplir el consumo interno y liberan durante los primeros años de explotación de una quinta parte de los impuestos a los petróleos que se refinan con destino a la exportación. Y el gran caudillo popular, el supuesto defensor de los obreros, declaró servicio público las empresas petroleras para impedir los movimientos reivindicativos de los obreros y para que los sindicatos allí organizados quedaran cobijados por la fórmula que introduciría en la reforma constitucional del 36 sobre la limitación del derecho de huelga en los servicios públicos. Finalmente, se opuso al establecimiento de una empresa estatal colombiana para la refinanciación del petróleo.

Ningún gobierno conservador había hecho tanto ni ningún gobierno liberal iba a hacer por la Texas Petroleum Co. como este «revolucionario» del Palacio de Nariño. Mientras él recibía alborozado el apoyo del movimiento obrero dirigido por el Partido Comunista, en las antesalas de palacio hacía la más escandalosa entrega de nuestros recursos al imperialismo norteamericano. ¿No era verdaderamente vergonzoso que la izquierda de entonces estuviera en conversaciones con López con el objetivo de conformar un Frente Popular antiimperialista?.

Inexplicablemente todos los apologistas contemporáneos de López silencian estos hechos. El Tratado de Comercio sólo recibe una mención de pasada y ninguno de los que defiende a López como el representante de una burguesía industrial progresista se ha tomado el trabajo de examinar el impacto pernicioso que sobre el desarrollo de la industria nacional produjo la liberación de las importaciones norteamericanas. Pero si apenas se menciona el Tratado de Comercio, sobre la legislación petrolera se guarda un respetuoso silencio. Si la «revolución en marcha» no ha pasado a la historia por atentados a la economía nacional como estos dos, sí ha recibido un reconocimiento unánime de todos los tratadistas por su progresista ley de tierras, por su reforma tributaria avanzada y por su revolucionaria reforma constitucional. Resulta imposible en el corto espacio de esta conferencia examinar en detalle la esencia de estas reformas modernizantes y sus consecuencias para el desarrollo del país. Permítaseme, empero, hacer algunas consideraciones sobre cada una de ellas.

Una revolución agraria contra el régimen terrateniente y en pro de una radical transformación de la productividad agrícola constituyó el fundamento de la revolución democrática en Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y en los países feudales o semifeudales en donde se ha operado una revolución socialista, la lucha democrática por una revolución agraria se erigió como la piedra de toque de todo el proceso revolucionario para la construcción de una economía colectivizada. El carácter económico de esa revolución agraria en la Unión Soviética y en China fue democrático-burgués, aunque la burguesía hubiera renunciado a realizarla y hubiera tenido que llevarla a cabo el proletariado en alianza con los campesinos y la pequeña burguesía urbana. Ni en Colombia ni América Latina se ha operado nunca esa revolución agraria, base de la revolución democrática, a pesar de los intentos que en ese sentido adelantaron Mosquera, Florentino González y los radicales en el siglo XIX. ¿Qué significado histórico tiene, entonces, la Ley 200 de 1936, o Ley de Tierras de López?.

Dejemos que el mismo López la defina. No hay en su definición sombra alguna de propósito demagógico, sino claridad absoluta de objetivos:

«Hemos llegado a un momento del desarrollo económico de Colombia en que nos toca en suerte decidir sobre un tema universal de inmediata aplicación a nuestro país. Tal como lo disponen nuestras instituciones actuales, el gran propietario, el mayor latifundista colombiano es el Estado, y la propiedad privada de la tierra carece en la gran mayoría de los casos de un título perfecto, que examinado a la luz de una jurisprudencia abstracta no diera lugar a un juicio de reversión hacia el Estado. Técnicamente pues, nos encontramos frente a la alternativa jurídica de definir la Nación hacia una orientación socialista, o de revalidar los títulos de la propiedad privada, purificándolos de imperfecciones. El criterio del Gobierno HA ADOPTADO ESTA última ruta. El proyecto de régimen de tierras no tiene otro propósito que el de fundamentar la propiedad, organizándola sobre principios de justicia, y resolver los conflictos a que ha dado lugar la vaguedad litigiosa de la titulación existente. El Gobierno, acusado de detentar la propiedad privada, os presenta, señores miembros del Congreso, las bases que considera buenas para defenderla y para que la distribución futura de las reservas baldías no lleve envuelto el germen de nuevas dificultades o de impedimento para el desarrollo nacional. ...Para el Gobierno el problema fundamental de la tierra es su explotación económica, y considera que la propiedad privada debe aclarar y justificar sus títulos ante la sociedad vinculando el trabajo a la tierra, o abrir paso a la colonización de las regiones incultas que no pueden continuar siendo indefinidamente reservas estériles, a la expectativa de una lejana valorización que nacería de circunstancias ajenas al esfuerzo de los propietarios» .

Podemos resumir los propósitos expuestos por López en los siguientes: 1) purificar de los títulos sobre tierras baldías, tanto de los colonos como de los terratenientes; 2) modificar formas de usufructo como la aparcería, convirtiendo a los aparceros en propietarios o expulsándolos; 3) estimular la explotación económica de la tierra; 4) desarrollar la colonización de regiones incultas. Ninguna de estas propuestas devenidas en Ley afectaron el régimen terrateniente ni lo modificaron en lo más mínimo. La mayoría de los tratadistas interpretan el objetivo del gobierno lopista de estimular la explotación económica de la tierra como la transformación capitalista del campo por medio de la que Lenín denominaba «vía junker» o «vía terrateniente» para la transformación del régimen feudal en capitalista. Todo esto no deja de ser meramente hiperbólico. Ante todo, la ley 200 no modificó la producción agraria colombiana en producción capitalista. Simplemente estimuló coercitivamente la inversión de capital por los terratenientes sin modificar la estructura de la tierra y sin cambiar sus secuelas de minifundio improductivo y latifundio inculto. Si antes veinte mil hectáreas estaban en rastrojo o en pastos naturales de ganadería extensiva, ahora se iba a invertir un capital proporcionado por la Caja Agraria, los bancos, las instituciones financieras, el mismo gobierno o los prestamistas norteamericanos, en quinientas o mil hectáreas. Este procedimiento no ha operado el milagro de que el 85% de la tierra cultivable del país reciba la esperada inversión de capital.

Su propuesta de purificar los títulos de tierras baldías no llegaba siquiera a los más tímidos proyectos para solucionar los conflictos de tierras presentados en el trascendental debate de 1933 en el Congreso. Unos socialistas imberbes habían defendido la nacionalización de las tierras. Lleras Restrepo, desde entonces, se había reducido a un plan de crédito de fomento, pero Jorge Eliécer Gaitán había planteado la verdadera revolución democrática con la transformación del régimen terrateniente. En su notable discurso sobre el problema de tierras en las haciendas del Chocho y Sumapaz había salido en defensa de los campesinos:

«Creo que el problema agrario en Colombia puede dividirse para su mejor estudio en tres aspectos. Primero: tierras no cultivadas en las que hay que hacer una subdivisión; no cultivada y con títulos legítimos y no cultivados con títulos precarios o ilegítimos. Segundo: tierras cultivadas, con titulación legítima y tierras cultivadas con titulación ilegitima. Tercero: relaciones entre el trabajo humano y el capital agrario... Vamos a analizar cada uno de estos casos, pero permitidme anticipar esta conclusión neta, profundamente sentida por mí. Creo que el país debe llegar a la expropiación de todas las tierras que no estén siendo trabajadas, con la sola excepción de las reservas forestales previamente determinadas por la técnica. Es necesario afirmar igualmente como criterio directivo en estas materias que los derechos sobre la tierra sólo pueden fundamentarse en el esfuerzo humano, ya que la tierra, como el aire y como el agua, son elementos naturales e indispensables para la vida humana» .

Y añadía:

«Es que no basta simplemente tener un título y tomarlo en el sentido individualista de nuestro derecho civil. Es necesario imponer un nuevo criterio de equidad social que interprete el derecho a la propiedad de la tierra fundamentándolo en el trabajo a ella vinculado» .

La Ley de Tierras del régimen lopista era una respuesta a aquellos conflictos de los colonos y de los campesinos contra los terratenientes y contra el Estado. Jamás su propósito fue revolucionar el campo, sino todo lo contrario, impedir a toda costa que se insurreccionara y lograr atraerlo al Partido Liberal con esa consigna de López que ha signado la trayectoria contemporánea de su partido: «que las masas lo lleven al poder y los sostengan en el poder». Todas las argucias, engaños, ilusiones, demagogias y leyes que sean necesarias para ello, se justifican, mientras no se ponga en peligro el orden establecido reformado y maquillado mil veces.

Es muy importante de nuevo el testimonio de un lopista ideológico como es Gerardo Molina sobre el sentido de la Ley 200. Escribe Molina:

«El mencionado estatuto no se propone modificar a fondo las estructuras agrarias. En realidad él busca fortalecer la propiedad privada. El hecho era que la mayoría de los propietarios carecían de títulos firmes en contra del Estado, y la jurisprudencia sostenía que para probar la propiedad era necesario demostrar que el Estado se había desprendido de ella. La Ley 200 vino a resolver el problema al prescribir que habían salido del dominio de aquel las porciones que estaban en poder de particulares que las explotaban económicamente, o sobre las cuales ellos podían exhibir títulos privados de veinte años de antigüedad. No buscaba la ley 200, aunque otra cosa se dijera, la redistribución de la gran propiedad agraria» .

Toda la algarabía suscitada por esta ley en aquella época procedía de que los terratenientes colombianos no habían sido ni siquiera mencionados por ninguna ley desde 1880 y se consideraban intocables, aún así fuera para volverse grandes usuarios del capital financiero, que era lo que en esencia les proponía López. No estaba entonces el ambiente para esa comprensión. Como sucedió con tantas reformas modernizadoras de López pasada la bulla de la oposición laureanista recalcitrante, todos los opositores se amoldaron, se aprovecharon y, en últimas, la Ley vino a beneficiar a todos los terratenientes cuyos títulos estaban en duda o a quienes de ellos tuvieron oportunidad de comprar los jueces para ampliar sus propiedades. Muy bien lo sintetiza Molina:

«Era tal la cerrazón intelectual de los propietarios rurales y su criterio clasista que no comprendían que López deseaba salvarlos y hacerles la economía de una conmoción, siempre que dieran un paso en el sentido de la modernidad. ...Apreciada en términos de evolución histórica, la acción de López era conservadora porque se dirigía a darle al dominio territorial una estabilidad que no tenía» .

Finalmente, refirámonos a la modernización del Estado. Esta quedó planteada en cuatro puntos esenciales de la reforma constitucional de 1936 y en la reforma tributaria. Los cuatro puntos tienen que ver con el régimen de propiedad, la intervención del Estado en la economía, las regulaciones capital-trabajo, las relaciones Iglesia- Estado y el control de la educación por parte del Estado. Pero el aspecto nodal de la modernización del Estado radicó en la institucionalización del capitalismo monopolista de Estado. Ella Implicaba la posibilidad de establecer la planificación económica, la conversión del Estado en un capitalista y un regulador de la economía en materia de inversiones, créditos, finanzas, presupuesto, precios y salarios, etc.

Hoy a nadie en Colombia se le ocurre defender que el intervencionismo de Estado, incluido en la reforma constitucional de 1968 como perfeccionamiento del capitalismo monopolista de estado establecido en la reforma del 36, o los intentos de mayor profundización de esta propuesta en la «pequeña constituyente» de López Michelsen, o las diferentes reformas al sistema judicial, constituyan una revolución. En aquella época los conservadores la acusaron de comunista, pero todas las propuestas modernizadoras de López fueron tildadas de comunistas o de masonas por ellos, hasta las mismas relaciones de intimidad con Estados Unidos y más adelante el rompimiento de relaciones con el Eje de la Segunda Guerra Mundial. Era su forma política de oposición y obedecía al convencimiento ideológico de Laureano Gómez. Pero después de 1945 ningún conservador volvió a considerar el intervencionismo de Estado ni como revolucionario ni como comunista.

¿A qué obedeció la firme decisión de López Pumarejo de reformar la constitución y modernizar el Estado? Como vimos al principio, López había logrado incorporar en el programa liberal de 1922 el intervencionismo de Estado como un propósito de su partido. Y allí lo había definido muy claramente. En Colombia no se daba ninguna de las condiciones económicas que habían producido el desarrollo necesario del capitalismo monopolista de Estado europeo y americano. Ni los monopolios industriales, ni los gigantescos grupos financieros, ni tas inmensas inversiones estatales, base material de toda teoría keynesiana tan en boga en ese momento en los Estados Unidos puesta en práctica por el maestro de López, Franklin D. Roosevelt. Toda la economía colombiana se reducía a una incipiente industria, a una banca raquítica sin ningún control sobre el proceso económico, a un Estado en quiebra, sin instrumentos fiscales suficientes.

No existía, pues, una base material para el capitalismo de Estado. Pero López había comprendido hacía mucho tiempo que sin esa transformación radical no iría a ser posible la modernización del país, cuyo fundamento tenía que ser el endeudamiento externo, tal como lo había preconizado en los debates de 1922 y lo había incluido en el programa de Ibagué.

López estaba claro en un principio económico tomado del desarrollo de las economías imperialistas: que Colombia no avanzaría sin el fortalecimiento del sector financiero. Pero no existiendo una acumulación interna suficiente para producir esa masa inmensa que Lenín llamó «exceso de capital», había que crearle un soporte estatal, capaz de recibir y canalizar el capital financiero norteamericano, fuente de la gran modernización de Colombia. Entonces se propuso fortalecer la economía estatal para abrirle camino al desarrollo del sector financiero. Esa fue, en esencia, la fórmula recomendada por la misión Kemmerer en 1922 y en 1932 como condición de los préstamos norteamericanos y aprendida por López cuando desempeñaba el puesto de primer gerente colombiano de un grupo financiero norteamericano, el Banco Mercantil Americano.

En efecto, a la gerencia de ese banco lo había llevado su experiencia en los negocios particulares de importación y exportación aprendido al lado de su padre Pedro A. López, poderoso comerciante de café en Honda. Se dice que importó a Colombia, en su calidad de intermediario de los norteamericanos, una suma igual a los veinticinco millones recibidos por la indemnización de Panamá antes de que ella se materializara. Pocas veces los financistas norteamericanos han expresado tanta admiración por sus servidores colombianos, como la que profesaban por él el Presidente del Banco Mercantil de New York.

Le escribía lo siguiente:

«Quiero asegurarle a usted, mi querido Alfonso, que lo que usted ha estado haciendo en favor de nuestros intereses en Colombia, han llevado a todo el mundo aquí, incluso a nuestros directores, a sentir por usted el más alto grado de admiración por su habilidad... usted puede estar seguro... de que lo tendremos siempre presente como ejemplo de lo que se puede hacer, cuando hablamos con los nuevos hombres que van a servirnos en otros países» .

El celo con que López defendía los intereses financieros norteamericanos lo llevaron a hacerse sospechoso ante el gobierno conservador por la intervención indebida de Estados Unidos, cuando trató de mediar, con su socio Samper Sordo, en la revuelta de los uniformes el 16 de marzo de 1919. Tiene que intervenir el Departamento de Estado y el Vicepresidente del Banco le envía una nota en la que se estampan estos conceptos sobre López:

«Hemos empleado al señor Alfonso López como uno de nuestros gerentes. El es probablemente el mejor banquero latinoamericano que yo haya tenido el privilegio de tratar. Es muy conocido en New York y aparentemente conoce nuestro país también como los del Sur y Centro América. Es inapreciable para nosotros habiéndonos prestado servicios por los cuales estamos obligados para con él» .

En la renuncia enviada por López queda muy claro su papel:

«No fue ni nunca ha sido necesario que yo acuda a los periódicos para defender mis procederes o conducta; lo hice única y exclusivamente para defender los intereses de este Banco y los de los aliados con él, con los más satisfactorios y benéficos resultados... En el término de doce meses hemos logrado hacer... lo que nuestros más fuertes competidores no han hecho en medio siglo. Ustedes tienen ya aquí la mayor organización bancaria y la mayor institución exportadora y antes de mucho tiempo tendrán también la mayor institución importadora» .

Podemos resumir:

1) López fue quien consolidó al Partido Liberal como el partido de la modernización basada en el endeudamiento externo. Para Estados Unidos en su lucha por abrirse campo en América Latina y consolidar su poder en el continente dentro de la lucha que librara a nivel mundial por la hegemonía, un Partido Conservador obsoleto y esclerótico no le servia. Por eso encuentra en el Partido Liberal de López la verdadera opción para modernizar el país, modernización que se constituye en una necesidad insustituible para su exportación de capital a Colombia.

2) La modernización operada por López no toca ninguna de las estructuras económicas que se rigen en el país como un obstáculo fundamental al desarrollo nacional que supere el atraso y construya una industria nacional autónoma, base y condición de la prosperidad de Colombia. La modernización operada por López y continuada posteriormente por los dos partidos tradicionales no ha sacado al país de su postración económica. Ha cambiado todo para que todo siga igual. Por esta razón la modernización lopista no es sino el acondicionamiento de la economía nacional a las necesidades del control que ejerce Estados Unidos sobre nuestra economía. Yo la he llamado modernización imperialista.

3) López representó el surgimiento de una nueva clase en la sociedad colombiana. Uribe Uribe quedó en la historia como el primer intérprete de los intereses de la burguesía industrial, incipiente, sumamente débil, vacilante en política y, al mismo tiempo, tremendamente inconsecuente. Esa burguesía no alcanzó a llegar al poder. Se quedó a medio camino. Uribe es el símbolo de su frustración histórica. López parte de allí, del surgimiento y desarrollo de esa burguesía, pero, al erigirse en el gestor de un partido modernizador por endeudamiento externo y al haber llevado a cabo esos programas en la reforma constitucional de 1936, plasmados en el capitalismo monopolista de Estado y en las bases del desarrollo del sector financiero, López se convierte en el adalid de una nueva burguesía, la financiera, intermediaria y burocrática, cuyos intereses económicos no pueden desligarse del capital imperialista y entran en contradicción con los intereses de la burguesía no monopolista del país. López convirtió al Partido Liberal en el partido de la gran burguesía financiera, monopolista y burocrática. Que ahora todos los intereses se entremezclen con los de los terratenientes y que los partidos se hayan revuelto hasta casi confundirse, no hace sino cumplir lo que Gaitán ya anunciara, que el imperialismo los ha fundido en sus programas e ideologías.

4) López no llevó a cabo ninguna revolución. Por el contrario, lo que hizo fue impedirla a toda costa. Sus reformas fueron el baluarte de su política de neutralización de las masas obreras y campesinas. Maestro en la demagogia, doctrinador de las masas, mago de la palabra, fascinador de las izquierdas, maquinador de todas aquellas transformaciones que no significaran afectar el orden establecido, catequista de la nueva clase dominante, evangelizador del endeudamiento externo, oráculo de la modernización, después de López el país no ha sido igual, es otra Colombia, modernizada, integrada al oleaje del mundo, aunque arrastrando los rezagos de siglos de atraso y de subdesarrollo.

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