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Los Maestros Colombianos: Una Historia de Lucha

Francisco Torres M., Secretario de Relaciones Internacionales de Fecode, Bogotá, octubre 20 de 2016

Hace cincuenta años los maestros del Magdalena marchaban de Santa Marta hacia Bogotá en una epopeya que establecería un hito casi que fundacional en las luchas del magisterio colombiano, “La marcha del hambre”. La respuesta espontánea y solidaria de las poblaciones por donde pasaban los marchantes se nutría del conocimiento de las indignantes circunstancias laborales a las que los sometía el Estado. Esa lucha y las que le seguirían, señaladas por prolongados paros y masivas movilizaciones, darían por resultados cambios significativos: la ley 43 de 1975 que puso la obligación de financiar la educación en cabeza de la Nación y no de municipios y departamentos permanentemente quebrados, el Estatuto Docente establecido en el Decreto 2277 de 1979 que garantizó con su escalafón la movilidad salarial y un régimen disciplinario especial, la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, garantizando pensiones, salud y cesantías, la excepción a la ley 100 con la cual se mantuvo el régimen especial, la conquista de la Ley General de Educación, la reforma educativa más progresista del siglo XX con la conquista de la autonomía educativa y la financiación alcanzada con la ley 60.

Nada de ello hubiera sido posible sin que la lucha fuera guiada por la necesaria claridad de los maestros sobre las tareas fundamentales del gremio: la defensa de la educación pública, científica, democrática y al servicio del desarrollo de Colombia y de los derechos de los educadores. Para ello se contó con FECODE como su unificada estructura organizativa.

Los avances alcanzados no dejaron de sufrir las arremetida de la política neoliberal: la ley 29 de 1989 como vía para volver a la municipalización, la privatizadora Apertura Educativa de 1990, el código único de la ley 200, que acabó con el régimen disciplinario especial, la contrarreforma educativa sin que aún se secará la tinta con que se escribió la Ley General, los convenios de racionalización impuestos a departamentos y municipios aprovechando la crisis económica de 1999 y un agudo proceso de privatización con colegios en concesión, escuelas entregadas a empresas privadas y contratación para la atención de estudiantes en colegios privados.

Este siglo comenzaría con un ataque frontal: la modificación de la financiación de la educación, una contrarreforma educativa contra la ciencia y la autonomía educativa y la entronización del Estatuto Docente del Decreto 1278. Pese a la enconada lucha del magisterio y la comunidad educativa en el paro de 2001 Pastrana y su ministro Santos sacaron adelante la reforma constitucional. La pérdida de 84 billones de pesos de la educación corrió pareja con la pérdida de la estabilidad laboral, el derecho a ascender y con el aumento de las horas de clase y del tiempo de permanencia de los docentes, así como el hacinamiento de los estudiantes como política oficial y la imposición por competencias para adecuar la educación a los intereses de los monopolios y a la informalidad.

En consecuencia, las condiciones laborales que habían mejorado en las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado se vieron dramáticamente desmejoradas. Se dividió al magisterio en cuanto a sus derechos, pretendiendo el Gobierno, además, bajo la consigna de “romperle el espinazo a FECODE”, condenar al magisterio a la conciliación y la división.

En los últimos años el magisterio nuevamente se puso en pie. En particular el paro del año pasado fue una batalla de importancia. Durante 16 días se dieron grandes movilizaciones que condujeron a un acuerdo con el Gobierno: nivelación salarial y un nuevo mecanismo de ascensos que ha conducido a un alto porcentaje de ascensos, como aspectos de mayor relieve.

El 2016 ha visto una nueva ofensiva, adobada con la rimbombante propaganda santista de Colombia la más educada y de la jornada única, de recorte de los recursos de las trasferencias, de contratación con derecho privado de la salud de los maestros que sólo puede desmejorar la ya de por sí precarias condiciones de las prestación de los servicios y una contrarreforma educativa y laboral con los decretos 490, 501 y 915 aumentando las cargas laborales y la inestabilidad, forzando el aumento del tiempo de permanencia en los colegios, obstaculizando el ingreso a la carrera docente, violando flagrantemente la autonomía escolar y la libertad de cátedra para imponer una concepción de la educación que va abiertamente en contravía con las inmensas necesidades de desarrollo que tiene el país.

Ante semejante arremetida el magisterio colombiano debe cerrar filas para enfrentar a Santos con la movilización y el paro.

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