Los estragos de los dineros ilícitos

En el discurso de instalación del XII Congreso Panamericano sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, la presidenta de la Asociación Bancaria de Colombia, María Mercedes Cuéllar, afirmó que el monto del lavado de dinero en Colombia durante el año 2011, superó el 3% del producto interno bruto (PIB). Para ponerlo en pesos contantes y sonantes, ese volumen de dinero se estima en 20 billones de pesos. Señaló además, que ese delito involucra no solo dineros provenientes del narcotráfico –que sigue siendo la fuente más importante– sino que se ha diversificado a sectores como la corrupción y los delitos contra el presupuesto del Estado, el tráfico de armas, la minería ilegal y la financiación del terrorismo.

Esos 20 billones de pesos, significan el 20% de lo que recaudará por impuestos el gobierno nacional en el año 2012, que si se compara con el presupuesto destinado a la policía y a la rama judicial, 14 billones de pesos, en el mismo año, da la dimensión de la presión que los dineros ilícitos ejercen sobre las instituciones encargadas de vigilar y controlar las actividades delincuenciales de todo tipo.

Con relación al narcotráfico dijo, que según informe de la ONU, el crimen organizado moviliza anualmente 320.000 millones de dólares; y que en el caso colombiano “los flujos económicos generados por la producción y el tráfico de cocaína se aproximan a los 13,6 billones de pesos anuales, de los cuales el 71 % corresponde a la comercialización de la droga y el 29 % restante se distribuye entre las diferentes etapas de cultivo y procesamiento”

Es importante apreciar que aunque la participación de los dineros provenientes del narcotráfico es un volumen importante, el crecimiento exponencial de los dineros originados en la corrupción tiene un peso significativo. Los delitos contra el presupuesto del Estado a todos los niveles están desbordados: la legislación favorable a los intereses de los monopolios y el capital financiero –el más reciente de ellos la prorroga inexplicada del contrato de explotación del níquel en Cerromatoso–, donde los ministerios de Minas, Comunicaciones y Comercio, se llevan el campeonato; el asalto descarado e imparable de la contratación oficial en los niveles nacional, departamental y municipal; la conversión en feudos podridos de las Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación Familiar, fondos parafiscales de todo tipo, para señalar unos pocos, son ejemplos vergonzosos del cinismo y el descaro como se asalta a diario los dineros de los colombianos.

Si las acusaciones sobre la corrupción en el sector judicial –encargado de controlar el delito– que se están destapando a diario, son ciertas y están adquiriendo el carácter de enfermedad generalizada, la descomposición de la sociedad estaría llegando a ribetes francamente preocupantes. ¿Si la sal se corrompe que ejemplo puede percibir una nación de trabajadores desempleados y en la pobreza, como es la situación de la mayoría de ciudadanos colombianos? ¿Cuándo será que jueces y fiscales reaccionarán y entenderán que en sus manos está preservar la sociedad relativamente democrática que hemos construido en 200 años de historia?