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Madres desamparadas

Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, abril 11 de 2016

Ya no volverá a disfrutar del suculento sancocho de pescado loriquero acompañado de arroz de coco frito y rematado con el exquisito dulce de coco, tampoco sus niños volverán a sentir la protección y el afecto que por tantos años Leonor Montes, la vocera departamental de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Córdoba, les brindó y sus compañeras que siempre encontraron en ella el respaldo a sus justos reclamos extrañaran el espíritu solidario y la tenacidad con que increpó siempre al gobierno por mantenerlas reducidas a una condición laboral indigna a pesar de cumplir una función vital en la atención de los primeros años de miles de niños en Colombia.

La diabetes la tenía postrada en una silla de ruedas y sin embargo no estaba afiliada al sistema de seguridad social, entre sus familiares y compañeras reunieron el dinero para enviarla a Medellín con el propósito de que recibiera la atención que requería pero el sistema de salud convertido en un negocio entre el papeleo y los filtros para reducir los costos colaboró en el deterioro de su organismo que finalmente no resistió.

Ya ella había denunciado que mediante el mecanismo de banco de oferentes que se inventó la dirección del Instituto para entregarles los contratos a operadores de sus simpatías no se habían adelantado los contratos de trabajo con las madres y por tanto tampoco gozan de seguridad social, la mayoría de las 76.000 de ellas se encuentran en esa situación; por otro lado están buscando el mecanismo para ir despachando a las más antiguas en razón a que el gobierno está avisado del reclamo que se le viene por años de eludir las responsabilidades de un contrato laboral que siempre les ha negado pero que la Corte Constitucional ahora admite presumiblemente existe entre las madres comunitarias y el ICBF.

Razones de sobra asisten a las madres comunitarias que iniciaron hace unos días un paro para reclamarle al gobierno que les garantice estabilidad laboral, pues como le ocurre a todo contratista deben sufrir el calvario de la espera a ver si se los renuevan; así mismo dado que ha habido una subordinación continuada con el instituto que les ha venido retribuyendo con un salario están exigiendo se les asegure una pensión que se merecen por años de trabajo y finalmente demandan que se mejore la minuta de alimentación a los niños que supuestamente tan solo cubre el 70% de sus requerimientos nutricionales; por los niños de nuestro país saludamos y apoyamos sus peticiones.

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