Marmato, despojo a cielo abierto

No existe actividad alguna que pueda ser denominada minería a cielo abierto responsable o con desarrollo sostenible, cuando esta se produce sobre centros poblados o en inmediación a ellos. Por definición, la minería a cielo abierto para la explotación de oro es una actividad insustentable que supone el agotamiento del recurso generalmente en un periodo corto de tiempo. Arrasa por medio de maquinaria pesada y explosivos, enormes cantidades de capa vegetal y de suelo y se utilizan inconmensurables cantidades de agua que se mezcla en un coctel químico mortal, con cianuro, mercurio, acido sulfúrico u otras sustancias. Es una actividad que cuando se ejecuta cerca a poblaciones, acarrea en términos sociales, culturales y ecológicos, impactos altamente nocivos que generalmente llevan a una devastación casi total de las comunidades, pero que por otro lado le generan ganancias exorbitantes a quienes poseen el capital y los medios de producción necesarios para su desarrollo. Esta es la primera claridad que debe hacerse frente a este tema, ya que son los hechos los que demuestran la inconveniencia que para el ambiente y la sociedad conlleva este tipo de minería y son los eventos los que prueban que no se puede dar desarrollo sostenible cuando se efectúa de esta manera, ya que no se conjugan en ella equitativamente, el bienestar social de la comunidad, el lucro económico y la preservación del medio ambiente. La búsqueda del lucro siempre es mayor, como lo expresa el nobel de economía Joseph Stiglitz en su libro El malestar en la globalización: “la renta generada por las concesiones en la minería puede ser cuantiosa, pero el desarrollo es una transformación de la sociedad. Una inversión en una mina, apenas colabora en la transformación del desarrollo, más allá de los recursos que genera.” La polémica y los justos reclamos que se han desatado en los últimos meses en el municipio de Marmato, en el departamento de Caldas, no se deben únicamente al deseo de llevar a cabo allí este tipo de explotación, sino porque existe la intención por parte de la compañía canadiense Medoro Resources (si los estudios y la exploración previa indican su conveniencia) de desarrollar este proyecto, para lo que se haría necesario, literalmente tumbar el pueblo. De aprobarse una explotación a cielo abierto, la transnacional de un solo “tajo” acabaría con la tradición, las costumbres y la historia de un pueblo que ha sido por 474 años uno de los mayores productores de oro en Colombia, y que desde sus albores ha ejecutado la minería artesanal o de socavón, que ha demostrado ser perdurable, menos perjudicial y más equitativa que la de cielo abierto. Eso sí, dentro del mentado desarrollo sostenible que pregona la compañía, planean dejar como regalo un lago en una de las zonas destruidas. Altruismo corporativo tóxico seria el obsequio.

No es fortuito entonces, que ahora ante los requerimientos de la empresa, se erijan diversos argumentos para desplazar a una población que sobrepasa los 8 mil habitantes y que se compone en un 17% de indígenas y en un 55% de comunidades negras. En los últimos meses no han sido pocos los comunicados y declaraciones que sitúan al pueblo al borde de una hecatombe o de una catástrofe natural. Cualquier deslizamiento o accidente al interior de las minas, por minúsculo que sea, se magnifica de manera tal que parezca que las autoridades departamentales y nacionales tienen la razón y que el pueblo debe ser trasladado debido a la inminencia de un desastre. Ningún estudio serio avala dichas posiciones e incluso Ingeominas (Instituto Colombiano de Geología y Minería) en varias evaluaciones hechas con anterioridad, advierte que los riesgos de la zona son mitigables y llama eso si a generar políticas de restricción de explotación en algunas zonas, mas no se indica de ninguna manera que el pueblo padezca un riesgo apremiante que lo exponga a su desaparición. El único peligro inminente es la compañía que pretende desalojar de su hogar a miles de personas.

Sin embargo y pese a esto, intentan mostrarnos esto como la operación más usual y corriente de todas, como si tumbar un pueblo, para posteriormente realizar una explotación minera, fuera el procedimiento más normal del mundo. A esto se suman además una serie de medidas gubernamentales que les impiden a los mineros locales obtener explosivos adecuados para sus minas, se detienen cargas de madera con la documentación correspondiente, imposibilitando su entrada al pueblo y se tratan solo algunas de las aguas que bajan de la montaña. A los pequeños mineros se les viene aplicando un asfixiamiento progresivo que los obliga finalmente a vender sus minas a la gran compañía. El gobierno en lugar de proteger y velar por los intereses de los habitantes de Marmato, funge como lobbysta e intermediario de lujo de las grandes transnacionales, allanándoles el camino para que materialicen sus propósitos, sin importar las consecuencias para la población.

Las desmesuradas pretensiones de Medoro para explotar el llamado “Cerro del burro”, donde está ubicado el casco urbano de Marmato, no son difíciles de entender. Y es que este no es un negocio de poca monta, estamos hablando del metal precioso por excelencia en el mundo y que en Marmato abunda por doquier. De acuerdo a estudios realizados por Medoro, se estima que entre la parte alta y baja del cerro y la vereda Echandia, es posible extraer en total 7, 5 millones de onzas de oro; tarea que piensan cumplir en tan solo 20 años. Teniendo en cuenta los indicadores del banco de la república del mes de Julio del presente año, el valor del gramo de oro ha oscilado entre los 71,780 y los 76,271 pesos. Advirtiendo que cada onza contiene 28,34 gramos de oro, si la compañía hipotéticamente vendiera las 7,5 millones de onzas de oro hoy, al valor mínimo por gramo de este mes, o sea 71,780, los ingresos serian del orden de 15’256’839’000.000, es decir, 15 billones, 256 mil 839 millones de pesos o en dólares 8 mil 292 millones, 210 mil 358 dólares. Una cantidad formidable de oro que representa una excepcional cuantía económica, enmarcada dentro de un lucrativo negocio que beneficia de gran manera a algunos, a los grandes poseedores de capital. Parece que en Marmato asistimos a otro capítulo de la inverosímil, pero en nuestro caso, veraz leyenda de El dorado. Leyenda vuelta realidad y que se replica en múltiples regiones de nuestra inmensamente rica pero expoliadisima nación. El capital financiero internacional- como hace 500 años lo hicieran los imperios que nos dominaban abierta y totalmente- lleva las riendas económicas de nuestra nación y por ende el manejo de nuestro diario devenir. Los caudillos entreguistas han hecho muy bien su tarea facilitando los procesos para que se nos convirtiera en una neocolonia; en ella conceden gentilmente el brillo de nuestra riqueza al capital foráneo y relegan a nuestro pueblo a la más oscura y lúgubre realidad. Cabe aclarar que no todo está bien en Marmato en la actualidad. Se necesita acompañamiento constante, mejor planeación y mejoras sustanciales en la forma como se desarrolla la minería artesanal, haciendo énfasis especial en la protección física de los trabajadores. Pero lo que es claro, es que la minería a cielo abierto, contrario a resolver estos inconvenientes, los agudizaría, generando un desempleo rampante, una tragedia ambiental enorme y un éxodo masivo. Las dificultades en vez de amainar se intensificarían. Aparte de los argumentos sociales y ecológicos esgrimidos por la población, existen también, por lo menos cuatro impedimentos legales estipulados en el código de minas colombiano, la constitución nacional y en decretos legislativos, que respaldan la posición de los habitantes de Marmato. Lo que está establecido es que: “no se puede hacer minería en cascos urbanos”, “no se puede hacer minería en zonas históricas”, “los proyectos mineros no pueden desintegrar las comunidades indígenas y negras de la región, y deben consultarse con sus representantes” y “la zona alta de Marmato está reservada para pequeña minería.” Los pobladores de Marmato, el llamado pesebre de oro de Colombia, de manera justa y valiente, se resisten a ser despojados de un milenario territorio que les ha dado vida y sustento y en el que han desarrollado sus labores por generaciones. El arraigo no es únicamente a la actividad minera que desempeñan y de la cual derivan su sostenimiento, sino a una tierra que les ha brindado hospitalidad, tranquilidad y paz durante siglos. La autodeterminación de los pueblos es un derecho que debe ser fuertemente defendido y reivindicado, cualquiera sea el escenario. El destino de Marmato dependerá única y exclusivamente de sus habitantes y esta lucha que emprenden en defensa de sus tierras, será acompañada y respaldada hasta el final, por quienes creemos que Colombia puede y debe ser una nación libre y soberana.