Más de la mitad del ancho del río Magdalena para un muelle privado en Barranquilla

Las alarmas se prendieron el pasado 18 de marzo cuando El Heraldo informó que la estatal Cormagdalena había otorgado una concesión a la empresa River Port para construir un muelle a 17 kilómetros de Bocas de Ceniza, el cual se podrá adentrar 340 metros desde la orilla occidental del río Madalena sobre los 650 metros que tiene de ancho en ese sitio, sumatoria que corresponde a “la longitud de la banda transportadora, el muelle flotante, la manga del buque y la longitud de la cadena de apoyo”. Quedaría copando la concesión privada el 56 por ciento del ancho del río.

El muelle de River Port hace parte del Proyecto Industrial Portuario del Caribe PIPCA en el que participan inversionistas privados y el distrito de Barranquilla, el cual consta de 47 hectáreas de superficie desde cerca al centro de la ciudad hasta el río Magdalena para sus actividades. En el año 2005 la Dirección Marítima DIMAR dio un concepto negativo para este muelle por “el gran riesgo para las operaciones de los buques así como para el normal tránsito de las embarcaciones en el actual canal navegable”. Un año más tarde la misma DIMAR ratificó de nuevo su renuencia. Pero, a pesar de lo anterior, Cormagdalena otorgó la concesión el 4 de mayo de 2006 y la Dirección Marítima en forma inexplicable termina otorgando su aval técnico.

El diario La República en entrevista con Gustavo Duarte, gerente de Inacar, constructora que ejecutará el proyecto, informa que se trata de un puerto privado en el que se ubicarán dos empresas. La primera es Italcol que es una planta de alimentos concentrados que funciona en la zona del puerto y cuya producción se dirige el 80 % al mercado interno. La otra empresa es Coquecol que se dedica a exportar carbón. Estas dos compañías forman parte de la Zona Franca Pipca, que como las de su género tienen amplias exenciones de impuestos y demás gabelas de la política de confianza inversionista para el capital extranjero principalmente.

Frente a las críticas suscitadas por la alegre y contraproducente concesión, el gerente general de River Port, César Restrepo, la trató de justificar diciendo que: en la orilla del proyecto hay mucha sedimentación, que en diferentes puertos fluviales utilizan soluciones similares, como en New Orleans sobre el río Missisipi; que la DIMAR dio concepto favorable y Cormagdalena otorgó la concesión, que en lo que queda del ancho del río pueden pasar dos grandes buques y que la inversión es de 700 millones de dólares.

Estas justificaciones no resuelven las dudas por lo siguiente: si la orilla tiene sedimentos les toca buscar otra y no copar la mitad el río, no pueden comparar el río Magdalena con el Missisipi por cuanto este termina en un gran delta que tiene un puente de 9.6 kilómetros de longitud a lo ancho del río, el concepto favorable de la DIMAR está precedido de dos conceptos bien elaborados negativos y una alta inversión no puede justificar una obra sino su conveniencia y beneficios para el progreso y que no traiga consecuencias de daños irreparables, como es el caso, que contraría el elemental principio de precaución consagrado en la ley 99 de 1993.

Finalmente se han venido expresando una cantidad de voces solicitando un replanteamiento de esta concesión por inconveniente para la navegabilidad en el último tramo del río Magdalena, como las del senador José David Name, Nicolás Abuchaibe de Port Magdalena, César Lorduy gerente de la sección portuaria de Monómeros, del concejal de Barranquilla Mauricio Gómez, lo que amerita un pronunciamiento oficial de las autoridades de los distintos niveles ya que es mejor prevenir que curar.