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Modelo de país y modelo de educación. Sobre la audiencia pública de la MANE

Juan Sebastián López M, El Espectador, Bogotá, septiembre 24 de 2014

La división internacional del trabajo decidida por los Estados Unidos para los países de su órbita, le asignó a Colombia, además del papel de despensa de recursos naturales y mano de obra barata, el de ser destino de las exportaciones norteamericanas de toda clase de bienes y servicios y sobretodo de capital financiero. Ese modelo, conocido como Consenso de Washington o neoliberalismo y más recientemente como “confianza inversionista”, es la causa principal de la aguda crisis que padece la universidad colombiana.

Desde Gaviria hasta Santos, los últimos gobiernos han adoptado con servilismo la imposición norteamericana y, en consecuencia, jamás se han preocupado porque el país produzca bienes complejos, bienes con alto valor agregado que impliquen trabajo humano cualificado. Para eso están las importaciones dirán.

La política de importar los bienes de alta tecnología y cuya producción requiere una educación de alta calidad y pagarlos con exportaciones de recursos naturales y endeudamiento externo, ha implicado que la universidad pierda su papel protagónico en la sociedad y degrade la calidad. ¿Para qué investigación e innovación si lo que hacemos en Colombia es sacar oro como se hacía en la Colonia? ¿Para qué agrónomos, ingenieros, artistas y humanistas si importamos la comida, las maquinas, la cultura y la mentalidad?

A los cambios tan negativos en la economía colombiana, descritos de manera juiciosa por Cesar Ferrari (http://bit.ly/1CicZ2g), le corresponden otros tantos en la educación superior. Mientras que en 1992 el Estado aportaba 8 de cada 10 pesos del presupuesto de las universidades públicas, hoy solo aporta 5 de cada 10. Así las universidades se ven empujadas a la privatización pues deben buscar la mitad de su presupuesto vendiendo servicios al mejor postor o cobrando matrículas. Tras haber cuadruplicado el numero de estudiantes pasando de 159 mil en 1992 a más de 600 mil en la actualidad, sin recursos adicionales, las 32 universidades públicas del país han acumulado un déficit de $11.3 billones de pesos. En cuanto al sector privado, las pocas instituciones de calidad cobran matriculas impagables para la gran mayoría de colombianos mientras pululan las universidades de garaje, también caras para el poder adquisitivo de sus estudiantes y de mala calidad.

Estos cambios en el sistema universitario se explican no por la desidia de la comunidad universitaria sino por el control que ejerce el gobierno y los organismos internacionales que lo orientan en los órganos de gobierno universitario. La Ley 30 ha convertido el principio de la Autonomía Universitaria en una quimera.

El “Acuerdo por lo Superior 2034” presentado por el gobierno de Santos y la ministra Gina Parody como una hoja de ruta para los próximos 20 años, desconoce de cabo a rabo la realidad de la educación superior en Colombia y ahonda los males descritos. No en vano varios sectores de la comunidad académica han expresado serios reparos al documento del CESU, incluido el actual rector del Universidad Nacional, el ex rector Wasserman, el decano de ingeniería de la Universidad de los Andes Eduardo Behrentz, el rector de la Universidad de Nariño, el profesor Leopoldo Múnera y varios organizaciones estudiantiles y profesorales, entre otros.

No se trata solo de un reencauche de la Ley 112 de 2011 derrotada por la MANE, es más que eso. El tal “Acuerdo” recoge las orientaciones del Banco Mundial y la OCDE para, una vez más, insistir en la reducción del gasto público en educación superior y adecuar el sector para convertirlo en locomotora del capital financiero trasnacional degradando la calidad y condenando al país al atraso y el subdesarrollo.

El viernes 23 de septiembre a las 2:00 pm en el salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil junto a los congresistas Jorge Enrique Robledo, Víctor Correa, Senén Niño, Alberto Castilla y Ángela María Robledo realizarán una Audiencia Pública en la que se expondrán los últimos desarrollos de esta crisis de la educación superior, las verdades que esconde el tal “Acuerdo por lo Superior 2034” y las propuestas que plantea la MANE para sacar al sector de la postración en la que se encuentra desde hace décadas.

El creciente rechazo al Acuerdo 2034 debe llevar al gobierno a cesar su implementación, solucionar el déficit estructural de las universidades públicas y brindar garantías para la discusión amplia, seria y democrática de una reforma estructural a la educación superior.

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