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No a la discriminación, sí a la autonomía

Tribuna Magisterial, Bogotá, agosto 12 de 2016

La Educación colombiana, sea pública o privada, debe garantizar que no haya discriminación por sexo, raza, religión, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica, tal como lo establece la Constitución y lo desarrolla la ley 1620 de 2013 sobre convivencia escolar, en cuanto al derecho de los estudiantes “a ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de sus proyectos de vida”. Al respecto la Corte Constitucional ha sentenciado reiteradamente contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en ambientes escolares.

La ley 1620 creó el Sistema Nacional de Convivencia. De sus principales órganos de dirección, el Comité Nacional y los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, se excluyó a maestros, padres de familia y estudiantes, lo que no tiene justificación alguna y riñe con el más elemental sentido democrático. Con el decreto 1965 de 2013 se reglamentó la actualización de los manuales de convivencia de las instituciones educativas. El Manual de convivencia “deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia”. No obstante que han pasado casi tres años el gobierno no ha avanzado en el debate en esas instancias, pero ahora, de manera intempestiva, se conoce un documento sobre orientaciones sexuales.

Con la ley 115 de 1994, fruto de la lucha del magisterio y la comunidad educativa, se estableció la autonomía escolar. Se elaboran Manual de convivencia, proyecto educativo institucional, currículo y plan de estudios en ejercicio de dicha autonomía, y dentro de los límites fijados por la constitución y la ley. Pero el Gobierno Nacional se ha dado a la tarea de negar la autonomía imponiendo métodos, contenidos, formas de organización y posiciones filosóficas y epistemológicas como, para no ir más lejos, lo hace con los últimos decretos sobre jornada única, tipos de cargos e ingreso a la carrera docente que configuran una reforma educativa y laboral adelantada desde el Ministerio por encargo de la OCDE. En lo atinente a los programas del MEN se ha institucionalizado la práctica de socavar la autonomía con la argucia de presentar lo que son imposiciones como “orientaciones” y “recomendaciones”. Se ha llegado al extremo de incluir las “recomendaciones” en las normas.

Los maestros colombianos estamos comprometidos en proteger a nuestros estudiantes de la discriminación y lo hacemos en el marco de la autonomía escolar y el acatamiento a lo establecido en la constitución, la ley y las sentencias de la Corte Constitucional.

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