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Nueva economía política agropecuaria en Colombia: caso azúcar

Aurelio Suárez Montoya, El Tiempo, Bogotá, noviembre 11 de 2015

Los azucareros son tenidos como un gran poder en Colombia. Trece ingenios producen 2,4 millones de toneladas de azúcar –de las que exportan cerca de 800.000–, 2,5 millones de barriles de etanol y más de 280.000 toneladas de melazas, en 225.000 hectáreas, un 75 por ciento de propiedad de 2.750 cultivadores independientes, y generan 188.000 empleos directos e indirectos. Configura el núcleo de la cadena del dulce.

También a ella pertenecen 350.000 familias paneleras, que cultivan 205.000 hectáreas, ocupando directa e indirectamente a 846.000 personas, que muelen, en 20.000 trapiches, 1,3 millones de toneladas. La panela es un bien sustituto, y las variaciones en su precio obedecen en 62,96 por ciento “a cambios en el precio del azúcar”.

La producción azucarera en el Valle del Cauca data desde Benalcázar, favorecida en la colonia por el mercado de esclavos de Popayán. Durante el siglo XX, tres hitos la consolidaron: 1) La Misión Chardon, en 1929, que recomendó expandir el cultivo y tecnificar la industria para atender el mercado interno, y así sucedió en las olas industriales de 1930 y de la Segunda Guerra Mundial, cuando aumentaron tanto ingenios como producción; 2) Las necesidades de Estados Unidos, luego de cortar el suministro de Cuba, que tenía el 37 por ciento de su mercado, al buscar proveedores sucedáneos otorgó a Colombia una cuota del 3 por ciento; y 3) El pacto de la Organización Internacional del Azúcar, que, desde 1968 hasta 1978, aseguró precios y cantidades a los países productores de la órbita occidental y asignó una cuota exportable de 75.000 toneladas. Entre 1962 y 1983 la producción creció 5,9 por ciento anual y las exportaciones 6,6 por ciento, ya arriba de 200.000 toneladas.

Siempre el sector pidió separar precios internos de externos. El mercado mundial es de excedentes, con distorsiones causadas por cuantiosos subsidios, que anualmente en Brasil valen 2.500 millones de dólares; en Tailandia, 1.300, y en Europa, 650; por la volatilidad de los ciclos de precios y por la posición brasileña dominante del 40 por ciento del comercio. Esa disociación se dio en 1995 con el Sistema Andino de Franja de Precios. Así mismo, se estableció el Fondo de Estabilización, para regular la relación entre cultivadores e ingenios. Estudios independientes e institucionales atribuyen a ambos mecanismos un mayor carácter de estabilización del precio interno –más que de protección–, en un 28 por ciento por encima de la cotización internacional, de los más bajos entre muchos países.

En las negociaciones del TLC con Estados Unidos, el arancel norteamericano no bajó a cero y se acordó una baja cuota preferencial. A los azucareros se les ofreció, junto con los palmeros, el ‘espejito’ de exportar etanol y biodiésel, respectivamente, aunque Estados Unidos fuera el primer exportador y productor mundial de alcohol carburante, a costos inferiores, que tenderán aún más a la baja cuando la celulosa sea la materia prima principal.

Esta economía política histórica de favorecimiento se contradice con la sanción por 320.000 millones de pesos, impuesta por la SIC, atendiendo demandas de empresas procesadoras multinacionales, a doce de los ingenios, directivos, organizaciones gremiales y comerciales por “una conducta concertada y coordinada para obstruir importación de azúcar de otros países...”. Es un punto de quiebre.

La contradicción del fallo no estriba solo en el monto descomunal del castigo, igual a las utilidades del sector en el 2014, ni en los alegatos jurídicos en torno al debido proceso y algunas pruebas, sino en el hecho irrefutable de que las importaciones de azúcar (2010-2014), que suman 1,053 millones de toneladas, y las de etanol, provenientes de Estados Unidos (abril/2013-agosto/2015), que alcanzaron 196.000 barriles, no brindan evidencia de un “cartel antiimportador”.

Aunque se halague al consumidor, lo que asoma en el fallo de la SIC es la desestabilización del sector, que hasta cuestiona sus mecanismos de regulación, y, en sintonía con la intentona de Mincomercio de bajar los aranceles máximos, algo que podría incluso extenderse a otras ramas, se enmarca en los requisitos del futuro acuerdo TPP, que anticipa como ganadores a Australia y a la agricultura estadounidense con su poderosa industria de etanol, hoy con márgenes disminuidos en más del 10 por ciento por el bajo precio del petróleo. La noticia es un regresivo cambio en la economía política agrícola, de la nacional a la extranjera, un salto al vacío.

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