PASTRANA INSISTE EN LA PRIVATIZACIÓN DE LA CHEC

Es tal la sumisión del pastranismo a lo que ordenen los monopolios foráneos, que quien sustentó la propuesta de reforma estatutaria de la Chec fue una empleada de la banca de inversión Rothschild, la institución financiera encargada de vender las 14 electrificadoras regionales.

A pesar de que prácticamente todas las fuerzas representativas del departamento de Caldas y de la región que sirve la CHEC se oponen a su privatización, el gobierno nacional insiste en su venta. Para ello se quiere valer de una mayoría accionaria evidentemente exigua (tiene el 50,045 por ciento de las acciones) y eso porque nunca aceptó convertir en acciones lo invertido en electrificación por los municipios y el Comité Departamental de Cafeteros, en tanto sí volvió acciones prácticamente cada centavo que ha gastado la Nación en la CHEC. Y a la administración Pastrana también la tiene sin cuidado que la CHEC tenga el mayor cubrimiento en áreas rurales del país (el 97 por ciento) y que con la privatización se vengan más alzas en las tarifas y se arriesgue de manera grave la prestación del servicio en las zonas populares urbanas y en todas las rurales. La insistencia de la administración Pastrana en privatizar la CHEC tiene dos explicaciones. De una parte, busca hacer atractiva la venta de las restantes 13 electrificadoras regionales que tienen condiciones financieras menos buenas que las de la CHEC, porque la idea es hacer la venta en paquete. Y, principalmente, porque así se contempla en el Plan Colombia y en el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, con el obvio propósito de favorecer a los inversionistas extranjeros. Además de la gran oposición regional a la privatización de la CHEC, el gobierno nacional tiene otro obstáculo para lograr su turbio propósito. Y es que los estatutos de la empresa impiden que se tomen decisiones fundamentales sin contar con el voto favorable de las acciones de Caldas (el 40,348 por ciento) y que también se oponen los representantes de los otros accionistas de la región que poseen el 9,607 por ciento. En la última reunión de junta directiva de la CHEC, el 31 de marzo pasado, Tony Jozame, gobernador de Caldas, señaló: "no venderemos nuestras acciones en la empresa. En definitiva, no a la privatización". Por su parte, el gobernador de Risaralda, Carlos Arturo López Angel, también miembro de la junta directiva, dijo que "una empresa que es ejemplo nacional no se la debe castigar con la privatización" y agregó: "haremos resistencia hasta donde podamos. Nuestros municipios socios no van a vender, así tengan la minoría. Nuestra participación es un patrimonio simbólico que no es vendible". E igualmente expresaron sus reparos Luis Roberto Rivas, representante de la acciones del municipio de Manizales, y Alberto Jaramillo Botero, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros y miembro de la junta directiva de la empresa. Esta última contradicción entre quienes están representando los intereses de los caldenses y los colombianos y los funcionarios del gobierno nacional, que sin duda actúan como voceros de los extranjeros, se dio porque la representante del Ministerio de Minas en la Junta de la CHEC tuvo el descaro de proponer una reforma de los estatutos de la empresa que le arrebata el poder de decisión a los representantes de la región. Es tal la sumisión del pastranismo a lo que ordenen los monopolios foráneos, que quien sustentó la propuesta de reforma estatutaria fue una empleada de la banca de inversión Rothschild, la institución financiera encargada de organizar la venta de las 14 electrificadoras regionales. ¿Cuánto se ganará el ex ministro de Gaviria que gerencia a Rothschild en Colombia por intrigar en contra del interés nacional?