PRECISIONES NECESARIAS

1. LOS DESVARÍOS DEL VIRAJE OFICIAL

Queremos exponer de nuevo nuestras opiniones porque nos hallamos dentro de un caos enorme, cuya alocada trayectoria bien podría tender hacia desenlaces aún más lesivos para el pueblo, que es, en definitiva, el soporte de la nación y sufre sin remedio las consecuencias de los quebrantos de ésta. Ninguno de los signos vitales de Colombia llama al optimismo. Los presagios tanto económicos como políticos son preocupantes. Sobre todo el baño de sangre que nos ahoga, esa violencia absurda y desenfrenada que golpea no sólo a seres inocentes sino a bienes esenciales. Hace poco la zozobra se reducía a unas cuantas regiones apartadas. Durante la administración Betancur se extendió a varios departamentos, y hoy no existe espacio de la geografía patria, incluidas las grandes capitales, en el que las gentes se sientan seguras. No creemos estar exagerando, pese al esfuerzo que despliegan algunos medios de divulgación por suavizar los estruendosos percances.

Esto lo veíamos venir, al captar como las fuerzas sociales y políticas básicas lucían incapaces de detener la demagogia ramplona de los gobernantes. Y lo señalamos públicamente. Desde enero de 1986 propusimos la conformación de un frente de sa1vación nacional alrededor de la defensa de cuatro fundamentos: la soberanía de Colombia, las actividades productivas, los principios democráticos y el bienestar de las masas populares. La mayoría de las organizaciones partidistas en los últimos dos años ha coincidido con nosotros en hacer un llamamiento de unidad, pero desgraciadamente todo se ha diluido en los mezquinos afanes de grupo. El gobierno de Barco, como se ha dicho, ni pudo ni quiso congregar a la nación en torno de sus legítimas aspiraciones. Y ahora ha decidido, en el crepúsculo de su período, concentrar las postreras energías en la lucha contra el narcotráfico, entregándose en el ámbito interno y externo a un trajín nunca visto. Aquel azote ha sido desde luego una planta exótica que debe extirparse; sin embargo, no es el problema fundamental del país, ni el régimen ha asumido ante él una postura coherente. Diversos episodios dejan al descubierto las inconsecuencias.

El penúltimo ministro de desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, en el congreso de Acopi, realizado en Medellín un día antes de la muerte de Luis Carlos Galán, habló de la contribución económica de los narcotraficantes al producto interno bruto y llegó al colmo de poner de ejemplo el «ingenio» y la «malicia » de éstos a los exportadores colombianos. Esas tesis constituyen apenas un trozo de la tela por cortar, una muestra de la forma alegre e irresponsable como las autoridades abordaron el fenómeno. Hasta hace unas semanas el Ejecutivo insistía unilateralmente en el consumo de los Estados Unidos, o en los químicos, vehículos y armas procedentes de las repúblicas avanzadas para explicarse el fabuloso negocio de la droga. Dentro de su estratagema sin duda no estaba la batalla campal que después abriría. Incluso, el 1o. de septiembre de 1988, al proponer la «paz», el presidente convocó a todas las manifestaciones de la violencia, «no sólo las generadas por los grupos guerrilleros», con el propósito de resolver también por conducto del diálogo el incómodo embrollo. Y lo corroboran las revelaciones acerca de los contactos de Joaquín Vallejo Arbeláez, el ocasional emisario de buena voluntad del cartel de Medellín, con Germán Montoya, el secretario de confianza de Barco. Ante el cúmulo de inculpaciones, la presidencia ha respondido igual que siempre, con una notita rectificadora. Y de pronto se decide por la extradición, el decomiso y las demás medidas de estado de sitio enunciadas el 18 de agosto. Aunque el gobierno pueda alegar a su favor las tormentosas circunstancias de orden público de aquellos días, como la muerte de un gobernador, un magistrado o un director de la policía, estamos convencidos de que el giro radical de su enfoque obedece, antes que nada, a las irresistibles presiones de los Estados Unidos. Tampoco es cierta la sensación todavía subsistente en amplios sectores de que los decretos aludidos fueran la airada respuesta al asesinato de Galán, porque este magnicidio abominable se produjo horas después de la firma de los mismos. Caben entonces algunas precisiones necesarias, puesto que los dueños de la república colocaron el país a mirar hacia un solo lado, desentendiéndolo por lo menos temporalmente de sus agobios principales.

Los que delincan dentro de cualquiera de las esferas del quehacer social han de ser procesados y condenados, y además de manera pronta y cumplida, cual reza el antiguo aforismo. Pero esta potestad republicana debe llevarse a cabo conforme a los cánones constitucionales y legales previamente escritos. No se trata de una mera disquisición jurídica sino de un asunto que atañe a los derechos del ciudadano, pues de lo contrario la estabilidad de los individuos quedaría sujeta al capricho de los funcionarios de turrio. Aun cuando la Carta no se ocupe exprofesamente de ello, la extradición tiene que someterse a unas instancias delimitadas en los códigos y ajustarse a las pautas convenidas en los tratados públicos, tal y como lo dicta la tradición democrática de Colombia desde el siglo pasado. Muchos acuerdos bilaterales de ese tipo hemos definido con pueblos de América y Europa, fuera del Convenio Interamericano de Montevideo, rubricado en 1933 por doce delegaciones. Las últimas contraórdenes de Barco se apartan de aquellos, preceptos y por la vía administrativa sitúan indefensos a los sindicados colombianos en los banquillos extranjeros, en este caso de Estados Unidos.

Tampoco se atendió a la Corte Suprema de Justicia, en cuya providencia sobre el decreto 1860 se opuso al envío de nacionales hacia aquellos países con los que tuviéramos pactadas cláusulas en dicho sentido, y entre los cuales citó taxativamente a la república estadinense. Lo curioso es que el Ejecutivo, batiéndose en retirada, adujo unos conceptos que en mayo de 1988 el Consejo de Estado había emitido justamente para interrumpir el proceso de entrega de Pablo Escobar y compañía, pero con el considerando de que después de sancionada la inexequibilidad de las leyes aprobatorias del tratado de 1979, no estaba, legalmente en pie ninguna extradición suscrita con los Estados Unidos. Antes de agosto de 1989 el régimen barquista, en consonancia con la Corte, el máximo tribunal de Colombia cuyos fallos le obligan, aseveraba la existencia de tales convenios y ahora la niega. Un desaguisado que se desprende del prurito de extraditar a toda costa. De ahí que nos encontremos hoy ante la expedición de una norma emanada de¡ artículo 128 que, en un santiamén y a contrapelo de los principios de irretroactividad, reciprocidad y legalidad, genera en las personas efectos por toda la vida. Sin contar con que los alquimistas del palacio de la carrera, tras reunir el gabinete y estampar unas firmas, le imprimieron carácter autónomo al decomiso, desconociendo la jurisprudencia que ligó siempre esta sanción al suceso del delito y la condena, e imponiéndole al acusado la carga de la prueba que corresponde a los jueces o instructores. Es otro olvido intencional de regulaciones establecidas, el cese drástico de decisivas garantías procesales, con lo que se pretende expropiar las incalculables pertenencias de los distribuidores de la cocaína, y reducir así la oferta de la droga y, por ende, la demanda. Está en el fuero de los gobiernos adoptar medidas de excepción, según los albures que afronte, mas los timonazos de la mano tendida y el pulso firme», el soltar inopinadamente sobre la balanza de la justicia un montón de explosivas transgresiones, marca una tendencia con el tiempo más peligrosa para los fortines populares que para los laboratorios de los capos. Sabemos que sin una reglamentación adecuada la democracia se anula. El procedimiento resulta a veces tan sustancial como el objetivo. Los requisitos no son materia parva, y desmerecen el calificativo de demócratas quienes desprecian todo reglamento. Las fuerzas revolucionarias jamás aceptarán que en aras del combate contra el narcotráfico se falsee aún más el sistema jurídico actual.

2. ESTADOS UNIDOS SE ENFRENTA AL QUERER DE LA NACIÓN

En la última etapa hemos hecho hincapié en el planteamiento de alimentar nexos amigables con los Estados Unidos, e inclusive, respondiendo a la premura de frenar la expansión de la Unión Soviética por el orbe entero, aplaudimos desde los setentas la reubicación de los protagonistas del drama mundial y valoramos en su verdadera cuantía el concurso oportuno de la poderosa república del Norte. Viene bien, sin embargo, un par de observaciones. la una radica en que dichos entendimientos los propugnamos, y no podría ser de otra manera, bajo el lema del respeto y el provecho mutuos; y la otra, en que salta a la vista que los escenarios internacionales experimentan nuevamente alteraciones de envergadura. El Kremlin desmonta las ocupaciones que patrocinaba en Asia y Africa, disponiendo el retiro de sus tropas y de los ejércitos títeres. Lo cual, por supuesto, no implica el abandono de sus ansias de hegemonía, de las que raramente desisten las potencias que se hayan cebado con la carne de los pueblos menesterosos.

Significa eso sí que, ante el costo de sus descomunales ambiciones, los rusos se decidieron por el neocolonialismo en lugar del colonialismo, la dominación indirecta a cambio de la directa, la explotación a través de tos canales financieros y no del apoderamiento material de los medios productivos de las naciones sometidas. En el lenguaje soviético se le llamó «perestroika», o reestructuración, a este calco del método occidental, que, por lo demagógico tampoco excluye la utilización de los instrumentos no pacíficos cada vez que se requieran.

Y en América Latina, cabalmente a raíz de la moderna perspectiva adoptada por los zares contemporáneos y que les ha convertido sus territorios imperiales en una grillera, la comandancia cubana salió perdiendo el sostén pecuniario y la justificación propagandística que le proporcionaban sus servicios de gendarme fletado. Sin tardanza manifestó su disgusto y optó por demoler las redes de contrabando mediante las cuales contribuía a financiarse. Con el fusilamiento de los encargados de las piráticas operaciones se supo que la isla era un puente, un puente ideal del narcotráfico. No obstante la rapidez con que se saldara el pleito, nadie pone en tela de juicio la veracidad de los sorpresivos anuncios. Lo que todavía discuten algunos cándidos es si los hermanitos Castros, amos y señores de un Estado policivo, se desempeñabano no como cerebros de la conexión. En todo caso estos dos disminuidos estipendiarios de Moscú buscaron resolver así, astutamente, de modo sumario, el constante acecho norteamericano, traicionando de pasada al general Manuel Antonio Noriega, su aliado, y dejando expósito al comandante Daniel Ortega, su protegido. Con el fin de escapar de la encerrona le han suministrado a Washington las evidencias que le faltaban para proceder a sus anchas en el Caribe y obviamente en Colombia. Mientras a Mijail Gorbachov se le desbarata la retaguardia, George Bush recibe sin maygres méritos la herencia de un ambiente mundial que favorece a sus propósitos. Dentro de este gran marco ocurren los traumas y las intrigas que hoy estremecen a nuestra patria.

Lejos de lucir complacida y complaciente, la Casa Blanca, valiéndose de situación propicia, decide asentarles el guante a los acogotados gobiernos de Latinoamérica que se desviven por una efectiva colaboración en efectivo. A las solícitas demandas del presidente Barco se contesta, por un lado, con la suspensión del pacto cafetero, lo que representará para la balanza de pagos del país una merma aproximada de quinientos millones de dólares anuales, y por el otro, con la demora desesperante, o el desembolso gota a gota del challenger, denominación paradójica dada en los círculos gubernamentales al préstamo de US$ 1.700 millones concertado hacia finales de 1988. Parece como si Washington hubiera propuesto canjear sus influencias por una persecución implacable al narcotráfico. De cualquier modo el presidente colombiano, sin más alternativa, acaba conformándose, a la vez que el mandatario yanqui se escuda tras argumentos retóricos, nos envía aparatos bélicos ya usados y traslada en secreto a Bogotá no se sabe cuántos asesores militares, la aspiración jamás sepultada del Pentágono.

A los inveterados escollos de la constante inflacionaria, la reducción de las exportaciones, el envilecimiento de la moneda, los onerosos intereses de la deuda contraída en el exterior, las pérdidas cafeteras, el elevado déficit fiscal, las limitaciones de la industria y el comercio, etc., vienen a sumárseles ahora los estragos de una lucha sin cuartel que lesiona aún más la economía y consume los escasos recursos estatales. Derrochando frescura, el ministro de hacienda, Luis Fernando Alarcón Mantilla, recién sostuvo que la aludida confrontación reduce las proyecciones cautelosas hechas sobre el crecimiento económico del año, y que estimó en 3.5%, la tercera rectificación hacia abajo desde cuando Planeación Nacional pronosticara un 4.5%. Con mayor desesperanza, los gremios, que sin lenitivos reciben los impactos de la crisis, admiten índices menores, y algunos de ellos, primordialmente los que venían advirtiendo sobre la «desaceleración» y pasaron luego a hablar de «estancamiento», en la hora presente han osado mencionar el vocablo prohibido: «recesión». De otra parte, los medios informativos denunciaron en las postrimerías de septiembre, según fuentes del ministerio de defensa, que la vigilancia de los mil y pico de inmuebles decomisados a los extraditables había requerido del «23% de las FF.MM.», cerca de «22.000 efectivos», dejándose al garete otras trincheras no menos acuciantes para la tranquilidad ciudadana. Y al mes, en tanto que el mingobierno Carlos Lemos Simmonds garantizaba con su rúbrica la permanencia de «personal de la UP armado y pagado por el gobierno», trascendió que un centenar de oficiales del Ejército, entre mayores, tenientes coroneles y coroneles, deberá retirarse del servicio activo, amén de otros factores, por carencia absoluta de presupuesto. ¿Serán acaso involuntarias semejantes incongruencias? En este reinado de los asesores a menudo se encaran empresas de riesgo sin el debido estudio o planificación, así repercutan adversamente en el de por sí menguado desarrollo nacional.

Por eso muchos contemplan con reservas el brusco viraje en el control de la fiebre de la cocaína, sin olvidar que desde 1984 figuras como el expresidente López, el exprocurador Jiménez Gómez, el escritor García Márquez, el catedrático Mario Laserna y otros se han inclinado en algún momento a acoger cualquier clase de solución menos sanguinolenta. A mediados de enero de 1988, Misael Pastrana, en procura del rescate de su hijo Andrés, a estas fechas el flamante burgomaestre de la Capital, designó con todo derecho a Enrique Santos Calderón para que interpusiera sus buenos oficios en el regateo con los autores del plagio, el clan de la coca. Al cabo de la dichosa culminación del incidente, el caudillo conservador recapacitaba en los siguientes términos: "Hay que hacer un examen de conciencia sobre la forma como se ha venido manejando el problema del narcotráfico". A su turno el presidente de la Cámara de Representantes, Norberto Morales Ballesteros, insta sin tapujos al Ejecutivo para que vuelva a conversar con quienes ha desahuciado; y Luis Guillermo Giraldo, cabeza del Senado, en concisa puntada a una de las misivas de Escobar Gaviria, manifiesta que está listo a interceder si la corporación «me lo ordena». Son hechos frescos y candentes, a los cuáles no se les otorga mayor trascendencia, como la renuncia del integrante de la Sala de Casación Civil, José Alejandro Bonivento Fernández, expresidente de la Corte, quien se despide de la magistratura dejando entrever que la vara del gobernante aspira a que la toga juzgue no a la luz de la «Carta Política», sino por «razones de conveniencia o de extraños intereses». Es decir, de las tres ramas del poder, dos no comparten las actuaciones de una, por lo menos en cuanto al conflicto que mantiene en vilo al país desde la noche del 18 de agosto. Los consejeros de la presidencia pactaron con el M-19 la convocatoria de una comisión destinada a investigar el universo de los narcóticos, reconociendo su propia improvisación, a los dos meses de haber desatado la ofensiva total. Y como si fuera poco, una agencia noticiosa comunicó el primero de septiembre que María Jimena Duzán, columnista y reportera de la sección internacional de El Espectador, el diario más afectado por la reyerta, había sostenido en una importante conferencia de prensa celebrada en Washington que «el próximo presidente de su país, sea quien sea, deberá tener en cuenta que el 61 por ciento de los colombianos quiere dialogar con los narcotraficantes». Y el cardenal Alfonso López Trujillo mencionó la posibilidad de escucharlos en confesión, el diálogo pastoral por excelencia. De ese sesgo han sido entre nosotros las peripatéticas relaciones con los extraditables, En fin, con posterioridad a la tragedia de Soacha, más de un pronunciamiento, proveniente de los dominios de la labor productiva o de las toldas del proselitismo electoral, se ha orientado hacia la refutación de las interpretaciones adobadas en el adornado Palacio de Nariño.

Entretanto en los Estados Unidos, cuya excelsa burocracia nos arrastra hacia la sarracina, se le implantan al ejército regular numerosas y categóricas cortapisas para su acción policiaca, si en realidad tiene alguna, y a cada rato se impugnan los elevadísimos gastos que, en asignaciones presupuestarias y aun en libertades consagradas, allí reporta la fallida represión al vicio. Hasta se promueve un apacible torneo intelectual, orquestado por el Nobel de Economía, Milton Friedman, sobre la conveniencia de legalizar toda suerte de estimulantes. No le han faltado ciertamente motivos al alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, para afirmar, junto con la expresa autocrítica sobre anteriores conceptos, que los norteamericanos «nos lanzan a una guerra», mientras «los precios del café bajan», y ellos ponen «competencia al banano» y levantan «barreras a las exportaciones de flores y textiles». ¡Que no se aplaste al país pretextándose el incuestionable aplastamiento de la oferta de estupefacientes! ¡Que al tráfago delictivo se le ponga freno con arreglo a las leyes y sin socavar la trayectoria democrática de la república! ¡Que funcione la justicia! ¡Qué cada régimen cumpla con sus obligaciones, comprendidos los programas de regeneración y de asistencia médica para los adictos! He ahí, sencillamente, nuestra fórmula.

«De todas formas no seremos colonia de ningún imperio», para decirlo con la frase del precandidato Hernando Durán Dussán, con quien nos identificamos en éstos y otros compromisos.

Tras el delirio desatado bullen, pues, mociones poco convincentes. En la coyuntura menos azarosa desde la década de los sesentas, cuando ante sus ojos ven desvanecerse el asedio militar soviético y se hallan potencialmente en capacidad de resolver por las buenas las seculares desavenencias con las repúblicas latinoamericanas, los nuevos rostros de la Casa Blanca se exhiben intemperantes, trayendo a la mente las peores evocaciones de la época de McKinley, el primer Roosevelt, Taft, en que sus diplomáticos les redactaban o remendaban a gusto la constitución a los vecinos débiles. Otorgarle satisfacciones a la administración Bush, armando una santa cruzada contra los Saladinos de la droga, nos ha costado mayores recortes a la legalidad vigente y a las prerrogativas ciudadanas, así como la intensificación de los desajustes económicos y un auge de la injerencia foránea en nuestros asuntos, lo que augura lamentables distanciamientos entre los dos países, si se sopesan los efectos a cada paso más gravosos de la deuda externa, las coacciones intolerables del Fondo Monetario Internacional y los apetitos ostensibles de los grandes monopolios de la metrópoli. Con las distorsiones introducidas a la legislación se va preparando el terreno para abrir cómoda e indiscriminadamente las fronteras colombianas a las mercancías y los capitales de los magnates del mundo, en resumidas cuentas a la oligarquía norteamericana. Está muy claro el negro panorama, que es igual en el resto de los pueblos rezagados del hemisferio.

El proyecto consiste en sembrar de «dragones asiáticos» a Latinoamérica, tanto más cuanto se le enrumba hacia la bancarrota, el sendero ya recorrido por México, Brasil y Argentina, antaño los mejor dotados para la competencia. No es de extrañar que los sectores más retardatarios de Colombia, en particular las voces ajenas a la industria, se hagan eco de esta estrategia de la destrucción que se nos pinta con colores atractivos y a la cual se le cuelgan los frutos hipotéticos del crédito copioso, la tecnificación indispensable y el empleo suficiente. «La apertura económica hay que comenzarla hoy por la mañana», reclamaba a finales de octubre Sabas Pretel de la ega, el personero de los comerciantes. Efectivamente, el ingreso de las mercaderías y de las inversiones extranjeras puede decretarse y ponerse en ejecución de un día para otro. Pero no es cierto que la modernización, los préstamos en dólares que demanda, el acondicionamiento de todo el andamiaje educativo y las demás adecuaciones que supone el competir con emporios superavanzados surjan en virtud de la inundación norteamericana, europea, japonesa o rusa, los cuatro centros mundiales que contienden por la posesión económica de la periferia. Los Estados de esta parte del globo que yacen bajo la influencia estadinense sólo conseguirán escapar a la rotunda colonización financiera y comercial si resguardan los mercados internos, se unen políticamente y esgrimen en conjunto sus ventajas comparativas. Y no estamos por el aislamiento sino a favor del más vasto intercambio internacional, sin excluir mecanismos ni países; empero, rechazamos con entereza que Colombia sea transformada en un grandioso taller a domicilio, o que San Andrés y Providencia desempeñen el papel coruscante de un Taiwan caribeño. Por las novedades mundiales que arriba apenas enunciamos, y pese a ellas, a los colombianos no nos queda otra que seguir adelante tras el cometido unitario de apuntalar la soberanía, la producción, la democracia y las justas reivindicaciones del pueblo.

3. EL GOBIERNO NO VE NI ESCARMIENTA

Quienes deseen comprender mejor las incidencias de índole estratégico derivadas de las vicisitudes de la situación global, tendrán al alcance de la mano, para su análisis, el aislamiento que internacional mente se cierne sobre las tendencias extremoizquierdistas de Colombia y en especial sobre los adocenados promotores pro soviéticos de las Farc. De tal magnitud han sido los vuelcos, que, por primera vez, las expectativas de estos seudorrevolucionarios, convertidos ayer a las prédicas del terrorismo, coinciden,de hecho, con las de Washington, pues las promulgaciones de Barco les quitan un tanto de encima la andanada mortal de los extraditables, el sañudo adversario al que le endosan buena parte de sus víctimas. Lo que tampoco ha desanimado a Bernardo Jaramillo Ossa, la cabeza visible de la sigla visible, la UP, para sugerir el diálogo con los miembros del cartel. Desplante característico de una facción que a lo largo de un sinfin de amorosas alianzas y enconadas rupturas ni siquiera se ha portado leal con su miedo, y cuyas ulteriores rivalidades con quienes ahora tacha de sicarios no fueron nunca por ideologías sino por negocios. En marzo de 1987 Jacobo Arenas le comentaba a la revista Semana, con jactancia y sin mesura, que «somos ganaderos, somos productores de arroz, de ajonjolí, de muchas cosas», y que su bando en armas era dueño de hatos con «15 ó 30 ó 50 mil cabezas de ganado» y de «200 ó 300 millones de pesos» en inversiones, pero que no mencionaba los sitios de las propiedades porque el Ejército las allanaría. El vivo comandante, no pudo percatarse de que hablaba de una inconmensurable e inusitada riqueza para un movimiento insurrecto que dice haber brotado de las entrañas mismas de los desposeídos. Y en reportaje a la cadena radial Caracol, el pasado 26 de octubre, terció también en el debate sobre la cocaína, sacando la cara por los partidarios de concederle a ésta un puesto en la sociedad, cual lo hizo con las bebidas alcohólicas el congreso americano de 1933, al abolir los impedimentos de la Ley Seca de 1917. Mas hay que esperar, añade, puesto que los sórdidos escuadrones de la derecha volvieron fascistas y asesinos a los narcotraficantes. Se quiere y no se puede. Turbación anímica que refleja las naturales vacilaciones de los períodos de transición. Tanto el tópico colombiano como la conexión cubana denotan que los trastornos actuales del país se originan en mudanzas apreciables y tienen un espectro mucho más amplio de lo previsto. Pero estos cambios, por lo demás, de excelente pronóstico, no tienen por qué llevarse de calle a la democracia colombiana.

Previendo mil repercusiones mediatas e inmediatas, los destacamentos democráticos y patrióticos les piden a los dignatarios del gobierno asumir una conducta que es apenas normal: ceñirse a los trámites regulares y abstenerse de esconder las informaciones, o de manipularlas, como aconteciera a comienzos de 1984, cuando, tras la toma de un cuartel urbano del EIN en Fontibon, la fuerza pública incautó un folleto de cuya lectura extrajo datos fidedignos sobre la puesta en marcha de un complot para eliminar, precisamente, al candidato del Nuevo Liberalismo. Una vez mas el rollo se relacionaba con la idea obsesiva de promover en cadena «una insurrección general de masas», e impedir que se repitiera, según el plan, lo de 1982, la «pérdida de una coyuntura revolucionaria altamente positiva». A pesar de los riesgos latentes, a la cartilla reveladora se le echó tierra para no interferir los acuerdos de «paz» que se suscribieron en marzo y agosto del segundo año de Betancur. Desde luego el casual y delicado testimonio no conforma evidencia alguna, ni estamos insinuando nada. Es prueba sí, pero de una concepción ideológica que cifra sus acciones vesánicas en la existencia subjetiva de una situación insurreccional permanente, sin principio ni fin, y a la cual resulta lícito meterle fuego por todos los medios imaginables, sin prescindir siquiera del atentado personal. ¿Para qué ocultarlo entonces?

Tampoco negamos o afirmamos que los cabecillas del cartel de Medeffin hayan cometido el magnicidio; una ardua y meticulosa averiguación que les corresponde cumplimentar a los cuerpos investigativos del Estado. No obstante, ¿por qué el doctor Virgilio Barco, en la disertación televisiva destinada a explicar sus severas disposiciones contra los traficantes de la droga, al tocar obligadamente la tragedia de Soacha, ocurrida minutos antes, despeja incontinenti la tremenda incógnita de quiénes perpetraron el ominoso crimen, suplantando y anticipándose a cualquier indagación? ¿Y por qué el Consejo Nacional de Seguridad, dentro del corto mensaje con el cual la presidencia pretendía esclarecer que el decreto de extradición no violaba los postulados de la Ley de leyes, le cargó a unos mismos orígenes y autores todas las muertes y todos los daños materiales de una violencia endémica que se ha recrudecido alarmantemente en los últimos tiempos? Fuera de favorecer la impunidad, estos procederes, hijos de la ligereza o de la cólera, desquician los ordenamientos constitucionales; ya las masas, jurídicamente hablando, las arroja a la indefensión completa. O dentro del empeño por lograr el procesamiento y condenación de los narcotraficantes, ¿qué necesidad tiene el primer magistrado de la república de negarles su nacionalidad, así sea de modo metafórico pero en abierto desconocimiento del artículo octavo de la Carta, al repicar con ironía que «Colombia no es su patria» y que solamente son «fugitivos internacionales» Para parar la cruenta conmoción, venga de donde viniere, no es menester, «ni convocar al constituyente primano» , ni «echar por la borda la legalidad», como bien lo advirtiera el tres de los corrientes, durante un foro en Paipa, el exmandatario López. Si a juicio del poder central la grave encrucijada pide a gritos correctivos inesperados, a los gobernados les asiste igualmente el derecho de exigir de los gobernantes la cordura, el tino y el rigor inexcusables. A la severidad, severidad. Y en todos los aspectos.

¿En qué ayuda a la democracia y aun al perfeccionamiento de las instituciones una reforma constitucional que se ha acordado cuatro o cinco veces con interlocutores y contenidos distintos, que cursa a duras penas, gracias no al convencimiento sino - a la presión ejercida desde arriba, y con cuyos mecanismos contemplados se busca más eludir la vigilancia de la Corte Suprema deJusticia que velar por su validez? No otra cosa significa la obcecación por el referendo, un artificio escogido con el fin de ratificar la enmienda evacuada a pupitrazo limpio por las cámaras. A manera de promesa cumplida, los mismos hacedores del plebiscito de 195 7 lo habían vetado hacia el futuro y después de haber impuesto así el Frente Nacional, por tratarse de un medio insólito Y hasta autocrático para enmendar la Carta. La consulta directa al pueblo opera frente a una materia específica e inequívoca, mas se torna irracional e impracticable ante un manojo de artículos, incisos y numerales, casi siempre contradictorios y polém1cos, que se han de aprobar o rechazar en bloque. Aunque se especule con el espejismo de que el electorado determina soberanamente al introducir en las urnas el «sí» o el «no», lo irrebatible es que la elaboración de los textos corre por cuenta de una persona o un puñado de personas, sin mayores trámites ni discusiones. Tal vez por eso semejante sinrazón se ha puesto de moda entre los partícipes de algunos círculos curiosamente minoritarios, sin chance en el Parlamento, que sueñan con ser elegidos a dedo para las renombradas «comisiones de reajuste institucional», en donde maniobrarían de lo lindo.

¿O se conquistará acaso la «paz» concendiéndole al M-19 una sarta de irritantes y estrambóticas prebendas? Con el aval a pie de página del ministro de gobierno, el director del liberalismo y los presidentes del congreso, más la tutoría espiritual de un vicario de la Iglesia, esta especie de ddictadura de la Universidad de los Andes que nos rige, después de meses de suspenso y como si el Estado hubiese perdido una guerra de verdad, llegó por fin al inicio de un arreglo con un grupúsculo terrorista diezmado, sobre la base no sólo de ofrecerle, a través de cualquier clase de trucos, decena y media de curules en el Congreso, partidas del erario y publicidad a granel, sino de reorientar el programa de¡ cuatrienio, a menos de un año de su consumación, en todos y cada uno de los puntos que la inagotable inventiva profesoral es capaz de concebir.

Nuestro partido le brindó el apoyo al plan de concordia esbozado por Barco, debido a que contemplaba el desmonte de las cuadrillas insurgentes, con lo cual se removería, de relance, un viejo obstáculo para la lucha revolucionaria. Se marcaba asimismo una diferencia sustancial ante la reconciliación de Betancur, quien ofreció el cielo y la tierra a cambio de nada, y, en vez de conseguir el desarme y el retorno a la contienda civil de la extrema izquierda, esparció a los cuatro vientos las peores modalidades delictivas. Pero según el extenso armisticio publicado, «la mano tendida» sucumbió también a las tentaciones de la demagogia, anunciando con su éxito su propio fracaso. Son tantas y prolijas las cláusulas acopiadas que no habrá forma de satisfacerlas todas, y la contraparte contará con abundantes subterfugios el día que desee desandar sus pasos. Sin embargo, lo más inaceptable estriba en los atropellos infligidos a la democracia y a los otros partidos, pequeños o grandes, al reducirse los cuocientes con nombre expreso, para invertir la «precariedad electoral» del M-19, según lapsus justificativo de Lemos Simmonds, el vocero político del gabinete. Durán Dussán reprobó el esperpento; Lleras Restrepo ha notificado que no lo votaría si se pone a consideración de los electores, y el MOIR, en consecuencia, secundará estas acertadas apreciaciones. Pues el gobierno, por ninguna causa aparentemente válida, y menos por salir de apuros, está autorizado para poner en desventaja a unas colectividades frente a otras, ni a rifar los exiguos dineros que pertenecen a la comunidad. Y sobre todo cuando Colombia, de corregirse con decisión las equivocaciones más obvias, se hallaría en circunstancias inmejorables para restablecer de un modo pleno la igualdad de ciudadanos y partidos ante la ley, ante la ley escrita, se entiende, y no como lo interpretan los espontáneos abogados del.»derecho de gentes», que sumidos en su doctrinarismo, olvidan la flexibilidad, la excepcionalidad, y la relatividad de este precepto que, desde el comienzo del dominio colonial español, e incluso desde la época de los romanos, le ha considerado como una sustitución a la reglamentación interna, de las naciones.

¿Y a cuál pauta de la equidad se atiene Barco al expedir el decreto 1824 de este año, tras el paladino propósito de denegarle la personería jurídica al denominado Movimiento de Restauración Nacional y bajo la aprehensión, justa o no, de que éste sirve de mascarón de proa a las autodefensas del Magdalena Medio, mientras colma de elogios a los dirigentes de la Unión Patriótica y los invita a que contribuyan con su astucia a la transformación constitucional del país? Máxime si la primera de estas dos gestaciones es efecto y no causa de las anormalidades de la segunda, tal cual lo han reiterado muchos comentaristas de las más variadas concepciones. Hasta García Márquez terminó aceptando, en documento reciente, que «los propósitos originales de las Farc», el «brazo secular del Partido Comunista», «degeneraron en una manera simple de financiar su guerra mediante el secuestro, el chantaje y la extorsión de los ganaderos»; y que éstos, «exasperados por la persistencia de la sevicia, armaron ejércitos particulares que inclusive fueron legitimados por el gobierno como grupos de autodefensa». Fuera del mensaje que encierran sus palabras, nos complace sobremanera su creencia de que la lucha contra todas las manifestaciones del terrorismo, no contra unas cuantas solamente, unirá y salvará a Colombia.

Los combatientes que no se hayan dejado despistar respecto a las cuestiones medulares, comprenderán el entusiasmo que nos embarga de ver cómo se va dirimiendo rápida y favorablemente esta histórica pugna de casi seis lustros entre el error y el acierto, una guerra en el fondo ideológica, más implacable que las otras, y sacada adelante por encima de las persecuciones, la conspiración internacional y el macartismo al revés de los oportunistas de «izquierda» que no cejaron en meternos en el mismo saco con la reacción colombiana.

PRECISIONES NECESARIAS

Utiles para el porvenir son las experiencias obtenidas en los preámbulos de esta larga marcha. Los trabajadores del progreso y la grandeza del país calan pronto que la nación necesita del pueblo, el pueblo de la democracia y la democracia de unos procedimientos pertinentes; las fuerzas sociales todas aprenden algo de las convulsiones del día, y únicamente el gobierno no escarmienta.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR Comité Ejecutivo Central Francisco Mosquera Secretario General Bogotá, noviembre 14 de 1989