PROYECTO DE LEY 112 DE 2007 (CÁMARA), 340 de 2008 (SENADO) Y POBREZA DE LOS USUARIOS

Ponencia presentada por Javier Gaviria Betancur, Presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios – ASULUS, en el Foro Nacional del 19 de marzo de 2009, convocado por el Senador Alexander López, Sintraemsdes, Sintrateléfonos Bogotá, Sintraemcali y Atelca. Auditorio Luis Guillermo Vélez del Senado de la República.

Al definir cómo será el comportamiento de una ley, miramos los usuarios primero si ella tiene en cuenta nuestras condiciones económicas y nuestra capacidad de pago. Porque de no hacerlo es una ley regresiva, injusta e inequitativa, que anticipadamente sabemos que producirá estragos en las ya maltrechas economías domésticas. El punto es entonces rentabilidad versus pobreza.

1.Condiciones económicas de los usuarios

Aunque voy a usar cifras de pobreza de los usuarios de Medellín, bien podemos tomarlas para la generalidad de los colombianos en el propósito de ver cómo nos encontramos frente a las tarifas que nos facturan las empresas de servicios públicos domiciliarios.

En el año 2003 contrató Empresas Públicas de Medellín con la Corporación para la Investigación y el Desarrollo Económico (CIDE) de la Universidad EAFIT un estudio sobre la evolución de los ingresos familiares en el Valle de Aburrá entre los años 1997 y 2002. Dice el informe que en esos cinco años, los ingresos de los habitantes de los municipios del Área Metropolitana, teniendo en cuenta todos los estratos socioeconómicos, cayeron en promedio en un 45%, siendo los estratos altos (5 y 6) los que más perdieron capacidad de generación de ingresos, por encima del 60%.

El mismo Centro de Investigación realizó en el 2005 el “Estudio sobre los usuarios desconectados de EPM”, en el cual se determinaron mediante encuesta las siguientes causas principales de la desconexión: 1. Desempleo de algún miembro del hogar: 55.7%. 2. Subió mucho su cuenta de servicios: 17.2%. 3. Reducción importante del ingreso: 15.7%. Como puede notarse son tres causas asociadas al mismo fenómeno de caída de ingresos o empobrecimiento.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 se afirma que la pobreza de los habitantes de Medellín es de un 49.4%, es decir, que se extiende a más de un millón cien mil personas.

Al mirar las cifras de desconectados de Empresas Públicas de Medellín encontramos que el 96% corresponde a los estratos 1, 2 y 3 y que están localizados en las Comunas más pobres de la ciudad como lo detallamos a continuación: el 14% en la Comuna 1, en los Barrios Populares y Santo Domingo, al pié del metrocable. A escasos metros hay manzanas enteras de familias desconectadas del agua, de la energía y de la telefonía. Centenares de familias desconectadas están allí, cerquita del Parque Biblioteca España, adonde llevamos los turistas de Medellín para que admiren el “progreso” de la ciudad. El 10% en la Comuna 3, Barrio Manrique, el de la vía de Gardel, otro 10% en la Comuna 8 (Villa Hermosa) a la cual pertenece el barrio La Sierra, el del famoso documental sobre el sicariato de los años 80s, el 9% en la Comuna 13 (San Javier) la de la Operación Orión, otro 9% en la Comuna 2 (Santa Cruz) y también un 9% en la Comuna 6 del Barrio 12 de Octubre. Es decir, el 61% de los desconectados en 6 de las 16 Comunas de Medellín.

Según datos de los Planes de Desarrollo de estas Comunas el 75% de sus pobladores ganan menos de un salario mínimo mensual. Si tenemos en cuenta además que el 55% de los usuarios de Empresas Públicas de Medellín pagan más de $ 130.000 mensuales por su factura y el 20% adicional paga más de $ 150.000 deducimos que para la inmensa mayoría de usuarios la factura de Servicios Públicos Domiciliarios representa más de un 33% de sus ingresos.

2. Medidas que enfatizan en tarifas rentables

A pesar del continuado deterioro de la capacidad de pago de los colombianos a causa de la merma de sus ingresos, el gobierno de Uribe ha insistido en una política que para incentivar a los inversionistas privados les reconozca mayores incrementos tarifarios, mermando más, desde luego, los incipientes derechos de los usuarios.

La Resolución 1250 de 2005 de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cambió el método de cobro de la tarifa de telefonía pública básica conmutada o telefonía fija, pasando del impulso que era de tres minutos al cobro por minuto. Redujo la unidad de medida de tiempo pero subió la unidad de medida de precio. Hoy todos pagamos más por el minuto que por el impulso. Pero peor le va a los estratos pobres pues con los planes gana el que más minutos compra que es el que más capacidad de pago tiene, mientras que al que consume menos minutos estos le cuestan más. El minuto más caro es el del más pobre. Además rebajó el consumo básico subsidiable de 250 impulsos o 750 minutos a 200.

Pero de otro lado ordenó el Documento CONPES 3386 de 2005 que se eliminara el subsidio para el estrato 3, que se redujera a menos usuarios a través de la “focalización” y que en adelante se atendieran los subsidios de estratos 1 y 2 con los recursos que se recaudaran entre los mismos usuarios, hasta donde alcance, para hacer balance o equilibrio entre subsidios y contribuciones, es decir, que no hay aportes del Estado.

Como consecuencia de aquella condición de pobreza de los usuarios y esta merma de sus derechos crecen las cifras de desconectados del servicio público de telefonía. En Medellín tenemos hoy más de 132.000 hogares, vale decir, más de 528.000 personas privadas de la comunicación telefónica.

3. Proyecto de ley 112 y pérdida del derecho al servicio de telefonía

Basta con precisar cuatro argumentos para afirmar radicalmente que de convertirse en ley de la república esta sería la encargada de culminar un proceso de eliminación de derechos de los usuarios, y por tanto una ley profundamente regresiva, injusta e inequitativa.

a. Con gran insistencia el Proyecto enfatiza en que los propósitos y principios orientadores de esta ley están fijados para que el Estado propicie escenarios de libre competencia que promuevan la inversión en el sector.

b. La definición del servicio de telefonía pública básica o telefonía fija, no como servicio público domiciliario y sí como un servicio comercial, prestado por proveedores y no por empresas de servicios públicos, excluye a los usuarios de la participación en las Juntas Directivas, a la Administración Municipal de las definiciones tarifarias y de los focos de inversión y a los Concejos Municipales de su función de control político.

c. Como resultado de la nueva calificación de proveedores de servicios, no sujetos a las normas de la ley 142 de 1994 aplicables a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, se ordena la eliminación de los subsidios a los estratos pobres. Cuando se eliminan los subsidios resulta inocua la estratificación, no es necesaria su utilización como mecanismo de clasificación de los usuarios de acuerdo con su capacidad de pago. Significa entonces que habrá una sola tarifa que no distingue entre pobres y poderosos, constituyendo una barrera imposible de vencer para acceder al servicio para enormes sectores de población.

d. En su artículo 23 el Proyecto de Ley otorga libertad a los proveedores para fijar los precios del servicio. Esta plena liberalización conducirá a la fijación de precios altos, asociados al interés de los inversionistas de lograr las mayores rentabilidades en un sector que ya está altamente controlado por poderosas multinacionales. Eliminación de subsidios para los usuarios y libertad de precios para los proveedores de servicios es igual que decir: altas tarifas, más desconexión, más pobreza y más hambre. Es una ley que castiga la pobreza, una ley que premia la “confianza inversionista”.