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Panamá y los escondites de los poderosos

Mario Alejandro Valencia*, razonpublica.com, abril 18 de 2016

Ahora nadie hizo nada Después de haberse hecho pública la lista de empresas y personas con sociedades comerciales en Panamá, la mayoría de los involucrados explicaron que habían creado estas sociedades pero que no estaban en operaciones. Resulta bastante extraño que personas tan avezadas en el mundo de los negocios inviertan recursos en crear compañías que no funcionan. Por eso importa tratar de responder algunos interrogantes que quedan del escándalo:

¿Hay una realidad oculta sobre los motivos para crear compañías de papel en paraísos fiscales? ¿Por qué se les permite a estas empresas y personas operar de esta forma? ¿Por qué Panamá? Según Tax Justice Network, Panamá es uno de los territorios con mayor opacidad financiera en el mundo. Esto quiere decir que las operaciones financieras en ese país quedan ocultas tanto para las autoridades nacionales como para las internacionales, lo cual es una garantía de tranquilidad para muchas empresas y personas. Para el analista José Roberto Acosta, Panamá opera como la capa de invisibilidad de Harry Potter, que es capaz de esconder cualquier cosa.

Las compañías creadas en estos territorios pueden ser de tres tipos:

Aquellas que tienen actividades económicas reales y lícitas en Panamá. Las que buscan lavar activos y realizar flujos financieros de actividades ilícitas. Las que tienen actividades lícitas en otros países y se refugian en Panamá para efectos fiscales. Todas ellas están protegidas bajo el mismo manto, pero vale la pena enfocarse en las del tercer tipo, por ser las que más afectan las finanzas colombianas.

Pero antes es importante explicar por qué Panamá es considerado un paraíso fiscal. Este país tiene un índice de secreto financiero muy alto, pues sobrepasa los 72 puntos en una escala que va de 0 a 100. Según la medición de Tax Justice Network, Panamá está cerca de otros paraísos fiscales como Emiratos Árabes (77), Suiza (72), Honk Kong (72), y muy por encima de otros famosos territorios como Luxemburgo (55), Jersey (65) e Islas Caimán (65).

Además un informe del Fondo Monetario Internacional indica que Panamá solo cumplió uno de los cuarenta pasos para disminuir el blanqueo de capitales.

Como resultado, Panamá alberga alrededor de 350.000 empresas internacionales que usan el secreto financiero, y ocupa el tercer lugar en el mundo en importancia, después de Hong Kong e Islas Vírgenes.

Su historia como paraíso fiscal data de los albores del siglo XX, cuando los buques petroleros de la Standard & Oil comenzaron a registrarse en el istmo para evadir el pago de impuestos en Estados Unidos. En 1927 esta situación se consolidó con el apoyo de Wall Street, tras la entrada en vigencia de una legislación laxa para crear empresas anónimas.

Hoy por hoy Panamá es considerado paraíso fiscal por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina y Ecuador, entre otros países, y tiene firmados 11 convenios de doble tributación y uno de intercambio de información.

Colombia no ha negociado un acuerdo con Panamá, en parte por el interés de algunos bancos locales, que en diciembre de 2015 tenían 14.125 millones de dólares en depósitos en sus sucursales panameñas.

Implicaciones para Colombia

Aunque se ha insistido en que tener compañías en Panamá no es ilícito, las actividades de empresas y personas que se refugian en ese país sí tienen un costo fiscal alto para Colombia.

Crear compañías de papel, como las que aparecen en el escándalo de Mossack Fonseca, implica que la administración tributaria y las autoridades de control no tienen jurisdicción sobre los movimientos financieros que estas realizan.

El exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, advirtió que alrededor de cien mil millones de dólares de colombianos están refugiados en paraísos fiscales, de modo que sus dueños estarían dejando de pagar cerca de 6 mil millones de dólares al año en impuestos. Esto quiere decir que 18 millones de millones de pesos no entran a las arcas del Estado.

En 2013 el entonces director de la DIAN señaló que, a pesar de que ni un solo pedazo de carbón del país sale hacia paraísos fiscales, todas las transacciones se realizan desde estos sitios para pagar menos impuestos en Colombia. La manera es la siguiente: una empresa minera vende el carbón a un precio más bajo que el del mercado a una empresa vinculada con residencia en un paraíso fiscal, es decir, a una firma con otro nombre pero que hace parte del mismo grupo empresarial. Desde este territorio, la firma vende el mismo carbón al consumidor final a precio de mercado, ganándose la diferencia, porque al Estado colombiano solo se le paga regalía e impuestos por la primera transacción.

Por ejemplo, en 2013 la Red por la Justicia Tributaria denunció que Pacific Rubiales, hoy en quiebra, presuntamente mantenía operaciones con empresas vinculadas tales como:

Taribo Holdings, de Serafino Iacono. Rose Holdings, de Ronald Pantin. Deep Blue, de José Francisco Arata. Tosca Assets, de Miguel Ángel de la Campa. Cua Cua Investments, de Wuilian Andrés Mauco. Se encontró que en menos de un mes, los directivos y administradores de Pacific Rubiales habían realizado operaciones por 53 millones de dólares con estas empresas, que aparentemente son compañías de papel radicadas en territorios desconocidos.

Debe ser motivo de indignación que una parte de los ciudadanos estén en el rebusque, con un sistema de salud que no garantiza su acceso, educación de mala calidad, niños muriendo por desnutrición, una de las desigualdades más altas en el mundo, mientras que empresas que llegan al país a extraer sus riquezas naturales -con un costo ambiental y social tan alto- establecen todo tipo de mecanismos de elusión tributaria.

Por cuenta de esto, los colombianos son obligados a pagar cada vez más impuestos regresivos, como el IVA a los bienes de la canasta familiar, o se debe encarecer el impuesto a la renta a los trabajadores y pensionados, como propone la llamada “comisión de expertos” para la reforma tributaria.

¿De quién es la culpa?

Pero las actuaciones de este tipo de empresas, que utilizan paraísos fiscales para pagar menos impuestos en Colombia, en muchas ocasiones no se encuentran por fuera de la ley.

En el año 2012 el entonces senador Juan Mario Laserna hizo aprobar la obligación de que el Gobierno Nacional definiera un listado de paraísos fiscales e iniciara acciones para perseguir a los capitales que se fugan hacia ellos. Desde ese momento el Gobierno ha pasado de la inacción a la complicidad en la fuga de capitales:

El primer listado se publicó casi un año después de expedida la norma, en octubre de 2013, y no incluyó a Panamá, Luxemburgo, Curazao, Bermuda, Barbados ni Holanda, reconocidos paraísos fiscales con quienes Colombia mantiene estrechos vínculos de negocios y donde estaría buena parte de los capitales fugados. Tan solo en octubre de 2014, en el segundo listado, se incluyó a Panamá, pero fueron sacados a Anguila, Islas Caimán, Jersey y otros. Menos de un mes después, por diversas presiones nacionales y el chantaje panameño, sacaron a ese país del listado, prometiendo que un año después habrían llegado a un acuerdo. Desde el reversazo han pasado 18 meses sin que el gobierno de Santos se defina, en una evidente falta de voluntad política que tiene un alto costo fiscal para la Nación. En 2015 no hubo listado de paraísos fiscales sin que el por qué se haya explicado satisfactoriamente. El 1 de marzo de este año, la DIAN respondió que el gobierno definiría un nuevo listado “cuando lo considere pertinente” (ciertamente, que se pierdan 6 mil millones de dólares en impuestos debería ser una razón de peso para el presidente Santos y su equipo). La punta del iceberg Las recientes revelaciones que pusieron en el ojo del huracán a reconocidas personalidades del país, incluyendo a exministros de Hacienda y negociadores del TLC, son solo la punta del iceberg, porque Mossack Fonseca es una más entre las varias firmas dedicadas a crear compañías en paraísos fiscales.

Mientras las autoridades colombianas no tomen medidas de control suficientes para evitar la salida de capitales que no pagan impuestos, empresas y personas seguirán desfalcando a la Nación y abriendo un hueco que tendrá que pagar el resto de colombianos.

La ciudadanía enfrenta enormes y crecientes necesidades sociales que exigen una fuerte intervención estatal, y para obtener los recursos que las atiendan se requiere:

defender la producción nacional que genera empleo de calidad y tributa, eliminar los beneficios tributarios de sectores como el minero y el financiero, cerrar los caminos a la elusión de impuestos a través de paraísos fiscales como Panamá.

* Vocero de la Red por la Justicia Tributaria, subdirector de Cedetrabajo y profesor universitario.

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