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¿Por qué hay que liquidar a Electricaribe?

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, noviembre 18 de 2016

La trasnacional Gas Natural Fenosa, perteneciente al conglomerado financiero Caixa de España y accionista mayoritaria de la empresa distribuidora y comercializadora de energía Electricaribe prestadora del servicio eléctrico en siete departamentos de la Costa desde el año 2000, estaba incursa en las causales de intervención (artículo 59 de la ley 142 de 994) desde hacía varios años: pésima calidad en el servicio, incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, perturbaciones permanentes del orden público y en el presente año había incumplido pagos y garantías bancarias a los generadores que le suministran la energía para venderla a los usuarios.

Dieciséis años después de haberse hecho al control de las siete electrificadoras de la Región Caribe nunca realizó las inversiones requeridas para mejorar la obsoleta infraestructura que tiene cerca de veinte años de atraso tecnológico, ni el mantenimiento adecuado de redes, equipos y subestaciones; incluso provocó graves quebrantos al cambiar las redes de cobre y reemplazarlas por aluminio de mala calidad que llevó a desmejoras apreciables. Además impulsó una política de tercerización laboral que llevó tener solo 1.200 operarios vinculados directamente y más cinco mil subcontratados en actividades misionales, poniendo en peligro sus vidas.

El martes quince de noviembre la Superintendencia de Servicios Públicos asumió el control de la empresa nombrando a Edgardo Sojo como presidente y representante legal, a Javier Lastra como administrador y en la asesoría contrató a la multinacional estadounidense Tetra Tech especialista en ensamblar empresas con administración Público Privada. Dos caminos puede tomar la intervención de Electricaribe: uno es con fines de administración, para mejorarla en cuanto a gestión y operación para luego entregársela a Gas Natural Fenosa como si nada hubiera pasado y la otra es con fines de liquidación. Veamos las razones principales para que la segunda opción sea la mejor para los intereses de más de diez millones de habitantes de la Costa.

1. Por los incumplimientos reiterados en mejorar el servicio durante más de cinco lustros.

2. Por la insolvencia financiera que la llevó a tener un déficit de caja de 432 mil millones de pesos en noviembre de 2016 y 655 mil millones proyectados para diciembre de 2016, según resolución de intervención de Superservicios, numeral 9 de los considerandos.

3. Por los hallazgos fiscales y penales encontrados por la Contraloría General de la República en los convenios de normalización de redes (Prone) y electrificación rural (Faer) firmados con el Ministerio de Minas y Energía que no pudo cumplir y, al no dar razón de las obras y/o de los recursos estatales, la Fiscalía General de la Nación le acaba de abrir investigación penal.

4. Por los cobros excesivos en las facturas principalmente a los sectores populares con lo cual fabrica elevadas deudas que nunca han sido auditadas ni depuradas, que es una práctica de común ocurrencia.

5. Teniendo en cuenta los prontuarios que dejó en otros países caribeños, como Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, de donde salió en medio del repudio y abucheo general.

6. Por las falsas imputaciones de fraude a los usuarios con fines de obtener más ganancias y descremar el mercado.

7. La imagen que ha dejado en la región de empresa expoliadora e inhumana que por el mal estado de las redes ha ocasionado más de 500 muertes por electrocución en los últimos años.

Es necesario que en la actual administración de la Superservicios se respeten los derechos convencionales y de ley a los operarios activos y a los pensionados, lo mismo que en otra futura empresa, que debería ser de carácter mixta con participación del Estado y capitalizar en acciones a favor de la Nación los cuantiosos recursos que habrá de invertir. Para buscarle la salida integral a la crisis estructural de Electricaribe es necesario un gran movimiento de todas las fuerzas vivas de la región. Ya se dio el primer paso, continuemos con los que faltan, pero evitando que se produzca una componenda entre el gobierno nacional y Gas Natural Fenosa en desmedro de los intereses de la región y del país.

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