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Posición ante los criterios del Gobierno Nacional sobre un nuevo modelo de ascenso y reubicación salarial para educadores del decreto 1278

Ejecutivos de Fecode, Bogotá, octubre 13 de 2014

Compañeros

Comité Ejecutivo de FECODE

Bogotá DC.

Ha ratificado el Gobierno de Santos su actitud de no respetar los acuerdos de mayo del 2014. No nos sorprende, ya que si hay un especialista en violar los acuerdos e irrespetar sus compromisos es el reelegido Presidente de la República. No bien acababa de pasar el paro cuando Santos señaló, con total desprecio por el texto del acuerdo, que lo que se había pactado era un “nuevo modelo de evaluación”, afirmación que fue secundada por María Fernanda Campo, en ese entonces Ministra de Educación, ratificada en julio por escrito por Julio Alandete, Viceministro de Educación, y reafirmada por la actual Ministra de Educación, Gina Parody. Posteriormente, en la presentación en la mesa de negociaciones del nuevo modelo, la comisión gubernamental esgrimió dos nuevos criterios, “resultados institucionales e idoneidad”, en los que creaba nuevas formas de evaluación para hacer prácticamente imposible el ascenso y reubicación de los docentes del 1278 de 2002.

En el documento que el gobierno nacional da a conocer a través de su Viceministro de Educación el pasado 3 de octubre, resalta como aspecto principal la afirmación categórica de que el Ministerio de Educación “nunca renunció ni renuncia a la evaluación. Es por eso, que el MEN considera debe continuar y por ende, debe incorporarse la evaluación en términos de ser integral, pedagógica, innovadora, diagnóstica y vista como proceso y no como momento fotográfico”. Y que “todo lo que educador acredite se valora”. Aseveraciones que hace en las premisas básicas de entrada y desarrolla en la experiencia introduciendo la neoliberal concepción del “tiempo valioso” para someter el tiempo de servicio a una valoración o evaluación. En la producción académica al cambiarla por la “producción pedagógica”, otra idea neoliberal para convertirla en una forma de determinar la posibilidad del ascenso con lo que produzca el maestro en el aula de clase. En la idoneidad que “busca valorar básicamente las aptitudes y habilidades de la práctica pedagógica del educador y su actitud y valores frente al ejercicio de su profesión con sentido de responsabilidad social frente a sus estudiantes y, en general, con la comunidad educativa”, por medio de “los resultados de la autoevaluación del educador, de la evaluación institucional, de la valoración de pares académicos, de la evaluación ordinaria anual de desempeño de los educadores y de la apreciación de los estudiantes y padres de familia, entre otros”. Además, el MEN “considera importante que los educadores apliquen una prueba escrita de dominio disciplinar que tenga el carácter estrictamente diagnóstico”, trampa que deja abierto el camino a la resurrección de la evaluación de competencias.

El Ministerio usa las palabras para confundir. Por ejemplo, en la experiencia, manifiesta que “el tiempo constituye una condición habilitante”, lo cual en el fondo no significa nada. Pero descubre su juego con el “tiempo valioso”, al cual se le asignará un puntaje, lo que significa que será evaluado, destruyendo con ello la naturaleza de la experiencia como tiempo de servicio.

El gobierno nacional pretende desarrollar los conceptos de la evaluación “muldimensional y multiangular”. En el caso de los ascensos y reubicación salarial de los docentes 1278 los criterios que se fijen deben “garantizar acreditación de factores demostrativos del mérito sobre cualquier otra consideración”, pura OCDE- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-.

El MEN pretende que el concepto del mérito – dentro del modelo neoliberal- continúe como la piedra angular de todo el sistema educativo y el concurso y la evaluación son transversales en esto. El concurso de ingreso, el periodo de prueba, la evaluación de desempeño y la evaluación de competencias, juegan su papel en el tipo de maestros y maestras que necesita el sistema social vigente y el modelo económico que lo sustenta:

 Mayor control ideológico, político.

 Mayor proceso de racionalización de gasto con la planta de personal docente en el sector educativo.

 Menor movilidad salarial de los docentes en el tema de los ascensos y reubicación salarial.

 Mayor asignación académica y por ende sobre carga laboral. A esto se suma, la ampliación de la jornada escolar y sus repercusiones sobre la jornada laboral: Jornada Única y extendida, la estandarización del currículo único. Pura OCDE.

 Violenta nuestro fuero en la libertad de cátedra, violenta la autonomía escolar y pone en juego mayor inestabilidad laboral de los educadores con los directivos docentes que asumen nuevas funciones.

 Con imponer la evaluación por puntos, se sigue estableciendo el número de docentes que puede ascender o reubicarse en el escalafón docente, que con la actual modelo evaluación de competencias está entre el 18 % y 22% (los que pasan), se desarrolla soterradamente la evaluación de desempeño en este nuevo modelo de ascenso y reubicación propuesto por el MEN.

Es por esto que para el gobierno nacional no son suficientes los factores demostrativos de mérito acreditados por el educador una vez pasa el concurso y el periodo de prueba, pero algo más la evaluación anual de desempeño, con los títulos, experiencia; el gobierno con sus criterios y normatividad actual está desconociendo el acuerdo con la FECODE al plantear que se reconoce el título pero que no es la única opción que puede demostrar ese criterio.

La pretensión del gobierno de imponer el criterio de idoneidad es abiertamente contraria a los derechos del magisterio. La idoneidad del educador la da el título, el cumplimiento de los deberes y obligaciones y el no incurrir en causales de mala conducta. Aceptar que el ascenso esté determinado por la idoneidad introduciría un elemento funesto en donde se negarían al mismo tiempo el ascenso y la estabilidad laboral. Sería gravísimo.

El criterio gubernamental del “mejoramiento de los logros institucionales” busca obstaculizar el ascenso con el argumento de unos resultados que la misma política del gobierno contra la educación impide. La institución debería acreditar “indicadores que permitan concluir que su mejoramiento es constante, sostenido y significativo”. Para engañar al magisterio se le endulza el oído con el cuento de que ese criterio le dará puntaje para el ascenso pero no restará puntos, en una revelación de la monstruosa forma como viene adelantado la calificación de la evaluación de competencias.

Especial atención merece la iniciativa de ponderar los criterios, reiterada a lo largo del documento: “para efectos de obtención de puntajes para el ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial”, “este criterio dará puntajes”, “todo lo que el educador acredite para un ascenso de grado o de reubicación salarial se valora y otorga puntos”. La suma de puntos por los criterios, que están sometidos a la evaluación, reviviría la tragedia de la evaluación de competencias donde los maestros no ascienden porque les faltan unas décimas o centésimas para superar los ochenta puntos. Es por esta razón que tanto la propuestas de la mayoría como la de la minoría debatidas en la pasada Junta Nacional coinciden en que el ascenso sea por el título y la reubicación salarial por la formación, experiencia o producción académica, aunque se mantenga la diferencia en lo que respecta a la experiencia.

El gobierno nacional, sigue empecinado en descargar la responsabilidad de la calidad de la educación en el maestro-a-, al plantear como norte de la evaluación para el mejoramiento de la actividad docente, cuando el mayor responsable es el gobierno en sus diferentes niveles al no garantizar la política educativa con las personas con criterios claros frente a la educación como derecho y los recursos suficientes para una verdadera calidad. El sistema nacional de evaluación es una utopía, entre otras, porque los responsables que se detectarían estarían en la cúspide del Estado y el gobierno nacional quien es el que ejecuta la política.

- El gobierno Nacional introduce el concepto neoliberal de corresponsabilidad, eficiencia, eficacia y economía, este último que está en la actual evaluación de competencias.

- Ante el llamado del gobierno a superar la dicotomía experiencia= tiempo de servicio vs tiempo de servicio no sirve como criterio pretende que FECODE renuncie a este criterio acordado en el acta. Ahora entendemos, el porque la mayoría del CE FECODE se la jugó en la última Junta Nacional para que este punto no lo distanciara del MEN.

Por eso, nosotros como oposición en el Comité Ejecutivo, seguimos sustentando que la experiencia es el tiempo de servicio y la Junta Nacional de FECODE, convocada para el 21 de octubre del presente año, debe revisar la decisión que mayoritariamente tomó y actuar en correspondencia: los criterios de experiencia y producción académica son dos criterios apartes y no se debe permitir mezclarlos, que es lo que está haciendo el gobierno desde su óptica neoliberal y que viene propiciando la mayoría del CE FECODE.

Para que no quede duda sobre los motivos que sustentan la propuesta del gobierno, en lo atinente a la formación académica plantea mejorar la “eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos presupuestales”. Y ha sido precisamente esa economía en el presupuesto lo que ha prevalecido en el diseño del 1278 para un escalafón en el que no se puede ascender, en el marco del recorte de los recursos para la educación establecidos desde el Acto Legislativo 01 de 2001 y el acto Legislativo 04 de 2007, patrocinado precisamente por Santos como Ministro de Hacienda de Pastrana.

Se hace necesario resaltar que no nos oponemos a la evaluación, sino a la que se impone como requisito para el ascenso y reubicación salarial, razón por la cual nunca hemos aceptado la evaluación de competencias del Decreto 1278 de 2002, ni, en el caso del nuevo modelo de ascenso y reubicación, la que profundiza y multiplica la propuesta del MEN Tenemos que ubicar que lo que nos puso en esta lucha reivindicativa fue la evaluación de competencias del 1278, por no permitir el ascenso y la reubicación de la gran mayoría de los compañeros donde la experiencia –años de servicio- y los títulos obtenidos no se reconocen.

El magisterio representado por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, no puede en manera alguna aceptar el ultimátum gubernamental de mantener y multiplicar la evaluación, con el evidente fin de impedir el ascenso y reubicación salarial de los maestros que se rigen bajo el régimen de contratación del Decreto 1278 de 2002 y profundizar el control del Estado sobre la educación: Control ideológico y político y racionalización del gasto.

En consecuencia, la Junta Nacional de FECODE debe rechazar de plano la propuesta del Gobierno Nacional y convocar al magisterio a defender el acuerdo de mayo de 2014 y el derecho al ascenso y reubicación en escalafón docente por parte de nuestros compañeros y compañeras del 1278 de 2002 con el paro y la movilización, para lo cual proponemos paro de cuarenta y ocho horas con toma de capitales el primer día y toma de Bogotá el segundo, los días 5 y 6 de noviembre. Y paro nacional indefinido en el primer trimestre del año entrante si no hay acuerdo con el Gobierno Nacional.

Se hace necesario preparar con las bases docentes el pliego de peticiones del 2015, para lo cual proponemos que se inicie la discusión con los siguientes puntos:

Salud.

Nivelación salarial y salario profesional.

Garantías para el ejercicio sindical de los y las compañeras del 1278 –comisión sindical-.

Nuevo esquema de financiación y competencias en el sector educativo, pues el actual termina en diciembre de 2016. Propuesta que debe construir FECODE en el año 2015. El Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de FECODE se deben comprometer desde ya con la preparación de una pelea articulada y coordinada con la comunidad educativa y otros sectores sociales y populares para la promulgación de un acto legislativo que impida la prolongación del SGPT después del 2016 cuando finaliza. La propuesta con la lucha al frente debe garantizar unas transferencias crecientes en el sector educativo que permitan realmente una educación con calidad para lo cual es indispensable la apropiación en el presupuesto de recursos suficientes y necesarios. Erradicar el criterio oferta-demanda y la educación como negocio –mercado-.

El aumento del porcentaje de SGP para el ascenso y reubicación del escalafón docente debe pasar del 1% al 4%. Esto garantizaría que los docentes que cumpliendo los requisitos –incluyendo los que en estos 10 años no lo han hecho- que pretendan ascender y reubicarse en su gran mayoría lo puedan hacer.

Y continuar con la lucha por el nuevo modelo de ascensos y el nuevo estatuto docente.

WILIAM VELANDIA

Fiscal

FRANCISCO TORRES

Secretario de Relaciones Internacional

OVER DORADO

Secretario de Asuntos Cooperativos

LUIS ALBERTO MENDOZA

Secretario de Género

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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