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Privatización o la negación del derecho a educarse

Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, marzo 7 de 2016

Recordábamos con algunos colegas por estos días las épocas en que en calidad de estudiantes de la Universidad Pública nos manifestábamos reclamando del gobierno recursos para el mejoramiento de la calidad y el equipamiento en laboratorios, biblioteca y recursos docentes que elevaran su nivel de formación, así como autonomía para decidir sobre el rumbo de la academia y las áreas de investigación; años después a comienzos de los ochenta ya en ejercicio de la profesión al contacto con los muchachos de nuevas generaciones de estudiantes les escuchábamos advertir sobre el proceso de privatización de las instituciones públicas, algo que parecía más una consigna traída de los cabellos y artificiosa para llamar la atención de la galería que un hecho que la realidad pudiera corroborar, sin embargo de manera silenciosa y apelando a la expedición de normas que regulan la educación superior hoy las universidades públicas en su mayoría derivan los recursos para su funcionamiento en más de la mitad de ingresos propios mediante el cobro de matrículas, contratos con entidades privadas y del Estado y la venta de servicios a propios o extraños y por supuesto también al endeudamiento con la banca pública y privada; la suspensión de actividades de la universidad del Tolima deja al descubierto la magnitud de las obligaciones financieras de las Universidades Públicas a la fecha con la Banca que pone en serios aprietos la viabilidad futura de varias de ellas; aunque pueda alegarse la imprevisión e incluso la venalidad de sus directivas en algunas lo que es de bulto es la decisión de los gobiernos de las últimas tres décadas de desfinanciar progresiva y sistemáticamente a la educación para darle mayor protagonismo a las instituciones privadas y entregarles los recursos estatales a las mismas; en particular el gobierno actual ha sido campeón en este proceso, con el programa “ser pilo paga” viene otorgando a las principales universidades privadas miles de millones de pesos por la vía de pagarles sus costosas matriculas a unos pocos jóvenes que califican por su excelencia académica, pero negándole a muchos otros de iguales condiciones la posibilidad de matricularse por la limitación de los recursos; ahora con los lineamientos del decreto 2450 de diciembre pasado y la resolución 02041 de febrero acompañados de la oferta de recursos direccionados a las universidades privadas por la modalidad del “ser pilo” mientras continúa negando financiación adecuada a la Universidad Pública amenaza la continuidad de las Licenciaturas que han formado a miles de docentes de este país, es nuestro deber reclamar financiación estatal para garantizar educación superior a quien quiera obtenerla.

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