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Privatizar Isagén no es “cambiar un activo por otro”

Andrés Trigos R., Medellín, mayo 3 de 2015

Una de las estrategias de las que se han valido quienes permiten que se mantenga el atraso de la producción nacional ha sido la de presentar la venta de Isagén y el cierre financiero de las vías de cuarta generación como dos bailarines que danzan al unísono, argumentado que esto es “cambiar un activo por otro” y que además éste podría significar mayores utilidades para el país.

Tan profunda es esta idea que los defensores de su venta se han atrevido a asegurar que definir si vender o no Isagén, “no es la cuestión”. Por el contrario, señalan que lo fundamental es “asegurar la financiación del programa vial de las 4G”. A partir de acá se enmarca otro debate: el de la justísima necesidad que tiene el país en fortalecer su infraestructura, sobre todo las vías terciarias, pero con el que astutamente intentan aislar y maquillar la importancia que tiene Isagén, una empresa con mayoría accionaria pública, con mostrada eficiencia, con un EBITDA de 742.822 y una utilidad neta de 436.583 millones de pesos en 2014; debe privatizarse o no. Fungen como héroes de la manipulación para arrogarse el derecho a gobernar tan o más mal que como lo han venido haciendo.

La falsa retorica gubernamental de cambiar “un activo por otro” resulta bastante alejada de la realidad. La participación del estado en Isagén es del 57%, cuenta con siete centrales generadoras, es la segunda generadora del país y satisface cerca de una quinta parte de la demanda en energía de la nación. Representa un sector estratégico y es pieza fundamental en la soberanía energética nacional pues cuenta con la capacidad de construir y fortalecer la oferta para cubrir las necesidades demandadas, característica que sólo la empresa pública está dispuesta a afrontar, como quedó demostrado con la entrada en operación de hidrosogamoso, que además terminaría significando un incremento en el valor de la empresa por alrededor de un billón de pesos en los próximos años. Tampoco debe olvidarse que Isagén actúa como regulador natural de precios, otra de las capacidades que el estado, en derecho de sus funciones, no puede arriesgar.

No es tan olímpico el cambio de “un activo por otro”, como lo ha querido mostrar el Gobierno Santos. Por el contrario, la desesperada privatización tiene como fin, en consonancia a los recetarios del Banco Mundial, impulsar reformas que hagan despegar la economía nacional y logren equilibrar el desbalance externo al que las nocivas políticas de la inversión extranjera directa, presentes en esta venta, han llevado a la producción nacional. Sólo podría darse algo este impulso si es el gobierno central quién se encarga de la financiación y operación directa de las 4G pero a la vez no aventura y cierra la puerta a la apropiación privada de las ya esperadas crecientes utilidades de Isagén.

Para quienes defienden la privatización de Isagén y la justifican afirmando que utilidades de infraestructura vial pueden ser mucho más favorables que las ya probadas utilidades del 10% de la generadora de energía, queda la pregunta de cómo hay tantos jugadores privados dispuestos a quedarse con la empresa pública y ninguno dispuesto a financiar las concesiones viales 4G. Es innegable que la seguridad económica que proporciona Isagén por su gran estabilidad financiera, su enorme valor accionario y un abultado flujo de caja; contrapuesto al riesgo financiero que significa invertir en las vías de cuarta generación por la alta incertidumbre de la demanda, la baja probabilidad en el cumplimiento presupuestal de ejecución y los altos tiempos de retorno en la inversión; sumado a lo expuesto en los primeros párrafos, son luces suficientes para entender que la privatización de Isagén no es “cambiar un activo por otro” como adalides de la privatización quieren hacerlo pasar y que avanza más rápido que antes, desde el aparato estatal, una profunda idea para privatizar los beneficios y socializar la crisis.

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