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Propuestas del Ministro de Minas no resuelven la crisis estructural de Electricaribe

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, junio 19 de 2015

Las permanentes protestas de los usuarios de Electricaribe por la pésima calidad del servicio eléctrico que presta en los siete departamentos de la Costa Atlántica y las altas tarifas lograron que el gobierno nacional, encabezado por el ministro de Minas y Energía Tomás González, y un sector importante de la bancada parlamentaria de la región, se reunieran el viernes 12 de junio en Barranquilla con directivos de la trasnacional Gas Natural Fenosa que ostenta la mayoría accionaria en la empresa eléctrica, excluyendo la presencia de los líderes de las organizaciones de usuarios que se hicieron presentes y quienes tuvieron que hacer un acto de protesta para que al final dejaran intervenir un par de ellos por unos pocos minutos.

El ministro de Minas dio a conocer un paquete de propuestas que está consignado en la página electrónica www.minminas.gov.com y que se resume en los siguientes puntos. 1) Un plan de inversiones por 4.1 billones de pesos para tres clases de proyectos: para mejorar los sistemas de Transmisión Nacional y Regional (relacionados con ISA y Transelca) 3 billones de pesos y para el Sistema de Distribución Local 1.1 billones de pesos (relacionado con Electricaribe). 2) Mantenimiento de los subsidios para estratos 1 y 2 (que lo ordena la ley); incremento en los recursos del Fondo de Energía Social para barrios subnormales y de difícil gestión y unificación del mercado de usuarios de Electricaribe y Energía Social que viene siendo una discriminación odiosa. 3) Incremento de recursos para los Proyectos de Normalización de Redes (Prone) sin cuantificar el monto. 4) Apertura a nuevas empresas para que participen en los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional y Regional, pero no en la competencia a Electricaribe que conserva su monopolio en la distribución y comercialización de energía en la Costa. 5) Seguimiento y control de la Superintendencia de SPD de los compromisos.

La calamidad en la que se ha convertido el servicio eléctrico para más de diez millones de habitantes de la Costa y del sector productivo exige soluciones integrales para una crisis de naturaleza estructural como la que estamos viviendo. Se requiere un plan de mejoramiento integral de la infraestructura eléctrica regional y las inversiones del Estado, que son la gran mayoría, se reflejen en la composición accionaria de la compañía a favor de la Nación. Las deudas infladas impagables deben ser auditadas y condonadas con parte de las inversiones oficiales y parte por la empresa que ya las ha llevado a pérdidas y ganancias. La inequitativa subnormalidad debe ser solucionada con cuantiosas inversiones para brindar un servicio decente al 40 por ciento de la población que está en esta perversa condición. Debe haber oficinas de quejas y reclamos en todos los municipios de la Costa y principales corregimientos. No se debe seguir implementando la medición centralizada digital manipulable por la empresa y permitir que los usuarios tengan los medidores convencionales que son más creíbles. La resolución 036 de la Creg debe ser derogada para echar atrás el último aumento de las tarifas. Se hace necesario que por las condiciones de pobreza en que se debate la mayoría de la población costeña, se implemente un consumo mínimo vital gratuito de energía para los estratos uno y dos. Solo así se podría doblar la página de esta denigrante situación a la que nos han llevado las políticas neoliberales que privatizaron el patrimonio público a favor de minorías opulentas.

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