Enfrentamos las elecciones del 30 de octubre en una situación política caracterizada porque, desde la Presidencia de la República, se aplican políticas económicas que causan grave daño al aparato productivo nacional y a la gran mayoría de los habitantes del país. Santos, continuando con la obstinación de Uribe Vélez, se inclina ante Obama para que solicite al Congreso de Estados Unidos la ratificación del Tratado de Libre Comercio TLC con Colombia y para ello adopta decisiones que, originadas en el gobierno norteamericano, entregan, aun más, la soberanía nacional.
Contrario a lo que algunos sectores políticos quieren hacerle creer a la gente, el gobierno de Santos aplica políticas neoliberales y el Congreso decreta iniciativas destinadas a empeorar, todavía más, las ya difíciles condiciones de vida y trabajo de los colombianos. El Plan Nacional de Desarrollo, más que Prosperidad para Todos, es prosperidad para la minoría dueña de los grandes negocios contemplados en las “Cinco Locomotoras” y la Ley de Sostenibilidad Fiscal es el recorte y sometimiento de derechos sociales que, como la salud y la educación, se sujetan a los presupuestos oficiales y a las decisiones gubernamentales y no al fallo de los jueces, en una clara negación del Estado Social de Derecho.
De igual forma puede opinarse de las leyes aprobadas durante el primer año de gobierno de Santos, dirigidas a consolidar el propósito uribista de dar al capital extranjero, seguridad para sus inversiones mientras se pretende el sometimiento de la población afectada a través de la seguridad democrática. Sin duda, la aplicación de esas políticas ha de generar más hambre, pobreza, miseria, desempleo y desplazamiento, lacras sociales que acompañan las políticas de apertura del mercado interno a las mercancías extranjeras, la privatización de los bienes públicos y estatales, y la rebaja de los salarios e ingresos de los trabajadores.
Las alzas en las tarifas de los servicios públicos, la conversión de la salud en un negocio, la pérdida de la gratuidad y la calidad en la educación pública, el menoscabo de los derechos democráticos de los trabajadores, el quebranto de las libertades individuales y ciudadanas, la pérdida de la soberanía y los atropellos contra el ejercicio de la oposición, nos llevan a persistir en el ejercicio de una oposición al gobierno nacional tal y como lo definió el Polo Democrático Alternativo.
En Caldas adelantamos, durante este cuatrienio, una política de oposición a la gran minería trasnacional y a cielo abierto que pretenden imponer las compañías multinacionales, contra el querer de los habitantes de Marmato y otras áreas del occidente caldense. Nos opusimos, también, al pésimo manejo que se dio a la Industria de Licores de Caldas y al Aeropuerto de Palestina. Criticamos el acomodamiento del gobierno a las políticas nacionales de privatización, aun más, de la salud y la educación públicas y al sometimiento a los planes departamentales de agua.
En cuanto a la política agraria, señalamos la decisión equivocada de promover la higuerilla en lugar de la siembra de alimentos claves para la dieta básica de los caldenses. Denunciamos los tratados de libre comercio y defendimos los intereses de los productores de cereales, panela, leche, carne de res y de cerdo y pollo. Nos opusimos al cierre de los mataderos municipales y acompañamos a los expendedores de carne en sus reclamos. Durante estos años, hicimos presencia en la provincia caldense, respaldamos los reclamos de diversos sectores sociales y de las comunidades indígenas.
En lo que a Manizales respecta, alentamos la lucha social en defensa de los habitantes de la Comuna San José que, acosados por el plan de renovación urbana, están siendo desplazados; respaldamos la petición ciudadana para que no se implementará el TIM, no se aceptara el alza exagerada en el impuesto predial, en las tarifas de los servicios públicos y en el alumbrado público. Defendimos los derechos de los trabajadores de la salud y la educación y luchamos por la derogatoria de la Ley 100 que, como señala el senador Jorge Enrique Robledo, causa más muertos que todas las violencias juntas.
Adriana Arango Mejía, nuestra concejala, ha levantado su voz por los que no la tienen en el Concejo de Manizales y en las calles de la ciudad y, con valor y entereza, ha defendido los intereses de manizalitas y caldenses. Oscar Gutiérrez Reyes, nuestro candidato a la Asamblea de Caldas, al igual que cuando fue diputado continua la lucha y, como el mismo dice, el Polo debe estar Con el Pueblo y por la Soberanía, ¡Siempre!
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