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Rechazamos la contratación de los servicios de salud con el derecho privado

Tribuna Magisterial, Bogotá, octubre 11 de 2016

Dentro del recetario neoliberal, que impone el imperialismo norteamericano por medio de diversos organismos internacionales tales como la OCDE, resalta la privatización como invaluable herramienta de saqueo. Fieles a ese mandato, sucesivos gobiernos de Colombia desde el comienzo de la Apertura Económica y posteriormente en el marco de los Tratados de Libre Comercio han feriado el patrimonio nacional con argumentos tales como que deben primar sobre cualquier consideración las reglas de "libre comercio", que lo público es sinónimo de ineficiencia, que se venden las empresas que no dan ganancias y, por último, en este nefasto Gobierno de Santos, que se necesita la plata para arrojarla al hueco sin fondo de la crisis económica, no importa cuánto pierda el país, como ha sucedido con la venta a menosprecio de ISAGEN, lo que se viene con la venta por piezas de ECOPETROL, empezando por PROPILCO y la confección de una lista de inminente cumplimiento en la que está la PREVISORA, la administradora fiduciaria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la que de la misma pedrada le daría un duro golpe no sólo al Fondo sino también al régimen especial de salud y pensiones. A estos desafueros santistas a nivel nacional se suman los atropellos locales, como los de que comete en Bogotá el avezado privatizador de Peñalosa contra la ETB, la Empresa de Energía Eléctrica y la educación pública con la multiplicación de los colegios en concesión.

La política de privatización también va dirigida a alterar sustancialmente la contratación pública -donde se mueven billones de pesos del patrimonio de todos los colombianos- para aplicarle el derecho privado, reduciendo el control del Estado y otorgándoles mayores facilidades a los contratistas, que con los TLC serán crecientemente monopolios extranjeros. De hecho, se ha venido imponiendo por diversos medios la negación de la ley 80 de 1993. El caso más emblemático de los últimos tiempos es el contrato de la Refinería de Cartagena, efectuado con la contratación privada y que condujo a escandalosos sobrecostos. Pero ello no es suficiente para el capital financiero, las normas vigentes ya quedan estrechas a su voracidad, que necesita un marco más expedito para el saqueo. Por ello la OCDE "recomendó" al gobierno que "corrija el sistema de contratación pública", conforme a lo cual el Gobierno adelanta las iniciativas necesarias para derogar las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. La reforma santista contiene varios aspectos, uno de ellos "establece las normas aplicables para la celebración, ejecución y liquidación de los contratos estatales, las cuales deberán atender en primera instancia las reglas contenidas dentro de la legislación comercial y civil". https://www.ambitojuridico.com/Banc...

Por supuesto, los desafueros cometidos y los por cometer se ocultan bajo afirmaciones tales como que "las condiciones para adjudicar los presupuestos de las entidades son farragosos, entreverados y parecen diseñados para que todos los problemas se resuelvan por la vía judicial: así, solo ganan los abogados especializados en litigar contra el Estado". http://www.dinero.com/edicion-impre...

La Junta Nacional determinó en su reunión de 11 de febrero del año en curso que “la contratación se debe fundamentar y constituir como obligación para las partes en la constitución de 1991, la ley 80 de 1993 y las normas que la modifican, adicionan y aclaran”. Pese a ello en el acuerdo 03 se redujo la ley 80 a sus principios y en el manual de contratación y en los prepliegos se establece que "el marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por: la Constitución Política de Colombia, los principios de la Ley 80 de 1993, Código Civil, Código General del Proceso, Código de Comercio, decretos reglamentarios aplicables al régimen exceptuado de los afiliados al FOMAG, acuerdos del Consejo Directivo del FOMAG, resolución y circulares cuyo destinatario sea el régimen exceptuado de los afiliados al Fondo, Manual de Contratación del FOMAG y las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes", con lo que se sometió la contratación al derecho privado.

Lo aprobado en el Consejo Directivo del Fondo con el voto favorable de los delegados del magisterio controvierte las decisiones de la Junta Nacional coincidiendo con las recomendaciones de la OCDE y ello no puede más que suscitar nuestro rechazo. Reiteradamente en el Comité Ejecutivo hemos manifestado nuestra oposición a que se someta la contratación de nuestros servicios de salud al derecho privado, así como lo hemos hecho en diversas sesiones de la Junta Nacional. Sin lugar a dudas la aceptación de los dictados de Santos y la OCDE en materia tan importante va en contra del control estatal sobre los contratos y de su poder sancionatorio, todo lo cual tendrá consecuencias en la prestación de los servicios médico asistenciales.

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