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Reforma Tributaria para asfixiar a la clase media y a los productores nacionales

Red de Justicia Tributaria, Bogotá, septiembre 10 de 2014

En 2012 la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, junto a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, advirtió que la reforma tributaria presentada por el presidente Santos no cumpliría con los propósitos consagrados de mayor equidad y empleo de calidad. Además, anticipó que bajar el impuesto sobre la renta del 33 al 25 por ciento crearía un hueco fiscal.

Los resultados son contundentes. No se crearon los empleos prometidos, ni se bajó la informalidad laboral, los colombianos no ganamos en equidad y en consecuencia, el gobierno afronta una dificultad fiscal de tal magnitud que lo llevó a presentar un presupuesto desfinanciado en $12,5 billones, solo para el primer año del nuevo gobierno, pero algunos expertos afirman que el déficit es mayor.

Durante el primer semestre de 2014, la tasa de crecimiento del recaudo tributario siguió mostrando signos de debilidad, al crecer 7,1%, cuando en los años 2011 y 2012 –antes de la reforma- su crecimiento osciló entre el 25% y 32% respectivamente. Así mismo, el impuesto a la renta cayó 24,4%, disminuyendo su participación en el recaudo total del 56 al 38% y los impuestos externos pasaron del 14 al 13 por ciento. En cambio el IVA, un impuesto regresivo por naturaleza, creció 11,9%, impulsado por el gravamen a productos básicos de la canasta familiar, como el chocolate, el trigo y el maíz. Finalmente, el impuesto a la gasolina y el ACPM pasó de recaudar 1,2 a 1,5 billones de pesos en el último año, afectando principalmente a los hogares más pobres, pues el 78% de los vehículos del país se encuentran en los estratos 1, 2 y 3, y si se suma el 4 representan el 92%.

En su momento, el ministro Mauricio Cárdenas, el entonces director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega y los congresistas de las bancadas de gobierno, ignoraron y descalificaron los cuestionamientos realizados desde los movimientos sociales, la academia y congresistas de la oposición. Ahora, para corregir tal adefesio, se aprestan a presentar una nueva reforma tributaria más regresiva que la anterior.

Según lo anunciado, el gobierno pedirá al Congreso que aumente la tarifa y disminuya la base gravable del impuesto al Patrimonio, que debía eliminarse este año. Recordemos que este impuesto de 1%, se implementó en 2004 como una carga temporal para financiar la guerra a los patrimonios superiores a $3.000 millones. En 2010 se bajó la base a $1.000 millones. La propuesta actual, es llevarlo hasta $750 millones, con una tarifa escalonada hasta 2,25%. Esto significa que los colombianos de clase media tendrán que sacar más dinero de sus bolsillos para pagar el impuesto al patrimonio, y adicionalmente para pagar el IMAN y la Retefuente, el incremento del IVA, el Impuesto Nacional al Consumo y a los combustibles, para corregir la irresponsabilidad del Gobierno en el manejo fiscal que ha convertido la ‘mermelada’ en una política de Estado.

Los productores nacionales del agro y la industria también se verán afectados, pues un incremento de este impuesto desestimula la adquisición de activos fijos, como maquinaria, herramientas y equipos que harían parte del patrimonio. En cambio, estimula las actividades de intermediación en importaciones que debido a los TLC son las más beneficiadas durante este gobierno.

Pero las malas noticias no paran allí. ANIF y Fedesarrollo llevan meses proponiendo aumentar el IVA del 16 al 17 e incluso al 18 por ciento, lo que el ejecutivo parece estar dispuesto a aceptar. Y el impuesto a las transacciones financieras del 4x1.000, que también debía eliminarse este año, será una carga de los colombianos por al menos cuatro adicionales.

Mientras lo anterior ocurre, el gobierno de Santos sigue dilatando las discusiones de fondo sobre la inequitativa y regresiva estructura tributaria, relacionadas con los onerosos costos que para los colombianos tiene mantener los beneficios y exenciones tributarias a los grandes capitales de naturaleza especulativa y de sectores extractivos, con el argumento de atraer más inversión extranjera que en nada está sirviendo al desarrollo del país. Tampoco se habla de la necesidad de simplificar la estructura y de corregir la desigualdad en el interior del componente de renta, en donde pequeños y medianos empresarios nacionales están forzados a pagar tarifas efectivas más altas que las grandes multinacionales extranjeras.

El Congreso de la República, es el responsable de modificar la estructura tributaria, velando por disminuir la enorme brecha entre ricos y pobres. Colombia se ubica como uno de los 10 países más desiguales del planeta, por tal razón desde la Red por la Justicia Tributaria, como actores sociales, estamos dispuestos a aportar en este proceso.

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