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Reforma a la educación superior aprobada por pupitrazo

Entrevista a Juan Sebastián López, Colombia Informa, Bogotá, diciembre 18 de 2014

El lunes 15 de diciembre fue aprobada, en la plenaria de la Cámara de Representantes y a pupitrazo, una reforma express de la Ley 30, normativa que regula la educación superior en el país. A propósito del tema, Colombia Informa conversó con Juan Sebastián López, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- y bloguero del periódico El Espectador.

A lo largo de 2014, los estudiantes de las Fundación Universitaria San Martín -FUSM-, denunciaron la crisis por la cual atraviesa la institución reflejada en que está en quiebra debido a malos manejos de recursos. El ministerio de Educación, en cabeza de Gina Parody, canceló los registros calificados de la institución así como su capacidad de generar nuevas matrículas. Durante diciembre, el ministerio presentó ante Cámara y Senado un proyecto de inspección y vigilancia con el argumento de prevenir situaciones como la de la FUSM. El pasado lunes se aprobó en la Cámara de Representantes, Con 102 votos, el proyecto de ley "Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior y se dictan otras disposiciones".

Estudiantes de la MANE, académicos y algunos congresistas del Polo afirmaron que esta reforma no mejora la situación de las Universidades y que se trata de una intromisión del ministerio sobre las universidades, en otras palabras, violación a la autonomía universitaria.

Colombia Informa: ¿En qué consiste esta reforma y por qué afirman que no mejora la situación de las instituciones de educación superior? ¿Cuáles cree usted son las intenciones reales de dicha ley?

Juan Sebastián López: Hay que recordarle a los colombianos que la política educativa de Colombia ha sido la misma desde el gobierno de Gaviria. Tanto Samper, Pastrana, Uribe y Santos han aplicado un modelo neoliberal de educación que concibe el derecho como una mercancía. En 2011, el gobierno de Santos, en lugar de evitar y controlar que los estudiantes no sean estafados por algunas universidades privadas, presentó un proyecto para legalizar el ánimo de lucro que afortunadamente fue derrotado por la MANE y la sociedad en general que se movilizó contra ese despropósito.

El reciente proyecto pupitreado por el Congreso engaña a la gente al hacerle creer que es para luchar contra la corrupción cuando en realidad mantiene los perversos incentivos para que la educación siga siendo un negocio. La verdadera intención del proyecto es regular el negocio educativo y abrir las puertas para nuevas formas de hacer lucro vinculando a las universidades privadas y públicas con el sector financiero a través de la creación de fiducias y con perniciosas prácticas como el endeudamiento de las públicas con cargo a las matrículas que pagan los estudiantes.

C.I.: En su columna “Reforma Express a la Ley 30: inconsulta e inconveniente” usted manifiesta que debe ser la comunidad universitaria la que haga veeduría de sus recursos, ¿en qué se diferencia una veeduría de la comunidad a una hecha por parte del Ministerio de Educación?

J.S.L.: Cuando la sociedad desarrolló el concepto de Autonomía Universitaria lo hizo pensando en que era la mejor manera de garantizar la independencia para que la academia avanzará en los conocimientos que el progreso demanda. ¿Quién sabe mejor que los médicos que es lo que se debe enseñar en medicina? ¿Quienes más que los matemáticos para definir los contenidos curriculares de la carrera de matemáticas?. Entonces la autonomía no se establece en cabeza del rector o del ministerio sino en cabeza de la comunidad educativa, la cual comprende a estudiantes, profesores, trabajadores y directivos. Solo garantizando un funcionamiento democrático de las relaciones entre los estamentos que conforman la comunidad educativa es posible desarrollar a cabalidad el principio constitucional consagrado en el artículo 68 de la Constitución Política que señala “La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”. En otras palabras no hay autonomía sin democracia y eso es lo que no está pasando en la actualidad. Esa situación favorece al gobierno y a los privados que abusan de la facultad que les otorga la Constitución de prestar el servicio público y derecho fundamental a la educación.

C.I.: Los estudiantes de la FUSM como de la Universidad Incca han manifestado que fueron engañados y que muchos de ellos que han tenido que endeudarse para pagar sus estudios, ahora no pueden graduarse gracias a las decisiones del ministerio. ¿Cree usted que la crisis universitaria la paga quien la genera? ¿Qué solución proponen los estudiantes frente a este problema?

J.S.L.: Es gravísimo que el gobierno haya permitido esta situación. Todas las universidades cuestionadas por el Ministerio tienen permisos para funcionar dados por el propio ministerio. No puede presentarse esta situación sin que aparezcan responsables en el gobierno. Las universidades privadas de mala calidad y que engañan a sus estudiantes han crecido de la mano de los últimos gobiernos incluido el de Santos. No me extrañaría que los estudiantes tomen medidas contra el Ministerio de Educación por permitir semejantes estafas en la educación superior de Colombia, porque es el Estado el responsable de vigilar que eso no suceda y está claro que el gobierno ha pecado ya sea por acción o por omisión en su deber de vigilar que no exista corrupción.

Los estudiantes y la MANE hemos propuesto fortalecer la democracia universitaria. Estamos seguros que con una correcta representación de estudiantes y profesores en los órganos de gobierno universitario estos hechos podrían prevenirse puesto que la comunidad educativa tendría medios para poder acceder a la información acerca de los costos pecuniarios de su institución y del manejo administrativo. Que sean instituciones privadas no implica que puedan hacer lo que quieran, recordemos que se trata de un servicio público y un derecho fundamental.

C.I.: Como la ley 30 de 1992, que hoy tiene en déficit a las universidades públicas por más de 12.5 billones de pesos, el proyecto de ley de Gina Parody está siendo tramitado en diciembre, cree usted que es una estrategia del gobierno para no suscitar debate ni protesta de parte de los universitarios?

J.S.L.: El proyecto aprobado por el Congreso e impulsado por Gina Parody parte de una falacia y es que el Ministerio de educación no tiene herramientas para frenar la corrupción en las universidades. Nada más falso que eso. Otra cosa es que el Ministerio por muchas razones no este interesado en aplicarlas. Repito, este es el mismo gobierno que propuso que robar plata de las universidades dejara de ser delito. Está claro que el gobierno esperó que los estudiantes estuvieran en exámenes finales y vacaciones para presentar un proyecto que jamás discutieron con la comunidad educativa y que para muchos es hasta desconocido. Habla muy mal del gobierno y de la ministra que no sean capaces de discutir sus opiniones sobre la educación. Si quieren que sea una mercancía que lo digan y lo defiendan de frente y no engañando al país.

C.I.: La MANE tuvo una movilización el 16 de Octubre de este año rechazando la política pública de Educación Superior, ¿qué se viene para el otro año?

J.S.L.: El estudiantado colombiano es consciente de que este gobierno no va a resolver la crisis que ha ayudado a causar. La corrupción de la que han sido victimas y los sueños frustrados de cientos de miles de estudiantes y sus familias son en gran parte responsabilidad de este gobierno que durante más de 4 años no hizo cosa distinta que promover el negocio de la educación a tal punto que hoy ya existen multinacionales de la educación que han comprado instituciones de educación superior en Colombia. La MANE construyó una propuesta para transformar el pauperrimo modelo educativo superior de Colombia y continuara promoviéndola. Tampoco se descarta la movilización porque está probado que es la única manera de frenar las intenciones del gobierno de profundizar el negocio educativo. El próximo año con seguridad se verá a la MANE y a los estudiantes y profesores del país movilizándose contra el Plan Nacional de Desarrollo de Santos II y por la defensa de la educación como derecho. No nos acostumbraremos a tener un país de los más desiguales del mundo y con un sistema educativo en la ruina y seguiremos insistiendo en la necesidad de transformarlo y de denunciar a los causantes de la crisis.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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