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Reforma exprés a la Ley 30: inconsulta e inconveniente

Juan Sebastián López M., El Espectador, Bogotá, diciembre 14 de 2014

La ministra de Educación, Gina Parody, y el Presidente Santos presentaron una reforma a la educación superior jamás discutida con la comunidad educativa y que se presenta con el supuesto propósito de reforzar el derecho a la educación, cuando en realidad profundiza el carácter de servicio y mercancía fijado por la Ley 30 de 1992.

El mensaje de urgencia con el que el gobierno presentó el proyecto y la manera como lo está tramitando develan el carácter antidemocrático con el que se pretende reformar la educación, así como la tónica gatopardista de que todo cambie para que nada cambie y para que se perpetúe el modelo educativo basado en la educación de mala calidad como política de Estado. El cacareado objetivo de buscar más herramientas para intervenir las Instituciones de Educación Superior (IES) es usado por el gobierno como carnada para engañar a la opinión, mientras se agrava un cáncer cuyos peores síntomas son los recientes casos de la Universidad San Martin, llamada la Saludcoop de la educación, y de la Universidad Autónoma del Caribe.

El proyecto pupitreado en primer debate con la solitaria oposición del Polo Democrático, además de no apuntar al meollo del problema, pretende buscar al ahogado río arriba. Los recientes escándalos ocurridos en universidades privadas no son causa sino consecuencia del modelo privatizador. Estas irregularidades se presentan debido a una convergencia de factores entre los que se encuentran la concepción neoliberal de la Ley 30, la abusiva gestión de los privados en esos casos específicos y la incompetencia del gobierno a la hora de realizar sus labores de vigilancia y control en las IES.

La reforma exprés se aprovecha de esto para plantear un control posterior, selectivo y en cabeza del Ministerio de Educación a las instituciones educativas que a juicio del Ministerio lo requieran, en vez de garantizar un control anterior, general y en cabeza de la comunidad académica, como lo prescribe el artículo 68 de la Constitución Política, al señalar: “La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”, situación que dista mucho de la realidad y que es deber del gobierno garantizar.

La reforma impulsada por la ministra Gina Parody, copartidaria de Santos en el Partido de la U, la ex ministra Campo y los ponentes del ánimo de lucro en 2011, además de hacer parte de la implementación a la fuerza del Acuerdo por lo Superior 2034 que ha sido rechazado por la comunidad académica, prolonga la crisis universitaria tanto del sector público como del privado, pues no plantea soluciones al déficit de $12.5 billones que acumulan las 32 universidades públicas ni persigue tampoco la verdadera causa del problema en las instituciones privadas, el ánimo de lucro. Al contrario, lo incentiva.

Elementos de la reforma como la constitución de fiducias con los dineros de las instituciones que sean intervenidas, sumados a la perniciosa práctica, respaldada por el MEN, de establecer líneas de crédito para las universidades públicas con el sector financiero, amparadas en los ingresos provenientes de matrículas o estampillas, constituyen medidas tendientes a consolidar la educación como un negocio y abrir la puerta a cada vez más formas de lucro que además de estar prohibidas por ley en la educación superior y responder a las exigencias de los TLC, son ajenas a la concepción de la educación como derecho fundamental, un criterio que defienden los sectores democráticos del país.

Si de verdad se quiere poner fin a las consecuencias de la mercantilización de la educación, se debe empezar por dotar de garantías la participación real y democrática de los estamentos de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones de educación superior. Los abusos cometidos en las IES se suelen presentar en gran parte porque en la práctica profesores y estudiantes son excluidos de los órganos de dirección.

Una buena noticia, que contrasta con el sombrío panorama descrito: se acaba de constituir el Comité Nacional por la Defensa de la Autonomía Universitaria, en el que participan la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, sindicatos de profesores y trabajadores y varios sectores políticos, como un aliciente para luchar por una educación de calidad, democrática y al servicio del país y sumar más personas y organizaciones a la oposición a esta reforma exprés a la Ley 30, inconsulta e inconveniente, y que pretende profundizar el paupérrimo sistema educativo colombiano.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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