Región Caribe y unidad nacional

Uno de los temas que ha generado mayor discusión últimamente es el relacionado con el impulso a la constitución de la región Caribe que ha llevado al gobierno nacional a presentar un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial al congreso de la República.

Es cierto que en la Costa Atlántica se presenta un cúmulo de entrelazamientos de diversa índole, como geográficos, culturales e históricos, que componen una especie de región, pero haciendo parte integral de la unidad nacional que representa el conjunto de los intereses de todos los colombianos.

Después de doscientos años de historia, la experiencia nos muestra un camino común que hemos recorrido todas las regiones y departamentos del país; de una parte logramos la independencia nacional de un imperio extranjero, lo que nos permitió la formación del Estado - Nación, que no existía previamente; se inició el establecimiento de unas instituciones jurídico políticas que significaron avances notables; la educación pública se entronizó con parámetros avanzados del momento. La falencia principal fue no haber podido desarrollar el aparato productivo en momentos de auge de la Revolución Industrial por el atraso secular en el agro, la concentración de la tierra principalmente en manos de la iglesia y los realengos improductivos y la carencia de una política de estímulos capitalistas, modo de producción que se encontraba en su fase progresista en esa época.

Despuntando el siglo XX, los Estados Unidos, ya convertidos en una potencia imperial capitalista, alentaron ánimos separatistas en el istmo de Panamá que llevaron al despojo de esa parte integrante del territorio nacional y a una fuerte resistencia de importantes sectores patrióticos del país. Desde entonces la nación colombiana en su conjunto ha sufrido la intromisión permanente de los gobiernos norteamericanos en nuestros asuntos internos que no han permitido el desarrollo económico y el progreso social.

La causa de la crisis que soportan todas las regiones de Colombia, incluida la Costa Atlántica, es idéntica a la que sufre la sociedad colombiana, la cual está relacionada con la ausencia de soberanía nacional, de desarrollo económico independiente y el goce de derechos democráticos de la población en general. Por lo tanto, la suerte de cada una de sus regiones y entidades territoriales está ligada a la suerte del conjunto, que es la nación entera. Es fundamental la fuerza que brinda la cohesión de todos los componentes de un país, la soberanía, la integridad territorial, las múltiples riquezas en recursos naturales y en sus gentes laboriosas. El desarrollo económico y el progreso social de los países desarrollados así lo corrobora. Estados Unidos, Europa y Japón tienen estructuras estatales fuertemente centralizadas, algunas con regímenes federales y otras como repúblicas unitarias.

Descentralización y recorte a las transferencias territoriales

Está fresca en la memoria colectiva la resistencia de amplios sectores sociales contra el inicuo recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales en los años 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y en 2007, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por mandato de la Constitución Nacional los departamentos y municipios recibían partidas crecientes de Ingresos Corrientes de la Nación. Según cifras de la Federación Nacional de Gobernadores con el acto legislativo 01 de 2001 se recortaron las transferencias en 27 billones de pesos y con el acto legislativo 04 de 2007 la disminución entre 2008 y 2016 se proyecta en 49 billones de pesos, para un total de 76 billones de pesos conculcados, a razón de 4.75 billones por año.

Es importante anotar que casi todos los parlamentarios de la Costa Atlántica, que hoy agitan las banderas de la región Caribe y la descentralización, en las votaciones de los actos legislativos señalados anteriormente lo hicieron a favor del recorte de las transferencias a las entidades territoriales, entre ellas a las de la Costa Atlántica, lesionando gravemente la inversión social.

Región administrativa y fondo de compensación regional

Realmente las políticas de los gobernantes del país no han impulsado el progreso económico y social de la nación ni de sus regiones, porque están sometidos a los dictámenes de Washington, quien se ha quedado con la parte del león de las riquezas generadas en nuestro territorio. Esta situación se ha visto agravada en las dos últimas décadas por el modelo neoliberal impuesto al país, el cual cada vez se profundiza más con los tratados de libre comercio con sus consecuencias por todos conocidas.

En los últimos veinte años el crecimiento del PIB ha sido menor que en los 50 años anteriores, como lo muestran las cifras oficiales; tenemos el mayor desempleo del continente, el cual sumado al rebusque supera el 70%; una de las mayores inequidades en la distribución de la riqueza nos avergüenza ante el mundo; la peor concentración de la tierra; la pobreza y la miseria martiriza a la mitad de la población. No tienen mucho de que enorgullecerse quienes han mal gobernado a Colombia.

En el proyecto de Ordenamiento Territorial el gobierno plantea, entre otras, la constitución de Regiones Administrativas y de Planificación, de un Fondo de Compensación Regional y la posibilidad de convertir las primeras en Entidades Territoriales. En su articulado estipula que la financiación de las regiones administrativas estará a cargo de los recursos de regalías (artículo 30), las cuales no harán parte del presupuesto nacional según el proyecto de modificación de las regalías y que el Fondo de Compensación será el encargado de administrar las regalías a través del Ministerio de Hacienda (artículo 31).

En esta materia el Polo Democrático Alternativo señala en su Ideario de Unidad que debemos trabajar “por un nuevo ordenamiento territorial del país, que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones”. En ese sentido se debe estudiar la forma de organización regional en los territorios que tengan un cúmulo de características particulares que las identifiquen, como la de la Región Caribe, que no lesione la unidad nacional ni albergue ideas separatistas, plantear el restablecimiento de las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación a las entidades territoriales según lo establecía la Constitución de 1991, y rechazar de plano el despojo que pretende hacer el gobierno nacional de las regalías que están recibiendo los departamentos y municipios que tienen en su territorio recursos naturales no renovables o que tengan puertos de exportación de los mismos.

Los intereses de la población de las regiones de Colombia solo estarán asegurados y salvaguardados con la conquista plena de la autodeterminación nacional, la soberanía, la integridad territorial bajo una auténtica democracia que haga posible que las inmensas riquezas que posee Colombia se puedan irrigar a todo el territorio y beneficie a las inmensas mayorías creadoras del progreso social.