Reviviendo con leyes la recién archivada reforma a la justicia, Santos impone la privatización

Otro proyecto del Banco Mundial. Se consagra el embargo extrajudicial y anticipado. Otra vez los banqueros como reyes. Se privatiza la justicia.

Lo primero es resaltar que este es un proyecto diseñado por el Banco Mundial con el criterio de mejorar el ambiente de inversión en Colombia. Dicho así, parece un asunto de menor cuantía y que no importara. Pero todos sabemos que el Banco Mundial no representa propiamente los intereses de la nación colombiana, sino los de los inversionistas extranjeros, del capital trasnacional, del gran capital financiero mundial, cuya aplicación a escala global ha producido desastres en todas partes, como ya ni un ciego ni un sordo pueden negarlo, porque ahí están los hechos de la enorme ruina que camina por el mundo y que inexorablemente llegará a Colombia por seguir, precisamente, las orientaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Alguien podrá decir que estos son asuntos ideológicos y que no se comparten. Voy entonces a lo concreto para que se entienda cuáles son los aspectos de altísima peligrosidad, inaceptables, involucrados en el proyecto, aspectos en nada democráticos y, a mi juicio, violatorios incluso de la Constitución Política. Como ha dicho aquí el vocero del gobierno, este es un proyecto para poder dar bienes muebles como garantía a créditos. Por ejemplo, maquinarias de empresas, ciertos tipos de papeles, cosas distintas de la propiedad inmueble con que se suelen respaldar los créditos con los bancos. Hasta ahí, digamos, no tendría reclamo que hacer. Me parece sensato que un automóvil o una máquina o algún tipo de acciones puedan darse como garantía de un crédito de cualquier clase.

El punto es que cuando uno entra a mirar los detalles de cómo es que van a funcionar las garantías y quién las va a hacer exigibles, nos tropezamos con dos hechos de extrema gravedad. En uno de los artículos se dice de manera precisa que “cuando el acreedor garantizado le notifique al garante su intención de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre los bienes en garantía bajo los términos de la presente ley”, entonces el bien mueble queda paralizado. Delicadísimo, es una especie de embargo anticipado. En el mundo de hoy, cuando alguien da un bien como garantía, se lo pueden terminar embargando, pero siempre después de un proceso judicial en el que ha habido un fallo de autoridad competente. Pero que le puedan embargar en la práctica el bien, así no lo llamen así, simplemente porque quien tiene la garantía en su poder advierta que va a iniciar un proceso, me parece una monstruosidad. Es el tipo de cosas que no puede aceptarse de ninguna manera. No puede seguir convirtiéndose a los banqueros en los reyes de la sociedad con la potestad de hacer los que se les antoja. Porque, entre otras cosas, el hecho de que un banquero o un prestamista cualquiera reclame sobre un bien, no quiere decir que abrigue la razón. Son muchos los casos en los que quien esté en la circunstancia de ser embargado sin decisión judicial puede interponer en su favor distintos argumentos.

Hay otro asunto de extrema gravedad y que avanza por el camino de la privatización de la justicia. Señala con todas las letras el artículo 64 que podrán autoridades privadas y públicas “conocer de la ejecución extrajudicial”. Dice que “el trámite de ejecución extrajudicial podrá adelantarse ante notarios, las cámaras de Comercio, las entidades financieras y las demás entidades públicas y privadas autorizadas para tal fin por el gobierno nacional”. Es a mi juicio y a juicio del Polo Democrático Alternativo seguir avanzando por una senda completamente indeseable. Uno de los avances de la humanidad, que se supone reclamamos desde todos los puntos de vista y concepciones ideológicas, es entender la justicia como un derecho prestado por el Estado, no por particulares. Y aquí cada vez que se puede se sigue avanzando por el atajo de la privatización.

Entonces, en esas circunstancias el Polo Democrático Alternativo va a votar negativamente el proyecto. Porque aun cuando pueda ser sensata la idea de que bienes muebles puedan servir de garantía de créditos, los fines y la manera como está estructurado no pueden ser compartidos por nosotros. Nota: Por otros reclamos que suscitó está intervención, la plenaria del Senado aplazó la votación de este proyecto.