Inicio > Jorge Enrique Robledo > Saludcoop: el mayor asalto al patrimonio público

Saludcoop: el mayor asalto al patrimonio público

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, plenaria del Senado, 2 de septiembre de 2014

1,4 billones y aún más de la salud de los colombianos están por perderse El ministro de salud Gaviria debe renunciar

La demanda penal por defraudación contra el cartel de las EPS duerme el sueño de los justos. El fiscal general de la Nación, encargado de investigar el robo, hizo contratos con Saludcoop por más de 5 mil millones de pesos. Está comprobado que, con la Ley 100, el sistema de salud de Colombia no tiene arreglo. Según la Contraloría, el Minsalud ha incumplido lo ordenado por la Corte Constitucional sobre la UPC. Sigue habiendo corrupción con los recobros del Fosyga. Más de 6 billones les deben las EPS a hospitales y clínicas. De 955 ESE existentes en Colombia, 430 se encuentran en alto riesgo financiero y 568, en riesgo entre alto y medio. Según la Defensoría, hubo en 2013 casi 300 mil denegaciones de servicios de salud. Según la Defensoría, en Colombia se presenta una tutela cada cuatro minutos, la mayor parte con exigencias en salud. Ilegalmente, con la plata de la UPC, Saludcoop compró 28 clínicas, 14 lotes, una inversión en el Río Grande Country Club, la Lavandería Impecable y Saludcoop México. Según la Contraloría, Saludcoop le adeuda 1,4 billones de pesos al sistema de salud, porque se los apropió ilegalmente. También les debe 583 mil millones a las IPS. Saludcoop ha incurrido en causal de disolución y liquidación. Y el gobierno no hace nada. Entre el 2010 y el 2013, la cartera vencida de las EPS con las IPS pasó de 1.9 a 4.2 billones de pesos. El ministro y el superintendente deben renunciar. El sistema de salud requiere alta cirugía y cambios de fondo, no paños de agua tibia.

Empiezo expresando mi voz de solidaridad con los ibaguereños y tolimenses que hoy padecen un desastre con su principal hospital, el del departamento, el Federico Lleras, sumido en una crisis gravísima. Y vamos a ver en el debate cómo hay muchas crisis más en la red pública. Lo quiero poner como un ejemplo para ilustrar en qué momento estamos adelantando este debate.

Recordemos que en 2011 hice un debate que de alguna manera es el antecedente de este otro. Lo que advertimos en ese momento es lo que ha pasado a lo largo de estos casi tres años. Y voy a explicar cómo las cosas, lejos de haberse resuelto, se han incluso empeorado, tanto en lo relacionado con el funcionamiento general del sistema de salud, como en lo que tiene que ver con el caso Saludcoop, un asunto sobre el que me detuve en detalle aquella vez. Apoyado en decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, denuncié que las principales EPS del país habían montado un cartel, fue la palabra que usó la Superindustria, para defraudar, para robarse, usando un lenguaje coloquial, los recursos de la salud. Señalé también cómo Saludcoop había inflado sus cuentas de medicamentos en 800 mil millones de pesos. Poco después, la viceministra de Salud les interpuso una demanda penal, que duerme el sueño de los justos. Hablamos de las manipulaciones con los recobros del Fosyga y cómo se pagaban medicamentos a unos precios absolutamente escandalosos, de los horrores de la integración vertical como instrumento para defraudar el sistema, de las inmensas deudas de las EPS a las IPS y de la crisis hospitalaria tanto pública como privada. Demostramos cómo la auditoría del Estado a las cuentas del cartel defraudador era prácticamente inexistente, porque las EPS informaban lo que querían y, en cierto sentido, también hacían lo que querían.

Mencioné específicamente que me parecía un gran desacierto haber nombrado como fiscal General de la Nación a quien venía de tener contratos por más de 5 mil millones de pesos con Saludcoop, empresa fuertemente cuestionada en ese momento. Precisé que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, Saludcoop se había embolsillado ilegalmente, o robado, digamos para usar un lenguaje más directo, 600 mil millones de pesos de recursos de la salud. En ese momento la decisión estaba impugnada, pero ya era una decisión de la Superintendencia de Salud. Expliqué que la salud de los colombianos era terriblemente mala. Y señalé por último que con la Ley 100, el sistema de salud de Colombia no tendría arreglo.

La idea, colegas, es volver a mirar qué ha pasado, qué es lo nuevo y cómo vamos. Y comienzo por hacer una advertencia. Este no es un debate contra el cooperativismo, no tengo nada contra esa respetable actividad de los seres humanos. Tampoco es un debate contra los trabajadores de Saludcoop. El pleito es con algunos de los directivos de Saludcoop, de ninguna manera contra los trabajadores y mucho menos contra los pacientes de Saludcoop, en buena medida víctimas de este desastre.

Voy a partir mi intervención en dos grandes temas. El primero, qué pasa con el sistema de salud en Colombia. El segundo, de qué se trata el caso Saludcoop. Y voy a concluir señalando que las cosas andan de mal en peor. Voy a señalar mi insatisfacción por las explicaciones que me han dado tanto el ministro de Salud, el doctor Gaviria, como el superintendente de Salud. Y dependiendo de las explicaciones que oiga hoy, es probable que concluya pidiendo renuncias, porque pienso que alguien tiene que responder por las cosas cuando no funcionan de manera adecuada.

Lo que ordenó la Corte Constitucional

Empecemos señalando que la Corte Constitucional ordenó en 2012 que el Ministerio de Salud elaborara una metodología clara, técnica, para garantizar que las EPS no pudieran seguir inflando la plata de la UPC. La UPC es el monto que le da el gobierno a cada EPS y con el que se atienden los derechos de los ciudadanos, llamados los derechos del POS. Y hay muchos indicios de que las EPS inflan la UPC. Y si la inflan, lo que sucede es que terminan embolsillándose recursos supremamente grandes. La Corte Constitucional ordenó entonces que a partir del 2012 las nuevas UPC debían ser diseñadas por el Ministerio de Salud a partir de un estudio cuidadoso. Voy a ser muy sucinto en las explicaciones porque el tiempo es escaso, pero puedo demostrar que ese estudio nunca se hizo y que la UPC se sigue definiendo, en lo fundamental, por informaciones muy cuestionables aportadas por las mismas EPS, que tienen el poder más o menos de informar como se les antoja. El ministro Gaviria me informa que él llevó a cabo una reforma en relación con lo del 2011, pero sin duda no ha sido capaz de resolver el problema. Y la Contraloría General de la República ha conceptuado sobre el incumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional. Luego en este tema seguimos supremamente mal.

En una sentencia del 2008, la Corte Constitucional había ordenado que el gobierno elaborara un sistema para controlar los casos en que las EPS les negaban a los ciudadanos los derechos del POS. Adelanto una explicación que es importante. Como el gobierno ya les ha pagado a las EPS los derechos del POS, cuando una de ellas los niega, no solo afecta al ciudadano sino que da pie a una tutela que al final lleva a que la EPS cobre dos veces por el mismo derecho. Si aquí hay fraude, los robos son absolutamente descomunales. Pues bien, pasado un tiempo prudencial, la Corte Constitucional señala que tampoco el gobierno ha hecho ese trabajo como se ha debido hacer y que en cierto sentido las EPS pueden seguir actuando con arbitrariedad. Y lo mismo opina la CGR. No voy a leer las frases en detalle porque el tiempo es breve.

Otro de los temas graves ventilados hace tres años es el de los recobros fraudulentos al Fosyga, la institución donde se deposita una plata muy importante para cubrir en buena medida lo que las EPS no pagan en el caso de las tutelas. Entonces allí las posibilidades de defraudación son enormes. Las cuentas del Fosyga son extremadamente altas, y es sabido que se presentan todo tipo de manejos debatibles o de actos de corrupción, definitivamente. También aquí la Corte ha dicho, y la CGR la respalda, que no se está cumpliendo con lo ordenado. Son sumas de billones de pesos de las que estamos hablando.

También la CGR señala que sigue siendo supremamente escasa la auditoría del Estado colombiano a las cuentas de las EPS. Es uno de los problemas más graves. El actual sistema se diseñó, me lo explicaba el exministro Santamaría en aquel debate, no con la idea de que hubiera una supervisión poderosa sobre las EPS, sino, como lo dijo textualmente y tengo la cita, para estimular la libre competencia. Unas EPS vigilarían a las demás, porque si una de ellas hiciera las cosas mal, los usuarios se irían para la otra, y entonces, por estas cosas de la magia del mercado, se resolvería por sí solo el problema. Pues bien, seguimos creyéndoles a las EPS por fe. Y no olvidemos que fe es creer en lo que no se puede demostrar, algo que en el campo religioso es muy respetable, pero en los asuntos de los seres humanos resulta bastante equivocado.

La Ley 1438 del 2011 le ordenó al gobierno hacer una investigación cuidadosa para establecer cuánto valían los gastos de administración de las EPS. Aquí también se abre un roto inmenso con el que es muy fácil defraudar los recursos de la salud, porque es fácil inflar los costos de la administración, la burocracia, los papeles y cobrar en exceso. Entonces la ley le dio un plazo al Ministerio de Salud para efectuar un trabajo serio y advirtió que, mientras tanto, el cobro máximo de los gastos de administración sería de 10% en el contributivo y 8% en el subsidiado. Pues bien, el estudio realmente nunca se hizo. La CGR afirma de manera precisa que no ha sido debidamente reglamentado el artículo de la ley mencionada. El Ministerio de Salud ha fijado dos veces la UPC y la explicación que nos da el ministro Gaviria es por completo insatisfactoria, porque en algo se apoyan también de las EPS por ahí en la parte motiva y no en la resolutiva, que tiene que ver con la UPC.

Desorden y desgreño

Si uno mira este paisaje que muy sucintamente les estoy explicando, concluye por fuerza que siguen el desorden y el desgreño. Fácil robarse recursos de la salud en Colombia. Es más difícil quitarle un sonajero a un bebé que apropiarse de manera indebida de esos dineros. Este tipo de anomalías y otras más conducen a que el sistema de salud no funcione. Y con hechos voy a mostrar cómo el sistema de salud funciona muy mal.

Uno primero, dolorosísimo y gravísimo, la enorme deuda de las EPS, las verdaderas favorecidas del sistema, que se organizó en beneficio suyo. Deudas por más de 6 billones de pesos al mundo de los hospitales y las clínicas públicos y privados, deudas que redundan en la pésima atención a la salud de los pacientes, porque dejan a clínicas y hospitales en condiciones supremamente precarias. Por su parte, el Estado les debe a las clínicas y hospitales, deudas del Estado distintas a las de las EPS, cerca de 500 mil millones, en números redondos, para ganar tiempo.

¿En qué situación se encuentra la red pública hospitalaria, fundamental en la buena salud del pueblo, porque atiende lo que no cubren las EPS y las IPS privadas? De 955 ESE existentes en el territorio nacional, 430 están en alto riesgo financiero y 568, el 60%, en riesgo entre alto y medio, una manera de admitir que están funcionando en condiciones muy difíciles. Todas las cifras que estoy dando, valga la pena señalarlo, parten de información oficial. Mi oficina no las produce. Toma las que brindan las distintas instituciones del Estado.

Volvamos a las EPS y examinemos los indicadores financieros de solvencia o de permanencia, supremamente malos. De 52 EPS del contributivo y 33 del subsidiado, el 63% está funcionando con indicadores muy cuestionables. Tanto que en muchos casos deberían incluso estar ya intervenidas, porque definitivamente no están cumpliendo con las normas mínimas. La mala práctica se ha ido volviendo como tradicional e induce a otras. Tan mal funciona todo, que una norma le ordenó también a la Superintendencia Financiera vigilar el funcionamiento de las EPS. Lo anterior quedó condicionado a que las EPS cumplieran con una serie de requisitos mínimos exigidos por la Superfinanciera. Y lo que termina concluyendo la Superfinanciera es dramático. Según ella, ninguna de las EPS ha cumplido con los 4 requisitos mencionados. Es un desastre, ministro y superintendente, porque no olvidemos que finalmente las EPS son compañías de seguros, y si la Superfinaciera ni siquiera se asoma allí por el pavor de lo que puede encontrar, imaginemos cómo están funcionando las cosas.

Sufre el ciudadano, sufre el trabajador de la salud

Todo lo dicho nos lleva al punto que finalmente es el clave de este debate. Cómo le está yendo a la gente, al ciudadano de a pie, no al que disfruta de medicina prepagada ni a la persona que viaja a tratamiento a Estados Unidos ni al presidente Santos, a quien le encuentran un cáncer el lunes, el martes está operado y el miércoles está en la casa, fresco como una lechuga.

La crisis financiera se vuelve contra la gente, es el problema de fondo. Es la gravedad de lo que estoy señalando. El ministro Gaviria suele ufanarse de que el país cuenta con un cubrimiento muy alto y da unos porcentajes. Pero siempre tiene el cuidado de afirmar que tenemos técnicamente una cobertura universal. Claro, él sabe de estas cosas y sabe que al introducir la palabra “técnica”, queda el roto para protegerse de cualquier cosa. Porque una cosa es que yo tenga el derecho técnico y otra que me atiendan. Una cosa es que tenga carné y otra que las cosas funcionen bien. Porque la gente puede tener carné, pero si no le dan los medicamentos, si no le planifican la cirugía, si el especialista no aparece, si le entregan apenas unos medicamentos y le dicen que vuelva después por los que faltan, pues lo que hay es una denegación del derecho. Y las barreras de acceso, es proverbial, son supremamente altas.

Las condiciones laborales, esto solo daría para un debate. La situación de médicos y enfermeras es desastrosa. Hay un régimen como de negreros en contra de estos colombianos. Y las de los trabajadores de Saludcoop son especialmente negativas, las de todas las EPS, pero me refiero en especial al caso de Saludcoop.

Veamos algunas cifras, brevemente. El ministro Gaviria suele insinuar que las cosas no están tan mal como se informa y realmente yo diría que están incluso peores. La Defensoría del Pueblo habla de casi 300 mil denegaciones de servicios de salud en 2013. La cifra guarda relación con la gente que reclama y sabemos que el grueso de los colombianos ni reclama. El 60% de las denegaciones versan sobre simples medicamentos. El Ministerio de Salud maneja un indicador llamado el PQR —Peticiones, quejas y reclamos— y subió 25% entre el 2012 y el 2013, lo que indica que está empeorando. Exámenes de laboratorio, empeorado 14%; cirugías, empeoradas 26%; servicios de alto costo para cáncer, empeorados 51%; servicios de urgencia, 30%; hospitalizaciones, 31%, y podríamos seguir. Concluyamos entonces que las cosas, en lo que tiene que ver con los reclamos de la ciudadanía y de acuerdo con los organismos del Estado, y no lo está diciendo el senador Robledo, están empeorando.

La tutela

Detengámonos un poco sobre el caso de la tutela, lo único bueno, yo diría, que le ha pasado al sistema de salud desde 1993 cuando este Congreso aprobó la Ley 100. El gobierno ha venido haciendo un esfuerzo enorme por golpearla, por desacreditarla, por limitarla, esfuerzo encabezado por el doctor Alejandro Gaviria, que a eso le ha trabajado con toda dedicación. Acaba de salir un estudio de la Defensoría del Pueblo, un organismo al que los funcionarios deberían respetar. Informa la Defensoría que en Colombia se pone una tutela cada 4 minutos y agrega que el 70% son exigiendo los derechos del POS. Repito, la UPC es la plata que el Estado les da a las EPS para que le otorguen a uno los derechos del Plan Obligatorio de Salud, el POS. Los derechos del POS ya los pagó el Estado, ya los pagamos los colombianos. Entonces, cuando una EPS no los paga, se está robando la plata, literalmente hablando, porque esa plata ya la tiene ella entre el bolsillo y la termina convirtiendo en utilidades o en cualquier otra truculencia.

Entonces voy a mencionar la tarea de demolición del ministro Gaviria a este estudio respetable de la Defensoría del Pueblo. Aduce primero que el número de tutelas no ha aumentado, una verdad a medias. Arguye en seguida que quienes presentan tutelas buscan es saltarse las colas, o sea, los emplaza como una especie de indeseables que andan por ahí haciendo vivezas. Después nos dice que la mayor parte de las tutelas terminan es favoreciendo a los ricos y él tiene una curiosa manera de definir a los ricos, la misma que nos impusieron cuando se tramitó la reforma tributaria de hace año y medio: los ricos de Colombia terminaron siendo los pobres del IVA y las clases medias, abrumadas con pesados tributos. También afirma el ministro que la gente ya no pide servicios esenciales, sino tan solo complementarios, y otra vez la culpa es de la gente, que anda exigiendo demasiado. Agrega que eso del 70% de tutelas del POS no puede ser cierto. O sea, se dedica a demoler de manera sistemática el estudio publicado por la Defensoría del Pueblo.

Claro que al final desnuda el alma, porque en la última frase de esta explicación, publicada por El Espectador, reconoce objetivamente que sí hay problemas detrás de la tutela, pero añade, “mecanismo que hay que evitar porque crea problemas de regresividad del sistema”. En resumen, el ministro Gaviria pide echar atrás lo único bueno que en la salud les ha pasado a los colombianos en los últimos 25 años.

Vale aquí una aclaración: afirmó él que las tutelas no venían aumentando. No es cierto. Él hace un manejo estadístico muy hábil, comparando lo que ha sucedido en los últimos años con las tutelas del 2008, el pico más alto. Pero él silencia que desde el 2010, o sea, desde el momento en que el doctor Santos llegó a la Presidencia, las tutelas sí vienen aumentando. Veámoslo: pasan de 94 mil a 105 mil, a 114 mil, a 115 mil, y las del año pasado, 2013, son las más altas desde el 2008. No se puede afirmar razonablemente entonces que haya una mejoría.

Concluyo esta parte sosteniendo que esta es la crisis promovida por el presidente César Gaviria con la Ley 100 de 1993, cuyo ponente aquí en el Senado fue el doctor Álvaro Uribe, hoy también senador de la República. La Ley 100 no funciona, porque no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio financiero con la salud de los colombianos. Aquí se ha establecido una tesis y es que si no hay ganancia para las EPS, ganancia a costa de los derechos de los colombianos, no puede haber sistema de salud. Es la tesis radical del neoliberalismo, del Banco Mundial, de todos quienes comparten estas concepciones. Y de paso aprovecho para mencionar que el Polo Democrático Alternativo no comparte la coincidencia anunciada en estos días por el Centro Democrático y la Unidad Nacional, encabezada por el ministro Gaviria, en relación con algunas ideas sobre la reforma a la salud. No más paños de agua tibia. Entre leyes, decretos y resoluciones, a la Ley 100 se le han puesto por lo menos 600 pañitos de agua tibia. Aquí lo que hay que hacer es alta cirugía y empezar por cambiar las cosas de fondo.

Cómo se embolsilló Saludcoop la plata de la salud

Antes de examinar el caso de Saludcoop, hagamos una explicación clave. La plata de la salud, la UPC para pagar el POS, es un recurso parafiscal. ¿Qué quiere decir recurso parafiscal? Es una plata que una parte de la sociedad destina como una especie de impuesto para un gasto específico en beneficio solo de esa parte de la sociedad. El caso más conocido, porque es muy viejo, el del Fondo Nacional del Café. Los cafeteros pagan una contribución y allí el Fondo les guarda una plata que solo se puede usar en beneficio de los cafeteros. La administra la Federación de Cafeteros, pero no como dueña de la plata. Si la Federación se la llega a embolsillar, termina violando la ley y la Constitución. ¿Qué es lo que hace la Federación de Cafeteros? Cobrar una plata por administrar esos recursos, pero una plata es la del Fondo Nacional del Café, el patrimonio del Fondo, y otra distinta la de la Federación Nacional de Cafeteros, y las dos no se pueden revolver. Pongo el ejemplo del café y de la Federación porque es conocido, pero también funciona con el Fondo Ganadero y otras instituciones similares.

Es el caso de la salud. Sus recursos son fondos parafiscales administrados por las EPS, pero ellas no se los pueden echar al bolsillo. Esos son recursos sagrados, lo han dicho la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Contraloría. Una cosa es la plata de la salud y otra el patrimonio de las EPS. Lo máximo que pueden hacer las EPS es sacar al final del ejercicio una utilidad sobre la administración de esos recursos. La utilidad sí la pueden pasar a su patrimonio y gastársela en lo que quieran. Suelo decir que con esa plata —no con la de la salud—, las EPS podrían comprar hasta un burdel en Nueva York. Repito, no con la de la salud, sino con la que ya se ha convertido en utilidad después de haber administrado, se supone que honrada y eficientemente, la plata de la salud.

Qué es lo que ha pasado. Que sea ido imponiendo la idea, como lo que hace Saludcoop, de que la EPS se puede embolsillar la plata de la salud, no como utilidad, sino tomándola directamente. No lo denuncia el senador Robledo. Está resuelto legalmente. En el 2010, el supersalud, Mario Mejía, le impuso una sanción a Saludcoop ordenándole devolver 300 mil millones de pesos de plata de la salud que Saludcoop se había gastado en otros rubros. Y además le ordenó no pagar 300 mil millones de pesos en deudas de inversiones que Saludcoop había hecho en negocios que no eran de la salud. Saludcoop no podía invertir con la plata de la salud. Podía comprar con su plata, pero no con la UPC, porque la UPC solo paga medicamentos, médicos y profesionales de la salud, procedimientos quirúrgicos y hospitalarios y la administración propia de lo que llaman el acto médico.

¿Qué compró Saludcoop con plata de la salud? 28 clínicas, por 109 mil millones, 14 lotes, una inversión en el Río Grande Country Club, la Lavandería Impecable y Saludcoop México. Cómo pueden justificar que la plata de la UPC se puede invertir en clínicas o en una EPS en México. Alguien dirá que porque eran clínicas. No, no pueden ser compradas, porque la UPC solo paga médicos, medicamentos, procedimientos y administración. Entonces, cuando Saludcoop compra una clínica, lo que está es quitándoles la plata de la salud a los colombianos y pasándola directamente a su patrimonio, porque la clínica queda a nombre de Saludcoop, no a nombre de los colombianos. Y si el día de mañana quiere Saludcoop venderla, y vuelvo con mi cuento, e invertir con la plata de los colombianos en un club campestre o en un burdel en Nueva York, no lo puede hacer. Lo dejó perfectamente demostrado el superintendente de esos días.

La maniobra de Santos con Conrado Gómez

Y aquí ocurrió uno de más graves atentados hechos por el presidente Juan Manuel Santos en contra del sistema de salud. Y es que el nuevo superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez, llega a la Superintendencia y lo primero que hace es sacar a los técnicos que habían adelantado la investigación contra Saludcoop, por lo demás compleja. Y pocos días después, Saludcoop le pide a Gómez echar para atrás la sanción. Y pocos días después el Superintendente acepta que se eche atrás la sanción. Por supuesto, hay apelaciones, pero hago corto el cuento. Lo que termina sucediendo es que el intento de reculada del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, del supersalud Conrado Gómez y del ministro de Salud de esos días les falla porque el Tribunal Superior de Cundinamarca les ordena en una sentencia no recular y les dice: esa plata es de la salud y Saludcoop no se la podía haber gastado como si fuera propia. Se apela al Consejo de Estado y queda en firme lo de la anterior Supersalud. El hecho es que esa plata se la estaban, me excusan la palabra pero es la precisa, robando. En total, 600 mil millones de pesos: 300 mil que ya se habían embolsillado y otros 300 mil que iban a ir pagándoles a los bancos por el camino por esas intervenciones.

La Supersalud dejó además en firme tres cosas claves para lo que sigue. Primero, le ordenó a Saludcoop restituirle al sistema de salud la plata ya gastada, 300 mil millones, plata de la salud. Y le advirtió además que en el futuro no podía incurriendo en este tipo de malas prácticas. Y además, que no podía seguir pagando esas deudas con plata de la salud, sino que tenía que hacerlo con recursos propios. O sea, los otros 300 mil millones no los podía cubrir con la plata de la salud de los colombianos, sino que tenía que hacerlo con su propio peculio. Verá Saludcoop de donde los saca, si de sus propias utilidades o trae plata de otros negocios.

Como si fuera poco, la CGR hace el mismo ejercicio. Este que les acabo de mencionar fue un ejercicio sobre 4 años, 2004-2008. El de la CGR es un ejercicio que se hace sobre el periodo 1998-2010 y encuentra el mismo procedimiento, y es muy simple: demuestre cuánta plata es suya y cuánto ha invertido y lo que usted no pueda demostrar que es suyo es plata de la salud. Hechos de aritmética simple. Y la CGR condena a Saludcoop a devolver 1,4 billones de pesos, que Saludcoop se ha embolsillado, en parte porque ya se los embolsilló y en parte porque los está pagando. Yo diría que este es el asalto al patrimonio de los colombianos más grande la historia de Colombia. Porque aquí hay otros escándalos donde se habla de billones de pesos, pero que necesariamente lo perdido no son billones, pueden ser 50, 100 mil. Aquí estamos hablando, dice la CGR, de 1,4 billones de pesos perdidos.

¿En qué se gastó la plata Saludcoop? Por ejemplo, en clínicas: una en Medellín, otra en Bucaramanga y otra en Pasto y suman más o menos 20 mil millones de pesos. Se aprueba en un acta de junio del 2001 invertir en Ecuador 800 mil dólares. ¿Por qué invertir plata de la salud de los colombianos en Ecuador? Se hace una negociación con Cruz Blanca para comprar a Cafesalud, o sea, para que la EPS Saludcoop compre otra EPS. No podía hacerlo, porque la plata de la UPC no es para eso, es solo para salud. Pero bueno, le autorizaron invertir entre 10 y 13 millones de dólares. Una plata importante para invertir en el Gimnasio los Pinos. A mí me encanta la educación, pero la plata de la salud no es para hacer aulas en los colegios. Le autorizan también a Saludcoop para asociarse con Cruz Blanca, Cafesalud y Salud Total para montar negocios de medicamentos y ese tampoco puede ser el destino de los recursos de la salud. Al final compra la EPS Cafesalud y le gastan de plata de la salud, de la plata de los colombianos, 25 millones de dólares. Y en esa misma operación, Palacino se ufana de que ahí también ellos se compraron a Epsifarma, a Epsiclinicas, a Epsiméd, empresas que nada tienen que ver con el asunto preciso del POS y de la UPC. También aprueban en esa misma acta endeudamiento hasta por 25 millones de dólares para otro tipo de negocios. Se crea una prepagada en México que costó 7 millones de dólares. Para el Gimnasio los Pinos aparecen otros 7 mil millones de pesos. 92 mil millones nuevos en clínicas. Se reúne el consejo de administración en Singapur, en un hotel de altísimo lujo, y se fueron hasta allá a decidir la compra de un edificio por 72 mil millones de pesos. También aparecen pagos para promover una copa de basquetbol. A mí me gusta el deporte, pero la plata de la salud no es para promover campeonatos de basquetbol ni este tipo de cosas.

Respuestas resbalosas

Y aquí empiezan las preguntas al gobierno, al ministro de Salud y al superintendente. ¿Qué ha pasado frente a todas estas irregularidades? Y debo señalar aquí, me aburre decirlo pero me toca, que las respuestas son insatisfactorias, señor superintendente y señor interventor y señor ministro. Las de ustedes son respuestas que tienen mucho de resbalosas, de guardar silencio sobre cosas. Por ejemplo, se le pregunta a la Supersalud: ¿cómo va el cumplimiento de la orden de la Superintendencia sobre los famosos 600 mil millones? Entonces él contesta: esa meta se cumplió el pasado 20 febrero sin que fuera cumplida en su totalidad por la EPS. O sea, ahí ya hay un problema grave y es que la EPS está incumpliendo. Pero entonces se le pregunta específicamente si Saludcoop ha seguido pagando plata, la que está prohibida, sirviendo las deudas contraídas con los recursos de la salud. Recordemos es que una de las prohibiciones expresas. Y la respuesta del superintendente es que él constata la abstención en la realización de nuevas operaciones de préstamo, donación, leasing e inversiones. Pero es que lo que estábamos preguntando no era sobre las nuevas, sino sobre las viejas. Claro, hay prohibición de las nuevas, pero también estaba la prohibición de atender las deudas que se habían señalado como espurias.

Ante respuestas tan insatisfactorias, en mi oficina nos ponemos a hacer un ejercicio para intentar esclarecer cuánta plata se ha pagado a lo largo de la intervención. Intervención lo que quiere decir es que el gobierno está manejando Saludcoop y el interventor es un funcionario del gobierno.

En leasing, que son formas de créditos, se terminan haciendo pagos que suman, entre 2011 y 2013, 42.802 millones de pesos. A los banqueros además, al sector financiero, les aparecen pagos por 195 mil 554 millones de pesos.

Hay un hecho muy impresionante, conocido por un mensaje que casualmente llegó a nuestras manos sobre un par de cartas que se cruzan el exinterventor, en ese momento el doctor Wilson Sánchez, con el vicepresidente ejecutivo del Banco de Bogotá. El Banco informa que las deudas van a quedar de una tal manera y el interventor le responde que acepta. Y hay una descripción detallada, lástima que no haya tiempo para mirarla con todo detalle, pero les voy a dar algunos elementos. Lo primero es que en la carta, el Banco de Bogotá le aclara a Saludcoop que estas son deudas del Grupo Saludcoop. ¡Cómo así! De cuándo acá Saludcoop y los recursos de la salud pueden ser administrados de esa manera y terminar invertidos en Cruz Blanca o en Cafesalud, o en una serie de IPS o de instituciones que pueden ser parte del Grupo Saludcoop. No, deben tener las cuentas separadas, porque es que la UPC se la da el gobierno a Saludcoop es para invertir en la salud de los colombianos y no en los negocios que pueda la EPS detentar alrededor.

El Banco de Bogotá le exige a Saludcoop comprometerse a que de la plata de los recobros que le haga efectivo el Fosyga, repito, plata de la salud de los colombianos, “la caja resultante se aplicará así: 20% para acelerar el pago de deuda financiera y 80% para el pago de proveedores”. 20 por ciento que puede no ser relativo a los asuntos de la salud, sino de los negocios indirectos que Saludcoop posee. Y los proveedores, que no solo son IPS, sino también lavadores de sábanas, o empresas de software, u otra serie de actividades no necesariamente relacionadas con gastos de la salud. En este ítem estamos hablando de 194 mil millones de pesos para pagar en los próximos años en unas condiciones específicas y no los voy a fatigar detallándolas.

También se advierte allí que de la Línea Porvenir son 17 mil 850 millones, de un fondo rotativo que hay que crear de capital de trabajo que podrá ser compartido internamente con las demás empresas del Grupo. Saludcoop aparece aquí respondiendo por platas de las demás empresas del grupo. Y el señor interventor le acepta al Banco de Bogotá todo este tipo de peticiones. Más ejemplos: Cruz Blanca, 31 mil millones; Cafesalud, 16 mil 500 millones; Work Fashion, una empresa de comidas, el Biorescate, que aparecen con esa deuda de 194 mil millones de pesos. Y se vuelve a establecer que la plata se repartirá 20% para el Banco de Bogotá y 80% para proveedores. En el mismo momento en que Saludcoop les debe más de 500 mil millones de pesos a las IPS, públicas y privadas, y en el mismo momento en que esa deuda sigue allí sin cancelarse, el interventor está firmando compromisos para privilegiar las deudas con el sector financiero.

Y está el caso de unas clínicas en las que Saludcoop hizo inversiones que son como promesas de compraventa y aparecen unos 38 mil millones de pesos. Lamentablemente, no pudimos saber qué pasaba con las inversiones y pagos en el exterior porque no se nos dio acceso. Tampoco supimos, porque esta información no nos la brindaron ni el superintendente ni el interventor, cuánta de esa plata se pagó con recursos propios, que se podría hacer, y cuánta se pagó con plata de la UPC, que no se podía hacer. Ojo con lo que estoy diciendo. Aquí había pagos que sí se podían hacer, si eran con recursos propios de Saludcoop. Enfrentamos una dificultad que se puede esclarecer.

¿Cuenta Saludcoop con recursos propios para pagar 238 mil millones de pesos? Faltándonos datos, como se dice, de otros municipios, la conclusión es que dudosamente. Porque entre el 2010 y el 2013, el lapso del que estamos hablando, Saludcoop sufrió pérdidas netas por 736 mil millones de pesos. ¿De dónde entonces podían salir los recursos para hacer esos pagos? Pero repito, aquí lo grave es que nadie, ni la Supersalud ni el Ministerio, nos dan los datos que pedimos de manera específica porque eran para el debate y nos ponen entonces a nosotros a hacer deducciones. Estoy cuestionando la posibilidad de que Saludcoop haya podido pagar esos 238 mil millones con recursos propios. Porque si Saludcoop está sufriendo pérdidas enormes, de dónde saca la plata. Alguien me podrá decir, es que tuvo ingresos operacionales por 158 mil millones de pesos. Sí, claro, pudo tenerlos, pero ¡esos ingresos operacionales no se cruzaron contra gastos operacionales? Pero aun si el ciento por ciento de esos ingresos operacionales fuera plata que tuviera Saludcoop para disponer de ella libremente, les queda un hueco de 80 mil millones de recursos que no se sabe de dónde salieron. O mejor dicho, sí se sabe de dónde, salieron de la plata de la UPC.

Y lo anterior sucede mientras siguen pendientes las deudas de Saludcoop con las IPS, que es lo que más nos duele y más nos interesa, porque son las IPS las que prestan el servicio y las que maltratan a los pacientes y a los usuarios cuando se les dañan sus finanzas. Las deudas son de 583.179 millones de pesos. Deudas, no es sorprendente, conformadas así: apenas 7 mil millones con las propias IPS de Saludcoop. Y la diferencia, 569 mil millones de pesos, con las IPS no pertenecientes al Grupo Saludcoop. Y aquí llegamos, doctor Gaviria, a uno de los líos de la integración vertical. Y es que las EPS privilegian a sus empresas, quiebran a sus competidores y de esta manera siguen concentrando poder, poder que utilizan para abusar del sistema de salud y proceder contra la gente. Porque voy a pasar a explicar cómo los propios funcionarios oficiales se ven obligados a reconocer que las IPS de Saludcoop inflan las facturas para desplumar a la EPS. No es sorprendente, porque en el caso de instituciones como estas el negocio fácil de visualizar. Yo manejo a la EPS Saludcoop y soy propietario o copropietario de un montón de IPS y manejo el negocio de tal manera que mis IPS desplumen a mi EPS, que es la plata de la salud, o sea, aprópiense la plata de la salud.

Y por esto podrán estirar caras, pero es que el Estado no cumple con el deber de llevar las investigaciones hasta donde deberían llegar. Parte del problema que afrontamos es que hay una actitud negligente, alcahuete, manguiancha del Estado colombiano en relación con las EPS, con todas y particularmente con Saludcoop. Miren ustedes, con la sutileza propia de funcionarios, como sí es cierto que las IPS de Saludcoop pueden estar desplumando a Saludcoop, porque cobrar por un servicio más de lo que debe valer es una manera de decir que están embolsillándose la plata de la salud. Es el sistema de salud el que se está resintiendo. Entonces el señor interventor en un informe sobre la restitución de la liquidez, afirma: “Lo cual sugiere revisar la estructura de operación de la empresa con empresas asociadas que podrían estar incrementando los costos producto de la intermediación y el bajo control del costo por parte de Saludcoop”. El propio interventor admite que no tiene control sobre lo que está pasando y que está preocupado y que tiene dudas en relación con lo que le están cobrando las empresas del Grupo a Saludcoop. Y agrega también en otra frase “que a la fecha se prestan servicios per capita con diferencia de costos de algunos servicios del mercado general de las EPS”. Son esas maneras sutiles de reconocer lo que estoy denunciando.

Y la señora contralora general de la República señala: “Se siguen contratando los mismos proveedores sin que se hayan hecho estudios de mercado para buscar mejores precios y alternativas, o sea que tenemos la misma estructura de costo”. Y aquí otra respuesta del señor interventor, que me parece supremamente grave, a una de las preguntas de mi oficina: “La terminación de estas relaciones contractuales implicaría, eventualmente, la insolvencia de muchas de estas empresas y su eventual liquidación, lo que generaría un detrimento en los bienes y haberes de Saludcoop”, relaciones contractuales que son entre Saludcoop y sus IPS. Lo que tenemos aquí es una EPS capturada por las empresas asociadas del Grupo. Es lo que está admitiendo el interventor. Que si él actúa como debe, corre el riesgo de que esos negocios no funcionen y que surja un problema grave. Pero es que aquí estamos hablando de las platas de la salud. Allá entre negociantes que hagan los negocios que quieran, pero aquí estamos hablando es que lo que se termina perdiendo es la plata de la salud de los colombianos.

Santos favorece a las EPS

Encuentro en el presidente Juan Manuel Santos y en el ministro Gaviria y en los demás ministros una actitud de clarísimo favorecimiento a las EPS en general y a Saludcoop. Tengo la idea de que el sistema de salud ha caído preso de los intermediarios financieros y que se vienen imponiendo desde hace mucho rato prácticas por completo inaceptables. En buena medida es la crisis de un sector donde la gente no se muere del corazón ni de los riñones, sino que las mata el sistema de salud, las matan las EPS, como dice con toda razón la sabiduría popular.

Voy a dar hechos que muestran cómo la actitud del gobierno nacional frente a las EPS y a Saludcoop no debe ser la complacencia. Ya les dije cómo el gobierno nacional no ha cumplido con las normas aprobadas aquí en el Congreso por los amigos del gobierno para ponerle algún control a este desorden. No ha cumplido. Cité varios casos que no voy a repetir. La defensa de la integración vertical por parte del ministro Gaviria es conocida. Y toda Colombia sabe que el lío que hay ahí no lo maneja nadie mientras las EPS tengan como primer criterio su propia ganancia y no la salud de los colombianos. Es que cuando un gerente de una EPS al final del año se reúne con sus accionistas, con los propietarios de su empresa, no está obligado a explicar a cuánta gente le salvó la vida o cuántas vacunas puso. Lo que le preguntan es cuánta plata ganó, si le sonó o no la caja registradora. Y si se pone a echar muchos cuentos sobre el servicio de salud, le dicen, joven, se va. Es muy parecido a lo que pasa con la guerra del centavo en los buses. Todos sabemos cómo es: los choferes de los buses se saltan todas las regulaciones porque cada vez que suben un pasajero, es plata que hace parte del almuerzo y de la comida de su familia y el chofer del bus sabe que no puede llegar a la casa y decirle a su mujer: “Mija, esta vez no hay plata para la comida porque manejé como un ángel, cumplí con todas las normas”. Porque seguro que la señora le va a decir: pues, mi querido ángel ¡a volar!, porque aquí es trayendo la plata de la comida. El mismo lío que enfrentamos aquí con un sistema montado no para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos, así las EPS se lo terminen comiendo todo y acabando con las IPS, públicas y privadas, con las clínicas públicas y privadas.

En la ley ordinaria de salud hubo un artículo que provocó realmente un escándalo. Fue establecer que los recursos de la UPC son públicos hasta que se transfieren desde Salud Mia a los agentes del sistema. En otras palabras, la plata de la UPC se volvía privada en el momento en que los agentes del sistema la tocaban. Es el debate en el que llevamos 25 años: si los privados se pueden robar la plata de la UPC, disfrazados con el cuento de que son para una clínica o para una ambulancia. Tan vivos, como si aquí fuéramos analfabetos y no supiéramos de qué se está hablando. Fue tan desastroso que protestó todo el mundo y al ministro Gaviria le tocó retirar el famoso articulito y decir que era que se habían equivocado. Pregunto: ¿se pueden cometer este tipo de errores a estas alturas de la vida?

También es evidente que hay una actitud del gobierno nacional y de todos sus funcionarios para ver cómo salvan a Saludcoop de pagarle al sistema de salud los 1.4 billones de pesos, de ver cómo Saludcoop no devuelve esa plata, más la nueva que haya aparecido y sobre la que estoy haciendo severos cuestionamientos en este debate. De entrada, los interventores han interpuesto recursos contra la decisión de la CGR y han contratados abogados por 11 mil millones de pesos buscando que se declare nula la decisión de la Contraloría de los 1.4 billones de pesos, decisión correcta, porque esa plata no se la podían gastar en lo que invirtieron. Y sin embargo, el gobierno nacional está viendo cómo tumba por nulidad la decisión contra Saludcoop.

Todavía más grave, el supersalud arguye que Saludcoop no es culpable, sino víctima. ¡Cómo así, señor supersalud, hágame el favor! Saludcoop se embolsilla 1.4 billones de pesos, causa toda clase de desastres y ahora resulta que le salimos a deber.

Conclusiones

Concluyamos con unas preguntas específicas. ¿Qué va a hacer el gobierno con este desastre? El sistema no funciona, se encuentra al borde del colapso. Ha dicho el ministro Gaviria en estos días que anda tras la plata del subsidio familiar o parte de esa plata. Le digo esto, ministro: si el gobierno coge para la salud la plata del subsidio familiar, de los trabajadores, eso significa otro robo. Esa plata tiene dueño, los asalariados colombianos. En cierto sentido es también un recurso parafiscal y no lo puede arrebatar el gobierno con la argucia de que son recursos públicos. Los recursos parafiscales son públicos pero de destinación específica y especial. Tampoco me gusta la idea, ministro, se lo digo con franqueza, cuando usted dice que la reforma que se le hundió aquí en el Congreso, por fortuna para los ciudadanos, va a ver cómo la tramita mediante decretos y resoluciones. No. Lo democrático es traerla al Congreso, ponerla de cara al país, no cocinarla a las escondidas.

Y desde ya le digo que no estoy de acuerdo con que usted intente meter la reforma escondida por ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Los del Polo Democrático Alternativo estamos hasta la coronilla, mamados, como se dice, de ver cómo el gobierno convierte el Plan Nacional de Desarrollo en una especie de orangután descomunal en el que mete 250 y 300 artículos sobre todos los temas y nada se puede discutir. Se aprueban las peores aberraciones en ese Plan de Desarrollo, saltándose la potestad del Congreso de legislar por separado en cada uno de los temas.

Cómo va a pagar Saludcoop lo que adeuda, le pregunto al ministro. 1.4 billones de pesos, según el informe de la CGR. 600 mil millones de las decisiones del superintendente de Salud. 583 mil millones de deudas al IPS. Y el patrimonio de Saludcoop, que está produciendo pérdidas todos los años, es de 1.3 billones de pesos. Esa empresa, como otras EPS, está en causal de disolución y de liquidación. Lo que pasa es que aquí se ha venido imponiendo otra idea y es la de que los funcionarios, sobre todo los de la cúpula, cumplen con las leyes pero a la carta. Hay unas leyes que cumplen y otras que no. Y entonces, cuando las normas les señalan expresamente ciertas obligaciones, se inventan teorías para no cumplirlas, cobijados, y seguramente aquí lo van a expresar, dizque en el bien común y la utilidad pública. Violan la ley con el cuento del bien común.

Un ejemplo, que se me olvidó denunciar hace ocho días. La ley ordena expresamente que las elecciones que pasaron se tenían que haber hecho con voto electrónico. Y al gobierno no se le dio la gana de cumplir la norma y el Polo Democrático Alternativo envió cartas y elaboró derechos de petición. Y no se hicieron con voto electrónico. El gobierno nacional cometió en las pasadas elecciones un inmenso prevaricato. Algo parecido nos está ocurriendo en este caso.

En conclusión diría que las cosas están supremamente mal. Que este sector de la salud viene funcionando supremamente mal, que hay leyes que no funcionan. Que el caso de Saludcoop es escandaloso, que está por perderse esa plata, senadores y colombianos, la más grande defraudación de la historia de Colombia. Es lo que está caminando aquí, y es sobre lo que quisiera que hoy el gobierno nos dijera qué va a pasar. ¿Va a pagar Saludcoop la plata o no la va a pagar? ¿El gobierno va a tomar las medidas para que la pague o para que no la pague? Son cosas mínimas que los colombianos tenemos derecho a saber.

Termino diciendo que las respuestas de los funcionarios a los que cuestionamos en este debate, el ministro Alejandro Gaviria, el superintendente de Salud, el interventor, a mi juicio, fueron por completo insatisfactorias por todas las razones que ya he explicado. Creo que a estas alturas los tres funcionarios deberían renunciar a sus cargos, porque no responden a las necesidades que demanda el sistema colombiano de salud. Sin embargo, digamos que me voy a tomar la paciencia de esperar a oírles sus explicaciones, a ver si aquí, ante el Senado y ante los colombianos, dan mejores explicaciones que las que me brindaron en las respuestas. Pero de no darlas, mi intervención de conclusiones señalará que estos funcionarios, los tres, deben renunciar a sus cargos y que el gobierno nacional debe poner en esos lugares, digamos que no a gente enemiga de la Ley 100, porque esa es la política del gobierno, pero por lo menos a funcionarios que cumplan a cabalidad con lo que supone son los deberes mínimos de su cargo.

Réplica

Hay un debate en la base de todo y es en torno a si la Ley 100 sí o no. Parece que los polistas y otros sectores tuviéramos una contradicción palmaria tanto con las posiciones de la Unidad Nacional como con las posiciones del Centro Democrático. Ellos defienden el modelo de ganancia de las EPS, ganancia que hacen con la plata de la salud de los colombianos. Ellas no solo cobran la administración, sino que se llevan una utilidad con recursos que son los de los colombianos y no con sus propios capitales.

Y siempre que lo cuestionamos, nos responden acusándonos de que estamos por estatizar el sector. Nuevamente, por enésima vez, aclaro que nuestra propuesta no es estatizar el sector. Si me leen los labios, de pronto así logre convencerlos de que no estamos por estatizar el sector. La defensa que hacemos de las IPS privadas como de las públicas es una defensa de coherencia y cierta, no son cuentos los que estamos echando. El programa del Polo Democrático Alternativo, y ojalá me lean los labios, no está por estatizar la economía colombiana ni por acabar con la propiedad privada. No sigan sacando esos cocos como para niños chiquitos y hagamos esfuerzo por poner el debate en términos objetivos.

Entrando en materia. Hay un hecho que me deja impresionado en este debate. Junto con el senador Corzo y con la senadora Daira Galvis, mencionamos que en Saludcoop se habían perdido 1.4 billones de pesos de plata de la salud. ¡Robados! Afirmé yo además que, según todo lo indicaba, en el lapso de intervención del Estado la EPS se había embolsillado otros 238 mil millones, y falta por ver cuánto más se va a embolsillar, porque ya el superintendente con toda frescura dijo que los contratos había que cumplirlos. Sí, los contratos hay que cumplirlos, pero no con la plata de la salud. La plata de la salud es sagrada, señor superintendente. O si no, en qué estamos.

Ya va entonces la deuda en 1.6 billones y parece que el dato no nos impresiona sino a nosotros. No oí, en general, muchas preocupaciones hoy por lo que aquí se ha estado denunciado. Probablemente, este sea el mayor asalto al patrimonio público en la historia de Colombia o que alguien me muestre uno más grande. Ha habido muchos robos en grande, también gravísimos, pero no de una magnitud de este tamaño. Me parece entonces muy grave que sobre este en particular se guarde silencio, que se despache con toda frescura que Saludcoop sigue pagando deudas con dineros de la salud, lo que está expresamente prohibido por la decisión de la Superintendencia de Salud de 2010. Gravísimo me parece y más aún que eso no inquiete al señor ministro ni lo lleve a producir ningún comentario de valía. Y que no nos anuncien, además, que lo ocurrido en Saludcoop debe ser un indicio para investigar a las demás EPS.

Aquí lo que sucedió es que distinguidísimos abogados de Colombia se inventaron la manera de asaltar la plata de la UPC y de pasarla directamente al patrimonio propio violando la naturaleza parafiscal de esos recursos. Se parece mucho al caso de la Altillanura. Algún abogado de alto coturno se inventó eso que llaman un “producto”, o sea, una manera de violar la ley mediante argucias y manipulaciones. Me preocupa y me lleva a ratificarme en la idea de que el señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el señor superintendente de Salud, deben renunciar a sus cargos, independientemente de las concepciones ideológicas que defiendan. Deben renunciar porque no le ofrecen al país la garantía mínima que debe brindar un alto funcionario para defender los recursos públicos y todavía más los recursos de la salud. Y me preocupa que los interventores de Saludcoop se estén moviendo a ver cómo tumban el fallo de la CGR, auspiciado valerosamente por la doctora Sandra Morelli. ¿Es así cómo van a sanear las finanzas de Saludcoop? Tumbando al patrimonio público, tumbándose la plata de la salud de los colombianos. ¿Es así cómo van a sanear un negocio privado? ¿Qué tipo de economía es esta a la que estamos asistiendo en Colombia?

Por lo demás, el señor ministro se rasga las vestiduras porque señalé que las cosas estaban profundamente mal e hizo una presentación calculada para no referirse a las denuncias principales que presenté e intentó poner las cosas en otro terreno. Digamos que no se trata de que no hayan hecho absolutamente nada, no dije eso, porque el colmo sería que lleven ahí años manejando unas sumas inmensas y ¡no hagan nada! Sé que peor es posible y esto podría estar, si se quiere, más mal de lo que está. Lo que quiero enfatizar es que está muy mal, supremamente mal. Y voy a dar casi que una sola cifra para mostrar lo mal que está y que tiene que ver con lo que más le duele al doctor Gaviria, el problema de la situación financiera. Entre el 2010 y el 2013, la cartera vencida de las EPS con las IPS pasó de 1.9 a 4.2 billones de pesos, se dobló. Si eso es estar bien, si eso es que ya estamos viendo la luz al final del túnel, no quiero ni imaginarme cómo estarían las cosas si estuvieran peores.

Dice él además que le debemos hacer un gran reconocimiento porque algún control de precios se le va a poner o se le ha puesto a algunos medicamentos y por el tema de un decreto que está anunciando sobre los biotecnológicos. Digamos primero que cualquier avance que haya habido en el tema de los medicamentos, y no es suficiente, es por sobre todo el resultado de la lucha de los colombianos que llevamos años bregando a corregir, así sea parcialmente, los abusos de las trasnacionales permitidos por todos los gobiernos. Y en el caso de los biotecnológicos, pues bueno, ya va siendo hora de que saquen el bendito decreto, llevan no sé cuántos años regalándoles no sé cuánta plata a las trasnacionales porque no se atreven a sacar el decreto. ¡Sáquenlo de una vez por todas! Y esperemos que el decreto sí sirva, porque ha sido bochornoso el espectáculo de vacilaciones y timideces del gobierno nacional frente a los intereses de las trasnacionales. Para mencionar solo un caso: el señor embajador de Colombia en Estados Unidos haciendo de lobista, de cabildero, de los puntos de vista de las trasnacionales. Saquen la medida, pero por favor que sea rápido y reconozcan que lo hacen en buena medida por la presión de la ciudadanía colombiana que se ha movilizado desde hace rato.

Saca el ministro pecho y pide medallita porque se igualó el POS del contributivo con el del subsidiado. Eso fue una orden de la Corte Constitucional, ministro. Démosles el mérito a esos magistrados que tuvieron el valor de tomar esa decisión, también acicateados, estimulados, por los reclamos ciudadanos.

Y dice que no está contra la tutela y que por ello promovieron la ley estatutaria. Este sería un tema largo de debatir. El gobierno nacional ha hecho todo lo posible por obstaculizar y hacerle daño a la tutela. Y el caso de la ley estatutaria es el mismo, así intenten negarlo. Le hago incluso una invitación, doctor Gaviria. Vamos a su universidad y a la mía, la Universidad de los Andes, y citemos a los estudiantes de economía y hacemos un debate en donde usted intente demostrar que la ley estatutaria no fue contra la tutela y yo le demuestro que la ley estatutaria sí fue calculada contra la tutela. De la misma manera que la ley de sostenibilidad fiscal aprobada por este gobierno y que tanto afecta la salud es una norma dirigida de manera clarísima contra la tutela.

Y ahora qué se hace con Saludcoop. Ustedes tomarán las decisiones. Pero lo cierto es que la intervención ya va para largo, lo ha dicho el propio superintendente, y por lo que se ve va a ser todavía más larga aún, porque a quién le van a devolver ese asunto y cómo es que lo van a devolver. Aquí hay problemas de una gravedad inaudita. Dejemos solo los 1.4 billones, asumamos que ahí están los 600 mil millones de la sanción de la Supersalud, súmenles los 238 mil millones que, según el gobierno lo acepta, se están gastando de manera indebida, súmenles el medio billón de pesos de deuda a las IPS y estamos hablando de mucho más de 2 billones de pesos. Cómo lo van a resolver ustedes, quisiera saberlo. Pero además, y lo dijo la contralora Morelli, Saludcoop ha incurrido en todas las causales de liquidación. No la liquiden si no quieren, son decisiones que ustedes tomarán. Pero la verdad es que el problema es extremadamente grave. Y si lo que se va es a organizar apunta a dejársela a los mismos que han manejado a Saludcoop, el premio va a ser que el Estado salga a rescatarlos, el premio va a ser que aquí no pasó nada, que se perdieron 1.6 billones de pesos y que hay que mirar hacia un lado o buscarse un chivo expiatorio para evadir las responsabilidades. Pueden hacerlo, pero no les va a quedar fácil legalmente transferirle plata del Estado a un ente privado. Y pregunto: sin transferirle plata del Estado cómo es que van a hacer el rescate de una institución que se está hundiendo. No son hechos que me invento. El problema de las matemáticas es que son tozudas.

Si esta posibilidad está allí, como lo planteó la contralora Morelli, y se debería debatir con seriedad, habría que empezar por advertir que no se haga catastrofismo que no corresponde con los hechos. Aducir que si la entidad se liquida, hay que coger afiliado por afiliado a ver donde se afilia es una falta de rigor analítico que no se puede permitir en un nivel de discusión como el que estamos teniendo. Todos sabemos que las cosas no son así, y que unos pasan de un sitio a otro dependiendo de las determinaciones. Y que se pueden tomar decisiones que garanticen que no va a haber un desorden bajo los cielos, para usar esa figura, y que los trabajadores no van a perder sus empleos. Abordemos el debate con seriedad, porque o si no, me entra la sospecha de por qué ese sesgo analítico, por qué se van descontando de plano soluciones que han funcionado en otros momentos y en otras instituciones. Quién es el que está interesado en distorsionarlo todo, cuáles son los grandes que se mueven para que este lío se resuelva tan solo en una determinada dirección. Estas son preguntas que los colombianos y en particular los polistas nos estamos haciendo.

Concluyo insistiendo en que el ministro de Salud y el superintendente de Salud deben renunciar y permitir que lleguen otros funcionarios que hagan las cosas menos mal de cómo ellos lo han venido haciendo.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
Siga a Jorge Enrique Robledo en Twitter
  • Imágenes
  • Videos
  • Audios
  • Todas
  • Todos
  • Todos

  • Suscríbase a la lista del PDA-MOIR

    Comunidades del MOIR

    POR LA SOBERANIA, EL TRABAJO Y LA PRODUCCION ¡RESISTENCIA CIVIL!
    Sede Nacional : Carrera 24 No. 27-25 Bogotá Colombia - Teléfono: (57 1) 245 7126.

    Seguir la vida del sitio