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Santos con el Proyecto de Ley sobre Subsidios ataca la Salud, la Educación, las Pensiones y el Acceso a los Servicios Públicos

Francisco Torres M., Secretario de Relaciones Internacionales de Fecode, Bogotá, noviembre 30 de 2016

En medio del debate sobre la regresiva reforma tributaria con la que Santos y sus ministros, incluida la inefable doctora Clara López, nos piensan sacar el año entrante nueve billones de pesos de donde no tenemos, acaba de presentar el Gobierno al Congreso el proyecto de ley “por medio del cual se regula la política de gasto público en subsidios, se expidan normas orgánicas presupuestales y de procedimiento para su aprobación y se dictan otras disposiciones”, cuyo nombre en buen castellano sería proyecto de ley para acabar de convertir la salud, la educación, los derechos pensionales y el acceso a los servicios públicos en mercancías y reducir los recursos públicos para estos sectores a mínimos subsidios revocables, focalizados y sometidos a la sostenibilidad fiscal.

El proyecto define lo que es un subsidio, crea dos categorías: el productivo y el social, englobando en este último la educación, la salud y las pensiones. Determina los principios rectores para la creación de subsidios, dentro de los cuales sobresale el de sostenibilidad fiscal. Establece un poder de veto al CONPES para que una ley cree un subsidio. Ordena la identificación en los presupuestos de las partidas de subsidios. Crea el sistema interoperable de registros en subsidios. En servicios públicos establece que los subsidios ya no serán determinados por el estrato sino también por el SISBEN y estarán sujetos a la mal afamada “disponibilidad presupuestal”. El CONFIS en un plazo no mayor a ocho años realizará una revisión integral de cada uno de los subsidios. Para los subsidios específicos la norma regulará de manera expresa su terminación. Los inespecíficos (la educación, por ejemplo) pueden ser terminados o remplazados por un programa diferente.

El pasado 23 del presente mes el TIEMPO tituló que “el 28% de los subsidios sociales se van en pagar pensiones”. La manipulación consiste en convertir las obligaciones del Estado para con los ciudadanos en una mercancía llamada subsidio que se puede otorgar o no dependiendo de la “sostenibilidad fiscal” y de los dictámenes inapelables de la tecnocracia incubada por el FMI, la OCDE y eL Banco Mundial. Así, el derecho a una vejez digna después de toda una vida de trabajo se le rebautiza como subsidio que se puede quitar en cualquier momento, en la línea de acabar con el régimen de prima media para imponer la afiliación a los fondos privados. En este terreno es evidente que el proyecto de ley va de la mano de la iniciativa impulsada desde la OCDE de reducir las pensiones al salario mínimo y de ahí para abajo y de subir la edad y las semanas cotizadas. Para completar la maniobra se saca del cubilete la peregrina afirmación de que los subsidios sólo redujeron el índice de GINI en 0,01%, como si la monstruosa desigualdad creada por las políticas de libre comercio, la entrega de la soberanía y la destrucción del aparato productivo y de los derechos de los trabajadores para enriquecer a un puñado de bancos y multinacionales fuera consecuencia de las famélicas partidas con que en condiciones indignas agonizan la salud y la educación públicas y se financian escasamente COLPENSIONES, el FOMAG y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

En el mismo sentido el lunes 28 se despachó Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, afirmando que “no puede ser que repartiendo 72 billones de pesos anuales en subsidios, Colombia siga con la misma desigualdad”. Le echa la culpa a las trampas que hace la gente, a la negligencia de los alcaldes, a las fallas de las encuestas del SISBEN y a que los trabajadores no dejan a sus patrones afiliarlos a salud y pensiones. Y después de desprestigiar a todos, desde el Olimpo gubernamental anuncia la reforma del SISBEN por decreto para “volver la salud un derecho”, aclarando eso sí que “la situación fiscal de Colombia va a estar muy estrecha por un buen tiempo”, es decir, que se va a recortar duro y parejo, menos en el sagrado servicio de la deuda pública. Para ello afirma que ya no va a utilizarse el SISIBEN y se va a diseñar un nuevo mecanismo que, sin duda, servirá para negar aún más el derecho a la salud disminuyendo el número de colombianos (23,2 millones en 2015) en el régimen subsidiado y, por lo tanto, el gasto del Estado, que es lo que se busca.

Con la ley 715/2001 se impuso la asignación por alumno en “condiciones de equidad y eficiencia”, definida por la Nación mediante una tipología que se vende como técnica pero cuyo fundamento es simplemente “la disponibilidad de recursos del Sistema General de Participaciones”. Ahora, a esa lesiva medida se le va a agregar lo contenido en el proyecto y como lo que se trata es de ahorrar, la exposición de motivos señala que casi el 20% de los recursos van a los dos quintiles más altos a los cuales deberían cerrárseles las puertas de lo público. No puede ser más antinacional la apreciación de que se debe segregar a niños y jóvenes en los colegios por su estrato social. Convertir los establecimientos educativos en guetos, además de ser antidemocrático entraba el avance escolar, como lo ha demostrado hasta la saciedad las desastrosas consecuencias de la política gubernamental de focalización que se desarrolla desde el 2001. Ningún país desarrollado lo hace, pero en la Colombia de Santos se adelanta bajo la bandera de la equidad para ocultar el recorte de los recursos públicos que apenas llegan al 3% del PIB. El Plan de Alimentación Escolar dejó por fuera en 2015 a cuatro de los ocho millones de estudiantes. Y para el 2017 se redujo la partida en doscientos mil millones. Agreguemos el tijeretazo de trescientos mil millones a la infraestructura y la falta de recursos para enfrentar los aspectos laborales de la Jornada Única, que se está adelantando pasando por encima de los derechos de los maestros

La financiación de la universidad pública sufrirá una mayor degradación. De hecho en el 2015 mientras la partida de las universidades públicas apenas alcanzó los 3,3 billones de pesos (el ínfimo 0,43% del PIB) la del ICETEX ascendió a 1,3 billones. Ser Pilo Paga está devorando ingentes recursos que terminan en las instituciones privadas mientras la Nacional y demás universidades públicas se ven constreñidas a elevar el valor de las matrículas y dedicarse a vender servicios, sin que ello signifique que puedan sobrevivir a los inmensos déficits que enfrentan.

Los subsidios de los servicios públicos domiciliarios van a sufrir un brutal recorte al usarse la estratificación combinada con “puntajes del SISBEN menores o iguales al puntaje establecido por la Dirección Nacional de Planeación y sujetos a la disponibilidad”. Con el manido argumento de que en los estratos 1, 2 y 3 hay mucho rico se planea quitarles los subsidios a siete millones trescientos mil personas.

Con la reforma tributaria se le mete la mano al bolsillo a la inmensa mayoría de los colombianos, con el proyecto de ley de subsidios se reducen de manera agresiva los recursos estatales para educación, salud, pensiones y servicios públicos. Dos caras de la misma moneda santista contra Colombia.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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